Labor Parlamentaria

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, debo hacer presente que, en compañía del Diputado señor José Antonio Viera-Gallo, logramos reunir gran cantidad de antecedentes sobre el hecho que nos ocupa. Intentaré hacer una síntesis de ellos, por cuanto la justicia italiana ha reunido más de 16 mil fojas en este proceso.

El 6 de octubre de 1975, Bernardo Leighton y su mujer, Anita Fresno, eran alcanzados por disparos mientras volvían a su casa. Leighton fue impactado por un proyectil en la sien y su mujer, que se había agachado para socorrerlo, era fríamente golpeada en la nuca. Ambos sobrevivieron, pero llevan para siempre las graves lesiones invalidantes. La señora Fresno, por muchos años inválida, recuperará parcialmente la capacidad locomotora. Don Bernardo Leighton estará para siempre, hasta su muerte (ya acaecida), fuera de la vida civil y política de su país, que lo había visto como Ministro del Interior, Vicepresidente de la República, dirigente de la Democracia Cristiana chilena y parlamentario.

Son llamados a responder del delito, Manuel Contreras Sepúlveda, quien, en ese entonces, era director de los servicios secretos -la Dina-; Eduardo Iturriaga Neumann, director de operaciones para el extranjero de la Dina, y Giulio Crescenzi, militante de Vanguardia Nacional, italiano. Se pretende probar, en el proceso, que el delito fue cumplido por orden de Contreras, que Iturriaga transmitió la orden a Michael Townley, su subordinado, el cual, a su vez, encargó esa misión a Stéfano delle Chiaie y a sus hombres; que Pierluigi Concutelli disparó con un arma proporcionada por Julio Crescenzi y que éste participó en las reuniones preparatorias del delito junto a delle Chiaie y a Townley.

En 1974, Stéfano delle Chiaie y Valerio Borghese se reunieron con altos oficiales chilenos. Michael Townley, agente de la Dina, y Stéfano delle Chiaie llevaron a cabo la operación dirigida a la eliminación física de Leighton. Tanto Townley como Virgilio Paz, un entusiasta alumno, se encontraban en Roma el día del atentado. De la copia de antecedentes verbales del proceso penal de 1979 ante el tribunal del distrito de Columbia, Estados Unidos, contra Guillermo Novo,

Alvin Ross e Ignacio Novo, imputados en el homicidio del ex Canciller Letelier, emergió una alucinante imagen de actividades terroristas realizadas por la Dina a través de una red de agentes, todos coordinados por Michael Townley.

Aldo Stéfano Tisei había declarado, en el curso de varios interrogatorios recopilados en un período de tiempo que va desde el 1° de septiembre de 1981 al 10 de noviembre de 1982, haber sabido por Concutelli, en los comienzos de 1977, quiénes eran los responsables del atentado. Concutelli había sido el autor material por encargo de los servicios secretos chilenos. Pertenecía a Vanguardia Nacional la persona que lo había acompañado en el auto al lugar de la emboscada. Los disparos habían sido hechos por una pistola Baretta, calibre 9 corto, con silenciador, dada por Giulio Crescenzi, de Vanguardia Nacional.

Los testigos comienzan a declarar que habían sido los agentes del servicio chileno - lo dijeron Concutelli, Vinciguera y otros-, los que comisionaron esa acción a delle Chiaie, pagando incluso la suma de 100 millones de liras.

Los testigos Sergio Latini y Walter Sordi declaran en forma similar. El mismo imputado lo contó también delante de los testigos Treda e Jzzo. Concutelli disparó a Leighton. La mujer se puso a gritar y entonces disparó a ésta. Luego de ello, se fue caminando solo hasta alcanzar a su cómplice que lo esperaba a bordo de un auto pequeño. El atentado había sido solicitado por delle Chiaie, el que actuaba a su vez por cuenta de los servicios secretos chilenos.

Sergio Calore declaraba que a fines de 1976 y también en 1981, ya en la cárcel, Concutelli le había hecho confesiones, delle Chiaie, "fiduciario" de los servicios secretos chilenos, había estipulado el contrato: la compensación debía consistir en una ayuda para la liberación de camaradas en la cárcel. Pero se habló también de armas. Un tal Andrés -Townley- hizo los contactos; algunos militantes de Vanguardia Nacional siguieron los movimientos de Leighton; el arma usada, una pistola calibre 9 corto, tuvo una disminución de potencia debido al silenciador.

