Labor Parlamentaria

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora ROJAS, doña Camila (de pie).-

Señorita Presidenta, paso a rendir el informe referido a hechos acaecidos en la reposición del estadio de San Antonio, los cuales han significado una inmensa demora en su realización y término.

Se trata del estadio municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante , que ha sido un anhelo importante para la comunidad sanantonina.

La creación de la comisión especial investigadora fue aprobada en abril de 2023, a petición de 64 diputados y diputadas, con la finalidad de fiscalizar los actos del gobierno, particularmente del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Deportes, entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022, relacionados con la ejecución, modificación y cumplimiento de contratos y de normas de seguridad para recintos públicos deportivos.

La comisión celebró diez sesiones, una de las cuales fue efectuada en la ciudad de San Antonio, con posterior visita al estadio mismo.

Los antecedentes y las exposiciones de las personas que fueron invitadas y de los funcionarios públicos que fueron citados se encuentran latamente expuestos en el informe respectivo.

Por tal motivo, me abocaré a exponer resumidamente las conclusiones a las que llegó la comisión, las que fueron aprobadas con el voto unánime de las diputadas y diputados presentes, señoras y señores Fernando Bórquez Montecinos , Sara Concha Smith , Luis Cuello Peña y Lillo , Tomás Lagomarsino Guzmán , Camila Rojas Valderrama , Luis Sánchez Ossa y Emilia Schneider Videla .

Las conclusiones pueden resumirse en lo siguiente:

1.Hubo problemas en el diseño inicial de la obra de reposición.

2.Hubo problemas en la ejecución del contrato, el cual debió modificarse en diversas oportunidades.

3.En el transcurso de la ejecución de la obra se produjo la ausencia reiterada del proyectista original.

4.Faltó adecuada supervisión de la obra y de detalles constructivos.

5.No hubo cumplimiento adecuado de las obligaciones del consultor.

6.Hubo un sinnúmero de observaciones efectuadas a la obra por los organismos estatales correspondientes, algunas de las cuales fueron subsanadas, pero otras no.

Uno de los problemas principales, al que se hizo alusión por todos los expositores, dice relación con el sistema de protección pasiva al fuego.

Sobre el particular, hubo recriminaciones cruzadas, por cuanto la empresa licitada señaló que advirtió a la municipalidad que el proyecto de protecciones al fuego no era consistente con las exigencias normativas, debido a que los productos especificados o las soluciones constructivas de protección no permitían lograr el tiempo de retardo en todos los elementos que componían la estructura soportante.

Sin embargo, por otro lado, se señaló que se hicieron las advertencias, los estudios y las propuestas, pero que no fueron considerados por el mandante.

7.Atendido lo señalado, queda claro que el proyecto y la naturaleza del convenio que da origen a la materialización de la obra ocasionó errores de diseño determinantes en el aumento de plazo y de presupuestos asociados, los que fueron descritos en el cuerpo del informe.

En el mismo proceso, cabe concluir que el deficitario control contractual a la labor del consultor inicial de la obra, señor Cristian Guixé , por los diferentes entes públicos a cargo, principalmente la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) municipal, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, y, en consecuencia, la ausencia de este en el desarrollo de la obra, dieron lugar a fallas en la construcción que ampliaron los plazos de entrega y posterior uso de las dependencias.

Por lo anteriormente señalado en este punto, resulta claro que los errores atribuibles al diseño de la obra no pudieron ser superados en la fase de ejecución de esta y que, en particular, los descuidos en el sistema de protección pasiva al fuego fueron advertidos en más de una ocasión por la empresa constructora a los organismos intervinientes, constituidos en un equipo técnico a cargo de la obra, quienes, producto de sus erradas decisiones y omisiones, dieron lugar a una infraestructura que no puede ser entregada de manera definitiva hasta enmendar cada una de las fallas que está presente hasta hoy en la obra.

