Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En reemplazo del diputado Eric Aedo , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Boris Barrera .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor BARRERA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Hacienda pasa a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica.

Asistieron el ministro de Agricultura, señor Esteban Valenzuela van Treek (en forma telemática); el director de la Corporación Nacional Forestal, señor Christian Little Cárdenas , y la asesora legislativa del Ministerio de Agricultura señora Catalina Núñez Calderón .

La idea fundamental de la iniciativa apunta a reducir el riesgo asociado a los incendios forestales y rurales mediante el fortalecimiento de la estrategia de prevención, incluyendo la definición de zonas de interfaz urbano-rural forestal en los instrumentos de planificación territorial, reforzando los instrumentos de gestión forestal existentes, definiendo zonas de amortiguación forestal de aplicación inmediata en el territorio y dotando de facultades sancionatorias al Servicio Nacional Forestal, todo ello mediante la adecuación del marco legal actual, incorporando acciones vinculantes en otras áreas de riesgo que no están sujetas a este proceso, y, por otra parte, con la adecuada regulación de la actividad forestal, del uso de suelo y del bosque nativo.

En sus fundamentos, el proyecto releva la necesidad de adecuar el marco legal existente en materia de prevención de incendios forestales y rurales, dado que la regulación actual contiene únicamente medidas orientadas a los propietarios que realizan acciones de corta de vegetación regulada, sin incorporar acciones en las áreas que no estén sujetas a ese proceso.

Asimismo, se advierte que hoy existen medidas de prevención de incendios forestales que no son vinculantes, condición que subraya la urgencia de mejorar la normativa y aumentar las medidas para un control adecuado, tanto del ordenamiento del paisaje en áreas riesgosas como de la cantidad de combustible disponible a nivel predial.

En particular, mediante cuarenta y cuatro artículos permanentes y diez disposiciones transitorias, la propuesta legal establece nuevos instrumentos y fortalece los ya existentes para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el país. En su desarrollo aplica una serie de principios orientadores, tales como la utilización de información científica, el enfoque preventivo de los siniestros, la corresponsabilidad entre actores públicos y privados, y la adaptación a la territorialidad.

El proyecto se sintetiza en tres grandes materias:

En primer lugar, la creación de nuevos instrumentos, como el plan de manejo preventivo del futuro Servicio Nacional Forestal; la pauta de prescripción técnica, con el protocolo de plantaciones; las Ziurf o zonas de transición a los sectores urbanos, la ZAF o zonas de amortiguación forestal, y el incentivo de la agroforestería.

En segundo lugar, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión forestal y la inclusión de nuevas medidas. Mientras que el tercer aspecto consiste en el establecimiento de mecanismos de fiscalización, sanciones y un procedimiento administrativo sancionador ante el incumplimiento de las obligaciones.

La propuesta legal se muestra coherente con la transformación de la Conaf, desde una corporación privada a un servicio público: el Servicio Nacional Forestal, medida que está siendo discutida en segundo trámite constitucional en el Senado, mediante el boletín N° 11175-01, y que resulta imprescindible para fortalecer las actividades que hoy ejecuta la Conaf y dotarle de mayores facultades en políticas de manejo y ordenamiento del paisaje.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos reporta un mayor gasto para el Servicio Nacional Forestal, sucesor de la Conaf, en razón de las nuevas funciones de elaboración, revisión, monitoreo y fiscalización de los instrumentos de gestión forestal que deberá ejecutar, y que requerirán la contratación de quince nuevos funcionarios para desempeñarse en la dirección nacional y en las direcciones regionales.

Asimismo, se contempla la contratación de cinco fiscalizadores para realizar el seguimiento de las obligaciones de los instrumentos de gestión forestal, de cuatro abogados instructores y de cinco analistas, estos últimos solo por un año.

De esa forma, se proyecta un gasto en personal de 522 millones de pesos el año uno, y de 468 millones desde el segundo ejercicio. A ello, se adicionan gastos en bienes y servicios de consumo por 139 millones de pesos en régimen, y de 97 millones en activos no financieros solo durante el primer año. Con ello, el gasto consolidado del proyecto de ley llegaría a 796 millones de pesos el año uno, y a 607 millones desde el segundo ejercicio.

En materia de financiamiento, se dispone que el mayor desembolso proyectado será financiado con el presupuesto del Ministerio de Agricultura, y, en lo que faltare, con recursos del Tesoro Público.

En el debate legislativo se plantearon diversas preocupaciones y perspectivas sobre el proyecto de ley. Hubo inquietudes en torno al concepto de daño patrimonial vinculado al cumplimiento de las medidas propuestas y a la posibilidad de gastos fiscales ilimitados derivados del incumplimiento de los propietarios. Además, se cuestionó la falta de participación de ciertas comisiones en la elaboración del proyecto.

Se expresaron dudas acerca de la institución propuesta en el proyecto, con sugerencias de reformulación para abordar la convivencia entre predios y prevenir daños a los vecinos.

Por otro lado, se mostró preocupación por la modificación de la ley de urbanismo, en lugar de perfeccionar la legislación forestal existente, así como por la ausencia de avances en seguridad preventiva ante incendios forestales.

Se destacó la intención del proyecto de prevenir situaciones futuras, aunque se advirtió sobre posibles inconstitucionalidades y la generación de gastos no contemplados en los presupuestos. También se resaltó la preocupación por los pequeños productores y propietarios forestales, defendiendo la necesidad del proyecto para el ordenamiento territorial y la seguridad urbano-rural.

Desde la Región del Biobío se subrayó la presencia de grandes propietarios forestales y la importancia de abordar la seguridad ante incendios forestales. Se expresaron inquietudes sobre el impacto desproporcionado en los pequeños propietarios, la imposición de obligaciones sin compensación y la falta de consideración sobre el tamaño del predio, capacidad económica y producción de los propietarios.

En conjunto, el debate abordó temas como el daño patrimonial, el impacto en diferentes sectores agrícolas, las modificaciones legales propuestas, la seguridad preventiva ante incendios forestales y la situación específica de grandes y pequeños propietarios, sin referirse a diputados específicos.

El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo referido al cumplimiento de acciones o medidas en zonas de amortiguación, la que fue aprobada por la mayoría de los integrantes presentes.

Votaron a favor los diputados Barrera, Ibáñez (en reemplazo del diputado Sáez) , Naranjo , Rojas , Sepúlveda , y la diputada Yeomans . Votaron en contra los diputados Mellado , Ramírez, don Guillermo ; Romero, don Agustín , y Von Mühlenbrock .

El artículo referido al financiamiento de esta iniciativa legal fue aprobado por la unanimidad de los presentes: señores Barrera, Ibáñez , Mellado , Naranjo , Ramírez, don Guillermo ; Rojas , Romero, don Agustín ; Sepúlveda , Von Mühlenbrock , y Yeomans (Presidenta).

En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.