Los tribunales italianos declararon que una serie de argumentos procesales impedían tener la seguridad de la responsabilidad de los acusados y que correspondía entonces a la justicia absolver a los acusados Falabella, Concutelli, y delle Chiaie, todos italianos. Sin embargo, ordenaron que copia de los antecedentes relativos a Townley y Paz debían ser remitidos a la Procuraduría de la República ante el Tribunal de Roma, a fin de investigar la responsabilidad de éstos en los episodios delictuosos investigados.

En 1978, Townley, mediante una declaración hecha como una especie de seguro de vida, ya había reconocido su participación y señalado como los mandantes a Manuel Contreras y a Eduardo Iturriaga. Sin embargo, tal documento fue entregado a la autoridad judicial italiana sólo en 1992. Ese manuscrito constituyó uno de los más importantes en el juicio. De él se desprende:

1°.- Que el mandato a matar lo recibió de Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la Dina, a través de Iturriaga Neumann, su superior directo y en ese período responsable del servicio exterior.

2º.- Que el rol de Townley en la transmisión había sido entregar esos antecedentes a delle Chiaie con la orden de matar a Leighton.

3°.- La inserción estable de Townley con misiones de gran relevancia en la Dina.

4°.- El apoyo de toda la estructura del servicio chileno en la fase preparatoria del atentado.

5°.- La contrapartida ofrecida al mismo delle Chiaie y a sus hombres para efectuar el delito y, en especial, el ofrecimiento de apoyo en la clandestinidad.

6°.- Los contactos con delle Chiaie y sus hombres, entre los cuales está Crescenzi, en Italia, en vía Sattorio para la preparación del atentado.

7°.- Por último, los contactos realizados para la preparación de un atentado a Carlos Altamirano y la ayuda ofrecida en Chile y en Argentina a las personas antes citadas.

En lo que se refiere a la responsabilidad del grupo Vanguardia Nacional, hay que remitirse a la sentencia del tribunal que da cuenta de la existencia de elementos de prueba convergentes en las atribuciones del delito a las personas de Stéfano delle Chiaie y Pierluigi Concuttelli, quienes operaron por cuenta del servicio secreto chileno y en especial por orden de Michael Townley.

Estos elementos están esencialmente constituidos por:

1°.- La confesión extrajudicial del delito de Concuttelli a numerosas personas vinculadas a él por lazos de solidaridad criminal y en un período en el cual hechos de esta naturaleza eran motivo de orgullo.

2°.- La admisión del hecho por parte de Concutelli, en presencia de delle Chiaie, en el curso de una acalorada discusión con otros miembros de la organización que no estaban de acuerdo con la acción de Concutelli.

3°.- La contradicción de dichas declaraciones constituida por el hecho de que delle Chiaie había llegado a Chile antes de los hechos, siendo recibido por importantes autoridades del Estado, para regresar luego en forma clandestina.

4º.- El vínculo existente entre delle Chiaie y Michael Townley.

5º.- El hecho de que el delito fue decidido por el servicio secreto al que pertenecía Townley, la Dina, y

6°.- Precisas indicaciones por parte de aquellos que habían recibido los testimonios de Concutelli, con detalles acerca del delito, entre los cuales está el tipo de arma efectivamente utilizado.

Elementos importantes que aparecieron en la verificación de los registros de los hoteles en los días inmediatamente precedentes y sucesivos a aquel delito, demuestran que Townley se hospedó en el Albergo Génova di Roma, con su propio nombre, junto con Virgilio Paz, desde el 6 al 8 de septiembre de 1975; en el hotel Homs, del 10 al 13 de septiembre, siempre con Virgilio Paz y bajo su mismo nombre; y desde el Io al 7 de octubre de 1975 en el hotel Touring, esta vez solo y bajo el nombre falso de Enyart Kenneth Williams.

Es necesario decir con mucha claridad que no fue fácil conseguir éstos y otros elementos de prueba. Se encontraron dificultades de todo tipo, que han comprometido gravemente las indagaciones y han llevado a éstas a retrasos por muchos años.

En 1978, la jefatura de policía de Roma respondió negativamente a la solicitud del juez instructor acerca de la presencia de Townley en hoteles romanos, incluso bajo los nombres falsos que la prensa de Estados Unidos había dado a conocer. Años después se demostró que efectivamente Townley estuvo en Roma el día del atentado.

