Labor Parlamentaria

La semana pasada el oficialismo celebró el segundo aniversario de lo que llama el triunfo popular. Los festejos, realizados con gran publicidad y mediante el uso desaprensivo de todos los recursos de que un Gobierno puede disponer, estuvieron destinados a ser una demostración de fuerza. Se trató de exhibir ante Chile y el mundo, a través de una aguerrida movilización de masas, el apoyo popular con que cuenta el Gobierno del Presidente Allende.

Los festejos tuvieron lugar dentro de un alarmante clima de tensión nacional. Se caracterizaron por la acritud en vez de la alegría, por la organización en vez de la espontaneidad, por un mezquino sectarismo clasista en vez de un patriótico espíritu de solidaridad nacional. En ellos abundaron las consignas amenazantes y variada gama de odiosos denuestos contra los opositores al régimen.

Si se reflexiona sobre lo acontecido en Chile en los últimos meses, no resultan demasiado sorprendentes esos rasgos de dicha conmemoración.

¿Qué podía celebrar el pueblo este 4 de septiembre?

¿Podía celebrar el cumplimiento de las famosas 40 medidas con que se le prometió la felicidad a corto plazo?

¿Podía celebrar el término de las alzas? ¿El triunfo en la batalla de la producción? ¿El buen aprovechamiento nacional de los excedentes de las empresas estatificadas?

Todos sabemos que no.

Un sector del pueblo, no todo sólo el afiliado en los partidos de la llamada Unidad Popular podía celebrar la imagen de poder que se le ha creado de sí mismo. Y eso fue, precisamente, lo que celebraron los manifestantes del 4 de septiembre. Así se explica la acritud de los ánimos, la odiosidad de las consignas y la arrogancia demagógica con que el compañero Presidente afirmó de sus partidarios que son los más fuertes, no sólo porque son los más, sino porque tienen en sus manos la vida económica de Chile y sostuvo que además de conquistar el Gobierno, van conquistando lenta pero firmemente el poder.

No creemos que los conductores del oficialismo se engañen a sí mismos y pretendan engañar a Chile con sus palabras jactanciosas. Ellos saben muy bien que si el país se detuvo en la tarde del 4 de septiembre, no fue sólo por la decisión de sus adeptos, sino también por la voluntad de sus opositores, quienes optaron por retirarse a sus casas para prevenir cualquier riesgo de incidentes. Saben que, en cuanto manifestación de fuerza, los desfiles de esa tarde no tuvieron para ellos nada de halagüeños. En cuanto a su número, porque suponiendo que hubieren marchado en filas de veinte personas por segundo lo que es mucho exagerar habrían necesitado más de 11 horas ininterrumpidas para pasar los 800.000 con que se ha fantaseado, y, en cuanto a su espíritu, porque fue ostensible la falta de entusiasmo y aun indiferencia de la mayoría de los concurrentes.

La verdad es que la gran mayoría de los chilenos, incluso obreros y campesinos, no participaron en esos festejos. Prefirieron irse tranquilos a sus casas, porque tienen más motivos de tristeza que de alegría, de decepción que de esperanza, de angustia que de entusiasmo.

El régimen de la escasez y desabastecimiento.

Diariamente las dueñas de casa escuchan en la radio o la televisión, o leen en la prensa, que la producción nacional crece como nunca. Pero, desde hace meses, cada día les cuesta más adquirir lo que necesitan para la vida diaria. Algunos bienes indispensables sólo se consiguen haciendo largas colas; otros no logran obtenerse, o se hallan clandestinamente en el mercado negro a precios imposibles para el ingreso de un trabajador.

Vivimos bajo el régimen de la escasez.

En los hogares de la mayor parte de los empleados, obreros y campesinos, suena a sarcasmo la propaganda oficialista que invoca como causal del desabastecimiento un mayor poder de consumo de los trabajadores. Cierto fue que el año pasado dispusieron de más dinero para sus gastos; pero esa ya es una historia antigua y la vida se hace cada vez más difícil.

Si fuera cierto que ha aumentado la capacidad de consumo de los sectores más pobres, querría decir que éstos estarían ahora comiendo más que antes, vistiéndose mejor, habitando mejores viviendas. Pero nada de esto ocurre, porque los bienes que los hogares necesitan no se encuentran, o sus precios han subido a la estratosfera.

El Régimen de las alzas.

A pesar de los reajustes de remuneraciones que ha otorgado este Gobierno, el costo de la vida ha aumentado mucho más que el ingreso de los trabajadores.

Basta recordar que el reajuste de 22% otorgado en enero de este año quedó totalmente absorbido por las nuevas alzas de precios en el mes de mayo y que, desde entonces hasta ahora, dichas alzas se han multiplicado más que al doble.

Si comparamos la variación de las remuneraciones de los trabajadores chilenos entre agosto de 1970 y agosto del presente año y el aumento de los precios de algunos bienes de primera necesidad y gran demanda en el mismo período, advertiremos cuan gravemente ha disminuido la verdadera capacidad adquisitiva de sueldos y salarios. Solicito insertar en mi discurso dos cuadros preparados por la Oficina de Informaciones del Senado que comprueban este aserto.

Oportunamente se recabará el acuerdo solicitado por Su Señoría.

Los documentos que más adelante se acuerda insertar son los siguientes:

Del primero de estos cuadros resulta que en agosto de 1970 el salario mínimo de un obrero, de 12 escudos al día, equivalía a casi un dólar del mercado de corredores, mientras que el actual de 30 escudos apenas alcanza a 35 centavos de dólar.

En cuanto al sueldo vital de un empleado, que representaba alrededor de 47 dólares mensuales, ahora equivale apenas a 12 dólares.

De la comparación de ambos cuadros se desprende que mientras el sueldo vital aumentó en dos años 64,71% y el salario mínimo de obreros y campesinos 150%, el precio del pan ha subido 357%, el de la leche 317%, el de la carne 361% y el del azúcar 270%.

Con el salario de un día, en agosto de 1970 un obrero podía comprar 8,5 kilos de pan, o 14 litros de leche, o 3,7 kilos de azúcar. Ahora sólo le alcanza para 4,6 kilos de pan, u 8,5 litros de leche, o 2,5 kilos de azúcar.

Más dramática aún es la disminución del poder de compra de un modesto empleado que gana un sueldo vital, según aparece en el siguiente cuadro, también preparado por la Oficina de Informaciones del Senado, que solicito insertar en esta parte de mi intervención.

Oportunamente se recabará el acuerdo solicitado por Su Señoría.