En lo anteriormente expuesto, las responsabilidades principales recaen, por su rol, en el Instituto Nacional de Deportes, en la Municipalidad de San Antonio y en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso; la responsabilidad política, en el en el Instituto Nacional de Deportes, y en particular, por la visación técnica del proyecto, esta recae en el director nacional de Chiledeportes, actual IND, señor Ricardo Loyola Moraga .

En cuanto a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso (DRAV), la responsabilidad por la aprobación del proyecto recae en su director regional, Rodrigo Pereira Puchy , mientras que durante 2019-2022, período en el que se tomaron las decisiones acerca de la pintura intumescente y la recepción provisional de la obra, la responsabilidad política recae en el director regional, Julio Pérez , y en quien actuó como directora subrogante durante parte del período más crítico, Patricia Leyton .

Además, se determinó que la falta de una adecuada fiscalización por parte de la municipalidad respecto a las acciones del consultor, así como la falta de supervisión por parte del IND, que debía revisar y aprobar el diseño como entidad técnica, según lo establecido en el convenio, fueron los hechos que generaron las fallas en el diseño, en general, y en el sistema de protección contra incendios (pintura intumescente), en particular. Estas deficiencias generaron los mayores retrasos en la ejecución de la obra.

En relación con el hecho de que el municipio es el dueño del proyecto (el mandante), la responsabilidad política por su negligente actuar recae en el jefe comunal del período 20142019, Omar Vera Castro , y, en menor medida, por tratarse de un funcionario de confianza y estar a cargo del proyecto entre 2015-2019, en Christian Ovalle Lyon , encargado de la Secpla.

8.En el período de ejecución, la empresa Valko no cumplió con los estándares de construcción y de seguridad requeridos para el proyecto, lo que impidió el uso adecuado del estadio a su máxima capacidad. Asimismo, la falta de un proyectista original que acompañara la obra y guiara su desarrollo, así como el incumplimiento por parte del IND, en su obligación de aportar a la comisión técnica, y de la DRAV, a través de su inspector fiscal, dejaron al arbitrio del oferente aspectos que llevaron a los errores y omisiones ya expuestos en este capítulo.

9.En relación con el proceso de recepción provisoria, en primer lugar, se puede indicar que de los cientos de observaciones que se hicieron al inicio de la recepción, fueron subsanadas la mayoría, pero con un bajo estándar de calidad. Además, se observa que al concluir el proceso aún existían tres fallas que quedaron inconclusas y que, sin que la empresa lo haya solicitado, la DRAV entregó una ampliación de plazo sin justificación jurídica o administrativa conocida.

En segundo lugar, es importante señalar que el municipio de San Antonio, siguiendo la recomendación de la DRAV, presentó la carpeta para la recepción final sin haber subsanado las observaciones estructurales, lo cual va en contra de la normativa vigente.

Por último, tras la recepción provisoria, se observó resistencia por parte del municipio para llevar a cabo el mantenimiento básico y operacional del recinto, dado que había discrepancias sobre quién tenía dicha responsabilidad.

10.Cabe hacer una mención especial al ítem de las responsabilidades, ya que desde el inicio de la obra se cometieron omisiones y errores graves que acompañaron su desarrollo hasta la entrega final, lo cual generó consecuencias patrimoniales y sociales que hasta el día de hoy no han podido ser subsanadas.

Por lo anterior, esta comisión especial investigadora debió establecer las siguientes responsabilidades políticas atribuibles a estas acciones u omisiones por parte de una autoridad o representante político en ejercicio de su cargo y funciones, las que, a su vez, son distintas de las responsabilidades administrativas, civiles y penales posibles de achacar a los involucrados en las distintas etapas de esta obra.

a) Responsabilidades en el diseño.

