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  • Cámara de Diputados
  • Sesión 73 ordinaria, legislatura 372
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  • Legislatura número 372
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Indicacion en Comision
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA AGENCIA PARA LA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA PRODUCTIVIDAD. ______________________________________________________________________ Boletín N° 16.799-05

Autores

Indicación de los Diputados(a) Rojas, Sáez y Yeomans:

2. Al artículo séptimo:

- Para agregar en el inciso quinto del artículo 7, entre la frase del “mismo sexo” y el punto final (.), la expresión del siguiente tenor “, por máximo tres consejeros o consejeras que estén en posesión del mismo título profesional y por máximo tres consejeros o consejeras que hayan obtenido algún grado académico en la misma institución de estudios superiores

El Diputado Sáez destacó la importancia de asegurar una complementariedad en el consejo, no solo en términos de cuota de género, sino también en ofrecer una perspectiva transdisciplinaria en la toma de decisiones sobre políticas públicas en Chile. Resaltó que históricamente, ciertas disciplinas y áreas del conocimiento, representadas mayoritariamente por egresados de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, han tendido a dominar estos espacios. Aunque valora las contribuciones de estas instituciones, enfatizó la necesidad de incluir diversas visiones y conocimientos de otras universidades y regiones del país. Para él, es esencial que el sistema de alta dirección pública garantice una diversidad de perspectivas académicas y profesionales para enriquecer la evaluación y la implementación de planes y programas futuros. Por ello, presentó una indicación que busca evitar la hegemonía de un par de universidades y asegurar una representación más amplia y diversa en el consejo.

La Diputada Yeomans expresó que la indicación está basada en las audiencias escuchadas en la comisión, donde se resaltó la necesidad de complementar diversas disciplinas para una evaluación integral de las políticas públicas. Señaló que los órganos evaluadores suelen estar dominados por economistas o abogados, lo cual limita la visión integral de las consecuencias de las políticas públicas. Enfatizó la importancia de tener un consejo en la agencia de calidad de las políticas públicas que refleje la diversidad de las políticas públicas evaluadas. Aunque la indicación anterior menciona la integración plural y equilibrada de disciplinas de manera abstracta, propuso una forma más específica y exhaustiva de implementación. La indicación busca que no haya más de tres consejeros de la misma disciplina ni de la misma casa de estudio, promoviendo así una diversidad de perspectivas en la evaluación de políticas públicas, incluyendo conocimientos de universidades regionales.

El Diputado Sepúlveda expresó su preocupación por la propuesta de limitar la cantidad de consejeros provenientes de la misma casa de estudios, destacando que esta medida podría resultar discriminatoria. Argumentó que este enfoque es problemático, ya que obligaría a excluir a candidatos basándose únicamente en su universidad de origen, lo cual es un acto discriminatorio. En lugar de esta restricción, defendió el sistema actual de selección a través de Alta Dirección Pública (ADP), que evalúa no solo la universidad de origen, sino también la experiencia y los postítulos de los candidatos. Consideró que este sistema ya garantiza una diversidad de competencias y permite al presidente de la república elegir entre los mejores postulantes. Concluyó que imponer la restricción propuesta no tiene utilidad práctica y podría resultar en una discriminación innecesaria.

El Diputado Mellado coincidió con quien lo antecedió en el uso de la palabra.

El Diputado Ramírez expresó su acuerdo con la importancia del pluralismo y la diversidad de perspectivas para el éxito de cualquier institución, pero argumentó que la indicación propuesta es arbitraria y problemática. Señaló que la indicación parte de un supuesto incorrecto al asumir que personas de una misma universidad tienen la misma visión, lo cual no siempre es cierto. Ejemplificó que un economista y un actor formados en la misma universidad pueden tener enfoques completamente diferentes. Además, criticó que la indicación abarque cualquier grado académico, lo cual podría llevar a situaciones absurdas, como excluir a candidatos por tener postgrados en la misma institución. Enfatizó que la ADP ya tiene la obligación de considerar la pluralidad y diversidad al seleccionar candidatos, por lo que imponer restricciones adicionales es innecesario y contraproducente. Concluyó que el reglamento puede manejar mejor la implementación del pluralismo sin necesidad de imponer una camisa de fuerza que limite la selección de los mejores candidatos.

