APRUEBA PLAN SECTORIAL DE MITIGACIÓN Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ENERGÍA

     

    Núm. 91.- Santiago, 12 de diciembre de 2024.

     

    Vistos:

    Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el decreto ley N° 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, en adelante "DL N° 2.224"; en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública; en la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; en la Ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático; en el decreto supremo N° 123, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el decreto supremo N° 349, de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos A y B; en el decreto supremo N° 30, de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; en el decreto supremo N° 16, de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento que establece procedimientos asociados a los instrumentos de gestión del cambio climático; en la resolución exenta N° 117, de 2018, de la Subsecretaría de Energía, que aprueba norma general de participación ciudadana del Ministerio de Energía que establece modalidades formales y específicas de participación en el marco de la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y deja sin efecto la resolución exenta N° 32, de 22 de abril de 2015, de la Subsecretaría de Energía; en el Acuerdo N° 37, de 6 de diciembre de 2024, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático; en la resolución exenta N° 1, de 2024, del Ministerio de Energía, que da inicio al procedimiento para la elaboración del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del sector energía; en la resolución exenta N° 26, de 23 de julio de 2024, del Ministerio de Energía, que aprueba el anteproyecto del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático sector energía, da inicio al proceso de consulta pública, establece organismos coadyuvantes y remite anteproyecto según se indica; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y

    Considerando:

    1. Que, de acuerdo al DL N° 2.224, es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República, correspondiéndole elaborar, coordinar, proponer y dictar las normas aplicables sector energía que sean necesarias para el cumplimiento de los planes y políticas en materia de energía.

    2. Que, el Estado de Chile se ha comprometido en el combate contra el cambio climático, adoptando un conjunto de instrumentos internacionales en esta materia, destacando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, promulgados en el país, respectivamente, mediante los decretos supremos N° 123, de 1995, N° 349, de 2004, y N° 30, de 2017, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    3. Que, conforme lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo de París, las Partes del referido instrumento deberán realizar y comunicar sus esfuerzos ambiciosos con miras a alcanzar el propósito del Acuerdo, el que se encuentra dirigido a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza.

    4. Que, en este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró, en conjunto con los órganos de la Administración del Estado competentes, la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (en adelante, "NDC", por sus siglas en inglés), la que fue presentada el año 2015 y contiene los compromisos del país en materia de mitigación, adaptación y relativos a los medios de implementación, tales como la construcción y fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia tecnológica y el financiamiento climático.

    5. Que, de acuerdo a los artículos 4.3 y 4.9 del Acuerdo de París, la NDC sucesiva de cada parte representará una progresión con respecto a su contribución vigente, y esta contribución deberá ser actualizada y comunicada cada cinco años.

    6. Que, en consecuencia, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con diversos Ministerios y otros organismos sectoriales, actualizó la NDC de Chile, y la sometió al conocimiento y pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, según consta en el Acuerdo N° 5/2020, de 17 de marzo de 2020, del señalado Consejo. Posteriormente, la NDC actualizada fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el 9 de abril de 2020.

    7. Que, por otra parte, el artículo 4.19 del Acuerdo de París, dispone que las partes deberían esforzarse en formular y comunicar estrategias de largo plazo para alcanzar un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, considerando lo dispuesto en el artículo 2° del referido Acuerdo y teniendo presente, además, sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, a la luz de las circunstancias nacionales de las partes.

    8. Que, en este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente, en colaboración con los Ministerios sectoriales competentes, elaboró la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile (en adelante, "ECLP"). Se trata de una política de carácter nacional que contiene las principales directrices, lineamientos, presupuestos de emisiones, objetivos y metas de mediano y largo plazo del país, en materia de mitigación, adaptación y medios de implementación, que tiene por objeto implementar los compromisos internacionales contenidos en la NDC de 2020.

    9. Que, la ECLP de Chile fue sometida al conocimiento y pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, según consta en el Acuerdo N° 33/2021, del referido Consejo, adoptado en sesión ordinaria de 21 de octubre de 2021. La ECLP de Chile fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático con fecha 3 de noviembre de 2021.

    10. Que, posteriormente, con fecha 13 de junio de 2022, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático (en adelante, la "ley N° 21.455"), norma que tiene por objeto hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones al año 2050; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.

    11. Que, la ley N° 21.455 establece y reconoce, en su Título II, un conjunto de instrumentos de gestión al cambio climático, a nivel nacional, sectorial, regional y local. En este sentido, podemos destacar la Contribución Determinada a Nivel Nacional, en el artículo 7°, la Estrategia Climática de Largo Plazo, en el artículo 5°, los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en los artículos 8° y 9°, respectivamente, los Planes de Acción Regional de Cambio Climático, en el artículo 11, y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático, en el artículo 12°. Los instrumentos de gestión del cambio climático señalados conforman, en su conjunto, un sistema jerárquico y estructurado de acuerdo al ámbito en que producen sus efectos.

    12. Que, la ley N° 21.455, en su artículo 8°, dispone que los Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio Climático contendrán el conjunto de medidas y acciones para reducir o absorber gases de efecto invernadero, de manera de no superar el presupuesto de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en la Estrategia Climática de Largo Plazo.

    13. Que, la ley N° 21.455, en su artículo 9°, establece que los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático establecerán el conjunto de medidas y acciones para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores que presentan una mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática, de conformidad a los objetivos y metas establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile.

    14. Que, a mayor abundamiento, el artículo 8°, inciso 4°, dispone que el Ministerio de Energía deberá elaborar un Plan Sectorial de Mitigación del Cambio Climático para su respectivo sector. Por su parte, el artículo 17° de la ley N° 21.455, establece que el Ministerio de Energía es una autoridad sectorial en materia de cambio climático, y, en consecuencia, le corresponde elaborar e implementar su respectivo Plan Sectorial de Mitigación del Cambio Climático, conforme lo dispuesto en el artículo 8°, previamente citado.

    15. Que, por su parte, el artículo 9° de la ley N° 21.455 establece las autoridades sectoriales que deberán elaborar Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático. Entre estas, el numeral 1°, letra f), del señalado artículo, dispone que corresponderá al Ministerio de Energía elaborar el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático en Energía. En este mismo sentido, el artículo 17° establece que este Ministerio, en su calidad de autoridad sectorial, deberá elaborar e implementar el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático que le corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9°, previamente señalado.

    16. Que, la ley N° 21.455, dispone que los procedimientos de elaboración, revisión y actualización de los señalados Planes Sectoriales se establecerán mediante un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente.

    17. Que, con fecha 21 de diciembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo N° 16, de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento que establece procedimientos asociados a los instrumentos de gestión del cambio climático (en adelante, el "decreto supremo 16"). Cabe destacar que el artículo segundo transitorio del decreto supremo 16, establece que sus disposiciones se aplicarán de forma inmediata respecto de los procedimientos de elaboración o actualización del cambio climático que se encuentren iniciados en forma previa a la entrada en vigencia del referido reglamento, homologándose los actos de instrucción conforme a la etapa en que se encuentre cada procedimiento.

    18. Que, el Título IV del decreto supremo 16 regula el procedimiento de elaboración de los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, estableciendo 5 etapas para la elaboración de estos instrumentos de gestión del cambio climático, a saber: Etapa N° 1, del inicio del procedimiento; Etapa N° 2, del anteproyecto de los planes sectoriales de mitigación y adaptación; Etapa N° 3, de la realización de la consulta ciudadana y remisión del anteproyecto a las entidades de apoyo; Etapa N° 4, de la elaboración del proyecto definitivo e informe financiero; y la Etapa N° 5, sobre la finalización del procedimiento de elaboración de los planes sectoriales de mitigación y adaptación.

    19. Que, el decreto supremo 16, en su artículo 49°, dispone que cuando una misma autoridad sectorial deba elaborar un Plan Sectorial de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático, ésta podrá tramitarlo conjuntamente en un mismo procedimiento, y, asimismo, establece que su dictación podrá ser formalizada en un mismo decreto supremo.

    20. Que, conforme lo requerido en el decreto supremo 16, con fecha 12 de enero de 2024, se dictó la resolución exenta N° 1, de 2024, del Ministerio de Energía, mediante la cual se dio inicio al proceso de elaboración del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Energía.

    21. Que, concluido el periodo de la primera etapa, este Ministerio comenzó la elaboración del anteproyecto del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación en Energía, en conjunto con los organismos coadyuvantes del procedimiento.

    22. Que, mediante resolución exenta N° 26, de julio de 2024, del Ministerio de Energía, se aprobó el anteproyecto del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Energía, lo sometió a consulta ciudadana y lo remitió a las entidades de apoyo, dando inicio a la etapa N° 3 del procedimiento.

    23. Que, la consulta ciudadana se extendió durante 60 días hábiles, iniciándose el día 29 de julio de 202 4 y concluyendo el día 25 de octubre de 2024. Durante este proceso participativo, se recibieron un total de 597 observaciones ciudadanas, las que se fueron analizadas para su consideración y respuesta. Asimismo, con el objeto de facilitar la participación ciudadana, el referido anteproyecto fue remitido a los Gobiernos Regionales, en su calidad de presidentes de los Comités Regionales para el Cambio Climático.

    24. Que, durante la Etapa N° 3, el anteproyecto del referido plan fue remitido a las entidades de apoyo establecidas en el artículo 44 del decreto supremo 16. Al respecto, el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático emitió su opinión en sesión de fecha 1 de octubre de 2024, según consta en acta N° 11/2024. Por su parte, el Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático emitió su pronunciamiento, mediante oficio N° 245564, de 29 de octubre, de 2024, del Ministerio del Medio Ambiente. Fina lmente, el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático emitió su informe mediante oficio N° 00663, de 25 de octubre de 2024, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

    25. Que, concluida la Etapa N° 3 del procedimiento, este Ministerio comenzó con la elaboración del Proyecto Definitivo del Plan sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Energía, en base a las observaciones ciudadanas formuladas, el pronunciamiento, opinión e informe de las entidades de apoyo, y considerando la participación de los organismos coadyuvantes en el procedimiento.

    26. Que, durante la Etapa N° 4 del procedimiento, este Ministerio elaboró el informe financiero de las medidas de mitigación del referido plan, el que fue revisado por la Dirección de Presupuestos, según consta en los oficios N° 1533, de 8 noviembre de 2024, del Ministerio de Energía; y N° 3.745, de 27 de noviembre de 2024, de la Dirección de Presupuestos.

    27. Que, mediante oficio N° 1.705, de 5 de diciembre de 2024, el Ministerio de Energía remitió el Proyecto Definitivo del señalado Plan, junto con el referido informe financiero y el pronunciamiento del Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, al conocimiento y pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, dando inicio a la quinta etapa del procedimiento.

    28. Que, con fecha 6 de diciembre de 2024, en la sesión ordinaria 10 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, a través del Acuerdo N° 36/2024 se aprobó el Proyecto Definitivo del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Energía.

    29. Que, en razón de las consideraciones previas, corresponde formalizar la aprobación del Plan Sectorial por medio de la dictación presente decreto supremo.

    Decreto:

    Artículo único: Apruébase el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Energía, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

    15 ACCIONES CLAVE PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS

    1. Realizar los ajustes regulatorios para impulsar una electrificación costo-eficiente

    Uno de los principales objetivos para alcanzar la carbono neutralidad antes de 2050 es promover una mayor electrificación –directa e indirecta– de los consumos energéticos actualmente suministrados de manera directa por combustibles fósiles, por dos motivos principales: acercar las energías renovables y limpias a la demanda, y aumentar los niveles de eficiencia energética. Ello se viabilizará sólo frente a condiciones de mercado propicias para que la demanda y consumos perciban los beneficios económicos del proceso de descarbonización y sitúe a Chile como un país altamente eficiente y competitivo a nivel internacional, de la mano de los vastos e inmejorables recursos energéticos renovables.

    En ese sentido, se promueven distintas acciones para impulsar una electrificación costo-eficiente de la demanda, como: disponer de información de mercado más detallada que permita mejorar las condiciones de negociación en la suscripción de contratos de energía; potenciar incentivos financieros e instrumentos de fomento que promuevan la reconversión; reforzar la señal de localización para un crecimiento costo-eficiente de la infraestructura eléctrica; habilitar progresivamente la participación de la demanda en los mercados de energía, potencia y servicios complementarios; entre otros.

    2. Crear el concepto de obras estratégicas para la carbono neutralidad

    La infraestructura de transmisión eléctrica es clave para habilitar una mayor colocación de energías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, lo que quedó ratificado como tal en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Por este motivo, se identificará una cartera de obras de transmisión clave para la descarbonización y la ambición climática, a través de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), bajo la figura de "Obras Estratégicas", que requieren una participación más activa del Estado para acelerar su ejecución y gestionar el riesgo de su concreción. Estas obras se definirán bajo aplicación de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

    Dada la relevancia de estas obras para el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, contarán con un tratamiento diferenciado y prioritario, que se traduce en las siguientes propuestas: 1) un equipo de tramitación y gestión de permisos en el Ministerio de Energía; 2) vínculo entre EAE y EIA; 3) calificación automática como obras de interés nacional; 4) exención de informe SBAP; y, 5) priorización de los plazos de tramitación de autorizaciones sectoriales.

    3. Facilitar la operación de los sistemas de almacenamiento

    Los sistemas de almacenamiento son una pieza clave que permitirá continuar avanzando en la colocación de más energías renovables, pues permite mover la energía de manera temporal, por ejemplo, almacenar la energía solar e inyectarla en la noche, complementando a la infraestructura de transmisión, que permite mover la energía de manera espacial, a lo largo del territorio.

    En ese sentido, hasta hace poco, los sistemas de almacenamiento se encontraban en una curva de adopción tecnológica que redundaba en una progresiva baja de costos, principalmente de inversión, los cuales han alcanzado a la fecha un alto nivel de eficiencia. No obstante, la regulación ha tenido un rol gravitante en ofrecer las condiciones comerciales que habilitan la viabilidad financiera de los sistemas de almacenamiento. En particular, la publicación de la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad (Ley 21.505) durante 2022, y la actualización del DS 62/2006 o Reglamento de Potencia mediante la toma de razón del DS 70/2024 durante 2024, establecieron condiciones de certeza a la industria en cuanto a ingresos variables provenientes del mercado de corto plazo, e ingresos más estables provenientes del reconocimiento de potencia y suficiencia en el mercado de potencia. La medida que se propone en el marco de este Plan es la actualización del DS 125/2019 o Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, el cual está en pleno proceso de desarrollo, y definirá las condiciones operacionales que aplicarán para los sistemas de almacenamiento.

    4. Habilitación de la importación de combustibles renovables

    El subsector de transporte es actualmente la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por el subsector de generación eléctrica. Por tal motivo, es imperativo avanzar en medidas concretas y prácticas que aporten a la mitigación efectiva del transporte. Hoy la electromovilidad es una alternativa económicamente eficiente para flotas de buses de uso intensivo, pero no para otro tipo de transporte de distinto y menor uso.