Además, desde 1978 las autoridades judiciales italianas pidieron a los Estados Unidos interrogar a Townley o, por lo menos, tener copia de los expedientes del proceso en contra de él por el atentado a Letelier. Sólo en 1990 se logró tener copia de algunos de estos expedientes; otros todavía se esperan, y sólo en 1992 se logró interrogar a Townley.

La autoridad judicial chilena, luego, rechazó el interrogatorio de Manuel Contreras Sepúlveda, Eduardo Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza Bravo, Cristopher Willeeke y Pedro Rojas.

Por otra parte, el extraordinario trabajo de investigación del juez y de la policía chilena en el proceso por el atentado contra el embajador Letelier permitieron adquirir un patrimonio de información que tiene gran fundamento en ese juicio.

El delito fue motivado por la voluntad de impedir a Leighton unificar a los grupos de oposición al régimen militar. Fue materialmente cumplido por Concutelli, que utilizó la pistola Baretta calibre 9 corta proporcionada por Crescenzi. Este proporcionó también apoyo logístico, hospedando a Townley en un lugar que tenía disponible Vanguardia Nacional.

Algunos años después, Concutelli diría a un amigo suyo, Aldo Tisei, que había disparado también a la mujer para impedirle que gritara. Es también posible que se quisiera alcanzar un efecto más profundo de intimidación, ya que el General Prats, refugiado en Argentina después del golpe de Estado, había sido asesinado el 30 de septiembre del año anterior junto a su mujer, mientras que el 21 de septiembre de 1976, el embajador Orlando Letelier había sido asesinado junto a su secretaria Ronnie Moffitt. Vemos que hay un hilo conductor único que une a estos tres delitos.

Townley fue condenado a 15 años de reclusión como mandante intermedio. Pero la justicia italiana no quiso poner punto final a una investigación que consideraba inconclusa. Con los nuevos antecedentes, y en especial con las declaraciones de Townley y otros numerosos testimonios y documentos, decidió que había llegado el turno a quienes consideraba los autores intelectuales de la acción criminal.

El 22 de noviembre de 1994, hace sólo algunos meses, el tribunal de Roma dispuso la remisión a juicio de Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Eduardo Iturriaga Neumann y Giulio Crescenzi, por los delitos contemplados en los artículos 110, 56, 575, 577 número 3 del Código Penal italiano, porque en concurso entre ellos y con otros, entre los cuales se cuenta a Townley, Stefano delle Chiaie y, Pierluigi Concutelli, actuando como mandantes los dos primeros y proporcionando apoyo logístico el tercero, ejecutaron actos idóneos, dirigidos de modo unívoco a alcanzar la muerte de Bernardo Leighton Guzmán y de Anita Fresno Ovalle, disparando tiros de pistola contra ellos.

El fiscal Salvi declara: "Trataré de probar que el delito fue realizado por orden de Contreras, que el General Iturriaga transmitió la orden a Michael Townley, su subordinado, quien a su vez encargó a Stefano delle Chiaie y a sus hombres y que Pierluigi Concutelli disparó con un arma que le suministró Crescenzi."

Señaló, además, que de delle Chiaie había viajado "a Chile antes de estos hechos, donde fue recibido por las autoridades del Estado, que volvió ya cuando era prófugo de la justicia italiana después del delito, encontrando refugio y asistencia para sí mismo y para sus camaradas."

A cambio del atentado, estas organizaciones pidieron la benevolencia del régimen chileno, a fin de poder contar con bases seguras para sus prófugos y apoyo financiero, sobre todo porque España, ya en 1975, había comenzado a dejar de ser lugar seguro. Ese año empezó a agravarse la salud de Franco y después se perdió la ayuda de los aparatos del Ministerio del Interior; incluso se acabó un programa en italiano que transmitía una radioemisora de Madrid; España, entonces, dejó de ser un centro de confianza. Por eso, Orden Nuevo y Vanguardia Nacional buscaron el apoyo de Chile, donde después efectivamente se refugiaron muchos neofascistas.

A partir de esos años, los italianos de estos grupos que estaban en España se fueron para Chile, y los que quedaron fueron detenidos, sobre todo, en 1977.