El Diputado Cifuentes destacó la necesidad de aclarar las funciones de cada entidad en el proceso de selección y nominación de candidatos. Explicó que la ADP selecciona, pero no nombra; es el Presidente de la República quien nombra a los candidatos seleccionados por la ADP. Opinó que la indicación propuesta busca asegurar que el Presidente elija considerando el principio de pluralidad. Expresó su desacuerdo con el Diputado Sepúlveda, argumentando que la indicación no es discriminatoria, sino que promueve una discriminación positiva, similar a la acción afirmativa para incrementar la representación de mujeres en el parlamento. Enfatizó que la ADP debe hacer una evaluación técnica de los candidatos, mientras que el Presidente debe tener la posibilidad de elegir con criterios que aseguren una entidad pluralista.

El Diputado Romero sostuvo que este es un órgano técnico debe estar integrado por las personas más capacitadas, seleccionadas mediante concurso y evaluación técnica, sin imponer restricciones basadas en la universidad de origen. Argumentó que, aunque existe una percepción de dominación por parte de ciertas instituciones, el objetivo debe ser la competencia técnica. Comparó la situación con el Banco Central, subrayando que las selecciones deben basarse en competencias específicas y no en esfuerzos por diversificar artificialmente la representación, ya que esto podría politizar innecesariamente un órgano técnico.

La Diputada Yeomans destacó la necesidad de reformular la indicación para asegurar la diversidad de disciplinas en el consejo, subrayando que el punto central es garantizar una visión integral para la evaluación de políticas públicas. Argumentó que, si el consejo lo componen solo ingenieros comerciales, se perderían las perspectivas necesarias para un análisis completo, crucial dado el amplio espectro de políticas públicas a evaluar.

El Diputado Sauerbaum expresó su preocupación por la implementación de cuotas en la selección de miembros del consejo, más allá de las cuotas de género. Consideró un despropósito establecer restricciones basadas en la universidad de origen o el título profesional de los candidatos. Estimó que el enfoque debe ser la búsqueda de excelencia y capacidad, sin importar el origen académico, para asegurar decisiones que beneficien al país. Argumentó que la diversidad necesaria se manifiesta en otras instancias y que las decisiones técnicas deben primar sobre la diversidad forzada, la cual considera fuera de lugar en este contexto.

La Diputada Rojas señaló que la discusión sobre las cuotas es fundamental y responde a diferencias políticas profundas que probablemente no se resolverán en esta sesión. Sin embargo, subrayó la importancia de considerar la segregación socioeconómica en las instituciones de educación superior, argumentando que algunas universidades son altamente segregadas y reflejan un contexto homogéneo de estudiantes. Destacó que la diversidad disciplinar ya es un aporte significativo y que las medidas de discriminación positiva, como la inclusión de más mujeres en ciertas carreras, se implementan para favorecer la equidad. Concluyó que, aunque no todos estén de acuerdo con estos principios, es mejor proceder a la votación para reflejar las diferentes posiciones.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó que el debate se está desviando del objetivo principal del proyecto de ley, que es garantizar que el consejo esté compuesto por las personas más capacitadas y que se alcance la excelencia sin ningún tipo de discriminación arbitraria basada en la casa de estudios de origen. Argumentó que limitar la selección basándose en la universidad podría socavar la calidad del consejo, comparando la situación con la selección de jugadores para un equipo de fútbol, donde se eligen los mejores sin importar su procedencia. Reiteró que la prioridad debe ser la excelencia, y cualquier indicación que limite esta selección no resolverá el problema.

El Diputado Naranjo argumentó que la diversidad disciplinaria es esencial para el consejo de políticas públicas, ya que este abarca una variedad de áreas y no puede estar compuesto únicamente por economistas o profesionales de una sola disciplina. Comparó la situación con las empresas privadas y algunas instituciones públicas, donde la tendencia es que la dirección y la gerencia suelen estar formadas por personas de la misma universidad y carrera, lo cual puede crear un sesgo. Defendió la necesidad de una visión amplia y diversa que incluya diferentes disciplinas y universidades para evitar ese sesgo, asegurando una representación más completa y saludable para la toma de decisiones en políticas públicas.