    En ese sentido, los combustibles renovables surgen como una opción relevante a efectos de incorporar un energético que disminuye la huella de carbón en su proceso completo, particularmente en su etapa de producción, sin requerir modificaciones tecnológicas para su uso, pues pueden transportarse, almacenarse y utilizarse de igual manera que un combustible de origen fósil. De esa manera, sin requerir inversiones y costos de capital, es posible mitigar gases de efecto invernadero con el reemplazo de combustible renovable en vez de fósil. Es del caso mencionar que, al ser la etapa de producción la de mayor mitigación, es muy relevante promover que la importación y uso en territorio nacional aporte a la reducción de la NDC de Chile mediante la compra de certificados de reducción de emisión provenientes de los países productores de origen, al alero de un comercio de emisiones.

    5. Creación de instrumentos de financiamiento para proyectos de hidrógeno verde y nuevas tecnologías

    La industria del hidrógeno verde y derivados representa una ventana de oportunidad para la transformación económica del país y sus regiones, a través de la diversificación productiva y energética. Para que la industria del hidrógeno verde y derivados se desarrolle en Chile, y se logren materializar proyectos de distinta escala, el Estado debe generar condiciones de certidumbre y estabilidad, facilitar su competitividad y apalancar inversiones privadas a través de apoyos financieros desde la política pública, que logren disminuir costos y mitigar riesgos financieros.

    6. Remover las barreras existentes para la adquisición de vehículos eléctricos

    En Chile, el sector transporte, es el sector de mayor crecimiento en sus emisiones, con un notorio incremento sostenido de las ventas de automóviles a combustión. En este contexto, es imperativo generar condiciones que aceleren el despliegue de vehículos eléctrico en los mercados automotrices. La electromovilidad, además, contribuye a una mayor independencia y seguridad energética, aportando a la reducción de importación de combustibles fósiles y aprovechando los recursos renovables propios para la producción de electricidad, los cuales aumentan los beneficios ambientales y económicos.

    7. Reforma integral a la distribución y proyecto de Ley de Sistemas Aislados

    Los eventos climáticos extremos del 2024 han puesto sobre la palestra no solo la necesidad, si no la urgencia de contar con un sistema de distribución eléctrica moderno y capaz de adaptarse al escenario actual de crisis climática. Este ha sido un tema largamente discutido en el sector que debe materializarse para no tener que normalizar el no contar con suministro eléctrico frente episodios climatológicos que serán cada vez más frecuentes.

    En la misma línea, y entendiendo que el acceso a la electricidad y la energía es un derecho humano básico, el proyecto de Ley de Sistemas Aislados debe permitir a los más de 10.000 usuarios a contar con un servicio de calidad, asequible, seguro y bajo en emisiones.

    8. Metodología para incorporar resiliencia en la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP)

    Uno de los mayores desafíos actuales de la adaptación climática es contar con metodologías que permitan cuantificarla, estimar sus costos y beneficios, implementar medidas concretas y, en particular, para el sector energético, incluirla en la planificación, desarrollo de infraestructura y operación de forma costo-efectiva. La PELP proyecta el futuro energético a 30 años, por lo que incorporar escenarios de cambio climático y la resiliencia como uno de sus pilares es fundamental para preparar al sector frente a los desafíos de la crisis climática y, principalmente, sus efectos e impactos negativos.

    9. Cierre de la brecha de electrificación rural

    La seguridad energética y resiliencia son el corazón de la transición energética, siendo atributos fundamentales para un suministro de calidad, que permita a la población satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a los desafíos del cambio climático. En ese sentido, la seguridad en el acceso al suministro eléctrico se plantea como una habilitante para avanzar en la disminución de la pobreza energética, con especial énfasis en los grupos vulnerables.

    10. Piloto de Solución Basada en la Naturaleza en infraestructura crítica energética

    Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son acciones que permiten proteger, gestionar y restaurar ecosistemas, con el fin de abordar el cambio climático o el riesgo de desastres, de manera eficaz y adaptativa. Las experiencias exitosas a nivel internacional de SbN en el sector energía no abundan, sin embargo, es posible avanzar en concretar proyectos que incorporen este enfoque en la infraestructura energética crítica y esta acción busca materializarlo en Chile a través de un proyecto piloto que permita, en el futuro, escalar este tipo de soluciones.

    11. Planes de Adaptación y Resiliencia para Infraestructura Energética

    Reconociendo la importancia de avanzar hacia el establecimiento de metas y objetivos de adaptación a la crisis climática que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada en el sector energía. Lo anterior permite analizar y monitorear constantemente la efectividad de las medidas propuestas que se proponen, a la vez que se pueden llevar a cabo acciones correctivas en caso de ser necesario. La complejidad de este desafío radica, entre otros aspectos, en definir un único indicador para relacionar y medir estos conceptos dada la gran diversidad de tipos de infraestructura, formas de operación y ubicación de ellas, se propone avanzar, junto al sector privado, en planes específicos para afrontar los desafíos, tomando como punto de referencia los casos exitosos en sectores como el sanitario.

    12. Corrección del impuesto a las emisiones en el sector eléctrico

    Una de las particularidades del mecanismo actual, desde la perspectiva del sector eléctrico, es que el impuesto verde no será considerado en la determinación del costo marginal instantáneo de energía, cuando este afecte a la unidad de generación marginal del sistema junto con un mecanismo de compensaciones del pago. Una modificación, sumado a un aumento gradual del valor junto a un mecanismo de protección tarifaria de clientes vulnerables, es indispensable para avanzar hacia una mejor costo-efectividad de los instrumentos de precio al carbono existentes en el país.

    13. Fondo de Acceso a la Energía (FAE) para Pueblos Indígenas

    El FAE es una iniciativa del Ministerio de energía que permite facilitar el acceso a la electricidad en sectores rurales, aislados y/o vulnerables. Actualmente, los pueblos indígenas enfrentan una serie de barreras en la postulación a este fondo, por lo que en el compromiso de avanzar hacia una transición energética justa y abordar a los pueblos, que son un grupo particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, por lo que se propone una versión diferenciada pare ello.

    14. Creación de capacidades para la transición energética resiliente

    En un contexto de transformación productiva hacia una nueva identidad que permita aprovechar las oportunidades de un desarrollo económico sustentable ligado a la energía, resulta fundamental implementar medidas orientadas a dotar al sector energético y sus actores claves de las competencias laborales y capacidades técnicas necesarias para enfrentar los retos de una economía baja en carbono y adaptada a los efectos del cambio climático.

    15. Diseñar e implementar un sistema de comercio de emisiones en el sector energía

    El Ministerio de Energía, con el apoyo del Banco Mundial y su programa Partnership for Market Implementation (PMI) , avanzarán en la implementación y sofisticación de la combinación de instrumentos de precio al carbono, en particular, a través del diseño e implementación de un piloto que, en su primera fase, será voluntario y permitirá aprender de los beneficios del sistema y probar de forma efectiva las oportunidades que entrega para una descarbonización costo-efectiva.

    Resumen ejecutivo

    El Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía contempla un horizonte temporal de corto plazo con miras a alcanzar sus compromisos a 2030, un año que es vital debido a que marca las metas intermedias en el camino hacia los compromisos a 2050, alineados con el Acuerdo de París mediante la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile y el respectivo presupuesto sectorial de carbono para la presente década. Este plan cuenta con cuatro pilares que lo sustentan en su visión técnica y estratégica: 1) Reconversión productiva; 2) Infraestructura resiliente y habilitante; 3) Combustibles de transición; y, 4) Financiamiento para la descarbonización.

    Las medidas de este Plan están divididas en submedidas que permiten desarrollar, de mejor manera, temáticas especiales dentro de un gran objetivo, donde cada submedida cuenta con sus acciones específicas y el detalle requerido de ellas. Esto ha permitido tener un plan más sintético en término de número de medidas, pero sin dejar fuera los temas relevantes que deben ser visibilizados. Así, contempla 13 medidas en total, distribuidas seis de mitigación, cuatro de adaptación y tres de integración/medios de implementación.

    En cuanto a mitigación, se considerando tanto medidas preevaluadas en procesos previos (NDC, ECLP, PELP 2023-2027) así como el levantamiento de medidas complementarias. Así, se simularon y evaluaron 20 submedidas de mitigación en las cuales el Ministerio de Energía tiene un rol de autoridad responsable o coadyuvante, las que fueron agrupadas en las seis medidas. Con esto, se espera un presupuesto de emisiones para el sector durante la década de 264,2 Mt CO2eq, valor 2,8% menor a las 271,8 Mt CO2eq, presupuesto asignado al Ministerio de Energía en la ECLP. La mitigación total esperada de las medidas se encuentra en torno a las 47,2 Mt CO2eq para el periodo 2020-2030, siendo el Ministerio de Energía responsable de un 85,5% de ellas, totalizando así 40,3 Mt CO2eq, a lo que se le suma las emisiones por concepto de coadyuvante, que significa, en total, 1,9 Mt CO2eq mayor que el esfuerzo indicativo de mitigación al 2030 establecido en la ECLP para el Ministerio de Energía. Este margen positivo reduce el riesgo de no cumplimiento del presupuesto asignado en caso de que alguna las medidas o acciones no puedan ser implementadas de forma efectiva. El esfuerzo de mitigación del sector se explica principalmente por la medida "Descarbonización de la Matriz Eléctrica" (M1), que explica alrededor de la mitad de las reducciones esperadas en el periodo del Plan.

    En términos del nivel de costo-efectividad de las medidas, se estimaron los costos OPEX y CAPEX de cada submedida, lo que permitió obtener los costos de abatimiento asociados, cuyo promedio del total de medidas está entre -146 y -178 USD/tCO2eq, es decir el paquete de medidas es costo efectivo. A un costo de abatimiento en torno a los 20 USD/tCO2, la medida M1 es fundamental en el cumplimiento de la meta sectorial.

    Respecto a las medidas de adaptación, estas se basan en las necesidades derivadas de los principales riesgos climáticos que enfrenta el sector, donde estos han sido identificados para los segmentos del sector, tanto en electricidad como en combustibles: la generación eléctrica, afectada principalmente por las variaciones de temperatura, sequía, eventos hidrometeorológicos extremos y variabilidad climática; la transmisión y distribución eléctrica, impactada principalmente por el aumento de temperatura, impactos ambientales y aluviones; la demanda energética, que se ve afecta por los cambios en los patrones de consumo por efectos del cambio climático, el acceso a la energía y la pobreza energética; y los puertos e infraestructura de combustibles, que sufre las consecuencias de marejadas, aumento del nivel del mar, eventos hidrometeorológicos extremos. Así, las medidas de adaptación se centran en la actualización de la regulación energética para incorporar criterios de resiliencia y adaptación climática como habilitante de su inclusión efectiva, el desarrollo de metodologías para los diferentes procesos de la planificación, operación e infraestructura del sector con el fin de cuantificar e internalizar los costos y beneficios de un sistema más resiliencia de forma costo-efectiva y garantizando los menores impactos a las tarifas y estabilidad regulatoria, la caracterización de la exposición climática y vulnerabilidad de la infraestructura crítica en un contexto de crisis climática y, finalmente, el cierre de la brecha de electrificación rural, garantizando un servicio energético de calidad con especial foco en grupos vulnerables. Ello decanta en cuatro medidas con 11 submedidas, donde se han priorizado en cuanto a urgencia, es decir, su grado de importancia en cuanto a la habilitación de otras acciones (por ejemplo, cambios regulatorios) y costo-efectividad, dado que son priorizadas en la ejecución aquellas sin costo adicional o que ya cuentan con fuente financiamiento.

    Finalmente, respecto a las medidas de integración/medios de implementación contiene aquellas acciones que son una sinergia entre adaptación y mitigación o abordar otros aspectos del cambio climático. Así, se ha diseñado una medida que incluye los tres medios de implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (desarrollo de capacidades, transferencia tecnológica y financiamiento) con foco en fortalecer la implementación del presente Plan. También se incluye una medida enfocada en instrumentos de precio al carbono con foco en la implementación o impulso a los instrumentos como una forma de alcanzar las metas de reducción de emisiones de forma costo-efectiva y generar ingresos para ello. La última medida aborda los desafíos de un grupo vulnerable particular, los pueblos indígenas, en el contexto de transición energética y ha sido co-construida a través de un proceso participativo diferenciado.

    RESUMEN – MEDIDAS Y SUBMEDIDAS POR EJE

    Índice

    1. INTRODUCCIÓN

    2. CONTEXTO

    2.1 CONTEXTO GLOBAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

    2.2 CONTEXTO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

    2.3 DEFINICIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA DESARROLLO ENERGÉTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO

    2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA

    2.4.1. Subsector eléctrico

    2.4.2. Subsector combustibles

    2.5 PROCESOS PARTICIPATIVOS DEL PLAN

    3. DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

    3.1 ANÁLISIS SECTORIAL DE EMISIONES

    3.1.1 Inventario de emisiones del sector energía

    3.1.2 Asignación sectorial de emisiones bajo la ECLP

    3.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS

    3.2.1 Subsector eléctrico

    3.2.2 Subsector combustibles

    3.2.2 Demanda energética

    3.3 EVALUACIÓN DEL PLAN PRECEDENTE

    3.1 ANÁLISIS SECTORIAL DE EMISIONES

    3.1.1 Inventario de emisiones del sector energía

    3.1.2 Asignación sectorial de emisiones bajo la ECLP

    3.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS

    3.2.1 Subsector eléctrico

    3.2.2 Subsector combustibles

    3.2.2 Demanda energética

    3.3 EVALUACIÓN DEL PLAN PRECEDENTE

    4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

    4.1 PLANIFICACIÓN OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR ENERGÍA EN LA ECLP

    4.2 PILARES ESTRETÉGICOS DEL PLAN

    4.3 DESPLIEGUE TERRITORIAL COMO ELEMENTO CLAVE

    5. PROPUESTA DE MEDIDAS POR EJE

    5.1 EJE MITIGACIÓN

    5.1.1. Análisis prospectivo de GEI

    5.1.2. Curva de Costos de Abatimiento

    5.1.2. Fichas medidas de mitigación

    5.1.3. Cronograma de implementación

    5.2 EJE ADAPTACIÓN

    5.2.1. Fichas medidas de adaptación

    5.2.2. Cronograma de implementación

    5.3 EJE INTEGRACIÓN Y/O MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN

    5.3.1. Componente de integración

    5.3.2. Medios de implementación

    5.3.3. Fichas medidas de integración y/o medios de implementación

    5.3.2. Cronograma de implementación

    5.4 MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN MEDIDAS

    6. ARREGLOS INSTITUCIONALES

    6.1 GOBERNANZA DEL PLAN

    6.2 ARREGLOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN

    6.3 ARREGLOS INTERINSTITUCIONALES

    7. ENFOQUE TERRITORIAL Y RECOMENDACIONES

    8. CONTENIDOS FINALES

    8.1 ÍNDICE DE FIGURAS

    8.2 ÍNDICE DE TABLAS

    8.3 GLOSARIO

    8.4 ACRÓNIMOS

    8.5 BIBLIOGRAFÍA

    8.7 ANEXO

    8.7.1. Fichas coadyuvantes Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio Climático

    8.7.2. Asignación de responsabilidades en las medidas de mitigación lideradas por energía

    8.7.3. Resumen de la mitigación esperada, costos CAPEX y OPEX y costos de abatimiento a nivel de submedida

    8.7.4. Responsables y coadyuvantes a las medidas de adaptación, mitigación y medios de implementación, del PSMyA

    INTRODUCCIÓN

    El Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Energía (en adelante, el Plan) es un instrumento de gestión climática mandatado por la Ley 21.455 o Ley Marco de Cambio Climático (LMCC). Al alero de ella, es un plan vinculante –a cargo del Ministerio de Energía– que establece el conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático y aumentar la resiliencia climática del sector, a la vez que se reducen o absorben Gases de Efecto Invernadero (GEI), de manera de no sobrepasar el presupuesto sectorial de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), de acuerdo con el mandato establecido en la referida ley.

