Labor Parlamentaria

El señor IBAÑEZ.-

La receptividad de que habla Su Señoría no ha sid'o mucha, como quedó demostrado ayer por el hecho de que los universitarios tuvieron que hacer una marcha silenciosa hasta la Intendencia de la provincia en demanda de que la Universidad fuera escuchada. De modo que acojo el emplazamiento que me hace el Honorable colega, pero espero que, primero, su partido demuestre con hechos su idea de impulsar esos diálogos y de escuchar a la comunidad; que atiende a la Universidad de Valparaíso, que no ha sido escuchada.

El señor BALLESTEROS.-

Hemos organizado la comunidad para oírla, no para acallarla.

El señor IBAÑEZ.-

Pero cuando llega el momento en que ella quiere hacerse oír, no la escuchan, como ha ocurrido en este caso.

Antes de analizar el proyecto mismo, quiero hacer algunas consideraciones sobre ciertas actitudes de Su Excelencia el Presidente de la República que me parecen insólitas y, en muchos aspectos, inaceptables.

Me parece abismante que las autoridades consideren, como lo declaró oficialmente el señor Intendente de la provincia de

Valparaíso, que las obras públicas constituyen regalos que el Ejecutivo hace a determinadas zonas. Esa ha sido la actitud paternalista del señor Intendente de la provincia y también, en forma clara, del Presidente de la República, cuando amenazó a la- población con destinar a otras obras públicas los fondos que debían invertirse en ese proyecto, si Valparaíso continuaba rechazando el patrocinado por el Ejecutivo. Es una tesis típicamente democratacristiana la de que todo lo que haga el Gobierno es un regalo que se otorga a los favorecidos, a los que están de acuerdo con él; y que las obras públicas o las funciones gubernativas no se lleven a cabo a favor de aquellas personas que expresan desacuerdo con el Gobierno. Esta tesis democratacristiana ha motivado duras críticas, y me he hecho eco de ellas en repetidas oportunidades.

Yo sostengo que el Ejecutivo tiene la obligación de hacer obras públicas. No es cuestión de que realice las que le parecen convenientes en consideración a sus preferencias personales o simpatías por determinados grupos sociales, sino que debe ejecutar las obras públicas que el país requiere, en las zonas donde sean necesarias y de acuerdo con un régimen de prelación que dé a los dineros fiscales una inversión adecuada, de modo que esos dineros no queden sujetos a los caprichos o intereses políticos del partido que está en el Poder.

Además, es inaceptable una presión moral basada en las amenazas, como la hecha en Valparaíso. El Gobierno tiene la obligación de construir lo que debe construir, y no lo que dicte el capricho de la autoridad o los intereses o presión de determinados grupos que están dentro del Gobierno.

Ha habido -reitero- una actitud absolutamente caprichosa y obstinada por parte de las autoridades, al negarse a considerar un proyecto que reclama toda la ciudadanía. Y lo que es más grave, como digo, se ha hecho presión moral sobre todos los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar, al amenazar con el retiro de los fondos destinados a esta obra.

Sostengo que el Jefe del Estado tiene la obligación de escuchar y hacer estudiar los reparos serios y bien fundados, como los de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. La actitud vacilante del propio Primer Mandatario demuestra que él también comparte este pensamiento y, por eso, ha postergado por un tiempo demasiado largo una decisión que la ciudadanía tiene derecho a reclamar de la Primera Autoridad del país.

El Presidente de la República tiene la obligación de decidir y, por cierto, de asumir la responsabilidad que involucra su decisión. Considero inaceptable que, en lugar de decidir cuál es el proyecto que más conviene, busque un consenso de la ciudadanía mediante presiones o amenazas, como las ya hechas, a fin de que los habitantes de esas ciudades se dobleguen ante los caprichos de ciertos funcionarios de Gobierno.

Ahora, quiero referirme al proyecto mismo. La Vía Elevada que está construyendo el Gobierno no es una solución adecuada al problema que allí existe. Y lo que es más grave, compromete no sólo la estética de la parte más importante de la ciudad, sino también su futuro turístico, y, sobre todo, imposibilita una solución más completa para el problema.

Mediante ese proyecto, expresado en forma muy sintética, se construye un puente bastante elevado que termina con la posibilidad de disfrutar del mar y de las playas de ese sector. Y dada su ubicación, se cierra toda posibilidad de mejoramiento, como también de una posible ampliación de esa vía, que en lo futuro necesitará ser ensanchada.

Muy diferente es el proyecto presentado por los arquitectos de la Universidad Católica. La Vía del Mar se hace cargo de los aspectos estéticos, turísticos y de tránsito; sobre todo, constituye una solución que no tiene fallas graves, como la iniciativa del Gobierno, y ofrece una mayor capacidad de tránsito.