En relación con el diseño de la obra, y considerando los problemas previamente señalados en este informe, se vislumbran las siguientes responsabilidades políticas, enumeradas en orden de prelación:

-Del Instituto Nacional del Deporte (IND), por su trascendencia en la visación técnica del proyecto de 2016, la cual se torna especialmente crítica, ya que de haberse contemplado a tiempo las debidas consideraciones, se habría podido prevenir toda la cadena de eventos subsiguientes. En este contexto, la responsabilidad recae de manera individualizada en el entonces director nacional de Chiledeportes, Ricardo Loyola Moraga , figura clave en un período crucial en la ejecución del proyecto y autoridad de la institución que durante 2018 pasó a llamarse IND.

-De la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso (DRAV), en el período 20142019, por la responsabilidad en la aprobación del diseño del proyecto de Estadio Municipal de San Antonio, individualizada en su director regional, Rodrigo Pereira Puchy . Además, en el período 2019-2022, por la responsabilidad en las decisiones tomadas sobre la pintura intumescente y la recepción provisional de la obra, individualizada en el director regional, Julio Pérez , y en la directora subrogante, Patricia Leyton . Estas instancias son críticas para evaluar la calidad técnica y las condiciones de seguridad del proyecto, lo que resalta la importancia de revisar las actuaciones de la DRAV en ambos períodos.

-De la Ilustre Municipalidad de San Antonio (IMSA), por ser la institución que tenía la responsabilidad de adjudicar y liderar el proyecto de diseño de la obra -sin soslayar lo señalado más arriba acerca de la responsabilidad del IND, que tenía que revisar y aprobar el diseño como entidad técnica, según lo establecido en el convenio de diseño-, y por no realizar una fiscalización adecuada sobre el trabajo del consultor Cristian Guixé , a pesar de contar con las facultades contractuales para hacerlo.

Dada la condición de mandante de la IMSA, la responsabilidad recae, por su actuar negligente, principalmente en el jefe comunal durante el periodo 2014-2019, Omar Vera Castro , y, en menor medida, también se señala a Christian Ovalle Lyon , funcionario de confianza encargado de la Secpla entre 2015-2019, responsable del proyecto y de las decisiones que llevaron a las deficiencias previamente observadas durante el desarrollo del informe.

b)Responsabilidades en la ejecución.

En virtud de lo expuesto durante el informe, es importante destacar que esta comisión carece de atribuciones para asignar responsabilidades a entidades de carácter privado. En este sentido, al considerar que las responsabilidades de la ejecución de la obra recaen principalmente en la empresa Valko S.A., y al observar el cumplimiento en cuanto a las sanciones impuestas por las respectivas instituciones, resulta pertinente señalar que la empresa ha argumentado la falta de consenso entre las partes involucradas para determinar quién debía asumir las responsabilidades por los errores e indefiniciones del proyecto.

En consecuencia, si bien no se puede determinar la responsabilidad en cuanto a las omisiones de la empresa en la ejecución de la obra, existe una responsabilidad política debido al convenio adscrito que dio curso al proyecto, la cual recae principalmente en la DRAV, como organismo a cargo de la inspección fiscal, y en el municipio, como mandante, mediante la unidad técnica de la Secpla.

c)Responsabilidades en la recepción y mantención.

Las deficiencias en el procedimiento de recepción han resultado en el cierre actual del Estadio de San Antonio para la comunidad. Aunque se ha permitido un uso parcial de su pista atlética y cancha central, el aforo se ha limitado a tan solo cincuenta personas. Lo anterior ha evidenciado las siguientes responsabilidades políticas y administrativas:

Respecto de la recepción de la obra:

-De la Ilustre Municipalidad de San Antonio, en el periodo de la alcaldesa Constanza Lizana Sierra , por su actuar negligente al solicitar la recepción definitiva de las obras ante la DOM.

-De la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, en la fase de recepción provisional de las obras, por ser el principal organismo responsable de lo sucedido, específicamente en lo atribuible a la gestión del director regional de arquitectura del MOP, durante el período 2019-2022, Julio Pérez , y, en menor medida, la directora subrogante e IFO MOP, Patricia Leyton .

