Labor Parlamentaria

Señor Presidente, esta sesión empezó con la lectura de una comunicación del señor Ministro de Economía que, para usar términos parlamentarios, sólo calificaré de un desenfado insólito e inaudito. El señor Ministro, que tenía el deber moral de asistir a esta sesión, y que habría gozado en ella de toda la preferencia que otorga nuestro Reglamento a los Ministros de Estado para usar de la palabra, ha enviado a esta Corporación una carta en que sostiene que jamás ha existido una política discriminatoria respecto de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y que lo único que ha sucedido es que la DIRINCO tiene demasiado trabajo, por lo que ha debido postergar ¡a revisión de los precios fijados a los productos de esa empresa.

No sé qué concepto tiene el señor Ministro de sus compatriotas. Supongo que no pretenderá engañarnos a los Senadores, porque si nosotros, que tenemos la obligación de preocuparnos de los problemas públicos, pudiéramos comulgar con esta rueda de molino, seríamos, simplemente, retardados mentales. Tampoco sé qué concepto tiene de la opinión pública de Chile, porque es evidente que todavía, a pesar de todas las presiones y atropellos del Gobierno, ella cuenta con suficiente información política y conoce los hechos más trascendentes que ocurren.

Contra la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones se ha seguido, no una política equivocada: se ha desarrollado una persecución inclemente, absolutamente sistemática y planificada, desde el día mismo en que este Gobierno asumió el Poder.

En primer lugar, como lo recordaba el Honorable señor Durán, ha habido, financiada con fondos fiscales y con enormes gastos que constituyen verdadera malversación de caudales públicos, una campaña permanente de desprestigio en contra de la empresa y de sus dirigentes. No hay falsedad que no se haya dicho respecto de aquélla y de éstos.

En seguida, utilizando el arbitrio que permanentemente emplea este Gobierno: el fraude a la ley, su utilización para finalidades que jamás estuvieron en la mente del legislador, y valiéndose por añadidura de presiones y amenazas, se ha tratado de conseguir que los accionistas de esa empresa entreguen sus acciones al Estado. Ha fracasado el embate. La Corporación de Fomento sólo tiene en su poder algo más del 7 % de las acciones de la compañía, porque los accionistas de ella han comprendido que al defender sus acciones no están defendiendo su dinero ni sus intereses particulares, sino la muy amenazada supervivencia de la libertad de prensa y de opinión en Chile.

Pero como esos arbitrios no han dado resultado, se ha seguido, en materia de precios, una política que no sólo es ilegal e inconstitucional, sino que constituye un verdadero atentado contra la economía nacional. Tengo algunas cifras a la vista: en 1967, 1968, 1969 y 1970, cuando en Chile existía un Gobierno que no tenía ninguna simpatía por los dirigentes de la Papelera pero que respetaba las normas democráticas y cumplía las leyes, los reajustes de precios de los productos de la compañía se hicieron, invariablemente, en los primeros días del año, lo que permitió a la empresa, a la que se le atribuyen utilidades fabulosas, obtener como promedio una ganancia de 6,5%, que fue reinvertida casi en su totalidad.

¿Qué ha ocurrido en este Gobierno? El reajuste de precios que debió hacerse a principios de 1971, se hizo en octubre de ese año. La compañía estaba perdiendo ya, al fijarse el nuevo precio, once millones de escudos mensuales. El reajuste, entonces, no tuvo más alcance que suprimir esa pérdida, sin reembolsar a la compañía de los déficit anteriores y sin prever en forma alguna los aumentos de costos que cada día se precipitaban.

En 1972, con la Papelera ya casi en falencia, se demoró el reajuste hasta el mes de agosto. Sólo entonces se vino a conceder un aumento de 19,6%, que constituye una verdadera irrisión, porque no alcanza ni remotamente para cubrir los costos. El resultado es que la empresa perdió, según su balance, en el ejercicio 1º de julio de 1971 a 30 de junio de 1972, 288 millones de escudos, y que sólo en el segundo semestre de este año, si se mantienen los precios actuales, debe perder no menos de 500 millones de escudos y tal vez más de 600 millones, lo que la colocaría, evidentemente, en la necesidad de suspender sus pagos y pedir su declaratoria de quiebra.

¿Y qué es esa compañía? Es una empresa de capitales netamente chilenos, que ocupa a 4.500 trabajadores; que ha desarrollado una industria que constituye un verdadero lujo para el país; que abastece al país de papel y otros productos bien elaborados; que el año pasado exportó productos por valor de 26 millones de dólares. Es la primera compañía productora de celulosa del continente y el principal exportador que existe en todo el mercado de la ALALC. Además, es una compañía que se ha administrado con profundo criterio social, como es público y notorio. Es, por fin, una compañía que, en el curso de los 50 años de su existencia, ha reinvertido el 87% de sus utilidades y sólo ha distribuido el 13% de los beneficios.