Muchos son los hechos que demuestran la participación de la Dina, de su director y de sus funcionarios en la realización de este atentado.

A las órdenes de Townley -quien dependía directamente de Iturriaga, oficial de la Dina y encargado de la dirección de la Brigada Operativa Exterior, que tenía como misión la eliminación de los opositores (declaraciones de Olderock, Sandoval y Merino)- fue puesta toda una estructura operativa destinada a operaciones sucias y de naturaleza similar. Esta estructura llamada Grupo Quetro Pillén, formaba parte de la Brigada Mulchén, conducida por Iturriaga, cuya base estaba en el inmueble de Lo Curro, donde efectuaron espantosas misiones de homicidios, de torturas y de muertes, y trabajaron en la preparación de gases mortales como el "sarín", que se usaría también para la eliminación de opositores políticos.

Townley había viajado a Europa con el fin de organizar el atentado en compañía de su mujer y, en un primer tiempo, de Virgilio Paz, el cual estaba íntimamente vinculado con la Dina, quien también había seguido un curso de inteligencia, según declaraciones de Alejandra Damiani. Esto está confirmado por una serie de verificaciones, algunas de ellas también documentales.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su exposición inicial. Le quedan los minutos correspondientes al Comité del Partido por la Democracia.

Informo que se encuentra en la tribuna la señora Anita Fresno, viuda de Leighton.

-Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Puede continuar el señor Ascencio.

El señor ASCENCIO.-

Gracias, señor Presidente.

Townley y Christoph Willeeke, también miembro de la Dina y luego director del Departamento de Operaciones Extranjeras, fueron acompañados por Wolff von Arnswaldt a la habitación de Pedro Rojas, nombre falso de Guillermo Riveros, miembro de la Democracia Cristiana chilena en el exilio y que colaboraba con la Dina, para que éste se contactara con Leighton a fin de facilitar su individualización, según declaraciones de Wolff von Arnswaldt obtenidas en la comisión rogatoria, y de los policías chilenos Castillo y Jofré.

A través de distintas fuentes, el fiscal Salvi está probando, como resultante de todas las declaraciones y documentos obtenidos, pero también como elementos autónomos de prueba en contra de Contreras e Iturriaga, que en la fase preparatoria del delito otros sujetos contribuyeron funcionalmente con la Dina y que el atentado se incluía en un diseño mucho más amplio de neutralización de los opositores. En Italia se está llegando ya al final de este proceso; sólo restan las tres últimas audiencias que en principio se encuentran fijadas para el 18,19 y 20 de mayo. A estas audiencias deben concurrir importantes testigos; entre otros, debiera declarar Stéfano delle Chiaie; se espera a Michael Townley, a Mariana Callejas, a Alejandra Damiani, a Wolff von Arnswaldt, a la señora Ingrid Olderock, al señor Guillermo Riveros y a muchos otros. En estas últimas audiencias el fiscal Salvi presentará también importantes documentos, nunca antes exhibidos, que probarán su acusación.

Creo necesario hacer un público reconocimiento al fiscal Giovanni Salvi por el extraordinario esfuerzo que por años ha venido realizando con seriedad y paciencia, a fin de esclarecer absolutamente los detalles del atentado.

También es importante reconocer el activo rol de colaborador del Gobierno de Chile en este proceso, pues se ha mostrado permanentemente interesado en ayudar a la investigación, designando incluso a un brillante abogado penalista italiano, don Ricardo Olivo, para que en calidad de parte civil pueda aportar todos los antecedentes que considere necesarios.

Don Bernardo Leighton, político cristiano ejemplar, quien partió hace pocas semanas en forma silenciosa, y cuyos pasos dejaron huellas imborrables en la vida política nacional, y testimonio de cualidades éticas y morales que le valieron el reconocimiento de todos los sectores del país, no sólo ejerció como dirigente de su partido político, como Ministro de Estado o como Vicepresidente de la República, entre otras muchas responsabilidades, sino que también fue un brillante miembro de esta Corporación. Fue un extraordinario Diputado, y la historia del Parlamento da fe de ello.

Por lo tanto, lo mínimo que merece es el mayor de nuestros esfuerzos, lo mejor de nuestra colaboración, cumpliendo nuestro deber de velar para que se imponga la justicia y no queden impunes quienes contribuyeron a tan aberrante atentado.

He dicho.