El documento que se acuerda insertar más adelante es el siguiente:

Quizás nunca, en un lapso corto, el costo de la vida ha subido tan exageradamente como ahora. En estricta propiedad, este Gobierno, que llegó al poder denunciando el alza del costo de la vida como un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa, pasará a la historia como el régimen de las alzas.

Se pretende por los personeros oficialistas tranquilizar la desesperación de las familias frente a la inflación desatada, ofreciendo un reajuste tras el cual se produciría una estabilización a nuevo nivel. Pero la gente tiene justificadas razones para recibir esas promesas con escepticismo : esa misma receta fue anunciada en otros tiempos por un Gobierno derechista y resultó fallida; la experiencia histórica demuestra que los reajustes masivos no acompañados de un efectivo incremento de los bienes disponibles generan nuevas presiones inflacionistas y, finalmente, el cuadro de nuestra economía no muestra síntoma alguno que permita esperar para el futuro próximo incrementos en la producción o en las importaciones capaces de equilibrar la oferta de mercaderías con la mayor demanda que provocarán los reajustes.

El Régimen del mercado negro.

Durante años y años, quienes ahora detentan el Poder atribuyeron todas las alzas de precios a agiotaje, del que culpaban especialmente a los grandes monopolios de la distribución, responsabilizando a los Gobiernos de la época de complicidad o, al menos, de tolerancia con los especuladores.

¿Cómo se explica, entonces, que bajo el actual Gobierno las alzas se agraven?

Para eliminar a los grandes pulpos del comercio mayorista, este Gobierno ha adquirido casi todas las empresas distribuidoras, formando con ellas un monopolio estatal de la distribución: DINAC. ¿Es éste el nuevo pulpo que especula ahora?

Debemos entender que la fijación oficial de nuevos precios que se ha estado haciendo últimamente respecto de la mayor parte de los artículos de primera necesidad y de uso o consumo habitual, no importa más que el necesario reconocimiento del alza de sus costos de producción.

Pero la verdad es que al lado del comercio regular, a la luz del día, ha surgido de manera impresionante un mercado negro donde se encuentran, a precios aún mayores, muchas de las cosas que en el primero más escasean.

¿Dónde se nutre ese mercado negro? ¿Quiénes son sus actores? ¿Quién lo permite?

No es un misterio que en las colas para adquirir productos de ciertas empresas estatificadas, requisadas o intervenidas, hay clientes habituales que no son comerciantes establecidos y compran para revender. ¿Cuántos son los privilegiados que reciben cuotas especiales? ¿Cuántos hombres nuevos están mejorando sus ingresos y hasta enriqueciéndose por el simple arbitrio de interventores, funcionarios, empleados o dirigentes laborales que les son benevolentes? ¿Cuántos vivos se están aprovechando? ¿Cuántos trabajadores están siendo corrompidos? ¿Qué cajas se están formando?

Algo huele a podrido en este asunto.

El Régimen de la ineficiencia y la flojera.

Se agrava esta realidad por la pasmosa ineficiencia administrativa que revelan los equipos del oficialismo dondequiera que se hacen cargo de cualquier tarea productora.

Incapacidad, desorganización, indisciplina y flojera son síntomas ostensibles en múltiples reparticiones de la Administración del Estado y en gran parte de las empresas incorporadas al área social. Estos síntomas se traducen en bajo rendimiento y elevación de los costos, cuándo no también en deterioro o grave daño del propio capital productivo.

En esta misma Sala hemos sido informados de los errores y torpezas cometidos en el manejo del sueldo de Chile nuestro cobre nacionalizado, errores y torpezas que ocasionan graves pérdidas al país.

Otro tanto se podría decir de la gestión del área agrícola reformada, cuya exasperante ineptitud causa pena y alarma, porque afecta al pan de Chile y, en consecuencia, pone en peligro la alimentación de los chilenos.

Pero tal vez la muestra más reveladora sea la que proporcionan las empresas que por compra, requisición, intervención o nacionalización, han sido, de hecho o de derecho, incorporadas al área de propiedad social. Todas ellas o casi todas dejaban importantes márgenes de utilidad. Su transferencia al Estado tuvo precisamente por principal objeto la captación de sus excedentes, a fin de reunir recursos para ampliar la capacidad productiva instalada en el país.

Aunque no ha sido posible que la opinión pública conozca los balances de esas empresas, sea porque no se han hecho o porque se mantienen ocultos, nadie discute como señaló el Honorable señor Baltra en esta Sala hace más de un mes, sin que se le haya desmentido que el área de propiedad social no está arrojando excedentes, sino déficit o pérdidas. En reciente estudio publicado por el Taller de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, se dice al respecto: De las empresas ya controladas por el Estado, al parecer ninguna ha logrado siquiera mantener el volumen real de excedentes que obtenían cuando se encontraban en manos privadas. En algunos casos, a pesar de que ahora el Estado puede aprovecharse teóricamente de la totalidad del excedente, percibe menos de lo que captaba cuando su participación se limitaba al impuesto tradicional sobre las utilidades, y en varios casos sólo se han conseguido pérdidas.

El Régimen del despilfarro.

A la trágica ineficiencia señalada, debe agregarse la prodigalidad de nuevos ricos con que los hombres nuevos despilfarran los recursos del Estado.

Una de las tradiciones más honrosas que a lo largo de la historia patria consagraron nuestros gobernantes, fue la sobriedad en su propia vida y el más riguroso escrúpulo en el manejo del erario. El ejemplo de O'Higgins y Portales, en cuanto a pobreza personal y celoso cuidado de los caudales públicos, hizo escuela en el gobierno y administración de Chile.

Ha correspondido a este1 Gobierno, que se dice popular, el triste honor de romper abruptamente esas tradiciones. Ninguno de sus antecesores fue tan generoso o poco fijado como se dice entre nosotros para gastar el dinero del Fisco. La escasez de recursos propia de un país pobre como el nuestro, parece no ser obstáculo de ninguna especie para quienes ahora nos gobiernan.

Se explica así que, a poco más de un año, se agotaran las reservas de divisas, de más de 450 millones de dólares, que el Gobierno del Presidente Frei dejó en las arcas del Banco Central. Y ahora la crisis de divisas es tan grave que no podemos importar ni siquiera los repuestos necesarios para el funcionamiento de vehículos y maquinarias.

Hace casi un mes denuncié aquí mismo la situación producida en Celulosa Constitución, empresa mixta que está instalando una importante industria en mi zona y que el Presidente de la República señaló en un discurso como ejemplo de esfuerzo trascendente para el desarrollo nacional. Por falta de divisas, no ha podido pagar en el exterior compromisos por adquisiciones del orden de un millón doscientos mil dólares; se le ha retenido la entrega de elementos para su construcción, otros le han sido embargados y su crédito está sufriendo irreparable deterioro. A pesar de que mis observaciones fueron comunicadas al Jefe del Estado, la situación no se soluciona hasta ahora, lo que sólo puede explicarse por un agotamiento casi total de las divisas con que cuenta el país.

