Labor Parlamentaria

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , desde hace ya varios años, he conocido y estudiado el proceso tan poco transparente de privatización del sector eléctrico de nuestro país, acaecido en las postrimerías del gobierno militar.

Cuando días atrás el destacado ejecutivo señor José Yuraszeck entregó, en una conferencia de prensa, los antecedentes que explican en detalle en qué consiste esta transacción, la culminaba diciendo: “Aquellos que tuvieron la oportunidad de investigar y no llegaron a conclusiones, no tienen autoridad para hacer alcances en esta fecha.” Y me nombraba.

Quiero hacer presente que las investigaciones realizadas por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados respecto de la situación de las empresas privatizadas en general, y de las eléctricas en particular, vio permanentemente inhibido su trabajo en función de dos elementos que no son menores.

Primero, la existencia de una norma transitoria de la ley orgánica constitucional del Congreso, que impide taxativamente la posibilidad de formular cargos por hechos ocurridos con anterioridad al 11 de marzo de 1990.

La interpretación de esa cláusula puede ser controvertida, pero, de hecho, ha sido aludida sistemáticamente para evitar que, frente a este tipo de situaciones, pudiéramos llegar a conclusiones que obviamente interesaban en una comisión investigadora.

Pero ésta no es la única limitación. La otra, que ya no tiene que ver con ese período anterior al 90, dice relación con un planteamiento sistemáticamente hecho por autoridades de distintos niveles, tanto del sector público como del privado, en cuanto a que investigar lo ocurrido en el sector eléctrico generaba inestabilidad en un área que tenía un rol extraordinariamente importante en el desarrollo económico del país, por cuanto todos los índices señalaban que en un período de diez años debía duplicarse la capacidad generadora de energía. En consecuencia, cualquier tipo de perjuicio hacia ese sector generaría inestabilidad en ese proceso necesario.

Una segunda consideración, que tampoco tiene que ver con ese período, se relaciona con un argumento mucho más manoseado en forma permanente. Se refiere a que cualquier juicio crítico respecto de lo que pasaba en el sector eléctrico generaría inestabilidad en el valor de las acciones, creando un efecto negativo para las pensiones de los trabajadores, cuyas cotizaciones estaban invertidas en ese sector en un volumen importante.

Eso ha hecho que mucho de lo que hoy se analiza en forma retrospectiva no haya pasado más allá de determinadas denuncias.

Quiero dejar establecido que en 1990, cuando señalé públicamente, como presidente de la Comisión de Economía, que en el sector eléctrico, en particular del grupo Enersis , había personas privilegiadas, quienes, a través de la estructura legal de las denominadas “Chispitas”, tenían la posibilidad de administrar el paquete accionario de los trabajadores y que con ello manejaba absolutamente a estas empresas, tuve como respuesta una inserción pública, pagada por Enersis, en la que alrededor de 1.800 trabajadores de ese conglomerado señalaban que yo no decía la verdad.

Después de algunos años, quiero agradecer al señor Yuraszeck por haber aclarado públicamente, de modo definitivo, que lo planteado por mí en esa oportunidad era cierto; que efectivamente aquí se había generado un mecanismo a través del cual se eludía lo que se pretendió por medio del capitalismo popular, y cómo a través de la generación de estas empresas denominadas “Chispitas” se había originado un inteligente mecanismo mediante el cual un grupo de ejecutivos privilegiados pasaba a controlar la administración y representación del paquete accionario de los trabajadores de ese grupo, y, con esa mayoría, el conjunto de las empresas, incluso la participación de muchos pequeños accionistas, sobre los cuales nada se ha dicho en estos días, que no tienen acceso, por ninguna vía, a una negociación que, evidentemente, es privilegio de algunos, pero que no entrega un resultado satisfactorio para la gran mayoría.

Comparto plenamente los juicios emitidos por el colega señor Andrés Palma , y le agrego que felizmente en estos días, en cierta prensa que siempre tuvo dificultades para opinar sobre el tema, algunos ya empiezan a manifestar lo que debió decirse en el país hace mucho tiempo. Le encuentro toda la razón a un hombre tan destacado como Roberto Godoy , quien señala explícitamente en la revista “Estrategia” que lo aseverado por el señor José Yuraszeck a la periodista Raquel Correa en una entrevista para “El Mercurio” del domingo recién pasado, constituye un hecho criticable desde el punto de vista ético. Expresa que la respuesta textual de Yuraszeck, al preguntarle respecto de la privatización de estas empresas, había sido: “Le ofrecieron la que fue su gran oportunidad: dirigir Chilectra , entonces en manos del Estado”. (Esto en palabras de Raquel Correa). “Se aseguró de que existiera la voluntad de privatizar la compañía. La ordenó y traspasó a manos privadas, bajo el alero del “capitalismo popular”. Vendió el único bien raíz (un sitio) y compró todas las acciones que pudo”. Y concluye Oscar Godoy “que no es admisible que el administrador de una empresa pública se beneficie con su privatización”.

