Labor Parlamentaria

La señora CARVAJAL, doña Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, el pasado 8 de mayo se recibió en esta Corporación una respuesta del ministro de Minería, señor Baldo Prokurica , a un oficio que le hiciéramos llegar el 10 de abril y mediante el cual, en mi calidad de diputado, solicité antecedentes acerca de las fiscalizaciones realizadas a la mina Delia II, de la empresa minera Cerro Bayo , comuna de Chile Chico, con anterioridad al accidente ocurrido el 9 de junio de 2017, que terminó con la trágica muerte de los mineros Jorge Sánchez Martínez , de 25 años de edad, y Enrique Ojeda González , de 34 años de edad, quienes se encontraban trabajando en el nivel 55 de la mina, es decir, a unos 200 metros de profundidad.

Agradezco la contestación, de 198 páginas, que nos hiciera llegar el ministro, porque es una respuesta muy completa. Ojalá otros ministros siguieran ese ejemplo.

El informe se inicia señalando acerca de las acciones de fiscalización realizadas tras el fallo de la Corte Suprema del 7 de marzo de este año, que ordenó seguir con la búsqueda de los dos mineros, al estimar que no se habían agotado los medios disponibles para rescatarlos con vida o hallar sus cuerpos en el colapso.

El informe destaca que en el período comprendido entre mayo de 2011 y marzo de 2017 diversos funcionarios del Sernageomin realizaron un total de 23 inspecciones de seguridad minera a las instalaciones de Cerro Bayo, 14 de las cuales incluyeron inspecciones a Mina Delia , adjuntando las Actas de Inspección. Al respecto, se dice algo relevante: “Que, sin perjuicio de las fiscalizaciones efectuadas, debe señalarse que nuestros fiscalizadores no advirtieron que la empresa había extendido los laboreos y extracción de mineral más allá del perímetro autorizado, acercando la explotación bajo la Laguna Verde, dejando un pilar rocoso entre el piso de dicha laguna y el techo del caserón 206 (sector que finalmente colapso) de un menor espesor a lo recomendado en el estudio geomecánico que la propia empresa incluyó en el proyecto que sometió a aprobación por Sernageomin”.

El informe cita a continuación la resolución exenta N°644, del 22 de marzo de 2011, del Sernageomin, que estableció lo siguiente: “La estabilidad geomecánica de la mina Delia deberá ser revisada, según nuevos parámetros que se obtengan de los avances mineros y de acuerdo al mayor conocimiento de la calidad de la roca. El estudio geotécnico recomienda implementar cámaras o caserones que posicionen un "crown pillar" (losa) cada 45 metros de altura”. A este respecto –señala el informe-, “los inspectores incumplieron lo indicado en el "Procedimiento de Fiscalización en Seguridad Minera", específicamente la actividad 1.3, "Revisión de antecedentes de la faena a inspeccionar, en la que el punto c) señala que: Se deberá Revisar las Resoluciones atingentes a la instalación a inspeccionar”.

Y como si lo anterior fuera poco, según lo establecido en el proyecto, la vida útil de la mina se estimaba en cinco años, desde 2011 a 2015, y el cierre estaba programado para 2016, es decir, un año antes de que ocurriera el fatal derrumbe. A pesar de lo anterior, la empresa informó anualmente a la Unidad de Estadísticas del Departamento de Seguridad y Fiscalización de la Subdirección Nacional de Minería del Sernageomin los tonelajes extraídos en la Mina Delia , sin distinguir la producción alcanzada de las secciones 1 y 2, extendiendo así su vida útil hasta el 2017. Y, contra lo establecido en la resolución exenta N° 644, la empresa extrajo más mineral, según la información estadística de producción proporcionada por la propia minera Cerro Bayo el 22 de junio de 2017, pasando de las 413.000 toneladas de mineral autorizadas a 774.072 toneladas, o sea, 361.000 toneladas extra, lo que equivale a 87,4 por ciento más.

Lo anterior refleja que Cerro Bayo incumplió los artículos 22 y 23 del Reglamento de Seguridad Minera, “al no presentar un proyecto de ampliación para su vida útil, superficie y tonelaje a extraer de la mina” y al “no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores propios y de terceros, como de los equipos, maquinarias e instalaciones”.

El informe agrega: “Respecto de por qué no se cerró la faena en circunstancias de que el proyecto no tenía vida útil, cabe señalar que no se efectuó el hallazgo de este incumplimiento por parte del personal de fiscalización de nuestro Servicio ni se requirió, conforme al procedimiento sancionatorio que para tal efecto procede, una sanción para la empresa que no contaba con permiso vigente para operar”.

“En suma -prosigue el informe-, el ejecutar la explotación cercana a la Laguna Verde, no realizar y actualizar los estudios geomecánicos, el no considerar los efectos de un aumento en la pluviometría ni el debilitamiento del macizo rocoso ante el tajamiento del dique, todo ello generó el escenario que derivó en el colapso y posterior inundación de la mina, con las lamentables consecuencias que afectaron la vida de dos trabajadores”.

Se sabe que el Sernageomin instruyó, en octubre de 2017, un sumario para determinar la responsabilidad funcionaria en los hechos, cuyo resultado aún está pendiente de conocer.

A lo largo de sus extensas páginas, este informe de minería busca responder cada una de las interrogantes que hicimos en esta Sala. Pero, en síntesis, seguimos lamentando un trágico hecho que costó la vida de dos compatriotas, el que se pudo haber evitado.

Este es un tema muy grave que aunque muchos no lo quisieran, sigue abierto. Y seguirá así, porque continuaremos fiscalizando los actos administrativos, atentos a los pronunciamientos judiciales y, sobre todo, porque nos parece que los familiares de los mineros muertos merecen justicia y una respuesta. Incluso, debiéramos evaluar la pertinencia de aprobar una comisión investigadora al respecto.

Por lo tanto, solicito se oficie al ministro de Minería, para agradecer su completa respuesta, y al director del Sernageomin para que nos informe el resultado del sumario administrativo iniciado en octubre pasado.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña Loreto (Presidenta accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.