    Los Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio Climático (PSM) son los instrumentos de gestión del cambio climático que establecen el conjunto de acciones y medidas que deberá elaborar cada autoridad sectorial para reducir emisiones o absorber gases de efecto invernadero, de manera de no sobrepasar su presupuesto sectorial de emisiones asignado a éstas en la ECLP. El Ministerio de Energía (MEN) tiene asignado un presupuesto sectorial de emisiones de 268 millones de toneladas de carbono equivalente (MtCO2eq) para el periodo 2020-2030, y, para no sobrepasar dicho volumen de emisiones, tiene asignado un esfuerzo de mitigación 1 de 39 MtCO2eq (MMA, 2021). El MEN tiene a cargo el 70% del esfuerzo de mitigación de emisiones del país necesarios para no sobrepasar el presupuesto de carbono nacional comprometido en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (MMA, 2022).

    En tanto, los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático (PSA) son los instrumentos de gestión del cambio climático que establecen el conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores, sistemas humanos o naturales con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática, de conformidad con los objetivos y las metas de adaptación definidas en la ECLP.

    El rol del sector energético es clave y protagónico para conseguir los objetivos de Chile, vinculantes a través de la LMCC, de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de GEI al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Actualmente, el sector es el responsable del 75% de emisiones de GEI a nivel nacional, pero también concentra los mayores esfuerzos de mitigación y las principales alternativas de descarbonización de la economía nacional. Asimismo, es uno de los pilares del desarrollo económico y las actividades productivas del país, por lo que la descarbonización del sector significa avanzar hacia un desarrollo sostenible, basado en un equilibrio armónico entre la economía, el territorio, el medio ambiente y la sociedad. Descarbonizar la economía nacional debe ser sinónimo de mantener la competitividad, a través de la implementación de medidas que sean costo-efectivas, que mantengan y potencien el rol del sector energético como uno de los principales motores de la economía del país.

    Lo anterior implica un proceso de transición energética que, a consecuencia del cambio tecnológico, requerirá de un desarrollo relevante en materia de infraestructura, especialmente aquella esencial y estratégica para habilitar este proceso, lo que a su vez conlleva un desafío importante en despliegue e inserción territorial, sin lo cual no es factible el cumplimiento del mandato de la Ley Marco de Cambio Climático, tanto por el sector energético como por el país, dado su participación predominante en las emisiones GEI a nivel nacional. Este es el mayor y principal desafío del que se debe hacer cargo el Plan, así como ya está siendo plasmado en otros instrumentos sectoriales del Ministerio de Energía, tales como la Política Energética Nacional, el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, la Estrategia Nacional de Electromovilidad, y el Plan de Descarbonización, entre otros, todos ellos que en conjunto y al alero del Plan establecen una hoja de ruta para abordar la dimensión territorial de la transición energética. Precisamente, será el Plan de Descarbonización el cual profundizará en las medidas habilitantes para alcanzar un sistema eléctrico bajo en emisiones, y determinará las acciones que deben tomarse junto con el Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones, para enfrentar el desafío de la transición y dotar de mayor racionalización y eficacia a los procedimientos y permisos aplicables al sector (2) , de manera complementaria con otros instrumentos del Estado como la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.

___________________

(1) Los esfuerzos de mitigación son la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se deben reducir para no

superar el presupuesto sectorial de emisiones. Cabe mencionar que estos esfuerzos de mitigación son indicativos, pero son

necesarios para poder cuantificar si es que las medidas de mitigación de los PSM son las necesarias para no sobrepasar el

presupuesto de emisiones.

   

    Es fundamental avanzar en la comprensión de que las energías renovables y limpias, junto con la infraestructura de transporte asociada, vectores energéticos como el hidrógeno verde y sus derivados, y tecnologías de captura de emisiones, entre otras que existen o puedan surgir, son un medio claro para el cumplimiento de las metas y compromisos climáticos no solo del sector, si no que de Chile. La coordinación será fundamental tanto para aunar esfuerzos en esta dirección como para asumir tareas sectoriales que apunten a dicho objetivo. A su vez, se releva la necesidad de continuar avanzando en una planificación y gestión energética con enfoque territorial y de naturaleza estratégica que identifique y promueva de manera concreta el emplazamiento de la infraestructura energética que requiere el país para avanzar con el mandato legal de la LMCC y la decisión consensuada hacia un desarrollo sostenible, emplazando generación de energía renovable, líneas de transmisión, almacenamiento energético y otras infraestructuras habilitantes necesarias para cumplir con el desafío.

    En esta primera versión del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Energía, se contempla un horizonte temporal de corto plazo con miras a alcanzar sus compromisos al 2030, un año que es vital debido a que marca las metas intermedias en el camino hacia los compromisos al 2050, alineados con el Acuerdo de París mediante la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile y el respectivo presupuesto sectorial de carbono para la presente década. Este plan cuenta con cuatro pilares que lo sustentan en su visión técnica y estratégica:

    . Reconversión productiva: transición energética como uno de los pilares hacia un desarrollo sostenible, con énfasis en la promoción de industria no contaminante.

    . Infraestructura resiliente y habilitante: reconocimiento del rol fundamental y crítico que desempeñan tecnologías e infraestructuras que son necesarias para alcanzar las metas de carbono neutralidad y resiliencia climática.

    . Combustibles de transición: rol que pueden cumplir algunos energéticos, como los combustibles renovables, biocombustibles o combustibles mixtos, en la disminución de emisiones y fortalecimiento de la seguridad del sistema energético con miras al 2030, dada su rápida adopción.

    . Financiamiento para la descarbonización: urgencia de asegurar el financiamiento de las nuevas inversiones a través de un mix robusto.

    Estos pilares permiten alinear los desafíos más actualizados del sector energético con los objetivos y metas del sector que fueron anteriormente comprometidos en la ECLP del 2021, y de los cuales se debe hacer cargo este Plan (3) .

    Figura 1: Objetivos del sector en ergía establecidos dentro de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y su vínculo con los pilares de energía dentro del Plan.

    Fuente: Ministerio de Energía.

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(2) El Plan de Descarbonización define el conjunto de medidas habilitantes que permitirán prescindir del carbón en la matriz

eléctrica, materializando el acuerdo voluntario firmado entre las empresas propietarias de centrales a carbón y el Estado de

Chile, en pleno desarrollo, que promueve el retiro y reconversión de las unidades de generación a carbón. Más información

en https://energia.gob.cl/panel/plan-de-descarbonizacion

(3) Mayor detalle respecto de los objetivos y metas sectoriales de la ECLP, así como la definición de los pilares propuestos,

se encuentra en el capítulo 4.2

    2.1 CONTEXTO GLOBAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

    El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental y una de las principales para la seguridad global. Su origen reside en el calentamiento progresivo del planeta, producto de la acumulación excesiva de GEI y otros forzantes climáticos en la atmósfera, provenientes de actividades productivas desarrolladas por el ser humano, especialmente la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Si bien el cambio climático suele asociarse justamente a estas temperaturas más cálidas, lo cierto es que sus consecuencias son mucho más amplias y complejas. Estos cambios se traducen en una amplia gama de impactos, desde escasez hídrica o sequías con lluvias extremas y aluviones, pasando por el derretimiento de polos y glaciares junto a un aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, hasta la intensificación de eventos meteorológicos extremos.

    En este sentido, la ciencia, a través del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), ha determinado que, para reducir estos impactos, se requieren "reducciones de emisiones ambiciosas" y "cambios rápidos, profundos y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad". Aquí radica la importancia de la mitigación de GEI para detener el aumento de la temperatura promedio mundial, y la adaptación climática para abordar los impactos y consecuencias negativas de los sistemas naturales y humanos. Una respuesta a ello es el Acuerdo de París, que determina las diferentes metas mundiales para abordar el desafío del cambio climático y, particularmente, limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. En lo concreto para Chile, esto significa que las emisiones de GEI necesitarán disminuir en aproximadamente un 45% (respecto a niveles 2010) para 2030, logrando carbono neutralidad al 2050, meta que el país ha establecido de forma vinculante a través de su Ley Marco de Cambio Climático (LMCC o Ley N° 21.455).

    Asimismo, la transición energética, a escala mundial y nacional, es crucial en este camino y co nstituye un reto significativo para el sector en las próximas décadas. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que será necesario triplicar globalmente la capacidad de generación renovable (aproximadamente 11.000 GW) y duplicar la tasa anual mundial de mejora de la eficiencia energética (de 2% a 4 % anualmente) al 2030, lo que se traduce en un desafío en todos los sectores económicos, puesto que ninguno de ellos es ajeno a los impactos de la crisis climática (IEA, 2024).

    2.2 CONTEXTO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

    Consciente de que el cambio climático constituye uno de los principales desafíos del presente siglo, el país ha generado un marco regulatorio y de política pública integrado que da sustento a las metas comprometidas en esta materia. La LMCC refuerza la institucionalidad en materia de cambio climático y crea o ratifica una serie de instrumentos de gestión climática para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, entre ellos, los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Al incorporar en la Ley instrumentos como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) o la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), dota de un carácter vinculante a sus metas, medidas y compromisos.

    Los Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio Climático (PSM) son los instrumentos de gestión del cambio climático que establecen el conjunto de acciones y medidas que deberá elaborar cada autoridad sectorial para reducir emisiones o absorber GEI, de manera de no sobrepasar su presupuesto sectorial de emisiones asignado a éstas en la ECLP, que en el caso del Ministerio de Energía equivale a 268 millones de toneladas de carbono equivalente (MtCO2eq) para el periodo 2020-2030, y para no sobrepasar dicho volumen de emisiones se estima debe realizar un esfuerzo de mitigación (4) de 39 MtCO2eq (ECLP, 2021). Por tanto, el Ministerio de Energía tiene a cargo el 70% del esfuerzo de mitigación de emisiones del país necesarios para no sobrepasar el presupuesto de carbono nacional comprometido en la NDC.

    En tanto, los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático (PSA) son los instrumentos de gestión del cambio climático que establecen el conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores, sistemas humanos o naturales con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática, de conformidad con los objetivos y las metas de adaptación definidas en la ECLP.

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(4) Los esfuerzos de mitigación son la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se deben reducir para no

superar el presupuesto sectorial de emisiones. Cabe mencionar que estos esfuerzos de mitigación son indicativos, pero son

necesarios para poder cuantificar si es que las medidas de mitigación de los PSM son las necesarias para no sobrepasar el

presupuesto de emisiones.

    Figura 2: Instrumentos de Gestión al Cambio Climático dentro de la LMCC

    Fuente: Ministerio de Medio Ambiente .

    2.3 DEFINICIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA DESARROLLO ENERGÉTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO

    El Ministerio de Energía ha generado diversos instrumentos de política pública en los que ha incorporado la problemática del cambio climático, dada la relación intrínseca que existe entre el desarrollo energético y las acciones para abordarlo, cimentando así una visión sectorial de largo plazo a través de políticas de Estado.

    El instrumento insigne y orientador para el desarrollo del sector es la Política Energética Nacional (PEN) (5) , construida a través de un proceso participativo amplio donde confluyen las preocupaciones e intereses de distintos tipos de actores, definiendo así una visión común de desarrollo energético de cara al futuro. La PEN considera la temática del cambio climático como un elemento crucial para la transición energética al instaurar como uno de sus propósitos el ser "protagonistas de la ambición climática" mediante un liderazgo en la transición energética para alcanzar un desarrollo sustentable y superar la crisis climática. En equilibrio con este propósito, la PEN propone otros objetivos y acciones habilitantes para lograr un desarrollo energético sustentable, eficiente, inclusivo, resiliente, accesible y respetuoso de los derechos humanos y de la diversidad de culturas de nuestro territorio. Al alero de la Política Energética Nacional y en línea con el cumplimiento de sus objetivos, se han desarrollado distintos planes y estrategias que contribuyen a las metas climáticas sectoriales (6) . Entre ellos, destacan los siguientes:

    Acuerdo público-privado de retiro y/o reconversión de centrales a carbón: En 2019, se materializó un acuerdo de origen voluntario entre el Gobierno de Chile y las empresas Enel Generación Chile S.A., GasAtacama Chile S.A., ENGIE Energía Chile S.A., Colbún S.A. y AES GENER S.A., en el cual se estableció: (i) que no se iniciarían nuevos proyectos de generación a carbón en el país que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono, (ii) término de uso de carbón al 2040 mediante el cierre y/o reconversión gradual de las centrales actualmente en operación, y (iii) cronograma inicial de las primeras 8 plantas en cerrar en los primeros 5 años del acuerdo. Esta corresponde a una de las medidas más importantes en Chile para gatillar la descarbonización tanto del sector energético como de los distintos sectores que utilizan electricidad en sus consumos, siendo uno de los principales avances a la fecha y demostrando el compromiso del sector privado, así como la colaboración con el Estado. Para continuar materializando este acuerdo, se deben establecer las condiciones habilitantes que permitan prescindir del carbón sin afectar la seguridad y calidad del sistema eléctrico, lo cual se está discutiendo a través del plan de descarbonización explicado a continuación.

    Ley N° 20.257 que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de Energías Renovables No Convencionales: promulgada en 2008 establece que las generadoras de energía convencional con una capacidad instalada superior a 200 MW deben acreditar que un 10% de esa energía proviene de ERNC o centrales hidroeléctricas, incluyendo un cargo de 0,4 Unidad Tributaria Mensual (UTM) por cada MWh de incumplimiento.

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(5) Disponible en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pen_2050_-_actualizado_marzo_2022_0.pdf

(6) Asimismo, existen cuerpos normativos en vigor como lo son la Ley de Eficiencia Energética y la Ley de Almacenamiento

de Energía Eléctrica y Electromovilidad, y proyectos de ley como el de Impulso a las Energías Renovables en la Matriz Eléctrica y el de Transición Energética, que tendrán un impacto directo en el cumplimiento de las metas de carbono

neutralidad.

    Plan de Descarbonización : En consulta ciudadana a noviembre de 2024, tiene por objetivo habilitar las condiciones en el sistema eléctrico para prescindir del carbón lo antes posible, teniendo en cuenta atributos como seguridad y calidad de suministro, sustentabilidad y reducción de emisiones de contaminantes globales y locales, y eficiencia en los mercados asociados que repercutan en bajos costos y competitividad para usuarios finales de la energía eléctrica. El plan contempla medidas como el retiro o reconversión de centrales a carbón, nueva generación con energía renovable o de bajas emisiones, mejoras en transmisión eléctrica existente y construcción de nuevas líneas, almacenamiento, pilotaje de nuevas tecnologías, e inserción territorial de las nuevas inversiones, entre otras, integrando los desafíos que supone la transición y la necesidad de dotar de mayor racionalización y eficacia a los procedimientos y permisos aplicables al sector para este compromiso.

    Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030: publicado en 2024, reconoce el rol sustancial que el hidrógeno verde y sus derivados tendrá en la descarbonización de la economía nacional y en alcanzar la meta de carbono neutralidad del país. Para ello, establece una hoja de ruta para esta década que permita el despliegue de una industria sostenible del hidrógeno verde, sus derivados y toda su cadena de valor e identifica líneas de acción, metas e hitos a alcanzar en este periodo, que incluyen instalación de infraestructura para la producción y distribución de hidrógeno verde y derivados, el impulso de proyectos piloto en distintos sectores como el transporte, la industria y la generación de energía, y la creación de un marco regulatorio y de incentivos para promover la adopción de tecnologías de hidrógeno verde.

    Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026: proporciona un marco estratégico para el desarrollo de la eficiencia energética a fin de materializar el potencial de ahorro energético que permita alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. El Plan compromete metas de reducción de la intensidad energética para corto, mediano y largo plazo, y ha definido un conjunto de medidas en sectores productivos, transporte, edificaciones y ciudadanía para cumplirlas. Entre estas, se encuentra la implementación de sistemas de gestión de energía, la promoción de la electrificación de usos térmicos y motrices en la industria y minería; el establecimiento de estándares de eficiencia energética para vehículos, y el impulso a la renovación energética y reacondicionamiento térmico de edificaciones.

    Estrategia Nacional de Electromovilidad: promueve la adopción y desarrollo de vehículos eléctricos en el país. La estrategia tiene como objetivo principal fomentar la movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Contempla medidas tales como incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructura de carga a lo largo de todo el país, la promoción de flotas de vehículos eléctricos en el sector público y privado, y el impulso de la investigación y desarrollo en tecnologías relacionadas con la electromovilidad.

    Ley N° 21.499 que regula los Biocombustibles Sólidos: tiene como objetivo regular la calidad de los biocombustibles sólidos (BCS), tales como la leña, el pellet, las briquetas y el carbón vegetal que se produzcan, transporten y comercialicen en Chile, de manera que cumplan con especificaciones mínimas de calidad obligatorias, que permitan una combustión eficiente, y que disminuya el riesgo para la salud y la seguridad de las personas. Junto con ello busca avanzar en la formalización del mercado de la leña mediante registros de actores del mercado, todo ello respetando y fomentando el autoconsumo de leña, los usos tradicionales de leña por parte de comunidades indígenas y focalizando fomento a la actividad de pequeños productores de biocombustibles. La ley mandata que, cada cinco años, el Ministerio elaborará un Plan Nacional para la Modernización del Mercado de los Biocombustibles Sólidos, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y las instituciones y organismos competentes.

    Estrategia de Adaptación del Sector Energía a la Crisis Climática: está en etapa de edición final. Su objetivo es tener una hoja de ruta hacia 2050 que oriente y materialice las transformaciones requeridas en el sector energía para que este pueda anticipar, resistir, absorber, adaptar y recuperarse de los efectos de la crisis climática. Cuenta con 17 metas divididas en seis ámbitos de acción (enfoque regional y local, enfoque técnico, incentivos e instrumentos económicos e instrumentos, políticas y regulación, coordinación multinivel y empoderamiento) y seis enfoques transversales (género, derechos humanos, gobernanza, divulgación y educación, cooperación internacional y financiamiento).

    Hoja de Ruta de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF): tiene por objeto aportar a la descarbonización del transporte aéreo, proponiendo como meta para el 2050 que los SAF representen el 50% del uso de combustible utilizado en la aviación nacional e internacional de Chile. Esta meta asume los compromisos internacionales en materia climática y se vincula fuertemente a otras políticas nacionales, como la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), la Política Energética Nacional (PEN), la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, y otras que aportan al proceso de descarbonización del transporte aéreo en Chile. También, sentará las bases para que Chile avance en la independencia energética, potencie el desarrollo productivo local y sostenible, y genere una industria del SAF pionera en la región.

    2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA

    El sector energía comprende todos los sectores de consumo y segmentos de la cadena de valor de la oferta de la energía. Los principales sectores de consumo final incluyen los hogares, el transporte, el comercio, la industria y la minería. Por su parte, la oferta del sector energético distingue entre el suministro de energía eléctrica y de combustibles. Según el Balance Nacional de Energía (BNE) de 2022, la matriz de energía primaria alcanzó casi 328 mil Tcal. De este consumo, el 60% corresponde a combustibles fósiles y 40% a fuentes renovables, mientras que el consumo total de Chile alcanzó casi las 607 mil Tcal.

    Chile importa el 98% del petróleo crudo utilizado para producir derivados de petróleo en las refinerías de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y el 61% de los derivados de petróleo que se consumen tanto en los sectores de consumo final como en los centros de transformación, el resto de estos se produce con petróleo crudo cuyo origen es principalmente externo. Así, casi la totalidad del petróleo consumido en el país proviene del extranjero. En el caso del gas natural, las importaciones representan alrededor de 80%. En 2022 el consumo final alcanzó casi 328 mil teracalorías, dominando en los sectores de demanda final los derivados de petróleo, biomasa y electricidad que en conjunto representan casi el 92% del consumo. 

    Los sectores industria y minería (38%) y el sector transporte (34%) representan los principales consumos de demanda final. Le siguen en participación los sectores comerciales, público, sanitario y residencial (24%). El consumo en empresas de generación de energía y refinerías de petróleo, por su parte, representan el 4% (Ministerio de Energía, 2022). La desagregación de ello se presenta a continuación y releva los desafíos respecto a la meta de carbono neutralidad, en cuanto presentan la relevancia de medidas asociadas a la electromovilidad, electrificación y uso de combustibles bajos en emisione s.

    Figura 3: Participación de energéticos en los principales sectores de consumo final, año 2022.

    Fuente: BNE, 2022.

    2.4.1. Subsector eléctrico

    La legislación eléctrica actual en Chile establece un marco en el que el mercado eléctrico es operado por empresas privadas encargadas de la generación y comercialización de la energía eléctrica. Existen tres segmentos de actividad: generación, transmisión y distribución de electricidad (7) .

    El sector de la generación de energía permite libre entrada de oferta de energía, mediante su producción a través de distintas tecnologías, siempre y cuando se adhieran a la normativa existente. La transmisión de la energía producida a los distintos puntos de demanda, en largas distancias, es gracias a instalaciones de transmisión, cuya planificación es un proceso que consta de varias etapas, en las cuales participan el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Luego, se proyectan y licitan obras de transmisión que posteriormente son construidas por la empresa privada. En cuanto al segmento distribución, se encarga de distribuir, en niveles de voltaje más reducidos que los de transmisión, la energía desde un determinado punto del sistema eléctrico a los consumidores regulados que este sector atiende. Estas actividades son llevadas a cabo íntegramente por empresas privadas, que realizan las inversiones requeridas conforme a la normativa específica aplicable a cada sector. De esta manera, los sectores de transmisión y distribución operan dentro de un marco regulado debido a su naturaleza monopólica, mientras que el sector de generación funciona bajo principios de libre competencia.

    En Chile, el mercado eléctrico de generación se compone del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 10 Sistemas Medianos agrupados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y más de 100 sistemas aislados distribuidos en 11 regiones del país. El SEN cubre una extensión geográfica que abarca desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la Isla Grande de Chiloé extendiéndose por más de 3. 100 km. La c apacidad instalada del SEN representa m ás del 99% del total nacional y abastece al 98,5% de la población del país. En el SEN, existen más de 38.403 km de líneas de transmisión (CEN, 2024).

    Los avances del subsector en cuanto a descarbonización han sido acelerados en los últimos años, a diciembre de 2024, de las 28 unidades a carbón equivalentes a 5,5 GW existentes a inicios de 2019, se ha retirado 11 unidades por un total de 1,7 GW, y se estima que al 2026 existirán otras 9 unidades disponibles para retiro o reconversión por un total de 2,2 GW. Esto evidencia un compromiso transversal del sector y sus empresas para dar cumplimiento a las metas propuestas.

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(7) La actual Ley General de Servicios Eléctricos en Chile (DFL 4) no contempla que un agente externo al mercado eléctrico,

sin activos de generación y distinto a la empresa distribuidora, pueda encargarse de la comercialización de la energía eléctrica. Esto significa que las empresas generadoras pueden actuar simultáneamente como productoras y comercializadoras,

permitiendo transacciones entre generadores, empresas de generación y distribución, empresas de generación y clientes

libres, y empresas de distribución y clientes finales (regulados y libres).

    Por otro lado, los Sistemas Eléctricos Medianos de Los Lagos, Aysén y Magallanes, se componen de la agrupación de una serie de Sistemas Medianos de cada región, que la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) define como sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación es inferior a 200 MW y superior a 1.500 kilowatts. El Sistema Mediano de Los Lagos agrupa los sistemas medianos de las comunas de Hornopirén y Cochamó sumando una potencia instalada de 10,5 MW, asociada a generación de Petróleo Diésel con un 77%, e Hidráulica con un 23%. El Sistema Mediano de la Región de Aysén se caracteriza por agrupar los Sistemas Medianos de las comunas de Aysén, General Carrera y Palena, con una capacidad instalada de 74 MW, asociada a generación mediante Petróleo Diesel (59%), Mini-Hidro (35%), Solar (4%) y Eólica (2%), respectivamente. Análogamente, el Sistema Mediano de la región de Magallanes, corresponde a la agrupación de los Sistemas Medianos de Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams, con una capacidad instalada de 129 M W, concentrada principalmente en unidades que operan con Gas Natural (77%), Petróleo Diesel (14%) y Eólica (9%), respectivamente (CEN, 2024).

    En cuanto a los 109 sistemas aislados, estos abastecen a más de 10.000 usuarios en Chile y la mayor parte de dichos sistemas tiene una capacidad instalada de generación menor a 500 kW, de los cuales el 65% presenta capacidades menores a 100 kW. Casi en su totalidad corresponden a sistemas de generación en base a combustible diésel que entregan suministro permanente a solo el 83% de sus usuarios, y donde el 17% restante cuenta con electricidad precaria, ineficiente, parcial entre 2 y 18 horas al día, y de baja calidad. Las dificultades y brechas que enfrentan estos sistemas en cuanto a tarifas y calidad de servicio eléctrico entregado no han sido resueltas por la regulación vigente, derivando en características disímiles entre ellos, altos costos de suministro, importantes niveles de precariedad en la operación, y una alta dependencia a los subsidios estatales tanto para el financiamiento de la infraestructura como para la operación. Por otra parte, el costo de la energía para usuarios finales es mucho mayor que el costo promedio en el SEN, con precios que pueden ser hasta 25 veces mayores, dada la operación en zonas extremas y aisladas, la baja cantidad de usuarios y una menguada demanda energética.

    A julio de 2024, la capacidad instalada neta de generación eléctrica alcanza los 33.308,75 MW 9 , donde aproximadamente el 65% de la capacidad instalada neta corresponde a energías renovables y el 35% restante a fuentes térmicas convencionales (CEN, 2024). De estas cifras, 33.106 MW corresponden al SEN, es decir un 99,4% del total de capacidad neta. La capacidad instalada neta de generación restante se encuentra distribuida entre los Sistemas Eléctrico de Aysén (0,2%) y el Sistema Eléctrico de Magallanes (0,4%). En 2023, la generación anual fue de 83.637 GWh registrándose una demanda máxima anual de 11.549 MW (CEN, 2024).

    Figura 4: Composición de la capacidad instalada de generación eléctrica (SEN) a julio de 2024.

    Fuente: Comisión Nacional de Energía, 2024. Datos: Energía Abierta. Fecha obtención datos: 24/07/24.

    2.4.2. Subsector combustibles

    El sector combustible puede dividirse en tres segmentos: los combustibles líquidos (gasolinas automotrices y de aviación, kerosene doméstico y de aviación, petróleo diésel, petróleos combustibles y GLP), combustibles gaseosos (gas natural) y los combustibles fósiles sólidos (como el carbón) o biocombustibles sólidos (como la leña certificada, la biomasa, pellet, entre otros).

    Nacionalmente la gasolina automotriz, el petróleo diésel, el kerosene, el kerosene de aviación, los petróleos combustibles y el gas licuado representan la principal energía consumida, representando el 51% del consumo final de la matriz energética secundaria (BNE, 2022), mientras que los derivados del petróleo en su conjunto representan un 55,7%. Solo el petróleo diésel explica el 28,5% del consumo final de energía, la gasolina el 12,7% y el gas licuado de petróleo (GLP) el 5,6%. A nivel de consumo sectorial, los combustibles representan el 98% del consumo del sector transporte, el 31% del sector industria y minas y un 25% del sector residencial-comercial. Chile es principalmente un importador de combustibles, dado que 82% del GLP proviene del exterior, lo que también ocurre para un 77% del petróleo diésel, para un 51% del kerosene de aviación y para un 41% la gasolina. La importación de combustibles líquidos se realiza por naves del tipo Handy (8) y la distribución al interior del país se realiza a través de cabotaje marítimo, oleoductos y camiones. El país cuenta con 26 terminales marítimos, de los cuales 20 son privados y 6 pertenecen a ENAP (9) .

    La capacidad de almacenamiento de combustibles a nivel nacional es del orden 2,2 MM m 3 , de dicha capacidad de almacenamiento, los combustibles líquidos tienen una participación de 81% (1,8 MM de m3) y el GLP con un 19% (423 mil m 3 ). De los combustibles líquidos, el diésel es aquel combustible 178 que tiene mayor capacidad, 906 mil m3 (50%) seguido por gasolina automotriz con 473 mil m3 (26,1%), petróleo combustible con 192 mil m3 (10,6%), kerosene de aviación con 201 mil m 3 (11,1%), kerosene doméstico con 35,6 mil m3 (2,0%) y gasolina de aviación con 5,7 mil m3 (0,3%) (10).

    En cuanto al GLP, Chile es un país es importador y exportador de este combustible. Como se señaló, el 82% del consumo final de GLP es importado. Pero a su vez, por las barreras de logística y de calidad del producto para comercializar en el país, el 55% del GLP producido en Chile se exporta. El mercado de GLP se divide entre el negocio de envasado y de granel. El primero representa el 61% del consumo de este combustible, y sus canales de distribución son venta directa, subdistribuidores y operadores. El mercado de granel, que representa el 39% del consumo de GLP, solo usa la venta directa tanto para los clientes con tanques como aquellos conectados a una red de distribución no concesionada con marcadores individuales.

    En Chile, los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los residuos forestales, aportan a través de la biomasa forestal un 26,4% de participación en la matriz primaria de energía (BNE, 2022). Estos combustibles se utilizan para calefacción, cocción de alimentos y una serie de otros usos, en los sectores residencial, industrial, comercial y público. Del total aportado por la biomasa forestal, un 54% se destina a usos térmicos (industriales y residenciales) y 46% a la generación eléctrica en centros industriales para autoconsumo (SEN) (CONAF, 2023).