El Diputado Sepúlveda señaló que, aunque es importante la diversidad, la norma propuesta no garantiza esta diversidad efectivamente. Explicó que nada impide que tres de los cinco integrantes sean de la misma universidad con formaciones similares. Subrayó que la decisión final sobre la composición del consejo debería recaer en la primera autoridad nacional, que debería buscar un equilibrio de género y político. También expresó preocupación por la implementación de la norma en el concurso de la Alta Dirección Pública, argumentando que podría llevar a excluir candidatos de ciertas universidades, lo que considera problemático y discriminatorio.

El Diputado Sáez valoró el debate como muy saludable y relevante para el proyecto en discusión, destacando la importancia de garantizar la pluralidad en la integración del consejo y en la capacidad de análisis de sus miembros. Resaltó que, desde su perspectiva, es crucial resguardar en el texto legal que esta pluralidad incluya la formación disciplinar de los consejeros. Aunque se eliminó la parte de la indicación que limitaba a los consejeros a un máximo de tres de la misma institución de estudios superiores, insistió en la importancia de asegurar que las diversas disciplinas estén representadas en el consejo para poder analizar políticas públicas complejas con diferentes perspectivas y enfoques.

El Diputado Ramírez destacó la importancia de la diversidad, pero señaló que la indicación en discusión no logra ese objetivo y la calificó como inconstitucional por establecer una discriminación arbitraria. Comparó la situación con las cuotas de género, donde la discriminación histórica justifica las cuotas, pero en este caso, consideró injusto que una persona no pueda postular a un cargo debido a su disciplina profesional ya representada. Argumentó que esto podría generar distorsiones y discriminaciones no razonables, poniendo como ejemplo que dos personas con distintas perspectivas podrían ser excluidas simplemente por compartir la misma profesión.

La Diputada Yeomans argumentó que la indicación no busca discriminar sino asegurar la diversidad de disciplinas en la conformación del consejo, similar a cómo en cualquier trabajo se buscan profesionales específicos para ciertos roles. Defendió la necesidad de una composición diversa técnica y disciplinaria para evaluar las políticas públicas de manera integral, destacando que no se trata de establecer una jerarquía de valor entre las disciplinas, sino de garantizar más de perspectivas para una evaluación más completa y efectiva.

La Subsecretaria Berner expresó que, aunque todos comparten el objetivo de tener una agencia con un consejo diverso en términos de disciplina, conocimiento y experiencia, la indicación propuesta no es la forma adecuada de lograrlo. Destacó que ya se han incorporado dos elementos en el proyecto que abordan este objetivo: uno que garantiza la complementariedad de áreas de conocimiento y experiencia, y otro que adecúa la representación de disciplinas vinculadas a las funciones de la agencia. Subrayó la importancia de considerar la educación y experiencia más allá de las profesiones formales, para permitir una mirada más amplia y flexible, incluyendo a personas con formación y experiencia diversa, aunque su grado no esté relacionado con su campo de trabajo actual.

Se retomó la discusión del proyecto a partir de la siguiente indicación:

De los Diputados(a) Rojas, Sáez y Yeomans:

2. Al artículo séptimo:

- Para agregar en el inciso quinto del artículo 7, entre la frase del “mismo sexo” y el punto final (.), la expresión del siguiente tenor “, por máximo tres consejeros o consejeras que estén en posesión del mismo título profesional y por máximo tres consejeros o consejeras que hayan obtenido algún grado académico en la misma institución de estudios superiores”.

La Subsecretaria Berner recordó que se estaba discutiendo sobre el nombramiento de los integrantes del consejo y los requisitos que deben cumplir, específicamente en relación con el artículo 7. Explicó que, entre los requisitos, se había establecido que los miembros del consejo deben tener conocimientos y experiencias profesionales complementarias, además de procurar una integración plural y equilibrada con representación adecuada de disciplinas y competencias relacionadas con las funciones de la agencia, incluyendo la evaluación de programas, políticas regulatorias y productividad. También mencionó que esta discusión estaba en torno a una indicación de los diputados Rojas, Sáez y Yeomans, que sugería incluir universidades y carreras en los criterios de selección. Sin embargo, consideró que esa indicación ya estaba implícita en los requisitos aprobados, ya que se había acordado de que se velaría por la complementariedad de áreas de conocimiento y la representación plural en el consejo.

Los autores de la indicación estimaron pertinente retirarla, en la medida que el Ejecutivo se comprometa a incorporar su contenido en el Reglamento que complemente esta ley. Así fue comprometido por el Ejecutivo.

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