Labor Parlamentaria

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Diputado Auth , nunca hay diputado informante sobre los informes de comisión mixta.

Sin embargo, en vista de su argumento, le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, quiero destacar que este proyecto de ley es un tremendo avance, histórico, en la lucha que debe dar nuestro país para enfrentar, contener y reducir los niveles de corrupción que se presentan en las instituciones públicas y políticas en su relación con las empresas privadas y los ciudadanos.

En ese sentido, el informe de la comisión mixta propone un nuevo estatuto penal contra la corrupción, producto de un proyecto de ley muy extenso y trabajado, resultado del esfuerzo colaborativo de muchas personas, las que durante casi tres años de tramitación legislativa realizaron una contribución que es justo reconocer.

El contenido de este proyecto, que esperamos sea ley de la república en pocos días más, surge de la fusión o integración de tres iniciativas legales de distinto origen.

La primera es una moción del entonces diputado Jaime Pilowsky y de los diputados Leonardo Soto y Tucapel Jiménez , entre otros, cuya finalidad es modificar el Código Penal con el objeto de aumentar las penas en los delitos de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias, el cual se encuentra contenido en el boletín N° 9956-07, de 19 de marzo de 2015.

La segunda se inicia en un mensaje de la entones Presidenta de la República Michelle Bachelet y tiene por objeto aumentar las penas en los delitos de corrupción, contenido en el boletín N° 10155-07, y fue presentado a tramitación legislativa el 17 de junio de 2015, iniciativa que, a su vez, recogió las propuestas que realizaron los integrantes del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, instancia presidida por el profesor Eduardo Engel .

Esos dos proyectos se fusionaron y se aprobaron en la Cámara de Diputados.

Con posterioridad fue integrado el tercer proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Pedro Araya , Alfonso de Urresti , Felipe Harboe , y de los entonces senadores Hernán Larraín y Alberto Espina , el que tenía por propósito modificar el Código Penal en materia de delitos de corrupción.

En la comisión mixta se hizo una revisión completa a los tres proyectos.

En los tres años que duró esta tramitación, quiero destacar la colaboración que hemos recibido de los profesores de derecho penal señores Gonzalo Medina , de la Universidad de Chile, y Héctor Hernández , de la Universidad Diego Portales, de los jefes de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto del anterior gobierno como del actual, señores Ignacio Castillo y Sebastián Valenzuela , respectivamente, y la permanente participación del entonces senador y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos señor Hernán Larraín .

El trabajo que desarrollamos en la comisión mixta se materializó en una extensa discusión que duró varios meses, con un alto nivel de consenso final, que se expresa en este informe.

El debate de este proyecto de ley relativo a los delitos funcionarios se da en un contexto nacional e internacional muy especial, con una percepción en cuanto a que esta materia se ha desbordado, lo que se refleja en los niveles de corrupción general del país.

Todos los días desayunamos, comemos y cenamos mientras escuchamos noticias de grandes empresas que se adjudican contratos públicos obtenidos mediante sobornos a gran escala, como en el caso Odebrecht o Petrobras en esta parte del continente, que han alcanzado a expresidentes, algunos de los cuales están siendo investigados, han sido formalizados e incluso algunos ya han sido condenados por la justicia, como ocurre en Perú, en Argentina y en Brasil. Sin ir más lejos, en Chile también hubo autoridades que recibieron pagos indebidos, como el señor Jaime Orpis y el exministro Pablo Longueira , o los involucrados en el caso Penta. También hemos sabido de sobornos a alcaldes y concejales en licitaciones para la recolección de la basura, o de los ya crónicos fraudes que se han producido en la instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, como Carabineros y el Ejército, que han pasado a ser el pan nuestro de cada día.

La corrupción es un fenómeno nefasto que produce la más grave indignación ciudadana entre los chilenos y chilenas, debido a la estrecha vinculación que tienen estos abusos con los espacios de privilegio en que se mueven las altas autoridades del poder político y de las demás instituciones públicas.

Por eso, necesitamos enfrentar este problema de manera robusta, con una reacción importante y concreta de nuestra democracia, razón por la cual debemos cambiar nuestra legislación penal, que en esta clase de delitos, de cuello y corbata, tiene uno de los sistemas de penas más bajas del mundo occidental civilizado, tal como lo graficó el exfiscal nacional Sabas Chahuán al señalar que no puede ser lo mismo “cohechar” a un funcionario público o defraudar al fisco con muchos millones de pesos, que robar una gallina, como ocurre en la legislación aún vigente.