    La leña representa el 40% del consumo energético residencial a nivel nacional (MEN, InData, 2019). Dos millones de viviendas entre Rancagua y Aysén, es decir, un 72%, usan leña. Estos altos consumos de leña se encuentran entre los más elevados del mundo. El pellet es un biocombustible sólido cuyo uso en el sector residencial en Chile ha sido promovido mediante programas de fomento estatales como parte de los esfuerzos por desplazar el uso de artefactos de combustión de baja eficiencia y además desplazar el uso de leña de baja calidad (en su mayoría húmeda), principal causa de contaminación del aire por material particulado fino (MP 2,5) en la macrozona centro sur del país (MEN, 2023).

    Por otra parte, el hidrógeno verde y sus derivados se han presentado como una oportunidad para transformar a Chile en uno de los principales exportadores de energía limpia a nivel global, permitiendo la creación de puestos de trabajo y nuevas inversiones. Como se ha mencionado anteriormente, existen una serie de políticas e instrumentos que han buscado su impulso, así como el desarrollo de la normativa necesaria para ella.

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(8) Los buques Handy/Handymax son los barcos usados tradicionalmente para carga seca y de menos de 60.000 TPM. Un Handymax mide normalmente entre 150-200 m de largo (eslora). Son los barcos de carga más comunes y por su tamaño, pueden entrar en todos los puertos.

(9) Los terminales de combustibles líquidos se encuentran en Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Isla de Pascua, Coquimbo, Quintero, San Vicente, Coronel, Calbuco, Chacabuco, Punta Arenas y Punta Delgada.

(10) Entre las regiones de Valparaíso y Biobío se tiene 1,5MM m3 de capacidad de almacenamiento de combustibles líquidos, y en el norte, entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, una capacidad de 415M m3. La logística de almacenamiento está conformada por plantas en Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Coquimbo, Puchuncaví, Quintero, Concón, Isla de Pascua, Maipú, San Fernando, Linares, Chillán, Hualpén, Talcahuano, Coronel, Lautaro, Osorno, Calbuco, Coyhaique, Gregorio y Punta Arenas.

    2.5 PROCESOS PARTICIPATIVOS DEL PLAN

    Los procesos participativos del Plan tuvieron lugar entre la elaboración del Anteproyecto (14 de marzo al 26 de julio) y la consulta ciudadana (29 de julio al 25 de octubre). A continuación, se describe brevemente cada proceso.

    . Participación ciudadana temprana

    Entre abril y mayo de 2024 se comenzó a realizar las instancias participativas abiertas a la ciudadanía, a través de cuatro talleres virtuales de 90 minutos focalizados en sector privado, sector público, academia y sociedad civil, cuyo objetivo fue presentar los avances del Anteproyecto y recibir retroalimentación desde la perspectiva de cada uno de los sectores para iniciar un análisis colectivo de la lista preliminar de medidas asociadas al plan. Se contó con la participación de 148 personas, donde el 49% fueron mujeres.

    Para complementar y profundizar la difusión y la participación temprana, durante la primera semana de junio se realizaron cinco talleres presenciales de tres horas de duración en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Lagos, cuyo objetivo fue presentar avances del Plan y propiciar un análisis colectivo de la implementación de las medidas previstas, con foco territorial. Se contó con la participación de 232 personas, donde el 41% fueron mujeres.

    . Proceso participativo diferenciado para pueblos indígenas y originarios

    A través de un proceso participativo diferenciado con pueblos indígenas en el marco de la elaboración Plan se buscó responder de manera pertinente al requerimiento de participación de comunidades y dirigencias indígenas en un proceso participativo temprano y diferenciado basado en la normativa señalada en el Artículo 7° del Convenio 169 de la Organización International del Trabajo (OIT) y de la normativa nacional señalada en la Ley N° 19.253.

    La realización de estas instancias, orientadas a disponer de una participación temprana de grupos de pueblos indígenas a lo largo del país, se sustenta en el derecho de estos a decidir sus propias prioridades de desarrollo y la necesidad de estos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, tal como podría ser el caso de los planes sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático que el Ministerio de En ergía pone a disposición de los territorios en esta etapa de co-diseño de medidas.

    El proceso participativo diferenciado contempló tres etapas:

    - Fase 1: Diálogos participativos regionales e interregionales con miembros de los pueblos indígenas, instancias desarrolladas entre junio y julio. En los cuales el objetivo fue recoger insumos para elaborar el anteproyecto con sus medidas y acciones para enfrentar el cambio climático desde el sector energético.

    - Fase 2: Encuentros macrozonales con representantes electos por los participantes de la primera etapa. Se desarrollaron cuatro instancias entre agosto y octubre (Austral en Punta Arenas, Norte en Antofagasta, Centro en Santiago y Sur en Temuco). El objetivo de estos fue tener una revisión de las medidas y acciones propuestas en el anteproyecto sometido a consulta ciudadana, y analizar si se cumplieron con las aspiraciones o problemas planteados en la primera etapa para enriquecer o mejorar las medidas.

    - Fase 3: Un encuentro nacional con miembros de cada pueblo indígena elegidos por quienes participaron en las instancias anteriores, con el objetivo de acordar los últimos contenidos y modificaciones a la propuesta de medida planteada desde los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático.

    A través de estas instancias de diálogo participativo realizadas desde las regiones de Arica y Parinacota a Magallanes y la Antártica Chilena, incluyendo Rapa Nui, se ha logrado generar un levantamiento de información para identificar las principales amenazas e impactos del cambio climático en estos territorios, reforzando al mismo tiempo la entrega de información referida a estos procesos, así como a los esfuerzos que está realizando nuestro país en el marco de su proceso de transición energética.

    La convocatoria a estas primeras instancias se hizo contactando a dirigencias y miembros de los pueblos a partir de la base de datos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), complementadas con los registros del Ministerio de Energía de los procesos participativos anteriores, tales como la Consulta Indígena del Reglamento de la Ley de Biocombustibles Sólidos.

    Por otra parte, en cuanto a las instancias macrozonales y la nacional, la convocatoria se realizó invitando a los representantes electos por cada pueblo en la primera instancia, de los cuales se tiene su información personal para coordinar la logística y asegurar su participación. Cabe destacar que el Ministerio de Energía se hizo cargo de los gastos de traslado, movilización, alojamiento y alimentación para la participación, considerando la complejidad que supone el traslado de las dirigencias desde sus comunidades.

    La estrategia metodológica y los resultados parciales, tanto de la fase 1 y 2, se detallan en el Anexo. El resultado final del proceso fue se ve reflejado en la medida I5 "ACCIONES PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA CONSIDERANDO EL CONTEXTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS" divididas, a su vez, en cinco submedidas y 22 acciones, con foco exclusivo en los pueblos originarios de Chile, además de la participación activa en la gobernanza del Plan.

    .  Participación con juventudes

    El Ministerio de Energía procura llevar adelante su trabajo considerando los marcos normativos, jurídicos y políticos que orientan la protección y el respeto de los Derechos Humanos. En este sentido, la construcción de la política pública energética para hacer frente a los efectos del cambio climático debe considerar el involucramiento de los grupos vulnerables, y en específico las voces de las niñeces y juventudes, por cuanto ellos/as experimentan los impactos del cambio climático de manera diferenciada, poseen una mirada auténtica, crítica e innovadora, y porque será a quiénes, en el futuro, les tocará enfrentar los efectos de las decisiones que tomemos hoy.

    A partir del apoyo técnico y la supervisión de UNICEF como punto focal de protección, se desarrolló un taller con representantes de organizaciones juveniles para co-construir la visión de cambio de los tres ejes, a partir del trabajo en 3 medidas prioritarias del Anteproyecto. A continuación, se detalla los resultados:

    - Descarbonización (Eje mitigación): A 2050, Chile es un país que produce y consume su energía de manera consciente y responsable, con una matriz 100% limpia y renovable, bajo los principios de justicia, equidad, descentralización y suficiencia energética. Las centrales a carbón han sido retiradas y/o reconvertidas, y las zonas en transición se encuentran recuperadas ambiental y socialmente, encontrando una nueva identidad productiva. Asimismo, los nuevos proyectos de energía renovable se planifican considerando las variables socioculturales, ambientales y de trayectoria de los territorios, y existe una participación considerable de energía ciudadana, gracias a la expansión de la generación distribuida.

    - Acceso a la energía (Eje adaptación): A 2050, el 100% de los hogares rurales y vulnerables de Chile tiene acceso a energía eléctrica equitativa y sostenible, a través de soluciones seguras, eficientes y adecuadas a la realidad de cada territorio, promoviéndose la autonomía energética y el uso de energías renovables en zonas aisladas y vulnerables energéticamente. Las y los beneficiarios, en particular las comunidades rurales aisladas, se han organizado y capacitado como agentes partícipes de su propia provisión de energía, proliferando la creación de cooperativas y comités de electrificación rural, con apoyo del Estado para su conformación, operación y mantención.

    - Creación de capacidades y empoderamiento (Eje integración): A 2050, las niñeces y juventudes son conscientes de donde proviene la energía que utilizan, cómo se genera, transmite y distribuye. Asimismo, se entrega educación cívica y se promueve una participación efectiva en todos los niveles educativos, de manera de empoderar a las y los estudiantes, y que su voz se encuentre representada en los procesos de toma de decisión. Los espacios de educación superior incorporan de manera transversal un enfoque de cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad. Asimismo, fomentan la innovación pública y facilitan el flujo de ideas provenientes de las/os jóvenes hacia los desarrolladores de las políticas energéticas.

    .  Consulta ciudadana

    Se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 25 de octubre de 2024, dando cumplimiento a los 60 días hábiles mandatados por la Ley Marco de Cambio Climático. Esta etapa, además de continuar con el proceso particip ativo diferenciado y el diálogo con juventudes, inició con dos seminarios virtuales para difundir el Anteproyecto del Plan y sus contenidos, abiertos a la ciudadanía.

    Seguido a ello, se desarrollaron cinco talleres presenciales macrozonales en La Serena, Santiago, Rancagua, Concepción, Punta Arenas. Estos talleres contaron con una metodología participativa desarrollada especialmente para recoger observaciones de los actores involucrados y poder mejorar las medidas y sus acciones.

    Finalmente, lo anterior fue complementado con tres talleres virtuales sectoriales (sector privado, sociedad civil y academia) para ahondar en algunas medidas y submedidas específicas definidas previamente para cada grupo, con el fin de recabar comentarios más específicos y detallados.

    En total, a través de las reuniones, talleres y diálogos, durante la consulta ciudadana formal se contó con cerca de 600 observaciones al anteproyecto. Además, en ellas participaron un total de 663 personas, de las cuales 361 (54,5%) eran mujeres y 320 (48,3%) pertenecen a pueblos indígenas.

    En paralelo, el Ministerio de Energía puso a disposición un formulario para la recepción de observaciones de la ciudadanía a través de su sitio web (11) durante el periodo formal de la consulta. Se recibieron, en total, 597 observaciones individualizadas a través de 49 personas naturales o jurídicas. De ellas, 579 fueron consideradas admisibles (12) , a las cuales se les entregó una respuesta formal y, en la medida de lo posible y siempre y cuando estuviera dentro del alcance del Plan y las potestades del Ministerio de Energía, fueron acogidas de alguna forma en el proyecto definitivo. El detalle de todo el proceso está disponible en el Informe de la Consulta Ciudadana y Proceso Participativo, disponible en el Expediente Público (13) .

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(11) Más detalles disponibles en: https://energia.gob.cl/consultas-publicas/plan-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-del-sector-energia

(12) 18 fueron consideradas inadmisibles, debido a que 9 observaciones habían sido ingresadas previamente en idénticos términos por la misma persona y 9 observaciones no tenían relación con el instrumento en consulta.

(13) Disponible en: https://energia.gob.cl/cambioclimatico/expediente

    3. DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

    Chile ha establecido una visión de largo plazo en el sector energético de manera responsable y consensuada a través de la Política Energética Nacional (PEN). Entre las metas de la Política Energética Nacional actualizada en 2022 se incluyen metas explícitas sobre seguridad de suministro y resiliencia como también sobre reducción de emisiones, consistentes con la carbono neutralidad antes del año 2050. En consistencia con la PEN, la Ley Marco de Cambio Climático, publicada en junio de 2022, establece el mandato legal de ser un país carbono neutral y resiliente antes del 2050 (MMA, 2022). Ello releva la urgencia de avanzar hacia un sistema energético limpio y renovable, en el entendido que el sector eléctrico será clave y habilitante en la consecución de los objetivos para alcanzar la carbono neutralidad. En la presente sección se sintetiza el análisis del sector según sus emisiones, así como los potenciales impactos y riesgos climátic os.

    A nivel general, la tasa de aumento de la temperatura media anual en Chile se ha acelerado en las últimas décadas, a un ritmo de 0,18°C por década en 1981-2022 y las proyecciones climáticas muestran que este calentamiento continuará, con una variación regional significativa. El calentamiento varía en todo el país, y las regiones costeras generalmente se calientan a un ritmo más lento debido a los efectos oceánicos, mientras que el valle central y las regiones andinas se calientan mucho más rápido. En un país cuya matriz energética tiene una alta participación de la hidroelectricidad, cabe destacar que, junto con la disminución de las precipitaciones generales, Chile se ha visto gravemente afectado por las sequías y, en (IEA, 2024), de hecho, en 2023, el 52% del territorio continental estuvo afectado por algún grado de sequía, donde el mayor porcentaje (28%) se presentó en la categoría anormalmente seco, cerca de un 17% en la categoría de sequía moderada, un 2% en sequía severa con un 0,1% llegó a Sequía Extrema (Dirección Meteorológica de Chile, 2024), lo que no es extraño, ya que, desde 2010 se han observado estos impactos de manera clara, con una tendencia a la sequía en el centro y centro sur del país provocada por un déficit hídrico promedio de precipitaciones del 25-40%, sin precedente histórico en el último milenio (Garreaud et al., 2017), tendencia que alcanzó su extremo entre 2019 y 2021, con condiciones de hiper-sequía marcadas por déficits de precipitaciones superiores al 80%, llevando a los ecosistemas, asentamientos humanos y actividades productivas al borde del colapso (Arroyo et al., 2021).

    Se prevé que las precipitaciones continúen disminuyendo, lo que provocará sequías más frecuentes o intensas, aunque el nivel de cambios en las precipitaciones puede variar en todo el país. Estos cambios afectan en particular la generación de energía eléctrica. Los modelos de la IEA proyectan que el factor de capacidad hidroeléctrica de Chile puede disminuir alrededor de un 14% en un escenario de bajas emisiones y alrededor de un 25% en un escenario de altas emisiones hasta finales de siglo, si no se implementan medidas de resiliencia (IEA, 2024).

    3.1 ANÁLISIS SECTORIAL DE EMISIONES

    3.1.1 Inventario de emisiones del sector energía

    En 2020, las emisiones de GEI del sector Energía contabilizaron 79.724 ktCO2eq, incrementándose en un 139% desde 1990 y disminuyendo en un 5% desde 2018. A contar de 2015 se aprecia que las emisiones se mantienen estables, debido principalmente a una disminución en el consumo de carbón en la generación eléctrica, asociado al ingreso de nuevas fuentes de energía renovable (solar, eólica, geotérmica), así como también por la incorporación de nuevas centrales a gas natural, pero también contrarrestado por un constante crecimiento en el consumo de gasolinas y diésel en el transporte terrestre, que ha sostenido su crecimiento al igual que en los últimos años.

