Labor Parlamentaria

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , esta especie de control que el país tenía respecto de los actos de terrorismo, a contar desde la fuga que se produce el 30 de diciembre, deja al descubierto, sin embargo, una serie de contradicciones que han surgido de distintas versiones de autoridades del actual gobierno y del de don Patricio Aylwin .

Lo que a la Cámara de Diputados le correspondía es, en primer lugar, haber permitido que los ministros, públicamente, respecto de materias en que no existe absolutamente ninguna razón para ser abordadas en secreto, hubiesen dado las explicaciones al país por esas contradicciones y cumplido con su deber de informar acerca de los instrumentos legales de que han dispuesto y la forma como los han utilizado.

En segundo lugar, permitir y facilitar la formación de una comisión investigadora para los efectos de que todas estas materias pudiesen haber sido resueltas por la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su facultad de fiscalización consagrada en la Constitución.

¿Cuáles son los hechos respecto de los cuales ha existido una grave contradicción en las autoridades de Gobierno?

En primer término, ha quedado de manifiesto que durante el último año el Gobierno no ha informado adecuadamente al país sobre la verdad de los hechos que han rodeado el rebrote de los actos de terrorismo que podrían producirse. ¿Por qué sostenemos esto? Si leemos lo que dijo el Ministro del Interior , en el sentido de que la amenaza terrorista está neutralizada y muy controlada, y lo contrastamos con lo expresado en el último tiempo por el ex jefe de Inteligencia de Carabineros , coronel Pedro Valdivia , en cuanto a expresar que ya en marzo de 1996 advirtió a las autoridades del posible rebrote de acciones terroristas, que terminaron con la planificación y fuga de cuatro frentistas de la cárcel de alta seguridad, la pregunta que corresponde hacerse es quién está faltando a la verdad.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

A los señores diputados que no quieren seguir el debate, les ruego que permitan que el resto lo pueda hacer.

Puede continuar el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Es evidente que hay una grave contradicción entre lo que han expresado el Ministro del Interior y el ex jefe de los Servicios de Inteligencia de Carabineros en esta materia, Coronel Valdivia, quien, según sus expresiones, habría advertido oportunamente a las autoridades de gobierno acerca del rebrote de actos de terrorismo.

Lo mismo ocurre cuando el ex jefe de Carabineros sostiene que el Gobierno no quería que se reconociera la existencia de actos de terrorismo en el país, porque ello constituía un riesgo para las inversiones extranjeras.

Así también sucede cuando vemos que, según los propios antecedentes entregados por la policía, en 1996 aumentan de 6 a 26 los robos y asaltos a bancos, con características propias de actos subversivos, que representan más de 400 millones de pesos. ¿Por qué el Gobierno no evaluó adecuadamente estos hechos? Por cierto, los señores ministros tuvieron la oportunidad de haberlos explicado en la Cámara de Diputados.

Pero, en realidad, hay otras contradicciones mucho más graves. Entre ellas, las que provienen de lo manifestado por el Ministro del Interior y el renunciado Director de Gendarmería , en el sentido de que la cárcel de alta seguridad no previó una fuga aérea, y el categórico desmentido que sobre esta materia hacen el ex Ministro de Justicia del gobierno anterior, señor Francisco Cumplido , y el ex Director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, señor Isidro Solís , quienes afirman exactamente lo contrario; esto es, que las medidas para impedir una fuga aérea estaban contempladas y que de haberse puesto en práctica nunca se habría producido el escape. Pero la Cámara de Diputados se niega a investigar y a esclarecer por qué razón el Ministro señor Cumplido sostiene que efectivamente se previeron las medidas para evitar una fuga de la cárcel de alta seguridad, y por qué los actuales Ministros del Interior y de Justicia sostienen que nunca se previó esa situación.