La situación de falencia en que se la coloca repercute en todo el país, porque los pagos suspendidos afectan a muchas otras empresas. Pero, lo que es más grave, se ha forzado a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones a suspender el servicio de sus créditos extranjeros, créditos del Banco Mundial, del BID, del Gobierno de Canadá, del Gobierno sueco y del Gobierno de Alemania Occidental.

En este momento la compañía está en mora en el exterior, y con ello se está deteriorando todavía más lo que resta del crédito de Chile. Y hay que tener mucho desenfado y bastante cinismo para andar protestando y llorando por ahí porque se cierran los créditos a este país, cuando se provoca artificialmente el que la más grande de las empresas privadas chilenas suspenda sus pagos al exterior.

¿Con qué propósito se ha desarrollado esta política? Lo sabemos de sobra: forma parte de un cuadro integral, de la escalada marxista para terminar en Chile con la libertad de información. Todos los embates contra la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones no tienen más objeto que poner la distribución del papel en manos de un Gobierno politizado y sectario, para hacer imposible la supervivencia de la prensa independiente.

Este es un cuadro que está abarcando todos los medios de difusión. Sabemos de sobra lo que se hace con la televisión, pisoteándose todos los días la ley que la regula. El Canal Nacional es una cátedra del marxismo. Miente sobre todas las actitudes de la Oposición. Calumnia a los personeros de ésta. La ilegalidad de su actuación viene desde la designación de su más alto dirigente, porque la ley exige que la presida una persona designada con acuerdo del Senado. Esa persona está renunciada desde hace tal vez un año, y un periodista de extrema Izquierda, el más apasionado de todos, ejerce tal función en contravención a la ley.

¿Qué ocurre con el Canal de la Universidad de Chile, que todavía está en manos comunistas? Su propaganda marxista, su rastrerismo prosoviético, llega ya a tantos extremos, que, francamente, lejos de estar trabajando a favor de los intereses marxistas, trabaja a favor de los intereses de la Oposición; porque escuchar el servilismo que ese Canal mantiene respecto de la Unión Soviética, tiene que producir reacción y repugnancia en cualquiera conciencia bien puesta.

¿Y qué está ocurriendo con las radioemisoras? Nos están preparando el ánimo para que lleguemos sin ellas a las elecciones. Están siguiendo la táctica del acostumbramiento. Empezaron con la Radio Minería de Valparaíso, continuaron con Agricultura de Bío-Bío, y hace pocos días, con el pretexto más pueril, sin la sombra de una razón, clausuraron por 48 horas la Radio Agricultura de Santiago, que encabeza, en el plano de las transmisiones políticas, una cadena de cuarenta y tantas radiodifusoras en el país.

Nos están acostumbrando. Están preparando el terreno para que las fuerzas de Oposición se encuentren en el mes de febrero sin medios para realizar la campaña electoral.

En el caso mismo de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, se han infringido ya en forma clarísima disposiciones legales y constitucionales. Como lo demostró el Honorable señor Aylwin, se han violado las leyes y reglamentos que enmarcan las atribuciones de la Dirección de Industria y Comercio, pues reiteradas disposiciones de esas leyes le exigen al Director de ese organismo fijar los precios considerando todos los costos y asegurando una equitativa utilidad a los capitales invertidos. De esa disposición legal se ha hecho tabla rasa.

¡También se han violado dos garantías constitucionales que, como todas éstas, son fundamentales para el mantenimiento de la democracia. Se ha violado la garantía constitucional del número 9 del artículo 10, que asegura a todos los habitantes de la República que ninguna especie de contribución, ni de servicio personal, ni de carga pública, podrá ser impuesta sin que una ley lo determine así, y que también asegura a los habitantes de la república la igual repartición de las contribuciones y cargas públicas. Se ha violado el número 10 del artículo 10 de la Constitución Política, que establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por expropiación dispuesta por una ley en razón de utilidad pública o de interés social. Y cuando se obliga a una empresa a vender sus productos notoriamente bajo sus costos, bajo todo costo posible en el país, es evidente que a esa empresa se le está imponiendo una carga pública que ninguna ley ha considerado, y que se le está despojando de su capital; porque cada producto que obligadamente se venda a un precio inferior a su costo significa una confiscación de capital, que la Constitución prohibe hacer.