    Para el año 2020, se tuvo una caída significativa respecto a la tendencia de los últimos años, atribuible a la pandemia, la cual redujo la actividad económica y social durante varios meses dentro del año debido a las restricciones impuestas (cuarentenas), reduciendo principalmente las emisiones asociadas al transporte terrestre y aéreo, junto con el uso energético en el sector comercial y público. La siguiente figura resume las emisiones de GEI, en base al último inventario, por sector.

    Figura 5: Emisiones de GEI (kt CO2 eq) por sector. Elaboración propia en base a datos del MMA (2022). [1] Sector Procesos industriales y uso de productos (IPPU por sus siglas en inglés).

    3 .1.2 Asignación sectorial de emisiones bajo la ECLP

    La ECLP estableció metas y objetivos climáticos sectoriales. Por esto, se asignaron las categorías de emisiones del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) a cada autoridad sectorial establecida en la LMCC, considerando grado de injerencia y competencias.

    El Ministerio de Energía es responsable de una parte de las emisiones relacionadas con la industria de la energía y la industria manufacturera del país. Esto queda establecido en la ECLP, donde las categorías de emisiones del INGEI asignadas al Ministerio de Energía son: (1.A.1.b.) Refinación de petróleo, (1.A.1.c.) Manufactura de combustibles sólidos y otras industrias de la energía, (1.A.2.c.) Sustancias químicas, (1.A.2.d.) Pulpa, papel e imprenta, (1.A.2.m.) Industria no especificada, (1.B.) Emisiones fugitivas de combustibles, (2.B.8.) Producción petroquímica y de negro de humo, (2.G.1.) Equipos eléctricos, (1.A.4.a.) Comercial/Institucional 14 , (1.A.2.a.) Hierro y acero, (1.A.2.f.) Minerales no metálicos, (2.F.1.c.) Refrigeración industrial, (2.F.1.a.) Refrigeración comercial, (2.F.1.b.) Refrigeración doméstica, (2.F.1.e.) Aire acondicionado fijo, (1.A.1.a.i.) Generación de electricidad 15 (Consumo Comercial, Industrial, Público y Propio).

    De acuerdo con esta definición, las emisiones atribuibles a la autoridad sectorial del Ministerio de Energía no son todas las emisiones correspondientes a todas las categorías del sector energía del INGEI, por lo que, de acuerdo con lo establecido en INGEI 2020, las emisiones atribuibles a al Ministerio de Energía alcanzaron los 26,5 Millones de tCO 2 eq, correspondientes al 25,1% del total de emisiones, solo superadas por las fuentes asignadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que alcanzan el 26%, seguido por 17,5% del Ministerio de Minería, 11,6% del Ministerio de Agricultura, 9,5% del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 6% del Ministerio de Salud y 4,2% del Ministerio de Obras Públicas.

    3.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS

    Los riesgos climáticos que afectan al sector energético son diversos y dependen del subsector analizado, la localización geográfica y la perspectiva del impacto (infraestructura, operación, cliente final, etc.). El análisis realizado por el Ministerio de Energía se divide en segmentos clave, como la generación eléctrica, que es afectada principalmente por las variaciones de temperatura, sequía, eventos hidrometeorológicos extremos y variabilidad climática; mientras que el transporte de electricidad (transmisión y distribución), se ve impactada principalmente por el aumento de temperatura, impactos ambientales, vientos extremos y aluviones; por su parte la demanda energética, se relaciona con los cambios en los patrones de consumo por efectos del cambio climático, el acceso a la energía y la pobreza energética; y, en cuanto a los combustibles, los puertos e infraestructura, sufre las consecuencias de marejadas, aumento del nivel del mar, eventos hidrometeorológicos extremos.

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(14) Los presupuestos se calculan separando el consumo público del comercial, pero en el INGEI se reportan en conjunto.

(15) Generación de electricidad se divide entre autoridades sectoriales según donde ocurre el consumo.

    Existen diversos casos que demuestran lo anterior. Por ejemplo, en 2021 un aluvión dejó sin suministro eléctrico a más de 14.500 hogares en las regiones de Ñuble y Los Lagos. En 2023, una gran inundación en todo el país dejó a más de 23.500 personas sin electricidad durante días, lo que provocó un daño económico total de 759 millones de dólares. Y más recientemente, el temporal de la zona centro-sur con ráfagas de vientos que alzaron los 125 kilómetros por hora en agosto de 2024, dejó a más de 2,4 millones de viviendas sin suministro eléctrico, con casos que llegaron incluso a las tres semanas.

    3.2.1 Subsector eléctrico

    . Generación eléctrica

    El cambio climático afecta a todas las tecnologías de generación de energía, aunque los niveles de impacto pueden variar. La generación hidroeléctrica se ve afectada principalmente por las variaciones en los patrones de las precipitaciones y, por lo tanto, la disponibilidad de agua. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica, una de las mayores fuentes de electricidad de Chile (28,6% en 2023), es sensible a los cambios en las precipitaciones. Una disminución de las precipitaciones puede reducir el factor de capacidad de las centrales hidroeléctricas como parte de complejos procesos hidrológicos que afectan al caudal de los arroyos, la disponibilidad de agua, el deshielo de los glaciares, la escorrentía y la evaporación. A medida que las precipitaciones y la escorrentía disminuyan a lo largo del siglo debido al cambio climático, es probable que la generación de energía hidroeléctrica se vea afectada negativamente. De hecho, la mayoría de las centrales hidroeléctricas están instaladas en regiones centrales del país, donde la disminución de las precipitaciones es más notable. En un escenario de aumento de la temperatura alrededor y sobre 3°C, se prevé que al menos el 70% de la capacidad hidroeléctrica instalada en Chile estará expuesta a un clima moderada o significativamente más seco a finales de siglo (IEA, 2024). 

    La IEA proyecta que, si no se aplican a tiempo medidas adicionales de resiliencia, el factor de capacidad hidroeléctrica de Chile puede disminuir en torno a un 25% hasta finales de siglo en un escenario de altas emisiones (sobre los 3°C) e, incluso en un escenario de bajas emisiones (por debajo de 2°C), se prevé que el factor de capacidad hidroeléctrica de Chile disminuya en un 14%. La disminución prevista en la generación hidroeléctrica puede tener un efecto más amplio en todo el sistema eléctrico de Chile, añadiendo tensiones a otras partes del sistema, como el caso del 2021, donde la reducción de la generación hidroeléctrica durante la sequía obligó a aumentar el uso del carbón, gas y, particularmente, diésel, para abastecer el suministro eléctrico durante el periodo de estrechez. 

    El cambio climático también afecta la generación solar en hogares debido a la nubosidad y temperatura. A medida que la capacidad instalada crece en Chile, los impactos son considerables. Cambios en la frecuencia de días nublados variarán según la región, pudiendo aumentar la generación solar en un 30% en la zona centro-sur al 2050, en contraposición con disminuirla por un aumento de hasta 20% de los días nublados en el centro-norte.

    La temperatura también influye directamente, con coeficientes de pérdida de eficiencia entre -0,3% y -0,5% por cada 1°C de aumento en centrales térmicas. Por su parte, la generación eólica es sensible a los patrones de viento, que a su vez están influenciados por cambios en el clima. Si bien los vientos pueden variar naturalmente, el cambio climático puede alterar la frecuencia y la intensidad de los patrones de viento, lo que podría afectar la producción de energía eólica en diferentes regiones (GIZ, 2022).

    Mientras que la generación de energía a partir de biomasa y biogás se ve afectada por una serie de eventos climáticos extremos, incluyendo olas de calor, inundaciones, incendios forestales, sequías y temperaturas extremas.

    . Transmisión y distribución eléctrica

    Los eventos climáticos extremos como olas de calor, frío, lluvias extremas, ráfagas de viento y otros afectan la infraestructura de los sistemas eléctricos, comprometiendo la seguridad y suficiencia del suministro. Mientras estos eventos se están haciendo cada vez más frecuentes, la resiliencia de la transmisión y la distribución eléctrica se convierte en un factor crítico para enfrentar estos impactos. Los impactos del cambio climático en la transmisión y distribución energética tienen el potencial de traducirse en riesgos de cortes de suministro energético más frecuentes, afectando de manera relevante a usuarios vulnerables como, por ejemplo, electrodependientes, con bajos estándares de aislación térmica, aislamiento geográfico, entre otros factores. A nivel general, se constata la falta de herramientas de medición y metodologías para evaluar los costos y la capacidad de adaptación ante estos impactos, y a nivel local, existe una limitada capacidad de gestión y respuesta frente a eventos climáticos extremos que afectan el suministro eléctrico y su transporte y/o distribución (Ministerio de Energía, 2023).

    Los eventos climáticos extremos en conjunto con los incendios forestales son responsables de aproximadamente el 33% de la energía no suministrada acumulada para el período 2017-2021 del SEN, a nivel de distribución. En un escenario de cambio climático, esto es especialmente crítico debido al aumento de los eventos meteorológicos extremos y las condiciones propicias para los incendios forestales que, para el periodo 2021-2022 aumentaron en un 389% respecto al periodo anterior, lo que ha obligado al sector energético a tomar medidas.

    En particular, las altas temperaturas provocan un aumento en la extensión de los cables de las líneas de transmisión, en la resistencia eléctrica de estos, y en las pérdidas de electricidad en las líneas de transmisión. De esta manera, la capacidad de transmisión disminuye un 10% en las líneas aéreas, un 4% en los cables subterráneos y un 7,5% en los transformadores de la red de distribución. El aumento de las pérdidas de electricidad debido al aumento de la temperatura se estima en un 0,4%/°C para los conductores de aluminio y cobre (International Atomic Energy Agency, 2019).

    Los incendios forestales también afectan al sistema de distribución eléctrica de los centros poblados, en particular analizando las zonas de afectación históricas de incendios forestales y las líneas de distribución existentes actualmente da cuenta del nivel de exposición pudiendo superar el 60% de la infraestructura de distribución en regiones como Valparaíso y Biobío, así como superando el 40% en las regiones del Maule y Ñuble (16).

    3.2.2 Subsector combustibles

    Los impactos en subsector son diversos y abarcan distintos aspectos. En primer lugar, la mayor frecuencia e intensidad de las marejadas, calificadas incluso como ‘anormales' por su distinta dirección, período y altura, puede llevar a la indisponibilidad de terminales portuarios, afectando la descarga de combustibles y la infraestructura misma. Se ha demostrado que el cambio climático ha alterado la frecuencia e intensidad de las marejadas en las costas del país, reportándose daños en el litoral durante eventos especialmente extremos (Winckler, y otros, 2020). Además de las marejadas, el aumento del nivel del mar influye negativamente en los tiempos de descarga y en la infraestructura portuaria, causando indisponibilidad de combustibles e inseguridad energética, así como incrementando los costos debido a diversos factores, como daños en la infraestructura, procesos más costosos, menor eficiencia, entre otros. Asociado a esto, se identifica la pérdida de infraestructura por eventos extremos, lo que agrava la inseguridad del suministro energético (GIZ, 2023).

    La actividad marítima en Chile ha sido afectada por fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, que -según los registros históricos y recientes- han aumentado los eventos de marejadas, limitando las operaciones en puertos (Armada de Chile, 2020). Esto, a su vez, ha llevado a un importante aumento de los días al año en que bahías y puertos deben cerrar sus operaciones, por ejemplo, a agosto de 2021, en los 12 meses anteriores, los puertos de Quintero (132 días), San Antonio (80 días), Antofagasta (73 días), Mejillones (43 días), Arica (27 días) y Lirquén (19 días) lideraban el registro (CAMPORT, 2021). Mientras que los activos de generación eléctrica cercanos a la costa de Chile podrían verse afectados por el aumento del nivel del mar dado que actualmente, alrededor del 30% de la capacidad total instalada de las centrales eléctricas de carbón y el 7% de las centrales eléctricas de gas natural se encuentran en zonas de baja altitud y cerca de la costa (IEA, 2024).

    La infraestructura de combustibles también se ha visto cada vez más afectada por los impactos climáticos, por ejemplo, las inusuales inundaciones del invierno de 2023 provocaron la rotura de un gasoducto y una red de distribución primaria en la zona centro sur de Chile. Los incidentes, ocurridos en los ríos Laja y Chillán, pusieron en peligro la continuidad de suministro de gas natural de más de 14.000 hogares en las ciudades de Los Ángeles y Chillán; las empresas de gas implementaron medidas de contingencia para dar continuidad al servicio y para la reparación de las redes, pero las nuevas crecidas fluviales invernales y las condiciones climáticas adversas han demorado las reparaciones definitivas de la infraestructura afectada.

    3.2.2 Demanda energética

    El cambio climático ejerce influencia sobre la demanda energética, especialmente en sectores como el residencial, industrial y la agricultura. Las variaciones en temperatura y eventos climáticos extremos modifican los patrones de consumo y necesidades energéticas, aumentando la demanda eléctrica debido a la necesidad de climatización frente a episodios de temperaturas extremas (tanto frío como calor). Al 2060, se proyecta que la demanda energética aumentará entre un 2,3% y 2,8% en 2050, y entre un 3,8% y 4,3% en 2060 solo por efectos del cambio climático, para un escenario base y de carbono neutralidad respectivamente. Cabe destacar que este aumento se explica principalmente por la creciente electrificación necesaria para cumplir los compromisos de mitigación, que a su vez afectará directamente al sector generación eléctrica, que deberá hacer frente a esta demanda energética adicional al mismo tiempo que se adapta a los efectos negativos de la crisis climática (GIZ, 2023).

    Esto último es especialmente relevante porque aproximadamente 1 de cada 3 viviendas en Chile carece de aislamiento térmico adecuado, cifra que se incrementa con viviendas no regularizadas, lo cual suele pasarse por alto (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017). A su vez, según la Encuesta de Bienestar Social del 2021, el 35,5% de las personas declaró pasar frío en sus viviendas, lo que evidencia el desafío actual que existe, desde la perspectiva energética y la dimensión de pobreza energética, para enfrentar temperaturas de los episodios de olas de frío y/o calor, que se verán exacerbadas por la crisis climática. Cabe resaltar que las mujeres son quienes principalmente administran la demanda dentro de los hogares y aun así enfrentan una mayor pobreza energética.

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(16) Análisis realizado por E2BIZ en base a la información de ITREND e IDE Energía.

    3.3 EVALUACIÓN DEL PLAN PRECEDENTE

    El Ministerio de Energía publicó su Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Energía 2018-2023 en diciembre de 2018 el que contó con 15 medidas divididas, a su vez, en 44 acciones. Este plan, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, alcanzó un 88% de cumplimiento global de sus medidas 17 .

    Las principales barreras del plan fueron el financiamiento y la coordinación interinstitucional. También, a nivel de la gobernanza y las brechas en la implementación, se identifican la pertinencia de las medidas comprometidas y el rol o responsabilidad que efectivamente el Ministerio de Energía era capaz de ejecutar. Por otra parte, durante el proceso de auditoría desarrollado por la Contraloría General de la República (CGR) entre 2022 y 2023 18 , en el cual se basa la evaluación de este instrumento, se relevan la falta de procedimientos, lineamientos y/o directrices específicas para controlar la implementación, evaluar la puesta en práctica y efectuar un seguimiento a corto y mediano plazo de las medidas y acciones.