Respecto de la mantención del Estadio Municipal de San Antonio:

-De la Ilustre Municipalidad de San Antonio, por su grave omisión en el mantenimiento de las instalaciones del estadio, desatendiendo así sus obligaciones administrativas al ser mandante y propietaria de la obra. La responsabilidad recae en su actual jefa comunal por el periodo 2021-2024, Constanza Lizana Sierra , y en la directora de la Secpla, Elisa González Moya , por tratarse de una funcionaria de confianza a cargo del proyecto.

Es relevante indicar que, en la fecha de emisión de este informe, estaba en curso un sumario administrativo contra Patricia Leyton , la funcionaria a cargo de la DRAV en el período mencionado. A su vez, se sugiere que tanto la comisión de recepción provisoria como los inspectores fiscales comparten la responsabilidad administrativa de estos procesos.

En virtud de lo anterior, se identificaron las siguientes consecuencias:

En la primera sesión de la comisión, el entonces contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto , se refirió a los objetivos de la Comisión, rescatando que coinciden con el rol de la Contraloría, destacando el primero como “priorizar el control que realizamos en áreas que sean de alto impacto, y, obviamente, una de ellas es algo tan sentido para la comunidad como un estadio”. Ello nos permite concluir que hubo consecuencias graves tanto a nivel financiero como en los plazos de cumplimiento, así como se produjeron nefastas consecuencias para la comunidad, que no ha podido usar este recinto tan anhelado.

A nivel financiero, cabe destacar que esta obra contaba con un presupuesto original de 11.425.201.838 pesos, que corresponde al monto del contrato adjudicado por la empresa Valko S.A. Posteriormente a ello, hubo mayoritariamente aumentos de presupuesto y algunas disminuciones menores, modificaciones que dejaron el contrato con un desembolso de 11.983.205.338 pesos.

Hasta aquí el aumento presupuestario fue de 4,88 por ciento, algo que podría considerarse dentro de los márgenes normales de aumento presupuestario de una obra pública de esta magnitud, según nos señaló el inspector fiscal, parte de la Comisión de Recepción Final.

Sin embargo, como consecuencia de los errores de diseño y ejecución detectados a lo largo del trabajo de esta comisión, el IND le ha entregado al municipio de San Antonio la cantidad de 1.920 millones de pesos, a fin de corregir los antedichos errores, lo que terminará por darnos una cifra de costo de la obra de 13.903.205.338 pesos.

En consecuencia, el aumento total de las obras corresponde a 2.458.003.500 pesos, lo que es equivalente a un 21,5 por ciento sobre la cifra original, lo que, a su vez, se traduce en un aumento considerable de recursos públicos utilizados en la obra.

En cuanto a los plazos, si bien la obra debía estar terminada aproximadamente en 2019, ahora se señala que aquello podría ocurrir en 2024. Al respecto, se dieron explicaciones que aludían al hecho de que en el transcurso de la obra ocurrieron situaciones imprevistas, asimilables a lo que jurídicamente constituye un caso fortuito o de fuerza mayor.

Entre las causas más importantes, se señaló la revuelta social a partir de octubre del 2019 y, posteriormente, la crisis sanitaria de salud pública por la pandemia en 2020. Sin embargo, es posible concluir que estos acontecimientos no son la causa basal de los retrasos, toda vez que el primer evento mencionado significó una extensión de plazo de 30 días, y el segundo, de 60 días, y la obra tuvo un aumento del plazo primigenio de 504 días, es decir, casi el doble del tiempo originalmente convenido para el término de la obra, lo que dio como resultado un total de 1.044 días de duración.

Cabe destacar que, al día de hoy y luego de cinco años de cierre total, el estadio se encuentra abierto parcialmente, con un aforo de solo cincuenta personas. No obstante, según la información proporcionada por la municipalidad durante la visita de la comisión, el aforo ha sido incrementado a cien personas.