Expresión también de esta prodigalidad, en otro plano, es la asombrosa liviandad con que el actual Gobierno endeuda al Fisco con el Banco Central mediante las emisiones más cuantiosas que se han conocido en nuestra historia.

Pan para hoy, hambre para mañana.

Lo más grave es que la misma despreocupación que el régimen imperante ha demostrado para gastar en demasía, lo ha llevado a ser excesivamente parco en invertir. Como se ha señalado en esta Sala, el año último la importación de maquinarias y equipos bajó casi un 17%, y a pesar de los anuncios oficiales de un ambicioso plan de inversiones para este año, esa situación empeora cada día.

Esto está ocasionando paralización de actividades por falta de repuestos, y significa que Chile, en vez de aumentar su capacidad de producción para el futuro, la está deteriorando seriamente.

Es decir, la irresponsabilidad con que se destinan las divisas y demás recursos disponibles al consumo inmediato pretiriendo las exigencias de inversión, significa que se ha sacrificado el futuro al presente. Pan para hoy, hambre para mañana.

El pueblo ya está sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad. Los hechos han probado que si el Gobierno pudo jactarse de haber aumentado la producción y el consumo popular durante su primer año, lo hizo al precio de afectar gravemente la capacidad productiva del país, hoy manifiestamente disminuida.

Falsas disculpas.

Para intentar disculparse del desastroso fracaso de su política económica, quienes gobiernan buscan eludir su responsabilidad con una cortina de humo de pretextos efectistas.

¿Me permite, señor Senador?

Ha terminado el tiempo del Comité Izquierda Radical. Su Señoría puede continuar en el tiempo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano.

Olvidando totalmente la tan cacareada autocrítica, rehúyen tomar sobre sí ninguna cuota de culpa. Como el cojo con el empedrado, descargan toda la culpa de sus torpezas sobre los demás o sobre hechos tales como accidentes climáticos o circunstancias internacionales.

La agresión exterior y la obstrucción opositora son los principales argumentos que el oficialismo invoca en su descargo. El propio Presidente de la República alude en casi todos sus discursos a las agresiones externas e internas de que su Gobierno estaría siendo víctima.

La verdad es que éstos no pasan de ser falsos pretextos.

Si verdaderamente Chile fuera objeto de cualquier clase de agresión foránea, sea en forma de amenaza, bloqueo o cualquier otra acción de otros Estados en perjuicio de nuestra patria, el Gobierno tendría el deber de decirlo claramente a los chilenos, proporcionar al Congreso Nacional todos los antecedentes de tales agresiones y formular los correspondientes reclamos en resguardo de la independencia y autodeterminación de Chile ante los organismos internacionales.

Como nada de esto ha ocurrido, ni el Gobierno ha explicado jamás en qué consistiría esa agresión; ni el normal desenvolvimiento de las relaciones internacionales de Chile permite suponer ningún conflicto, debemos entender que tal agresión no existe.

En cuanto al supuesto obstruccionismo de la Oposición, para desmentirlo basta con señalar dos hechos:

1º.- Que aparte las iniciativas sobre los Tribunales Populares, Cámara Unica y Ministerio del Mar, todos los proyectos presentados por el Ejecutivo han encontrado favorable acogida en el Congreso, donde la mayoría opositora, a la cual se le acusó de obstruir, los ha aprobado y despachado a pesar de la ausencia, en muchos casos, de los propios parlamentarios de Gobierno; y

2º.- Que toda la política económica del actual régimen se ha realizado al margen del Congreso, mediante decisiones meramente administrativas de la exclusiva responsabilidad del Gobierno, el cual no ha sometido a la consideración del Parlamento ningún proyecto de ley sobre la materia.

Las verdaderas causas.

No es, pues, en esos faltos pretextos donde ha de encontrarse la explicación de la fracasada política gubernativa. Otras son las verdaderas causas. Aparte la ineptitud o incapacidad de sus mandos medios, las principales razones radican en el objetivo de poder que ha determinado toda esa política y en el espíritu totalitario que caracteriza la conducta de los sectores dominantes de la llamada Unidad Popular.

La tesis de la conquista de la totalidad del poder como meta principal de toda la acción del oficialismo, ha sido reiteradamente anunciada por sus personeros más representativos y en múltiples documentos oficiales de los partidos de Gobierno. El Secretario General del Partido Socialista, Senador Altamirano, y el Secretario General del Partido Comunista, Senador Corvalán, con distintos énfasis, han insistido en ella reiteradas veces.

Según esa tesis, de claro fundamento marxista-leninista, el Gobierno sólo significa para la Unidad Popular una parte del poder, y para llevar a completo término la revolución sería necesario conquistar también el Congreso, los tribunales de justicia, los medios de comunicación de masas y, sobre todo, el poder económico y el control total de las bases sociales. Sólo así se lograrían las condiciones de suficiente hegemonía, sin contrapesos, que los estrategas comunistas, socialistas, miristas y mapucistas cualesquiera que sean otras diferencias entre ellos estiman indispensable para imponer el socialismo en Chile.

Porque los hombres nuevos no se singularizan por su respeto a quienes no comparten sus criterios base de toda convivencia verdaderamente democrática, ni por su espíritu de conciliación, ni por la humildad para admitir que puedan no tener toda la razón. Son, en consecuencia, hombres anímicamente totalitarios y, por lo tanto, sectarios, intolerantes, soberbios y atrabiliarios.

Es en estos hechos donde debe buscarse la raíz profunda de la destrucción económica y moral que el régimen de la llamada Unidad Popular está provocando en nuestra patria. Si todo se subordina a la tarea fundamental de conquistar la totalidad del poder y al propósito de poner de manifiesto en cada oportunidad que el Gobierno se la puede e impone su voluntad, es obvio que los resultados de su política en cuanto al bien común de Chile son sacrificados por esos objetivos meramente partidistas.

Populismo demagógico.

Es evidente que la conducción económica y la creación del área de propiedad social llevan el sello de los referidos rasgos tipificantes.

En un reportaje sobre Chile publicado por Le Monde en junio último, se pone en boca del señor Subsecretario de Economía la confesión de que toda la política económica del actual Gobierno está dirigida a un objetivo fundamental: la conquista del poder.

Los estrategas del marxismo-leninismo creyeron en un comienzo que el logro de ese objetivo sería fácil mediante una simple demagogia populista. De ahí la política de violento aumento del consumo que se puso en práctica, totalmente reñida con las severas normas de restricción y ahorro que supone la planificación económica socialista.