    Las lecciones aprendidas derivadas del diseño, desarrollo, implementación y evaluación del plan precedente, así como los resultados y recomendaciones de la auditoría de la CGR han sido parte fundamental de la elabo ración del Plan. Cabe destacar que ninguna de las medidas (independiente su grado de cumplimiento) han sido consideradas en el proceso de actualización del Plan Sectorial de Adaptación, sin perjuicio de que los aprendizajes son base esencial del proceso de construcción. Además, derivado de dicho proceso, se han definido criterios y medios de verificación en base a los cuales construirá la información financiera que reportará anualmente, así como un protocolo de control interno 19 .

    4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

    4.1. PLANIFICACIÓN OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR ENERGÍA EN LA ECLP

    La NDC actualizada del 2020 reconoce que el Ministerio de Energía tiene la mayor participación en el diseño e implementación medidas de mitigación para lograr la carbono neutralidad, asimismo, define 7 objetivos y 29 metas sectoriales para el cumplimiento de los compromisos, tanto de mitigación como de adaptación. A continuación, se listan ellos.

    Objetivo 1: Alcanzar una matriz energética baja en carbono al 2050. Incluyen las metas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5.

    Objetivo 2: Eficiencia energética como acción habilitadora fundamental para la descarbonización. Incluye las metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.

    Objetivo 3: Incrementar el uso de tecnologías y energéticos bajos en emisiones, como por ejemplo el uso de hidrógeno verde, en todos los sectores de la economía. Incluye las metas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6.

    Objetivo 4: Lograr el acceso equitativo a servicios energéticos de calidad que permitan satisfacer las necesidades energéticas de las personas y contribuir al desarrollo humano. Incluye las metas 4.1, 4.2 y 4.3.

    Objetivo 5: Descentralización y diversificación de los recursos energéticos para un sector energético más resiliente y bajo en emisiones, incluyendo tanto el autoconsumo de energía como las tecnologías renovables de gran escala. Incluye las metas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4.

    Objetivo 6: Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y facilitar su integración en el desarrollo y gestión del sector energía. Incluye las metas 6.1, 6.2 y 6.3.

    Objetivo 7: Diseñar y promover el uso de instrumentos

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(17) El detalle de las medidas, su nivel de cumplimiento y el grado de avance por acciones se encuentra disponible en el Anexo

Complementario, disponible en: https://energia.gob.cl/cambioclimatico/expediente.

(18) Informe final disponible aquí:

https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/informe_final_de_auditoria_del_plan_de_adaptacion_al_cambio_climatico.pdf

(19) Más detalle disponible en el Anexo 8.7

    4.2. PILARES ESTRETÉGICOS DEL PLAN

    Los objetivos y metas del sector energía establecidos hace cinco años, al amparo del instrumento de la ECLP siguen vigentes porque sus contribuciones hacia la descarbonización y aumento de resiliencia del sector siguen siendo reales y válidas. Sin embargo, los desafíos, problemáticas e inclusive costos del sector energético cambian constantemente, con la misma rapidez que evolucionan las tecnologías e innovación dentro del sector. Por ello que este plan plantea la vinculación a cuatro pilares estratégicos, que permiten incorporar estos cambios y problemáticas conforme a la rapidez de los cambios que experimenta el sector. A continuación, se describen los cuatro pilares:

    . RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

    Tomando como base los desafíos y avances en materia de transición justa, el PSMyA Energía busca impulsar que la transición energética sea uno de los pilares hacia un desarrollo sostenible. Sus medidas y acciones van en línea con impulsar un crecimiento que sea económico, ambiental y socialmente sostenible, con énfasis en la promoción de industria no contaminante que permita mantener y mejorar el desarrollo económico local y nacional, promoviendo más empleos de calidad, y apoyando la competitividad país mediante un desarrollo costo eficiente para toda la economía nacional.

    Para ello, un objetivo central de los resultados del Plan y sus propuestas es mejorar la productividad del sector energético y del país, a la vez que se impulsa una diversificación y sofisticación de la matriz productiva nacional, incorporando más conocimiento, capital humano e innovación para generar oportunidades en nuevas áreas de desarrollo, creando empleo de calidad y promoviendo la eficiencia en el uso del territorio.

    . COMBUSTIBLES DE TRANSICIÓN

    El hidrógeno verde y la electromovilidad representan casi la mitad de los esfuerzos de mitigación en el escenario hacia la carbono neutralidad. El Ministerio de Energía ha avanzado a paso firme en estos compromisos, materializados a través de su Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, y de la Hoja de Ruta para el Avance de la Electromovilidad en Chile, entre otros, que presentan acciones concretas para, en el corto plazo, masificar y aumentar la incorporación efectiva de estas tecnologías. Sin embargo, estos elementos, si bien son clave y requieren acciones de corto plazo para su habilitación, muchas de ellas en curso, también deben ponerse en una perspectiva de mediano y largo plazo en cuanto a su materialización y aporte a la reducción de emisiones.

    De esta manera, y considerando el alcance temporal de cinco años que tiene este PSMyA Energía, en esta primera versión del plan sectorial se releva el rol que pueden cumplir algunos energéticos, como los combustibles renovables, biocombustibles o combustibles mixtos, en la disminución de emisiones y fortalecimiento de la seguridad del sistema, relevando los desafíos actuales y con miras al 2030 que enfrenta el sector.

    . FINANCIAMIENTO PARA LA DESCARBONIZACIÓN

    A nivel mundial actualmente existe una brecha de financiamiento climático, la que se intensifica también en la región de América Latina y el Caribe. Según CEPAL (2023) (20) cumplir con los compromisos climáticos requiere una inversión de entre 3,7% y 4,9% del PIB regional por año hasta 2030, pero –por ejemplo- en 2020 fue solo del 0,5%. Cerrar la brecha de financiamiento climático requiere aumentar la movilización de recursos nacionales e internacionales entre 7 y 10 veces.

    Las medidas y acciones propuestas en este plan, así como la transición energética en general, tienen la urgencia de asegurar el financiamiento de las nuevas inversiones necesarias. Este financiamiento no será único, sino más bien un mix robusto entre fondos públicos, privados, provenientes de la banca multilateral, instrumentos financieros y de precio al carbono, mecanismos cooperativos, acceso a fondos climáticos, entre otros. Ejemplos de instrumentos existentes son el impuesto a las emisiones y su sistema de compensación, el sistema de normas y certificados bajo la LMCC o el Artículo 6 del Acuerdo de París, donde el sector energía es uno se los sectores estratégicos y que su uso podría apalancar el cierre financiero de proyectos fundamentales para la transición. Además, también el diseño e implementación de instrumentos vanguardistas, como la propuesta de un sistema de comercio de emisiones. Estos mecanismos y formas de financiamiento deben tener como norte el financiamiento de proyectos concretos con efectos directos en la mitigación y adaptación climática.

    En particular, el Ministerio de Energía promoverá el uso de mercados de carbono, tanto nacionales como internacionales para apoyar las inversiones necesarias en el sector, con especial foco en los sistemas de almacenamiento de energía, el avance de las energías renovables en sistemas medianos y aislados, así como para el autoconsumo en sectores productivos clave, permitiendo tanto el autoabastecimiento como la electrificación, recambio tecnológico que permita la transición desde combustibles fósiles hacia nuevos energéticos o combustibles bajos en emisiones así como a la electrificación, la factibilidad o adelanto del cierre y/o reconversión de centrales térmicas, los sistemas de captura de carbono, entre otras nuevas tecnologías que puedan concretarse durante el periodo de implementación del Plan y permitan acelerar, adelantar o cerrar brechas en la disminución de emisiones del sector.

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(20) The Economics of Climate Change in Latin America and the Caribbean, 2023: "financing needs and policy tools for the transition to low-carbon and resilient economies" disponible en: www.cepal.org/en/publications/8712-economics-climate-change-latin-america-and-caribbean-2023-financing-needs-and.

    . INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y RESILIENTE

    La transición energética, como se ha mencionado, no está exenta de importantes desafíos que requieren esfuerzos intersectoriales para promover la infraestructura requerida en oportunidad y eficiencia. La descarbonización del sector eléctrico y la disminución del consumo y dependencia de combustibles fósiles requieren de condiciones habilitantes que permitan que esta transición se realice de manera segura y resiliente, pero también planificada, responsable, eficiente y consensuada, permitiendo avanzar en la incorporación e internalización de los costos y beneficios de las medidas.

    El PSMyA Energía reconoce el rol fundamental y crítico que desempeñan tecnologías e infraestructuras que son necesarias para alcanzar las metas de carbono neutralidad y resiliencia climática que fija la LMCC. En esta línea, se plantea la importancia de su reconocimiento, a nivel nacional y transversal, como infraestructura clave para la acción climática y, como tal, plantea la urgencia de su desarrollo, a la vez que se cumplen y respetan los debidos procesos y etapas. El almacenamiento de energía, la transmisión eléctrica, la distribución como piedra angular de la calidad del servicio, las nuevas fuentes y tecnologías de generación de energía renovable, las tecnologías que entregan flexibilidad y seguridad al sistema, entre otras, son obras clave para alcanzar los compromisos climáticos. En este sentido es fundamental apuntar hacia la economía procedimental, que dote de eficacia y eficiencia en el otorgamiento de permisos, pero donde además sea posible encadenar instrumentos de gestión ambiental, para que a diferencia de lo que ocurre actualmente con procesos duplicados de evaluación, la planificación del sector sea transcendente y simplifique la evaluación de los proyectos. Asimismo, la infraestructura habilitante debe ser priorizada en la acción del Estado a través de estrategias donde puede aportar desde un rol articulador y facilitador, en cooperación y/o complemento a las iniciativas privadas, todo ello en el marco de una planificación orientada a identificar obras esenciales y estratégicas para el logro de las metas planteadas en la LMCC, que permita focalizar este rol.

    4.3. DESPLIEGUE TERRITORIAL COMO ELEMENTO CLAVE

    Para alcanzar los compromisos y las metas propuestas por este plan al ritmo previsto, se requiere del potenciamiento y el consecuente despliegue territorial de las energías renovables (incluida su infraestructura asociada). En este contexto y, en primer lugar, se requiere reforzar la planificación energética en miras de robustecer el enfoque territorial a través del perfeccionamiento de instrumentos sectoriales existentes y de conside raciones de sustentabilidad en su proceso, tales como los criterios y variables ambientales y territoriales previstas en el artículo 87 de la LGSE, ampliando además su alcance al segmento de combustibles (tanto fósiles como renovables o biocombustibles); coordinar dicha planificación con instrumentos de otras carteras en materia de infraestructura, que permitan usar de forma más eficiente el territorio; reforzar su naturaleza estratégica, en miras de identificar aquella infraestructura clave y de interés nacional, por ser habilitante del cumplimiento de la LMCC, en la que el Estado debe focalizar su gestión y que debe ser reconocido en el marco de los procesos de permisos ambientales y sectoriales, acorde a la urgencia de su materialización; y en coherencia con lo anterior, incorporar en la normativa e instrumentos territoriales, la relevancia de dar cabida a la infraestructura energética que contribuye al cumplimiento de la ambición climática.

    Por ello, es que, a fin de acelerar el ritmo de desarrollo de los proyectos, es necesario adoptar normas y directrices del Estado que, en materia de instrumentos de gestión ambiental existentes, debiesen ir en la línea de:

    - Establecer una coordinación intersectorial a efectos de dar un tratamiento prioritario a obras clave, tanto aquellas que refieren a reconversión de centrales termoeléctricas, así como para aquellas obras de trasmisión que el Ministerio de Energía defina como estratégicas en el marco de su planificación.

    - Ponderar el aporte a las metas de cambio climático de los proyectos estratégicos de energía renovable en los criterios de evaluación ambiental por sobre otros efectos que puedan considerarse menos significativos.

    - Apuntar al estrechamiento o reducción efectiva de los plazos de evaluación ambiental de proyectos, en consideración a cómo estos proyectos resultan fundamentales en el cumplimiento de los compromisos propuestos.

    - Propender a un tratamiento proporcional de aquellas infraestructuras que, siendo claves para el cumplimento de los compromisos, propendan a la reconversión y/o reutilización de las instalaciones y del territorio.

    - Encadenar con mayor fuerza los instrumentos de gestión ambiental, para que a diferencia de lo que ocurre actualmente, la planificación del sector sea transcendente y simplifique la evaluación de los proyectos.

    Todo lo anterior pretende destrabar los obstáculos y reducir la incertidumbre de las inversiones en proyectos de energías renovables y sus infraestructuras relacionadas, que dificultan su despliegue y/o reconversión, e impiden el cumplimiento de los compromisos.

    5. PROPUESTA DE MEDIDAS POR EJE

    El Plan estructura su propuesta de medidas en tres ejes: mitigación, adaptación, y un tercero que agrupa medidas de integración y medios de implementación. El eje de mitigación consta de seis grandes medidas de mitigación, que a su vez constan de submedidas de mitigación que buscan hacerse cargo de temáticas específicas dentro de los objetivos de la ECLP. A su vez, el eje de adaptación consta de cinco medidas, en donde algunas de ellas también se dividen en submedidas para poder abordar temáticas específicas. Por último, el tercer eje consta de tres medidas de medios de implementación, una medida que aborda instrumentos económicos y precio al carbono, y una que aborda las problemáticas y desafíos relacionados con los pueblos indígenas y originarios y la transición energética.

    La tabla a continuación presenta el resumen de todas las medidas propuestas en el Plan y su relación con los pilares estratégicos y los objetivos de la ECLP comprometidos por el sector energía.

    Mayor detalle de todas las submedidas se encuentran en los subcapítulos correspondientes a cada eje .

    Tabla 1: Resumen de Medidas Propuestas por Eje y su Vínculo con los Pilares Estratégicos del Plan y Objetivos de la ECLP.

    Además, todas las medidas del Plan han incluido un análisis de género en base al gradiente y definición de tipos de perspectiva de género del Ministerio del Medio Ambiente (2023) (21) .

    5.1 EJE MITIGACIÓN

    Los PSM deberán considerar un horizonte de implementación al 2030 y en sus actualizaciones un horizonte al 2040 y 2050, con el objetivo de cumplir con el presupuesto asignado en la ECLP. Se plantea una revisión al menos cada 5 años, en línea con la actualización y formulación de las NDC.

    A continuación, se presentan las medidas de mitigación del sector energía y las sinergias entre estas y otros instrumentos de política energética. Posteriormente las fichas de cada una de las medidas contienen el detalle de acciones, potenciales de mitigación, costos, roles, y plazos, entre otros.

    5.1.1. Análisis prospectivo de GEI

    Considerando tanto medidas preevaluadas en procesos previos (la NDC y la ECLP, además de la última PELP 2023-2027) así como el levantamiento de medidas complementarias, en este plan se simularon y evaluaron 20 submedidas de mitigación en las cuales el Ministerio de Energía tiene un rol ya sea como autoridad responsable o coadyuvante. Se estimó su impacto en reducción de emisiones y cuantificaron los costos de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) asociados, de modo de evaluar la costo-efectividad del cumplimiento del presupuesto de carbono asignado al sector energía. Estas submedidas fueron agrupadas bajo 6 grandes medidas de mitigación, tal como se puede observar en la Tabla 2 siguiente.