Por otra parte, las consecuencias no son menores para la comunidad. Uno de los aspectos que más afectan a los ciudadanos es la situación de que el estadio aún no esté habilitado para su uso definitivo. Se ha visto frustrado el sueño de toda una vida, además de que los niños de las divisiones inferiores del club no pueden usar la cancha del estadio. Muchos hinchas murieron esperando la ansiada obra sin poder siquiera conocerla.

Recomendaciones finales

1.Sobre la pronta entrega. A la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta comisión, es posible concluir que la coordinación de los diversos organismos públicos involucrados en el diseño, la ejecución y la recepción de la obra fueron deficientes. Por ello, y en concordancia con el impacto de la obra para la comunidad que espera su entrega total, es fundamental que los organismos involucrados y las autoridades pertinentes pongan como prioridad resolver cuanto antes las reparaciones que requiere la infraestructura, de modo de evitar tiempos excesivos que se sumen a la larga espera de esta obra.

2.Sobre el uso y la administración del recinto. La magnitud del proyecto en comento requiere un diseño apropiado en relación con los usos que tendría el recinto, a fin de asegurar un eficiente uso por parte de la comunidad que practique distintas disciplinas deportivas, como también la proyección de los recursos que se requerirán. No queda claro si la autoridad sobre la cual recaerá la administración del recinto cuenta con los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento, la mantención y el mejoramiento del mismo en el tiempo. En tal sentido, se hace indispensable la elaboración de un plan completo y suficiente que indique las fuentes de obtención de recursos destinados al funcionamiento del recinto y, sobre todo, que asegure las labores y trabajos de mantenimiento o reparación que se requieran durante los años en que el recinto se encuentre en uso, considerando que el financiamiento por parte de la autoridad central (IND) sería excepcional para obras o proyectos específicos. En este último sentido, resulta del todo necesario explorar los mejores caminos para determinar quién estará a cargo de la administración del recinto, dado el alto costo y responsabilidad que ello significa.

En este sentido, desde la Comisión se han manifestado tres sugerencias de cómo seguir en el porvenir:

1)Que sea el propio municipio, como ha sido hasta hoy, quien se haga cargo de su administración. En este caso, la comisión sugiere a la autoridad municipal la elaboración de una proyección de los recursos que en el futuro se requerirían para el mantenimiento del estadio, con expresa indicación de las fuentes de financiamiento y con cargo a qué recursos se realizará; es decir, un plan de administración.

2)Que el recinto sea traspasado al Instituto Nacional del Deporte, es decir al Estado de Chile, cuestión que lo mantendría como un recinto de carácter público, con lo que se garantiza el pleno acceso a la comunidad al estadio y evitar el alto gasto municipal que trae aparejada la mantención del recinto, como ocurre hoy con el Estadio Elías Figueroa Brander, de Playa Ancha.

3.Sobre el rol del IND. En relación con el rol que juega el IND en convenios de infraestructura deportiva, el que tiene la función de visar los proyectos a partir de sus competencias técnicas, es necesario que se genere un trabajo que cuente con un estudio acucioso que aporte tanto en el proceso de licitación como de revisión permanente de la obra, mediante su participación en el comité técnico. Ello podría colaborar a que situaciones como la revisada no se repitan.

4.Sobre otras acciones posibles de considerar. En lo referido a las responsabilidades políticas, se sugiere la revisión de si estas pudieran revestir a la vez responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal en el proceso de diseño, ejecución y recepción del Estadio de San Antonio.

Además, y dado los hallazgos de este informe en materia de responsabilidades administrativas, se recomienda solicitar una revisión exhaustiva de los procedimientos internos en todos los niveles involucrados en el proceso de recepción del Estadio de San Antonio.

Finalmente, y en consideración al impacto que provocó la ausencia del proyectista original, y ante la imposibilidad de esta comisión de atribuir responsabilidad política o administrativa a un privado, se sugiere estudiar las posibles responsabilidades civiles o penales del señor Cristián Guixé .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.