Se esperó ganar por ese camino para el Gobierno tal grado de adhesión popular que le permitiera conquistar, mediante un plebiscito, la mayoría del Parlamento, antes que esa política produjera sus inevitables consecuencias de inflación y desabastecimiento.

Las derrotas del oficialismo en las elecciones complementarias de Valparaíso, primero; de Linares y de O'Higgins y Colchagua después, significaron el agotamiento de esa estrategia. Así se explica que después de ellas los personeros de la llamada Unidad Popular no hayan vuelto a hablar de plebiscito y, por el contrario, lo estén rehuyendo a toda costa en relación con la reforma constitucional sobre las áreas de la economía.

Pero reconocer su error y rectificar su política resultaba incompatible con el espíritu totalitario del régimen. Sus estrategas prefirieron jugarse el todo por el todo, perseverando hasta el final en la misma política, cualesquiera que sean las consecuencias. Esperan el milagro de que nuevos reajustes masivos en vísperas de las elecciones generales de marzo próximo puedan permitirles recuperar la adhesión popular suficiente como para conservar en sus manos los bastones de mando.

La otra pata de esta política ha sido la toma del poder económico por la vía de la estatificación de los bancos, la requisición e intervención de industrias, el monopolio estatal del comercio mayorista y el claro intento de reducir por la asfixia a la empresa privada independiente. Todo esto se ha hecho más con intención política que con criterio técnico, sacrificando la eficiencia al objetivo de poder, sin reparar en costos ni preocuparse en lo mínimo de los graves daños que se causen a la población ni al país. A pesar de los llamados ampulosos a ganar la batalla de la producción, lo verdaderamente importante no ha sido el rendimiento ni el incremento de la capacidad productiva de Chile. Lo que ha interesado sobre todo es destruir el poder de la burguesía, grande, mediana o pequeña, e implantar el poder sin contrapeso de los partidos marxista-leninistas, disfrazado de poder de los trabajadores.

Sectarismo excluyente.

Resulta sorprendente que esta política, que ha sido llevada a la práctica con implacable frialdad y cinismo, no haya dado al oficialismo los frutos que esperaba en cuanto a respaldo popular.

La angustia que provocan en los hogares el desabastecimiento y la carestía de la vida explican, en parte, el descontento generalizado en todos los sectores de la población nacional.

La ineptitud y deshonestidad de muchos interventores, coordinadores, funcionarios y comisarios políticos, y la inconsecuencia entre su manera de vivir y sus palabras revolucionarias, han creado un clima de escepticismo y desconfianza frente a la experiencia económica estatista entre los propios trabajadores.

Pero, sobre todo, ha sido el insano sectarismo de que hacen gala los hombres del régimen, tantas veces confesado pero nunca corregido, lo que ha generado la mayor resistencia frente al Gobierno.

Tanto en el plano de las estructuras institucionales como en el de la base social, los militantes y dirigentes de la llamada Unidad Popular exhiben una rara incapacidad de convivir en un plano de respeto mutuo y leal colaboración con quienes no comparten incondicionalmente sus posiciones.

Aunque en nuestro tiempo se hable mucho de diálogo, en la realidad chilena actual éste resulta imposible, porque se estrella con el afán de los hombres nuevos, manifiesto o solapado, de imponer a toda costa sus criterios, sea intentando apabullar al contradictor, sea tergiversando las actitudes de éste para desprestigiarlo ante la opinión pública, sea lisa y llanamente engañándolo.

Esta desconformación ontológica de los hombres nuevos los induce a rechazar toda discrepancia como delito de lesa patria, a contestar las críticas con insultos, a promover campañas sistemáticas para desacreditar a los adversarios como enemigos del pueblo, a embestir contra el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contrataría General de la República y cualquier institución que se atreva a mantener cierta independencia frente al oficialismo, y a usar del amedrentamiento y la violencia como método para intentar imponerse.

Estos procedimientos, habituales en el periodismo gobiernista, tanto en diarios y revistas como en radios y televisión, son también los característicos de la acción de los militantes de la llamada Unidad Popular en las juntas de vecinos, centros de madres, organizaciones sindicales y campesinas y en el seno de las empresas estatificadas, requisadas o intervenidas.

Naturalmente, esta forma de proceder no granjea ninguna clase de simpatías a los hombres nuevos ni es la más adecuada para obtener la colaboración de otros sectores. Por el contrario, parece precisamente destinada a excluir a los demás de la tarea de construir en Chile una nueva sociedad, como si ella fuera misión exclusiva del oficialismo.

Es así como, desde la base social hasta la dirección de la política nacional, se ha ido produciendo un profundo divorcio en la comunidad chilena: por un lado, los militantes oficiales del marxismo-leninismo y quienes les sirven de comparsa o aceptan ser sus incondicionales; por el otro, quienes son calificados derechamente de enemigos principales o secundarios y quienes reciben el mote de servidores de la burguesía o el imperialismo, contra los cuales se desencadena, sutil o abiertamente, una sistemática persecución y discriminación.

Desprecio a la legalidad.

Aunque el ciudadano Presidente de la República llegó a su cargo en virtud del compromiso solemne que contrajo, ante su conciencia y ante la historia, de ajustar íntegramente su conducta de gobernante a la Constitución y las leyes de la República, y aunque no pierda oportunidad para protestar de su respeto a la legalidad, lo cierto es que en los veintidós meses del actual régimen el país ha ido presenciando un proceso progresivo de menosprecio y atropello a los principios y reglas esenciales del orden jurídico chileno.

Sería tarea de nunca acabar, el intento de hacer un enunciado más o menos completo de las innumerables ilegalidades y abusos de derecho cometidos por el Gobierno y la Administración durante estos meses. Están en la conciencia de la mayoría de los chilenos.

El amparo a las tomas y otras tropelías de determinados grupos violentistas, la resistencia a constituir asentamientos y asignar tierras a los campesinos dentro del área reformada, los expedientes abusivos para silenciar radios y diarios no afectos al oficialismo, el frecuente desconocimiento del derecho de reunión, el uso sistemático de la requisición y la intervención de empresas como medio de estatificarlas; la discriminación habitual, entre partidarios y contrarios, en la aplicación de la ley, son algunas de las principales manifestaciones de la pendiente de ruptura del Estado de derecho por la cual se ha lanzado la combinación gobernante.

