Labor Parlamentaria
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Antecedentes
- Cámara de Diputados
- Sesión Ordinaria N° 28
- Celebrada el 16 de agosto de 1995
- Legislatura Ordinaria número 331
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Homenaje
CONMEMORACIÓN DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Proyecto de acuerdo.
Autores
El señor LETELIER (don Juan Pablo) (de pie).-
Señor Presidente, hacemos hoy un alto en el camino, una desaceleración, una pausa, para conmemorar un nuevo aniversario desde que la Convención sobre los Derechos del Niño se hizo ley de la República.
Esta Convención ha sido ratificada, al menos, por 174 de los 190 Estados miembros ' de las Naciones Unidas, lo cual la convierte en la más amplia y rápidamente aceptada en la historia de los derechos humanos.
En septiembre de 1990 se celebró en la sede de Naciones Unidas la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En dicha ocasión, en la cual nuestro país fue representado por el ex Presidentedon Patricio Aylwin, se estableció un conjunto de metas en favor de la infancia, con el fin de hacer realidad los derechos de los niños.
En concordancia con lo obrado, y como fiel reflejo de los compromisos adquiridos por el Estado chileno, nuestro Gobierno elaboró el Plan Nacional en favor de la Infancia, iniciativa que ha sido complementada con la elaboración de algunos planes regionales en pro de la infancia.
El Gobierno de Chile, ante la comunidad internacional, es responsable de impulsar e implementar diversas políticas y medidas con el fin de que en nuestra sociedad se haga partícipe del pleno respeto de los derechos de los niños, contenidos en la Convención cuya promulgación hoy recordamos. El Congreso Nacional, por su parte, es corresponsable ante la comunidad nacional de que se avance en esa dirección.
Por tanto, al recordar hoy estos verdaderos hitos de la humanidad, como son la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, es oportuno y necesario iniciar una evaluación acuciosa del Plan Nacional en favor de la Infancia y, por cierto, introducir en él las modificaciones y rectificaciones que fueren necesarias.
Pero, junto con lo anterior, es preciso ratificar el compromiso, como representantes del pueblo, de redoblar nuestras acciones en pro de la infancia, legislando, por sobre todo, en favor de los niños de nuestra patria.
Existen datos cuantitativos y cualitativos suficientes para guiar nuestras prioridades de acción. Más del 50 por ciento de los menores de nuestro país viven en condiciones de extrema pobreza; es decir, cerca de 2.500.000 menores uno de cada dos de los cinco millones de niños de nuestro país viven en la pobreza.
El 63 por ciento de los niños sufre agresiones físicas de sus propios padres, de las cuales un 34 por ciento son graves. Es sabido que el 73 por ciento de las víctimas de abuso sexual en nuestro país son menores. También es de conocimiento público, aunque falten datos más precisos, que la mayoría de los niños en edad preescolar están desatendidos, y que son los sectores de mayores ingresos quienes tienen mayor cobertura, contrariamente a lo que indica el sentido común.
Estos datos no son ni deben ser motivo de alegría, pero de nada sirve saber que nuestros niños y niñas son los que más sufren el peso de la pobreza, las carencias, el abandono, la desnutrición, la violencia, la desprotección y el abuso en nuestra sociedad, si simultáneamente no somos capaces de actuar para revertir esta realidad.
Actuar en pro de los derechos de los niños significa, en primer lugar, asumir que son y deben ser tratados como sujetos de derecho y no como objetos de protección. A partir de ese criterio, debemos evaluar nuestra legislación.
Asimismo, debemos concordar en que necesitamos, como país, una institucionalidad adecuada para implementar y coordinar las políticas públicas integrales en pro de la infancia, tanto en el área de la salud como en el de la educación, de la recreación, de la cultura, de las comunicaciones y, por cierto, en la relación de éstos con la justicia.
Es posible, incluso altamente probable, que los recursos públicos destinados a la infancia sean insuficientes. De ser así, será nuestra responsabilidad, como Congreso Nacional, introducir en el próximo debate de la Ley de Presupuestos de la Nación, las correcciones, indicaciones y glosas necesarias para canalizar los recursos hacia dicho fin.
Señor Presidente, permítame sugerir cinco ideas que, a mi juicio, nos harían avanzar más rápidamente para hacer realidad el respeto de los derechos de los niños en Chile.
En primer término, una política clara de infraestructura para la educación preescolar. No existe en nuestro país ningún instrumento público que cubra esta inmensa deficiencia.
En segundo término, un sistema de información y orientación sobre los derechos de los niños. No existe tampoco ningún instrumento público que permita el desarrollo sistemático y permanente de campañas de información y orientación sobre tales derechos.
En tercer término, un sistema de planificación y educación familiar. No cabe duda de que uno de los mayores atentados contra los derechos de los niños y niñas es el abandono, no sólo material, sino, por sobre todo, afectivo. Por ello, es básico implementar una seria y efectiva política de planificación y educación familiar.
En cuarto término, se precisa de una institucionalidad que vele por los derechos de la infancia, llámese fiscalía, ombudsman o como se quiera; lo cierto es que nuestra sociedad requiere de un defensor de la infancia.
En quinto término, es necesario que en nuestro país exista un fondo para la infancia. Me atrevo a sugerir que sea financiado con un impuesto al consumo de alcohol, uno de los productos que lleva a tanto maltrato contra los niños.
Tengo la certeza de que no hay preocupación más importante para un pueblo que la de sus niños, de nuestros niños.
Por ello, al recordar la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, quiero rendir un especial homenaje a todos quienes trabajan con y en favor de los niños: las parvularias, las "tías", los sicólogos y sociólogos, las instituciones no gubernamentales, los funcionarios públicos que participan en organismos como el Sename, Integra, Junji, Junaeb, funcionarios de los tribunales de justicia y del Ministerio de Salud, y, en representación de los organismos internacionales, muy en particular, rendir mi sentido homenaje a Unicef, que nos acompaña, apoya, vigila y evalúa por lo que avanzamos como país para hacer realidad los derechos de nuestros niños y niñas.
He dicho.
Aplausos.