En efecto, la Vía Elevada, de acuerdo con el proyecto del Gobierno, supone la construcción de una especie de puente con seis pistas, a las que se sumarían las cuatro que tiene la actual Avenida España. Esto permitiría un total de diez vías de comunicación entre Valparaíso y Viña del Mar; pero a éstas es preciso restar cuatro en un punto y dos en otro, porque la iniciativa del Gobierno produce dos "bottle neck", como se dice, o dos "golletes" -para usar la palabra castellana correspondiente-, uno de los cuales está en la curva Los Mayos, donde, en lugar de haber diez pistas, habrá sólo seis. En ese punto, sólo se ensancha en dos vías el actual camino plano. Por consiguiente, nada se obtiene con disponer de cuatro pistas en la Avenida España y de seis en la Vía Elevada, si en una parte el camino se angosta y queda reducido a seis vías.

La capacidad real de tránsito del proyecto del Gobierno es de seis pistas, contra cuatro que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque hay un punto donde los dos caminos se juntan y sólo existen seis vías de tránsito. Un poco más allá, a la altura de Villa Moderna, también existe otro gollete, donde quedarán ocho pistas, pues a las seis de la Vía Elevada sólo se agregan dos vías que tiene la Avenida España, frente al balneario de Recreo. . En consecuencia, el proyecto del Ejecutivo, que implica un gasto considerable, adolece de dos fallas que reducen la posibilidad de tránsito de vehículos al punto más angosto, que es la curva de Los Mayos, vale decir, a seis vías.

Entretanto, el proyecto de los arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso propone la construcción de cuatro vías a orillas del mar, cuatro vías de alta velocidad y cuatro vías que vendrían a sustituir a las de la actual Avenida España y que quedarían colocadas sobre la vía del ferrocarril. De este modo, habría doce pistas de tránsito a todo lo largo del camino.

Puede apreciarse, entonces, la diferencia considerable entre la capacidad de tránsito de una solución y lo que significa la proposición de la Universidad Católica.

Quiero agregar, además, que en toda la extensión del trayecto se estipula la construcción de una vereda de tres metros de ancho por 4,5 kilómetros de largo, que servirá a los habitantes de la ciudad para tener acceso a los numerosos balnearios que pueden y deben establecerse en las playas de Recreo, Poca Ola, Portales, como también en las cercanías de la Maestranza de los Ferrocarriles, en Barón.

Analicemos ahora el debatido punto referente al costo de ambas soluciones. Según el Ministerio de Obras Públicas -desearía que mi colega de Agrupación, el Honorable señor Ballesteros, tomara nota de las cifras que daré-, el costo del proyecto de los arquitectos asciende a 232 millones de escudos. Sin embargo, y sin entrar a discutir los precios unitarios que fija ese Ministerio, si se aplican dichos precios a las verdaderas cubicaciones de la iniciativa, y no a las cubicaciones caprichosas que impone dicha Secretaría de Estado y que nada tienen que ver con la realidad, resulta que el proyecto de los arquitectos llega sólo a 127 millones de escudos, en lugar de los 232 que caprichosamente le asigna el Ministerio.

Debo decir que la iniciativa de los arquitectos es completa. Incluye la renovación total de los ferrocarriles, de la red de agua potable y de gas que corre bajo la Avenida España, y de los puentes de conexión de ambos sectores del camino, a fin de que la vía de tránsito rápido tenga acceso expedito. Es decir, el proyecto de los arquitectos consigna las obras que el Ministerio de Obras Públicas llama "suplementarias", obras que en el presupuesto del proyecto del Gobierno, que asciende a 103 millones de escudos, no están incluidas. De manera que, si a los 103 millones de escudos agregamos el costo correspondiente a las obras suplementarias, se llega a un financiamiento muy análogo al propuesto por la solución de los arquitectos, calculado sobre la base de los precios fijados por el Ministerio de Obras Públicas.

Pero esa Secretaría de Estado induce a error a la opinión pública al entregar cubicaciones que no corresponden a la realidad de la obra. Esas cubicaciones han sido ratificadas por ingenieros muy responsables, y se dice que las sumas han sido abultadas en forma grosera para justificar un presupuesto de 232 millones de escudos, que nada tiene que ver con la realidad del proyecto.

Hay un factor al cual atribuyo un peso decisivo para optar por el proyecto de los arquitectos. La iniciativa de éstos se puede construir por etapas. No existe necesidad alguna ni urgencia en construirla completa en estos instantes. Dicho proyecto se puede desglosar en dos o tres etapas. La primera de ellas consistiría en construir, lisa y llanamente, la Vía del Mar, que daría cuatro pistas de tránsito rápido. Es una obra de construcción relativamente fácil, de costo muy bajo y, por lo tanto, muy factible. Se calcula que estas cuatro pistas y la vereda de tres metros, más los puentes necesarios para conectar todo este sistema de comunicación, no debe alcanzar un costo superior a 45 millones de escudos. Por consiguiente, con una inversión equivalente a la tercera parte de lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene presupuestado para la Vía Elevada, podemos disponer de cuatro vías de tránsito rápido, con un menor costo y, al mismo tiempo, dejando abierta la posibilidad de construir, cuando se juzgue necesario, las otras etapas del proyecto de los arquitectos, hasta completar las doce pistas.