Hace poco, el Subsecretario del Ministerio del Interior , señor Belisario Velasco , afirmó categóricamente que en más de ocho oportunidades -¡ocho oportunidades!- se le advirtió que era fundamental establecer medidas de protección, porque estaba a la vista que se produciría una nueva fuga por una vía no tradicional, afirmación que fue sostenida en su oportunidad por el actual Director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, don Mario Papi . Sin embargo, todas estas contradicciones, lamentablemente, quedarán en la nebulosa, porque las autoridades de gobierno no han querido venir a dar las explicaciones respecto de cada uno de los hechos.

Pero no sólo eso. Además, es francamente sorprendente conocer las declaraciones del Presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios , don Milenko Mihovilovic , quien señala que, como consecuencia de presiones ejercidas por los presos terroristas, las autoridades debilitaron las medidas de seguridad de la cárcel de alta seguridad, y que, en la práctica, finalmente no existía el más mínimo control o resguardo respecto de los terroristas detenidos.

Obviamente, estos hechos quedarán también en la más absoluta nebulosa, porque ha sido imposible que las autoridades de gobierno asistan a esta sesión para aclarar al país cuáles han sido las políticas aplicadas en relación con el terrorismo, cuáles fueron los errores que se cometieron respecto de la normativa o leyes vigentes y de qué manera pudieron haberse corregido.

Quiero señalar, además de todas estas interrogantes que hace tres días entregamos a las autoridades de gobierno para que las analizaran y contestaran, que en el sistema democrático existente en Chile, la facultad de fiscalización está tan empobrecida que debemos tener una sesión, convocada por la minoría, para pedir a los ministros del Gobierno de la Concertación que respondan sobre estos hechos, y ellos, simplemente, se niegan a asistir. Si algún ministro estimó que alguna de las preguntas que se le iban a hacer merecía, dada su especificidad, alguna consideración de carácter secreto, debió haberlo planteado en la Sala. Sin embargo, ley mordaza. La idea es que al Gobierno de la Concertación no se le fiscalice; de lo contrario, comienzan las injurias, las ofensas, las descalificaciones y, obviamente, las acciones para impedir que la minoría, en un sistema democrático, pueda preguntar e interrogar a las autoridades de gobierno.

Pero yo he hecho un análisis respecto del pasado. Quiero señalar que Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente esperábamos que de esta reunión surgiese la instancia que permitiera analizar y debatir la legislación vigente sobre el terrorismo. Esta era la oportunidad de debatir a fondo el tema, contraponer nuestras posiciones y concluir que no nos basta el diagnóstico que implica contemplar las negligencias y recriminaciones, sino que el país necesita que adoptemos la posibilidad de corregir los errores cometidos.

Hemos dicho -se lo advertimos a las autoridades de gobierno; se lo dijimos personalmente al Ministro del Interior y a la Ministra de Justicia- que en esta sesión estábamos en disposición de analizar cómo estaban funcionando los cuerpos legales vigentes y de qué manera podían perfeccionarse y corregirse. La ley antiterrorista otorga amplias facultades a las autoridades de gobierno, particularmente al Ministro del Interior -como asimismo a los tribunales-, quien, incluso, en virtud de ella, puede detener sin orden judicial. Estábamos dispuestos a que nos dijeran en qué había que perfeccionarla, porque hasta antes de la fuga funcionaba perfectamente, no contenía errores, era un ejemplo y había permitido derrotar al terrorismo; pero después de la fuga es ineficiente, no sirve y debe corregirse. ¿Por qué esa materia debíamos discutirla en secreto? ¿Por qué teníamos que discutir la perfección de la ley antiterrorista si ya lo hicimos todos de frente en 1991, cuando el terrorismo era mucho más brutal que hoy?

Pero no sólo eso. Discutimos el proyecto de ley relativo a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, que elaboramos en consenso. Establecimos un sistema de cooperación de los servicios de inteligencia, a fin de obtener la información que permitiera al señor Ministro del Interior prevenir los actos terroristas y fijar las políticas para resguardar el orden público. Pero, ¿qué hemos escuchado? Que ha funcionado mal; que no se puede tener información residual, que ello debe hacerse a través del Ministerio de Defensa. ¿Y eso no lo podíamos debatir? ¿Tiene que tratarse en secreto? ¿Acaso la ley no está publicada en el Diario Oficial? ¿Necesitamos perfeccionarla a espaldas de la opinión pública?

