Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, en Chile el derecho a reunión y el derecho a la protesta social están regulados, y es legítimo reivindicar distintas demandas sociales en la vía pública o en espacios públicos. Es parte de lo que está en discusión hoy.

Hasta hace tres meses era absolutamente normal que incluso parlamentarios solicitaran al intendente de la región respectiva autorización para la realización de festivales, como el Festival por las 40 Horas. Incluso, en ese momento se generó una polémica en nuestro país respecto de la autorización o no de un evento determinado que se tenía que hacer en la vía pública.

El derecho a reunión -está la libertad establecida en nuestra Constitución Política de la República hacía que hasta hace pocos meses esto fuera normal. De hecho, la normalidad hacía que uno pidiera autorización a un intendente para reunirse en un determinado lugar. Pero esa normalidad cambió hace tres meses. El legítimo derecho a la protesta social se fue vinculando nítidamente a hechos de violencia, a barricadas y a saqueos, que son situaciones respecto de las cuales obviamente es importante regular y legislar, porque no están tipificadas como delito en nuestro ordenamiento jurídico.

Algo cambió en Chile en estos últimos tres meses que hizo necesario aplicar, proporcionalmente, en un proyecto de ley una tipificación especial para esos delitos. Chile lo entendió así: no es legítimo ni es justo que una persona, por muy legítimo que sea su derecho a reunirse o a reivindicar una demanda social, pase por encima de las libertades que otras personas tienen para llegar a su lugar de trabajo o para desplazarse libremente por las ciudades. La libertad de desplazamiento está seriamente vulnerada por la libertad de protestar o de reunirse. Creo que ese es el centro de la discusión que estamos llevando a cabo.

Ahora, ¿qué cambió en estas dos semanas para que la gran mayoría de la Cámara de Diputados que votó favorablemente este proyecto, hoy se haya dado una vuelta de carnero? Para mí es francamente inentendible.

Se habla de que con esta iniciativa se va a criminalizar la legítima protesta social, las legítimas demandas sociales, pero en la práctica se hace todo lo contrario. Quienes legítimamente creemos que las demandas sociales son asuntos que hay que atender, que debemos ser capaces de legislar, que debemos tener la capacidad de empatizar con mejores pensiones y mejor salud y mejorar un montón de condiciones en que nuestro país está al debe, debemos poner un muro divisorio gigantesco entre la violencia, los saqueos y los incendios, y las legítimas demandas sociales. ¿Qué pasó en estas dos semanas con este muro divisorio para el cual tuvimos el consenso generalizado?

Yo tampoco he visto, como señaló recién un diputado, a alguien justificando, ni avalando ni aplaudiendo la violencia, pero sí -hay que decirlo relativizándola. Lo que ocurre hoy es que se relativizan los hechos de violencia que deben tener una sanción específica y tipificada en nuestro Código Penal.

¿Qué cambió en estas dos semanas? Cambió que la presión de las redes sociales, de los grupos de ultraizquierda y de las personas que obviamente validan la violencia y las barricadas como forma de protesta, volvió a derribar este muro que tiene que existir entre las legítimas demandas sociales y la violencia, los saqueos y las barricadas. Es algo que debe tener una separación. Demandas sociales, mejores pensiones y mejor salud no pueden ser sinónimos de barricadas, saqueos y quemas. Es por eso que esta legislación es necesaria.

Decimos que la democracia representativa está en crisis, porque unos pocos, una minoría, termina imponiéndose, a través de la presión en redes sociales, sobre la mayoría.

La última encuesta CEP señala que el 59 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la participación en las marchas para poner en relieve las demandas sociales. La gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con eso. Pero solamente el 25 por ciento de los chilenos está de acuerdo con saltarse un torniquete de metro o evadir el transporte público como forma de protestar; solamente el 8 por ciento está de acuerdo con las barricadas como forma de protesta social; solo el 4 por ciento está de acuerdo con los saqueos; solo el 2 por ciento está de acuerdo con los incendios como forma de protesta social. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los chilenos repudia la violencia y no está de acuerdo con los saqueos, los incendios y las barricadas como forma de protesta social. Reitero, solamente el 25 por ciento está de acuerdo con evadir el metro como forma de protesta social, y una mayoría, el 59 por ciento, está de acuerdo con participar en marchas.

Es sentido común. Si no somos capaces de entender que relativizar la violencia es lo que está haciendo la izquierda, que se dio una vuelta de carnero, es porque no hemos aprendido nada en estos tres meses.

Vamos a aprobar las modificaciones del Senado al proyecto. He dicho.