Esta conducta, que está privando al Gobierno del Presidente Allende del título de legitimidad que tuvo por su origen, es una expresión más del afán de poder y del espíritu totalitario que caracterizan al marxismo-leninismo. Dentro de sus concepciones, lo que llaman la institucionalidad burguesa no es sino un estorbo que entraba la acción del Gobierno y le impide acaparar en sus manos la totalidad del poder y ejercerlo despóticamente. Así lo ha dicho de manera enfática el Partido Socialista en múltiples oportunidades, y así lo demuestra en los hechos, con la acción de sus militantes, aunque no lo diga, el Partido Comunista.

Rechazo a la discrepancia y miedo a la verdad.

Otra expresión más de la tendencia totalitaria del oficialismo es su abrupto rechazo a toda discrepancia. Quienes se creen encargados de imponer a toda costa el que creen o proclaman único camino, buscan ganarse las conciencias del mayor número de gentes mediante formas francas o sutiles de penetración ideológica. No otra cosa persigue la intensa campaña de concientización a que este régimen nos está habituando y para la cual se vale de todos los recursos del Estado, incluso la televisión nacional y la educación pública.

Pero estos esfuerzos concientizadores no logran plenos resultados y se ven en gran medida neutralizados si los ciudadanos tienen otras fuentes de información que contradicen las versiones oficiales y los planteamientos de los prosélitos del régimen.

A medida que el Gobierno ha ido avanzando en su política, han ido quedando más al descubierto las contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Las palabras más solemnes del propio Presidente de la República han sido, con inusitada frecuencia, desmentidas por los hechos. Aunque resulte penoso expresarlo, bien podría calificarse al actual como el régimen de la mentira. Lógico es, en consecuencia, que cada día los chilenos crean menos a los personeros de este régimen. Ya no es digno de crédito.

En lugar de hacer lo necesario para recuperar su crédito, el oficialismo ha preferido lanzarse por el camino de forzar a Chile a aceptar como verdad lo que él quiere. A eso se dirige el intento desembozado de impedir que la opinión pública conozca otras opiniones, traducido en el cierre de radios, en la supresión del programa A tres bandas, en el empeño de apoderarse de la producción del papel de imprenta, en la intervención y abusivo manejo del diario La Mañana, de Talca, en las prohibiciones y obstáculos que está oponiendo a las manifestaciones públicas de la Oposición.

La llamada Unidad Popular y su Gobierno tienen miedo a la verdad. Temen enfrentarse con ella. No quieren que al reunirse públicamente los hombres y mujeres de la Oposición, quede de manifiesto cómo el oficialismo retrocede en su condición de minoría. Y no quieren escuchar, ni que Chile escuche, la real verdad de la mayoría.

La violencia y el odio.

Quien no tiene argumentos ni la honradez de reconocer su error, insulta. Quien quiere imponer a toda costa la razón de su sinrazón, recurre a la fuerza.

Esto es lo que está pasando con el oficialismo. Incapaz de verdadero diálogo, dominado por su idea fija de ganar la totalidad del poder, carente de toda grandeza moral para admitir sus fallas, cae en la violencia. Violencia verbal o violencia física. Insultos, amenazas, provocaciones, asaltos, atentados, agresiones y asesinatos. Son grados distintos del mismo fenómeno: el reemplazo de la razón por la fuerza.

Todo el oficialismo, en mayor o menor medida, se ha ido comprometiendo progresivamente en este camino. La diferencia entre sus diversos sectores es sólo cuestión de grados. Los comunistas se quedan en la violencia verbal y la amenaza, de que diariamente dan testimonio El Siglo y Puro Chile. Los socialistas van más lejos. Los miristas llegan a los últimos extremos.

Es útil recordar en esta hora, para entender lo que sucede, que el marxismo-leninismo chileno, encabezado por el actual Presidente de la República, participó en agosto de 1967 en la Primera Conferencia de OLAS y concurrió a adoptar la Resolución General sobre el Punto I de la Agenda: La lucha revolucionaria antimperialista en América Latina, en la que se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen socioeconómico existente. Este objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada, que será feroz y sin cuartel, contra los ejércitos de las oligarquías...

Poco tiempo después, uno de los más capaces teóricos del marxismo-leninismo chileno, dirigente socialista Clodomiro Almeyda, actual Ministro de Relaciones, en entrevista publicada en un apartado del Nº 42 de la revista Punto Final, hecha por el periodista Augusto Olivares, actual asesor del Presidente de la República y Director del Canal Nacional de Televisión, decía lo siguiente:

No creo que en Chile sea la guerrilla la forma fundamental en que ha de expresarse la violencia revolucionaria. En este país existe un real proceso político que ha ido integrando, con mayor intensidad, sobre todo en los últimos años, a cada vez más capas de la población en su seno.... La fase superior de la lucha política, que es la violencia revolucionaria, no surgirá aquí de un foco externo a ese proceso político, como sería el foco guerrillero típico definido por Debray, sino, a la inversa, emergerá como resultado de la agudización y del calentamiento al rojo del proceso político vigente.

Absolutamente consecuentes con esos planteamientos son los conceptos desarrollados sobre la materia en múltiples documentos del Partido Socialista, entre los que merece destacarse el Informe Político preparado para el Pleno de marzo del presente año. En él se leen conceptos como los que a continuación cito: El Estado burgués en Chile no sirve para construir el socialismo, y es necesaria su destrucción. Para construir el socialismo, los trabajadores chilenos deben ejercer su dominación política sobre la burguesía, deben conquistar todo el Poder y arrancarle gradualmente todo el capital. Es lo que se llama dictadura del proletariado. No lo hemos establecido así en el Programa de la Unidad Popular, pero el Partido Socialista no ha desestimado este aserto histórico leninista. Otro: Para los revolucionarios la solución no está en esconder o negar el objetivo de la toma del Poder y del socialismo, sino en educar y preparar a las masas para lograrlo; si la revolución implica un tránsito violento en cualquier etapa, lo correcto no es negar la revolución a nombre del menor costo, sino enfrentar la violencia organizadamente, que es la única forma de que el pueblo sufra menos y que el costo social sea menor. Otro párrafo: Rehuir el enfrentamiento en los diversos planos de la actividad social y política, desmovilizar las masas, pretender moderar la lucha de clases, constituye un gravísimo error. Finalmente, el siguiente: Para nosotros, socialistas, cada pequeño triunfo eleva el nivel del próximo choque, hasta que lleguemos al momento inevitable de definir quién se queda con el Poder en Chile, al momento de dilucidar violentamente entre el Poder de las masas y el de las fuerzas reaccionarias internas, apoyadas por el imperialismo yanqui.

Estos conceptos, señor Presidente, expresan claramente la filosofía del régimen que está gobernando el país, o por lo menos de sus principales dirigentes. Esa filosofía explica la ola de violencias que ha vivido Chile en estos dos años. Tengo aquí a la mano una mera lista de enfrentamientos y hechos de violencia ocurridos a contar del 4 de septiembre de 1970, que arrojan 43 muertos en 22 meses del Gobierno llamado popular.