Es importante, también, tener presentes dos aspectos respecto de los cuales los arquitectos de la Universidad Católica han hecho gran cuestión, con mucha razón de su parte, y sobre los cuales el Gobierno ha guardado total silencio. El cierre de la Avenida España, hasta septiembre del año en curso, se calcula que cuesta a las personas que transitan por esa Avenida alrededor de 24 millones de escudos, en razón del mayor desgaste de los vehículos, mayor gasto en combustibles, etcétera, sin contar el enorme tiempo que pierden los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar al trasladarse entre ambas ciudades.

Tampoco se estipula por parte del Ejecutivo la pérdida de valor que significa la destrucción de las playas de la ciudad, las cuales deben servir no sólo como distracción turística, sino también como solaz para los habitantes de las dos ciudades. Del mismo modo, nada se dice en dicho proyecto de lo que con toda razón han calculado los arquitectos: la valorización producida en un vasto sector de la ciudad como consecuencia de una obra bien concebida y no de una que destruya las bellezas naturales del litoral comprendido entre Valparaíso y Viña del Mar, como ocurre con la iniciativa que está realizando el Gobierno.

Deseo terminar mi intervención tomándome la libertad de hacer algunas sugerencias al Gobierno y, aunque el Honorable señor Ballesteros crea que siempre estoy en pie de guerra respecto de todo lo referente a la Democracia Cristiana, quiero decirle que en este aspecto, como en todo lo que trato, cuando está de por medio el interés nacional, mi única preocupación consiste en que se adopten las soluciones más convenientes para el país, y que, si esas soluciones son buenas y la Democracia Cristiana se lleva la gloria de haberlas logrado, yo seré el primero en aplaudir.

Las sugerencias que haré a continuación tienen por exclusivo objeto tratar de facilitar la mejor solución del problema y satisfacer las justas demandas de la ciudadanía que nosotros representamos aquí. La primera de ellas consiste en que el Gobierno abandone esa actitud -si a Su Señoría no le agrada, no usaré la palabra “caprichosa"- empecinada, que resulta inexplicable y, todavía, se presta a interpretaciones desfavorables al Ejecutivo. A mi juicio, debe haber un cambio fundamental en la actitud de las autoridades, con el objeto de encontrar una adecuada solución a este problema.

Al referirme al costo del proyecto debí mencionar aspectos muy curiosos de lo que está haciendo el Gobierno. En el proceso de las propuestas hemos visto extrañas variaciones. Por ejemplo, en el sector de Barón, en un tramo de 1.500 metros, se adjudicaron propuestas por 22 millones de escudos, en tanto que en un tramo de igual extensión -entre Caleta y Recreo-, pero que presenta muchas más dificultades para la construcción, la propuesta llegó a 16 millones de escudos. No me explico una diferencia de esta magnitud. No comprendo cómo resulta más caro construir un tramo notoriamente más simple y más fácil.

El señor BALLESTEROS.-

Si el señor Senador fuera técnico, a lo mejor lo comprendería.

El señor IBAÑEZ.-

He hablado con técnicos muy preparados que no se explican el por qué de esas diferencias tan considerables en las propuestas.

En seguida, me permito, no sugerir, sino pedir al Gobierno que se designe una comisión seria e imparcial para hacer un estudio completo y emitir un juicio fundamentado y comparativo sobre ambos proyectos, que señale las ventajas, desventajas y razones que los inspiran. Ello debe hacerse en forma muy clara y pública.

El Honorable señor Ballesteros ha dicho que tal estudio se hizo; pero se hizo entre gallos y medianoche, no por una comisión imparcial. Simplemente, se procedió a descalificar, sin mayores razone", un proyecto seriamente estudiado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.

En tercer lugar, debo pedir que cese la presión sicológica que se ejerce sobre los habitantes de Valparaíso. Por lo demás, advierto a mis Honorables colegas democratacristianos que pierden su tiempo al pretender presionar en dicha forma a los porteños, porque éstos, cuando saben que tienen la razón, no se doblegan jamás. En este caso, es inútil que el Presidente de la República amenace con suspender las obras y destinar los recursos a otros trabajos. Esto, por lo demás, es falso, porque el dinero ha sido prestado por el BID para la terminación de la carretera que une a Mendoza y Valparaíso.

El señor IRURETA.-

, La afirmación de Su Señoría es efectiva sólo en parte, pues si bien es cierto que el Banco Inter- americano de Desarrollo concede el crédito para terminar dicha carretera, el aporte interno del Fisco se acerca casi a la mitad del costo total de la obra. En consecuencia, está comprometida parte importante del Presupuesto Nacional en el trabajo. Deseaba hacer únicamente esta observación, pues más adelante me referiré a esta materia.

El señor IBAÑEZ.-

En todo caso, se perdería el préstamo del BID y el Gobierno estaría ejerciendo indebida presión sobre los habitantes de Valparaíso, para obligarlos a deponer sus razonables puntos de vista. Por eso, considero fundamental cesar esta presión sicológica.