¿Me permite, señor Senador?

Sólo deseo plantear la posibilidad de prorrogar la sesión hasta las 2 de la tarde, a fin de que puedan usar de la palabra los Senadores inscritos.

Si le parece a la Sala, se accedería a dicha petición.

Me opongo.

No hay acuerdo.

Puede continuar Su Señoría.

Trataré de concluir rápidamente mi intervención. Y lo haré con tranquilidad, porque gran parte de los conceptos que habría podido exponer ya han sido expresados por los Honorables señores Aylwin y Durán.

Como representante en estas bancas del Partido Nacional, debo manifestar que concordamos plenamente en la idea de que el Gobierno que nos rige ya no se limita a cometer algunas ilegalidades, sino que se ha transformado en un Gobierno ilegal. Porque cuando las leyes se violan todos los días, cuando se violan sistemática y planificadamente, cuando se demuestra la mayor contumacia en repetir y agravar hoy la violación legal que se cometió ayer, ya no se puede hablar simplemente de que se infringe la Constitución o la ley, sino que hay que decir que el Gobierno está definitivamente colocado en el terreno de la ilegalidad. Y esto tiene las consecuencias que señalaba el Honorable señor Aylwin. No basta que los Gobiernos sean legítimos por su generación. Es necesario que los Gobiernos sean legítimos por el ejercicio que hacen del Poder. Un Gobierno que nace legítimo pero que viola la Constitución, sistemática y planificadamente, se convierte en un Gobierno ilegítimo. Y aunque sea tremendamente duro decirlo, aunque mañana todos los corifeos que el Gobierno tiene en la prensa nos acusen de sediciosos, yo tengo que declarar aquí que ésta es la opinión del Partido Nacional: que este Gobierno se ha convertido en ilegítimo. Y al respecto, no estoy improvisando, porque hace unas pocas semanas los más altos dirigentes y los parlamentarios del Partido tuvimos una reunión de dos días para examinar a fondo esta situación, y llegamos a la conclusión, meridianamente clara, de que este Gobierno está colocado en una situación de abierta ilegalidad.

El Presidente de la República tiene muchas tribunas y mucha facilidad para hablar. Repite permanentemente aquella frase la vía legal para la construcción del socialismo. Trata de producir en el exterior la sensación de que vivimos en una ejemplar democracia. Pero para que haya democracia no basta que exista un Congreso abierto, no basta que nos reunamos todos los días, y 12 horas al día, para tratar proyectos de secundaria o de mucho menos que secundaría importancia, como lo estamos haciendo. Es necesario que en los actos del Gobierno se respete la ley, y ésta no se está respetando. Planificadamente, sistemáticamente, repito, este Gobierno está conculcando, cada vez con más impudicia, la Constitución y la ley.

Tengo que hacer una confesión personal. Yo, que trabajo en el Senado intensamente, que soy casi un interno en esta Corporación, muchas veces he pensado, en el último tiempo, que aquí ya no se hace ninguna labor útil. Todo lo importante se hace allá afuera mediante resoluciones y decretos ilegales, y a nosotros se nos traen proyectos de ley que no tienen trascendencia alguna; proyectos que, por último, se destrozan por la vía del veto, y si no se logran destruir, después no se cumplen. ¡Tengo la sensación de que estamos viviendo una gran mascarada, una gran farándula: la farándula de la democracia, encabezada por el Presidente de la República. Pero también tengo la penosa sensación de que nosotros, sin quererlo, y por tratar de evitar que los males sean mayores, somos comparsas en esa farándula. Le estamos haciendo el juego al Gobierno, para que pueda decir a los incautos que en Chile se mantiene el Estado de derecho, en circunstancias de que éste está quebrado en nuestro país.

Por el señor Allende, en el plano personal, siempre tuve consideración cuando era mi colega; pero al señor Allende actual Presidente de la República yo le digo, desde la modestia de esta banca, que ha sacado a Chile del Estado de derecho; que ha violado, como recordó el Honorable señor Aylwin, las promesas solemnes que formuló en esta misma Sala y desde ese asiento cuando todavía no estaba elegido Presidente de la República por el Congreso Pleno y necesitaba los votos de la Democracia Cristiana. Y le pido que reflexione; que tenga conciencia del proceso en que está colocando al país. Chile no es una nación que tolere Gobiernos ilegales. Este país está habituado a la legitimidad y al Estado de derecho. Las consecuencias del cuadro en que vivimos pueden ser de gravedad incalculable, y el responsable de esas consecuencias se llama Salvador Allende.

Termino solicitando que estas observaciones se transcriban al Presidente de la República.