En cuanto al resultado de la comisión mixta, debo partir señalando que ante las controversias y diferencias que tuvimos con el Senado, mayoritariamente se impusieron las definiciones propuestas por la Cámara de Diputados.

¿Qué reformas se podrían destacar? Primero, el aumento de penas. Ese es el núcleo de este proyecto de ley, que hace una revisión y una mejora fundamental en los delitos funcionarios más relevantes, elevando fuertemente todas las penas y sanciones, porque las que hoy tenemos son francamente ridículas. Los techos de las penas actuales pasan a ser el piso en que partirán los tramos de las nuevas penas para estos delitos.

Varios tipos penales de cohecho, soborno, fraude al fisco, malversación de fondos y otros fueron mejorados, y en cuanto a la sanción, pasaron a tener penas que llegan a ser de crímenes; es decir, conllevan cárcel efectiva para sus autores.

Estoy convencido de que para desalentar a los delincuentes de cuello y corbata de cometer estos delitos el mejor disuasivo es, por lejos, que enfrenten la posibilidad cierta de cumplir con cárcel las penas privativas de libertad. Nada los disuade más.

Por eso reforzamos la posibilidad de pena de cárcel efectiva, para lo cual aprobamos una norma que establece que se debe aplicar el máximo de las penas a ciertas personas, aquellas que tengan la calidad de ser las autoridades más altas del país. Establecimos que cuando los delitos hayan sido cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular, de exclusiva confianza, de Alta Dirección Pública, del primer nivel jerárquico, o por un fiscal del Ministerio Público, por jueces, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o directores generales, entre otros, se les aplicará el máximo de la pena establecida para el delito funcionario.

Esta es una gran innovación. Las altas autoridades del país, las que están cerca del poder, ejerzan o no cargos de elección popular o del Poder Ejecutivo o de los municipios están más expuestas a la corrupción -de eso no cabe duda-, por lo cual deben tener una amenaza de sanción penal mayor: la de pasar una buena temporada en la cárcel.

Entonces, todos están advertidos de que eso puede ser una realidad.

Una gran polémica se instaló en la comisión mixta a partir del nuevo delito de cohecho. Estamos conscientes de que de poco puede servir subir las penas si no buscamos herramientas para facilitar la comprobación del delito por la justicia, medios para que las fiscalías puedan obtener condenas. Pensando en eso, creamos el delito de cohecho sin contraprestación, también llamado cohecho por mera actividad o cohecho en razón del cargo, que marcó la gran polémica en la comisión mixta.

Se trata de que el delito de cohecho se configure con el solo pago del beneficio económico indebido al funcionario, sin necesidad de acreditar el favor, la contraprestación que el funcionario haría o hizo para recibir esa coima, ese soborno. Eso facilitará enormemente el trabajo de la justicia y permitirá, por ejemplo, que haya condenas en casos en que hoy, lamentablemente, por falta de prueba, se libera a los responsables y quedan en impunidad, no obstante que hayan participado en delitos extremadamente graves.

La nueva regla en este cohecho sin contraprestación es muy simple de seguir: ningún funcionario público, de cualquier nivel, debe recibir dinero o beneficios económicos de particulares en razón de su cargo.

Este es un delito que existe desde hace más de cien años en España y ha sido fundamental en Italia y en Alemania para desbaratar redes de corrupción pública.

Existe también una nueva regla de prescripción. En los delitos funcionarios, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr, no desde que se comete el delito, porque muchas veces eso está oculto, sino desde que el empleado público que intervino en él cese en su cargo o función, para evitar que encubran la situación.

También se establece una especie de delación compensada, que entrega un incentivo de rebaja de penas para aquel funcionario que, sin ser autoridad política, confiesa y colabora con la persecución y condena de los autores.

Otra innovación es el establecimiento de un nuevo delito de corrupción entre privados y uno de administración desleal, para aquellos que administran patrimonios ajenos.

La ciudadanía está cansada y ha dejado de creer en las instituciones y en los políticos, lo que se ve reflejado en los índices de aprobación ciudadana y en el porcentaje de abstención en las elecciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado el tradicional “himno” de que todos los políticos son iguales?

Hemos sido testigos del posicionamiento de figuras políticas, tanto en Chile como en el resto de América y del mundo, que se anclan en un discurso anticorrupción, pero además promueven la xenofobia, la homofobia, el racismo y la misoginia. No dejemos que eso le pase a nuestro país.

Tenemos la oportunidad histórica de tomar una decisión de justicia, al aprobar los aumentos de penas por estos delitos de corrupción.

¡No defraudemos a Chile y hagamos la pega!

He dicho.