Ruego al señor Presidente que se inserte este documento en la versión de mi discurso.

Oportunamente se solicitará el acuerdo correspondiente, señor Senador.

El documento cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:

Enfrentamientos y diversos hechos de violencia ocurridos a contar del 4 de septiembre de 1970.

Fuente: prensa nacional.

1.- Atentado en contra del General del Ejército señor René Schneider Chereau, el 22 de octubre de 1970.

2.- Juan Félix Leiva Riquelme, obrero, herido a bala durante la ocupación de terrenos en la comuna de Las Barrancas, el 26 de noviembre de 1970, fallece con posterioridad.

3.- Antonieta Maaches Vanayes, propietaria del fundo La Tregua, de Panguipulli, se suicida al ser vejada y secuestrada por ocupantes de su predio el 29 de noviembre de 1970.

4.- Arnoldo Ríos, estudiante de la Universidad de Concepción, es muerto por las Brigadas Ramona Parra en diciembre de 1970.

5.- Juan Millalonco, militante de la Juventud Democratacristiana, es muerto en vísperas de las elecciones municipales de Aisén por elementos de las brigadas socialistas, el 3 de abril de 1971.

6.- Rolando Matus Castillo, fue muerto por elementos extremistas pertenecientes al MCR, que se apoderaron del fundo Care, de Pucón, el 17 de abril de 1971.

7.- El comerciante Raúl Méndez Espinoza, fue asesinado en su local comercial de Santiago por elementos de la VOP, el 25 de abril de 1971.

8.- Jorge Barahona Puelma, muere al ser desalojado de su propiedad, fundo Nilahue, por funcionarios de la CORA, el 29 de abril de 1971.

9.- Domitila Palma Ponce, fallece en el fundo Brasil Sur, de Lautaro, aterrorizada por las ráfagas de metralletas, el 30 de abril de 1971.

10.- Juan Huillipán, muere en la toma de ese mismo predio.

11.- Tomás Arnaldo Gutiérrez Urrutia, Cabo de Carabineros, es asesinado por elementos de la VOP durante el asalto al Supermercado Montemar, el 30 de mayo de 1971.

12.- El ex Vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Zujovic, muere acribillado a balazos disparados por elementos de la VOP, el 8 de junio de 1971.

13.- Arturo y Ronald Rivera Calderón, integrantes de la VOP, son muertos a tiros en diligencia practicada por Investigaciones, después de haber sido reconocidos como ejecutores del asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic, el 13 de junio de 1971.

14.- Heriberto Salazar Bello, perteneciente a la VOP, muere al estallar un cartucho de dinamita que portaba al asaltar el Cuartel de Investigaciones, el 16 de junio de 1971.

15.- Los funcionarios de Investigaciones señores Gerardo Romero Infantes, Mario Marín Silva y Carlos Pérez Bretti, mueren en el asalto al Cuartel de Investigaciones perpetrado por el militante de la VOP Salazar Bello, el 16 de junio de 1971.

16.- Jorge Cartes Díaz, carabinero muerto por miristas en Concepción, el 17 de junio de 1971.

17.- Gilberto González Gómez, muerto en la Viña Santa Blanca, de Rancagua, por miembros del MIR que dijeron buscar armas, el 30 de julio de 1971.

18.- El 14 de agosto de 1971, es encontrado muerto, en su departamento, Luciano Cruz.

19.- Blanca Vergara Villalobos, modesta propietaria de un terreno en Renca, se suicida al serle tomada su propiedad el 4 de septiembre de 1971.

20.- Moisés Huentelaf Alanco, miembro del MCR, muere al intentarse la retoma del fundo Chesque, de Loncoche, el 22 de octubre de 1971.

21.- Domingo Soto, capataz del fundo El Cardal, del ex Senador señor Jaramillo, muere durante los incidentes provocados por usurpadores en octubre de 1971.

22.- Enrique Hernández Jerez, mediero de la Hijuela Dos del fundo Santa Teresa de Mallarauco, en Melipilla, es muerto por elementos del MIR el 2 o 3 de noviembre de 1971.

23.- Jaime Orellana Medel, carabinero, baleado por extremistas, queda con heridas graves el 17 de noviembre de 1971.

24.- Francisco Cheuquelén Melín y Ramón Segundo Cheuquelén, son muertos en el fundo Huillio, departamento de Nueva Imperial, el 22 de noviembre de 1971.

25.- Marta Ortiz Maldonado, herida en la Marcha de las Cacerolas, queda con afasia y semiparálisis (2 de diciembre de 1971).

26.- Luis Loyer, baleado por efectivos de Investigaciones en Providencia con Luis Thayer Ojeda, el 4 de diciembre de 1971.

27.- Norma Cárdenas de Passi, es baleada por elementos extremistas de la UP en su departamento por tocar ollas, el 15 de diciembre de 1971.

28.- Francisco Palominos Nalhue, es asesinado por elementos de la UP, en el asentamiento San Miguel de Huilque, de Santa Cruz. En el mismo incidente quedan heridos graves Vicente Pérez Palominos y Luis Pavez Pulgar (18 de enero de 1972).

29.- Raúl Quezada Moreno, agricultor, es muerto a palos por los ocupantes de la reserva del fundo La Rinconada, de Teno, provincia de Curicó, el 19 de enero de 1972.

30.- Manuel Escobar González, propietario del fundo Santa Elena, de Pudahuel, muere impactado al ser tomado su fundo por extremistas, el 5 de marzo de 1971.

31.- Eladio Caamaño Sobarzo, muere víctima de las lesiones recibidas en los incidentes ocurridos en Concepción durante la suspensión de la marcha organizada por los partidos democráticos, el 12 de marzo de 1972.

32.- Romelio Maturana, muere durante la toma del fundo Vista Hermosa, de Rengo, el 13 de marzo de 1972.

33.- Nibaldo Soto Alarcón, ex mayordomo del fundo La Patagua, de Cauquenes, se suicidó al saber que el trozo de terreno que les había entregado el dueño del predio a los trabajadores, iba a ser expropiado (23 de abril de 1972).

34.- Enrique Núñez Alvarez, industrial propietario del frigorífico San Fernando, ubicado en el camino a Melipilla, fue muerto a balazos por ocupantes del recinto al intentar entrar para prevenir el estallido de las calderas, el 23 de mayo de 1972.

35.- Arturo Mardones, obrero agrícola de CORA, fallece al serle disparado un tiro por Miguel de la Hoz en el fundo Nueva Esperanza, de Aisén, el 10 de junio de 1972.