Nuestra disposición es ayudar si es necesario y conveniente. Hay una ley que funcionaba perfectamente hasta el 30 de diciembre de 1996 y que de la noche a la mañana comenzó a fallar. La Dirección de Seguridad Pública e Informaciones operaba perfectamente, no existía ningún problema, nadie se quejaba, don Mario Papi nunca concurrió a las sesiones de la Cámara de Diputados ni de la Comisión de Constitución a decir que la ley era una porquería. Simplemente, no se atrevió a venir. Pero de repente -reitero-, la ley funcionó mal, se echó a perder y, ante esa circunstancia, los diputados de Oposición pedimos la concurrencia de los Ministros y la constitución de una comisión investigadora a fin de analizar sus deficiencias. No obstante, “ley mordaza”. No se puede investigar ni fiscalizar.

Respecto de la ley de arrepentimiento eficaz, que algunos parlamentarios de la Concertación calificaron como “de los delatores”, hoy, todos coincidimos en la necesidad de dictarla nuevamente, pues permitió enfrentar al terrorismo. Pero, ¿por qué debimos esperar a que caducara y se produjera la fuga de cuatro terroristas para pensar en renovarla? ¿Por qué no se presentó un proyecto de ley de sólo dos líneas, en que se expresara: “Prorrógase la vigencia de esta ley por el plazo de cuatro años”? ¿Eso no se podía debatir, discutir o analizar en esta Sala?

Las normativas rigieron perfectamente hasta el 30 de diciembre de 1996; pero, a contar de esa fecha, por arte de magia, se transformaron en letra muerta. Eso el país no lo puede admitir.

Sin embargo, existe algo peor que el país no puede aceptar.

Cuando se asesinó al Senador Guzmán, hubo en esta Cámara una sesión especial. El Ministro del Interior de ese entonces, don Enrique Krauss , hizo un diagnóstico que en muchos aspectos no compartíamos, pero tuvo la hombría de reconocer que el Gobierno se había equivocado respecto del rebrote del terrorismo y nos invitó a todos a colaborar y a unir esfuerzos. Reitero, admitió sus errores y los del gobierno de la Concertación que durante un año y medio creyó que sólo el advenimiento de la democracia terminaba con el terrorismo. ¿Qué respuesta tuvo? La colaboración irrestricta de los militantes del partido de quien había sido asesinado y de Renovación Nacional. No obstante, ¿qué hemos notado en las actuales autoridades? Una soberbia o arrogancia política que provocarán, día a día, el derrumbe de su credibilidad, porque ellas no sólo representan a los partidarios de la Concertación, sino también a todos los chilenos. Cuando el Ministro del Interior habla, supuestamente lo hace para decirles la verdad a todos los chilenos; no la mitad de ella a sus partidarios o a quienes, cegados, quieren escucharlo. Pero en los últimos años no se ha admitido ningún error en materia de seguridad; es decir, la fuga en las narices de las autoridades de Gobierno, a plena luz del día, simplemente no obedece a ningún error, y la cuerda se corta por lo más delgado: el Director de Gendarmería .

Vamos a cumplir con nuestro deber de fiscalizar, pero con respeto y la clara decisión de recurrir a todas las instancias que nos permitan descubrir la verdad. No nos vamos a restar absolutamente a ninguna iniciativa que signifique colaborar con el Gobierno para llevar adelante todos los perfeccionamientos legislativos que se necesitan, con el objeto de que en Chile exista paz y tranquilidad, no sólo para quienes estamos en el servicio público, sino, lo que es más importante, para los miles de chilenos que esperan de nosotros una actitud de coraje y valentía frente al terrorismo.

He dicho.