Pero eso ya es historia. Incluso, pareciera que el país lo aceptó por distintas razones; pero no por eso deja de ser considerado, clara y nítidamente, un hecho corrupto, probablemente el más notable que haya existido en la historia de nuestro país.

En definitiva, queda claro que el capitalismo popular sólo sirvió para que unos pocos llegaran a administrar estas empresas, a fin de que, después de aproximadamente diez años, pudieran capitalizar la utilidad que estaba oculta en el momento del traspaso de las acciones, porque nadie podrá aceptar que el mayor valor de esta transacción radica sólo en la buena administración que puedan haber tenido las empresas. Hay una serie de elementos sobre los cuales podemos entregar un juicio categórico respecto de cómo las acciones, en su momento, no fueron valoradas en forma adecuada.

Por último, vale la pena comparar el precio de las acciones del sector eléctrico vendidas en los años recientes, hacer una escala de precios, y darse cuenta de que la diferencia es sustancial.

Es válido señalar la tremenda inconsecuencia de que un proceso que tendía a socializar la propiedad de empresas estatales, termine nuevamente en la transferencia a un Estado que no es el chileno, sino el español.

Me parece que ahí existe un hecho evidente, no menor desde el punto de vista político, que refleja que la reacción que muchos chilenos...

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , se han cumplido los diez minutos de su tiempo. Puede continuar con la autorización de su Comité.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , este hecho no es menor porque aquí hay una situación que afecta el interés nacional. Incluso, muchas personas piensan que hemos solicitado esta sesión con la intención de revertir procesos que pueden haberse vivido en el sector. Sin embargo, como se ha demostrado en años anteriores, es difícil hacerlo cuando han sido legitimados de distinta forma y por diferentes instituciones, las cuales no han estimado prudente poner en discusión los orígenes de hechos que eventualmente pueden tener una connotación ilegal, inmoral o atentatoria a la probidad que deben poseer quienes están a cargo de la administración de organismos del Estado.

Apoyo la idea de que podamos conocer más en detalle esta operación a través de una comisión investigadora, a fin de analizar qué significó, por ejemplo, el fallo de la Comisión Antimonopolios emitido hace un par de semanas, que permitió la integración vertical del grupo Enersis ; averiguar por qué semanas antes de ese fallo esta negociación, que culminó con la transferencia de acciones “Chispita”, tenía otra connotación, y por qué se nos anunciaba que era posible una transferencia de acciones Endesa y que, en la medida en que hubiera un fallo distinto sobre la citada integración vertical, la negociación podría haber tenido otro carácter.

Quiero que esas personas vengan a nuestra comisión y nos indiquen por qué, a pesar de saber, como se ha sostenido históricamente, que la integración vertical en el sector distorsionaba la posibilidad de competencia o generaba barreras de entrada para que ella existiera, de todas maneras se dictó un fallo que muy pronto se vio como la oportunidad para que ese grupo privilegiado de ejecutivos pudiera concretar una negociación definitiva.

Deseo que en esa comisión la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones nos diga derechamente si esto perjudica las acciones de los trabajadores y de las administradoras de fondos de pensiones; que nos señale explícitamente qué hay sobre esa realidad, que algunos nos piden denunciar, porque incluso los representantes de esos fondos no se atreven a decirlo derecha y públicamente; que, además, la Superintendencia de Valores y Seguros nos señale si en el proceso de gestación de estas empresas, que eran limitadas, y en su traspaso a sociedades anónimas hubo algún hecho que efectivamente atentara contra alguna disposición vigente; que, en definitiva, hagamos claridad respecto de aquellas normas que en nuestro país debieran existir para cautelar el bien común, de manera de garantizar que el esfuerzo empresarial sea real y no termine en una operación comercial que genere buenos dividendos sólo a un pequeño grupo -a lo mejor está en su derecho a hacerlo-, cuyos fines nada tienen que ver con el bien común del país. Por lo tanto, insisto en la conveniencia de que se forme una comisión que analice los efectos mencionados.

He dicho.