36.- José Cristian Navarro Hurtado, obrero, muere de un balazo, frente al Hospital de la FACH, en altercado entre conductores de taxibuses y ocupantes de un Austin Mini conducido por funcionarios de Gobierno, el 26 de julio de 1972.

37.- Explota bomba y se descubre arsenal de extremistas de Izquierda en Las Ventanas, Quintero, el 5 de agosto de 1972.

38.- Fallece el poblador René Saravia Arévalo, en enfrentamiento de la policía con habitantes de la población Lo Hermida, el 5 de agosto de 1972.

39.- El comerciante Manuel Aguilar García fallece de ataque cardíaco durante enfrentamiento entre comerciantes y la policía, en Punta Arenas, el 17 de agosto de 1972.

40.- Ramón Lara Ponce, campesino de filiación socialista, muere en un enfrentamiento en Los Angeles, el 22 de agosto de 1972.

41.- En enfrentamiento registrado en Paraguay Centinela, comuna de Frutillar, resultó muerto el obrero agrícola Luis Hernán Ríos González, domiciliado en el asentamiento Balmaceda de dicho lugar (24 de agosto de 1972).

42.- Fallece Roberto Almonacid Asenjo, quien fuera herido en el mismo enfrentamiento anterior, el 25 de agosto de 1972.

43.- El día 28 de agosto fallece Juan Manuel Rivas Rivas, de 45 años. Era otro de los campesinos heridos en el enfrentamiento de Paraguay-Centinela.

44.- Incidentes en manifestación de las fuerzas de Izquierda en Concepción, muere baleado el carabinero Exequiel Aroca Cuevas, miércoles 30 de agosto de 1972. Balas disparadas desde la sede del P. S. en esa ciudad.

45.- El día 5 de septiembre de 1972 un comando extremista de ultraizquierda trató de asaltar la Posta Central de la Asistencia Pública.

46.- El 7 de septiembre de 1972, en incidentes producidos en el centro de la ciudad, fallece el joven de 17 años Mario Aviles Oyarce.

La sedición y el fascismo.

Frente a estas realidades, resulta verdaderamente sorprendente que haya quienes, en forma constante, pretenden que no serían el Gobierno ni las fuerzas del oficialismo los causantes del clima de violencia que agita al país, sino que la culpa la tendría la sedición y el fascismo.

En los últimos tiempos, en reiterados documentos se ha planteado por personeros del Gobierno esta tesis, y en las publicaciones de la prensa oficialista de la radio y la televisión se vive atribuyendo al fascismo y a la sedición todo el clima de violencia que presenciamos en Chile. Sin embargo, los antecedentes que he señalado demuestran lo contrario.

Por lo demás, en el debate habido días atrás aquí en el Senado, el Honorable señor Montes decía que no toda la Oposición era fascista, que el fascismo era realmente una simple minoría. Y yo me pregunto: si los personeros del Gobierno reconocen que el fascismo es una minoría yo creo que, en realidad, hay grupos violentistas y fascistas en la extrema Derecha, pero también estimo que son una minoría; si el señor Senador ha reconocido que el Partido Nacional tiene estructura democrática, y si a la Democracia Cristiana nadie se ha atrevido a negarle su carácter de partido democrático y la consecuencia de todas sus actitudes con sus principios democráticos, ¿por qué se llama al pueblo a movilizarse contra el fascismo, como si la amenaza fascista y sediciosa fuera en verdad una cosa tremendamente poderosa? Hay una contradicción manifiesta entre la forma como el problema se plantea y lo que se reconoce como verdad.

Pero, señor Presidente, cuando uno lee los documentos emitidos el 2 de septiembre último por la Unidad Popular, por el Partido Socialista, por la Juventud Socialista, plagados de insultos e injurias contra parlamentarios y representantes de la Oposición, achacando a ésta el querer conducir al país a una guerra civil, llamando a crear equipos de autodefensa, a constituir comités contra la sedición y el fascismo, a hacer movilizaciones generales de masas; cuando se aprecia la violencia de los conceptos que contienen esos documentos, y cuando se presencian hechos como el que costó la vida a un cabo de Carabineros en Concepción, al Cabo Aroca, o como el que presenciamos en Santiago en la manifestación espontánea, encabezada por el señor Secretario General de Gobierno, ante la casa del Presidente de la República en Tomás Moro, en que fueron vejadas dos señoras pertenecientes a la propia Unidad Popular,...

¡Cuñadas del Ministro de Minería!

Así es.

Cuando uno ve eso, comprueba que, deliberadamente, se está creando un clima de odio.

Y uno tiene derecho a no creer en las referencias al fascismo y a la sedición cuando recuerda acontecimientos pasados. Cuando recuerda, por ejemplo, que el 10 de septiembre de 1971 en la primera página del diario El Siglo, la Comisión Política del Partido Comunista llamaba a dar respuesta categórica a la escalada sediciosa.

Eso ocurría hace un año, en 1971. ¿Y en qué consistía en ese momento la escalada sediciosa? En unas declaraciones que había hecho el señor Onofre Jarpa; en las publicaciones de los órganos de prensa reaccionarios que han inventado costos imaginarios de la producción por libra de cobre pero los hechos demostraron que esos costos eran verdaderos; en los anuncios de esa prensa comprometida en la conjura antichilena que informaron de una supuesta alza de la cotización del dólar de corredores y el alza del dólar de corredores se produjo a los pocos días; y en la divulgación de rumores alarmistas. Todo eso fue calificado en aquella oportunidad de escalada sediciosa y fascista.

Aún más, en el editorial del diario El Siglo del 5 de septiembre de 1971, bajo el título de Posiciones Sediciosas, se califica así el acuerdo adoptado por la Convención Médica Ordinaria del Colegio Médico de Chile respecto de la forma de aplicación de la ley de Medicina Curativa.

De lo dicho se desprende que se ha usado y abusado del calificativo de sedicioso y fascista para significar cualquier discrepancia con el Gobierno, típica expresión del totalitarismo a que antes hacía referencia.

¿Quiénes buscan el enfrentamiento?

Lo grave es que por este camino se está conduciendo al país a un enfrentamiento que parece se quisiera. La verdad es que los documentos del Partido Socialista llevan a pensar que realmente éste busca el enfrentamiento.

Como es tan irracional esa posición, debo confesar que meditando sobre ella sólo le encuentro una explicación. Creo que quienes dirigen el socialismo chileno están absolutamente convencidos del fracaso de su régimen. Saben que la gran mayoría del país los repudia, que en las elecciones de marzo próximo van a ser condenados del modo más abrumador, y quieren provocar un enfrentamiento violento que les permita salir como víctimas en lugar de ser echados por la expresión libre de la voluntad mayoritaria del país. Así, tal vez, podrían conservar la posibilidad de que cuando se olviden el desabastecimiento, la carestía de la vida y los atropellos y tropelías cometidos por ellos, recobraran una imagen o prestigio de revolucionarios para seguir engañando incautos.

Pienso que por eso la Democracia Cristiana y el Partido de Izquierda Radical han tenido la razón cuando, en sendos documentos emanados de sus Directivas, han expresado que la responsabilidad del clima de violencia que vive Chile corresponde precisamente al Gobierno.

Responsabilidad del Presidente Allende.

Quisiera terminar estas palabras haciendo referencia a la responsabilidad del Jefe del Estado ante el país, por la función que desempeña, por el juramento que prestó al asumir el cargo, por el compromiso que contrajo antes de ser elegido y de asumir la presidencia.

Porque aunque se siga repitiendo lo contrario, el señor Allende no fue elegido el 4 de septiembre, sino que fue elegido Presidente de la República por el Congreso Pleno, una vez que contrajo el compromiso solemne de mantener el sistema democrático y respetar la Constitución y la ley. Esto es lo que lo obliga doblemente con el país. Él ha ofrecido una vía chilena, pluralista, libertaria y democrática de construcción del socialismo, pero ha vivido en una permanente ambigüedad. Sus palabras resultan desmentidas por sus hechos, porque en definitiva hay que imputarle a él lo que sus subordinados hacen de manera sistemática.

Cuando don Augusto Olivares, que trabaja en la Moneda, que es funcionario de su confianza, insulta a los opositores, predica la violencia y escribe contra el Congreso y las instituciones del Estado chileno, no puedo entender que el Presidente de la República, si es fiel a su compromiso no lo sancione o elimine de su cargo.

Cuando dos Ministros que han sido destituidos por el Congreso de sus cargos por infracciones y atropello manifiesto a la Constitución y la ley y el último por la participación en un delito de contrabando vuelven a ser nombrados en cargos de Ministros, no creo que el Presidente de la República pueda desligarse de responsabilidad.

Podrían señalarse muchos ejemplos; pero lo que quiero destacar es la preocupación que, frente a estos hechos, causan algunos conceptos del Presidente que pudieran estar en el trasfondo de su conciencia y que él vertió en la entrevista que le hizo Régis Debray, publicada en la revista Punto Final, en marzo de 1971.

En esa oportunidad, el señor Debray le preguntó al Presidente ¿Era imprescindible negociar este Estatuto de Garantías Democráticas? Y Allende le contestó:

Sí, por eso lo hicimos. Sigo convencido que fue correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica y terminó el párrafo diciendo: En ese momento lo importante era tomar el gobierno.

Y cuando el señor Debray le preguntó: Actualmente y hasta hoy, se ha dado a la legalidad un uso revolucionario, ¿pero hasta cuándo se podrá actuar así?, Allende contestó que el Gobierno va a contener cualquier reacción sediciosa con la fuerza de la ley, y añadió su frase preferida, que le conocimos desde los tiempos en que era Senador: Además, a la violencia reaccionaria vamos a contestar con la violencia revolucionaria, porque sabemos que ellos van a romper las reglas del juego.

Es decir, el señor Presidente de la República dio como un hecho que los sectores de Oposición se van a salir de la ley. Lo señaló como una necesidad histórica ineludible, como una fatalidad. En consecuencia, supuesto este hecho, justificó que pueda desencadenarse la violencia revolucionaria.

Cuando uno recuerda estas palabras y los documentos del Partido Socialista, que he leído; cuando uno recuerda OLAS y lo dicho por el señor Almeyda, y recuerda las múltiples amenazas del señor Altamirano, entonces uno tiene derecho a pensar que cuando se habla tanto de la escalada fascista y sediciosa, cuando se trata de crear un clima de alarma sobre una supuesta violencia de la Oposición, se está simplemente tratando de buscar un pretexto que justifique la llamada violencia revolucionaria.

Creo que el Presidente de la República tiene la obligación de definirse ante Chile, de aclarar esta ambigüedad en que está viviendo. Creo que hay un imperativo moral que exige poner término de una vez por todas a esta situación.

O está con la violencia y ampara las tácticas de enfrentamiento patrocinadas por su propio partido, o el Presidente de la República es fiel a sus compromisos con el pueblo y a su juramento de respetar la Constitución y la ley, y busca, por consiguiente, las rectificaciones indispensables para asegurar que su gestión dé gobernante se realice dentro de un cauce verdaderamente de derecho y que se restablezcan en Chile las bases esenciales de la convivencia democrática.

Porque lo más grave que está ocurriendo en nuestro país en estos días lo que determinó el llamado del Cardenal y lo que crea angustia en todos los sectores es que se están destruyendo las bases de respeto mutuo, lealtad y confianza recíprocas en que tradicionalmente se ha basado la convivencia entre los chilenos y que constituyen los fundamentos ineludibles de nuestra democracia. Verdaderamente, se está emporcando al país por el odio, y este odió no puede conducir a ninguna solución positiva para Chile.

Yo quiero terminar recalcando la trascendencia que frente a esta realidad que vive Chile y frente a la responsabilidad que le asiste al Jefe del Estado en la hora actual, tienen las palabras que voy a leer del comunicado que en víspera del 4 de septiembre emitió el General Evaldo Rodríguez, Jefe de la Plaza de Concepción:

Nunca se insistirá lo bastante para que se entienda que las legítimas aspiraciones de los diversos sectores ciudadanos sólo pueden hallar su cauce eficaz a través de los canales institucionales y constitucionales de un Estado de Derecho; que la justicia, en todas sus manifestaciones, es la única garantía de una evolución social que nos lleve a la plena realización de nuestro propio destino; y que con nuestra historia la hicimos y debemos hacerla todos juntos y en paz. Con dinamismo, pero sin desmesurada impaciencia; con energía, pero sin violencia; con valor, pero sin insensatez; con libertad, pero sin libertinaje. En una palabra, como chilenos: democráticos, altivos, libres, civilizados y legalistas.

No es tampoco ilusorio esperar la cooperación de todos los ciudadanos, ya que la fuerza es el brazo armado del derecho y ninguna seguridad puede ofrecerse unilateralmente, si todas las partes comprometidas no están dispuestas a cumplir con sus obligaciones.

Ojalá quienes tienen la responsabilidad del Gobierno de este país y principalmente el Jefe del Estado, hayan leído y meditado en todo su alcance esas sabias palabras, saquen de ellas todas las consecuencias que entrañan y actúen haciendo honor al deber superior que les compete en esta hora de Chile.

¡Muy bien!