    Los resultados arrojan que las emisiones de GEI del sector para el periodo 2020-2030 alcanza los 296,0 Mt CO2eq. Estas son 10,4 Mt CO2eq (3,4% menores) a las calculadas en el Escenario de Referencia estimadas para la NDC 2020-2030 y utilizadas para la distribución de presupuestos de emisiones de GEI establecidas en la ECLP. De acuerdo con los resultados obtenidos, se espera un presupuesto de emisiones para el sector durante la década de 264,2 Mt CO 2 eq, valor 2,8% menor a las 271,8 Mt CO 2 eq, presupuesto asignado al Ministerio de Energía en la ECLP.

    La mitigación total esperada de las medidas se encuentra en torno a las 47,2 Mt CO 2 eq para el periodo 2020-2030 (22) , siendo el Ministerio de Energía responsable de un 85,5% de ellas, totalizando así 40,3 Mt CO 2 eq, a lo que se le debe sumar el 20% de las reducciones de emisiones de las medidas de ‘‘Electromovilidad en Transporte público en Regiones " y ‘‘Electromovilidad en Transporte público de Santiago, Sistema RED" lideradas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por concepto de autoridad coadyuvante (equivalentes a 538,25 ktCO 2 eq). Esto es 1,9 Mt CO 2 eq mayor que el esfuerzo indicativo de mitigación al 2030 establecido en la ECLP para el Ministerio de Energía. Este margen positivo reduce el riesgo de no cumplimiento del presupuesto asignado en caso de que alguna las medidas o acciones no puedan ser implementadas de forma efectiva.

    El esfuerzo de mitigación del sector se explica principalmente por la medida "Descarbonización de la Matriz Eléctrica", que explica alrededor de la mitad de las reducciones esperadas en el periodo del Plan. Las medidas de "Impulso a la Electromovilidad y Transporte Eficiente" e "Impulso a la Eficiencia Energética & Energías Renovables en Sectores de Consumo" contribuirán también de forma significativa en la mitigación del sector hacia el final de la década, con participaciones de un 22% y 20% respectivamente.

    5.1.2. Curva de Costos de Abatimiento

    En términos del nivel de costo-efectividad de las medidas, se estimaron los costos OPEX y CAPEX de cada submedida, lo que permitió obtener los costos de abatimiento asociados en concordancia con la metodología presentada en (MMA, 2024). La siguiente tabla presenta a nivel de medida un resumen la mitigación esperada para el período 2020-2030, el Valor Actual Neto de los costos (CAPEX y OPEX) estimados para el mismo período y el costo de abatimiento esperado para el período 2020-2050. En el anexo 8.7 se presenta un mayor detalle a nivel de submedida, así como también una descripción general de los supuestos de cálculo.

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(21) Ministerio del Medio Ambiente, Eridanus y Pontificia Universidad Católica de Chile (2023). Generar información específica sobre vulnerabilidad y riesgos, adaptación y lineamientos para la actualización del plan nacional de adaptación al cambio climático de Chile (Cod. Ref.: 2022/FLCHI/FLCHI/117561). Informe N° 4 – Guía para el diseño e implementación de medidas y acciones de adaptación al cambio climático con perspectiva de género.

(22) Considerando un rango de tolerancia de un 10%, la cota inferior de la mitigación esperada alcanza las 42,5 Mt CO2eq, de las cuales 36,5 Mt CO2eq serían responsabilidad del Ministerio de Energía. Esto se encuentra levemente por debajo del esfuerzo de mitigación establecido en la ECLP. Sin embargo, aun cuando es menor a dicho valor, se cumple con no sobrepasar el presupuesto de emisiones.

    Tabla 2. Resumen del nivel de mitigación y costos esperados por medida para el período 2020-2030 y costos de abatimiento calculados para el período 2020-2050

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       

    Fuente: Ministerio de Energía en base a información aportada por E2biz, 2024

    La Figura 6 a continuación presenta la curva de abatimiento (comúnmente llamada "curva MAC" por sus siglas en inglés) con la reducción de emisiones por submedida de mitigación para el periodo 2020-2030. Las curvas de mitigación presentan las medidas de mitigación ordenadas de la más costo-efectiva al lado izquierdo, hasta la menos costo-efectiva, al extremo derecho de la gráfica. A su vez, el ancho de cada barra representa el volumen de emisiones que reduce cada submedida. Se observa entonces gráficamente lo mencionado anteriormente: las medidas más costo-efectivas para esta década tienen relación con la eficiencia energética en sectores productivos y estándares de rendimiento energético para vehículos; a su vez el retiro y reconversión de centrales a carbón es por lejos la que mayor cantidad de emisiones reduce.

    A un costo de abatimiento en torno a los 20 USD/tCO 2 , la medida de retiro y reconversión de centrales a carbón es fundamental en el cumplimiento de la meta sectorial por su gran contribución en mitigación. Retrasos en su implementación pondría en riesgo del cumplimiento del presupuesto sectorial.

    Es importante mencionar que las reducciones de emisiones de GEI presentadas en el eje X de la curva MAC corresponde al potencial total de la medida. Basados en el principio de la costo-efectividad, las medidas de mitigación deben priorizarse de izquierda a derecha de lo presentado en la figura anterior hasta alcanzar la cantidad de reducción de emisiones necesarias para no sobrepasar el presupuesto de carbono asignado al Ministerio de Energía, esto podría incluir entonces, medidas que pudieran no ser costo efectivas. Se debe considerar, además, que existen medidas de mitigación que evalúan tecnologías innovadoras y que podrían ser más costosas en este periodo, pero cambiar a costo-efectivas en los periodos siguientes. Se remarca que, considerando la estrechez de recursos del Estado y la eficiencia de los mismos, se prioriza la implementación de las medidas costo eficientes en el corto plazo, y las que aún no lo son, serán reevaluadas en las revisiones continuas.

    Por otra parte, el gasto fiscal de cada medida fue calculado en base al Informe Financiero del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía, conforme al artículo 46° del decreto supremo N° 16, de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente y aprobado por la Dirección de Presupuestos (23)

   

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23 Disponible en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20241127_dipres_aprueba_if_psma_energia_pagenumber-1-20.pdf.

    Figura 6: Curva MAC para Sector Energía, agrupado por 6 grandes medidas propuestas para el periodo 2020-2030.

    Fuente: Ministerio de Energía en base a información aportada por E2biz, 2024 (24). Entre paréntesis se presenta la contribución promedio esperada de mitigación.

    5.1.2. Fichas medidas de mitigación

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(24) Por su menor contribución en mitigación, las submedidas "fomento al uso de energía solar para ACS", "electrificación de fuentes energéticas para usos residenciales", "electromovilidad en transporte público urbano menor (Taxis)", "energía distrital" e "impulso al uso de combustibles con menor intensidad de emisiones en transporte aéreo" no aparecen visualizadas en la curva MAC presentada. Sin embargo, para efectos ilustrativos, se indicaron en la figura con líneas cuyo origen se

encuentra entre las submedidas visualizadas

    5.1.3. Cronograma de implementación

    En esta sección, se presenta una síntesis del cronograma de las medidas y acciones que se han definido anteriormente. Los números en la parte derecha de la tabla indican el identificador de la acción de cada submedida, haciendo alusión a los años en los que se debería implementar cada acción. Por ejemplo, la acción 3 de la submedida M1.A se implementa solo en el año 2027, mientras que la acción 1 de la submedida M3.A se implementa todos los años entre 2025 y 2030.

    Tabla 3: Cronograma de implementación de medidas de mitigación

    5.2  EJE ADAPTACIÓN

    5.2.1. Fichas medidas de adaptación

    5.2.2. Cronograma de implementación

    En esta sección, se presenta una síntesis del cronograma de las medidas y acciones que se han definido anteriormente. Los números en la parte derecha de la tabla indican el identificador de la acción de cada submedida, haciendo alusión a los años en los que se debería implementar cada acción. Por ejemplo, la acción 3 de la submedida A1.A se implementa solo en el año 2025, mientras que la acción 1 de la submedida A4.A se implementa todos los años entre 2025 y 2029.

    Tabla 4. Cronograma de implementación de medidas de adaptación

 

    5.3 EJE INTEGRACIÓN Y/O MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN

    5.3.1. Componente de integración

    Aquellos planes de mitigación y adaptación que son elaborados en conjunto, además de los contenidos propios de cada uno por separado, deberán contener un componente de integración que considere aspectos de mitigación y de adaptación de manera conjunta, promoviendo la generación de sinergias.

    El Ministerio de Energía ha posicionado que, para alcanzar las metas climáticas, como la carbono neutralidad a más tardar al 2050, el camino es indivisible de la necesidad de aumentar la capacidad adaptativa y reducir las vulnerabilidades. La resiliencia, en su esencia, conlleva la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para enfrentar situaciones críticas, reorganizándose de manera que conserven su función fundamental, su identidad y su estructura, mientras mantienen intacta su habilidad para aprender, adaptarse y transformarse (GIZ, 2023).

    Por ello, todas las medidas del eje de adaptación de este Plan han incluido un análisis de mitigación y co-beneficios en la sección de sinergias de la medida. A modo de resumen, las sinergias apuntan a aumentar la seguridad del sistema a través de una planificación, infraestructura y operación resiliente, preparar la infraestructura y los sistemas para la exportación de nuevos energéticos, y la electrificación o transición hacia fuentes renovables en zonas aisladas desconectadas del SEN, que ha tenido una descarbonización más acelerada.

    Otro enfoque a relevar han sido los instrumentos económicos de carácter fiscal, financiero o de mercado que permiten internalizar los costos ambientales, sociales y económicos asociados a las emisiones de GEI y de otros forzantes climáticos, los cuales apoyarán directa o indirectamente la implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, la Estrategia Financiera y la NDC, por lo que este Plan también promueve el uso de instrumentos de mercado costo-efectivos. La recaudación o generación de ingresos de ellos, se plantea puedan ser dirigidos a impulsar soluciones que permitan aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia del sector. Esto es relevado a través de una medida particular en este eje (I2 "Instrumentos de Precio al Carbono como Habilitantes de la Transición Energética").

    Finalmente, otra sinergia entre mitigación y adaptación que se aborda específicamente en este eje es el rol de los pueblos indígenas y originarios en la transición energética, poniendo valor a sus saberes ancestrales y tradiciones, así como a su participación en los procesos derivados de este Plan, que permitan no solo empoderar a este grupo vulnerable, sino que también aumentar el alcance de la transición energética a la vez que se incrementa la resiliencia de los pueblos a los efectos e impactos de la crisis climática.

    5.3.1. Medios de implementación

    La LMCC define a los medios de implementación como una acción, medida o proceso del ámbito institucional o normativo para el desarrollo y transferencia de tecnología, creación y fortalecimiento de capacidades y financiamiento, entre otros, que se requieran para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Son medidas que buscan generar condiciones habilitantes para la acción climática y, las estrategias asociadas a los medios de implementación son la Estrategia Financiera de Cambio Climático (EFCC), la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático (EDTTCC) y la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático (Estrategia ACE).

    En particular, las medidas transversales relativas a los medios de implementación son, en este Plan, el conjunto de acciones complementarias, cuya coordinación e implementación no están asociadas a una medida si no que tienen una contribución transversal a las medidas, orientadas a fortalecer el conocimientos, tecnologías, financiamientos y gobiernos capacitados y organizados a distintos niveles (regionales, comunales y subnacionales). 

    En cuanto al desarrollo y transferencia de tecnología se ha identificado que, para el sector energía, se requiere una mayor penetración e implementación de tecnologías, tanto a nivel de infraestructura como de operación, que sean sostenibles, eficientes y aumenten la resiliente, superando las barreras como la falta de información o la alta inversión inicial, y considerando un enfoque local en el desarrollo tecnológico para adaptarse a las condiciones particulares de cada territorio y sector de la sociedad.

    Respecto a la creación y fortalecimiento de capacidades, se releva la importancia de la educación y la difusión de temas energéticos, tales como energías renovables, eficiencia energética, nuevas tecnologías, gestión energética y de la demanda, seguridad y resiliencia. Esto debido a que una parte importante de la población aún es ajena a las ventajas y necesidades de la transición energética y su rol en la crisis climática. En este punto también se identifica el aporte de instituciones de los distintos niveles educacionales y el apoyo que podrían prestar.

    Finalmente, considerando que el financiamiento es, además un pilar estratégico del Plan, en cuanto a los medios de implementación se identifica también la necesidad de considerar la financiación a escalas menores de los proyectos energéticos, por ejemplo, a nivel de hogares o comunidades, tanto para acceder a energías no contaminantes, como aumentar la eficiencia energética o superar la pobreza energética (sobre todo en grupos vulnerables, pueblos indígenas, zonas aisladas o comunidades rurales).

    Por ello, el Ministerio de Energía propone una medida especial orientada a los tres medios de implementación, que permita abordar desafíos que, se ha determinado, son transversales y comunes a todas y cada una de las medidas del instrumento.

    5.3.1. Fichas medidas de integración y/o medios de implementación

   

  5.3.2. Cronograma de implementación

    En esta sección, se presenta una síntesis del cronograma de las medidas y acciones que se han definido anteriormente. Los números en la parte derecha de la tabla indican el identificador de la acción de cada submedida, haciendo alusión a los años en los que se debería implementar cada acción. Por ejemplo, la acción 3 de la submedida I1.A se implementa solo en el año 2030, mientras que la acción 3 de la submedida I3.E se implementa todos los años entre 2025 y 2030.

    Tabla 5. Cronograma de implementación de medidas de integración y medios de implementación.

    5.4 MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN MEDIDAS

    El Plan establece 13 medidas clave que deberán implementarse durante el período 2025-2030, bajo la coordinación del Ministerio de Energía y con el apoyo de los actores colaboradores previamente identificados. Para garantizar un seguimiento efectivo, cada medida, ya sea de mitigación, adaptación o medios de implementación, cuenta con fichas técnicas que incluyen indicadores específicos, medios de verificación y un cronograma detallado de ejecución. Este enfoque estructurado permitirá un monitoreo periódico de las acciones, facilitando la evaluación del progreso y el cumplimiento anual de los objetivos del plan.

    Adicionalmente, el Ministerio de Energía, debe elaborar un Informe Anual de Seguimiento, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para su revisión y publicación, acorde a lo establecido en la LMCC y su reglamento procedimental, lo que sumado al monitoreo permanente por el Ministerio del Medio Ambiente en su calidad de contraparte técnica, este proceso garantiza una base sólida para controlar la implementación de las medidas, evaluar su efectividad y realizar un seguimiento a corto y mediano plazo de las medidas y sus acciones. 

    Asimismo, este esquema de monitoreo y seguimiento permitirá identificar nuevos requerimientos, necesidades emergentes y lecciones aprendidas durante la implementación, proporcionando información clave sobre brechas y oportunidades. Todo ello contribuirá a nutrir y mejorar las futuras actualizaciones del PSMyA Energía, en concordancia con los lineamientos establecidos en el reglamento procedimental de la LMCC.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    6. ARREGLOS INSTITUCIONALES

    Según lo estipulado en la Ley Marco de Cambio Climático (N°21.455), el procedimiento de elaboración e implementación del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del sector Energía (PSMyA), es responsabilidad del Ministerio de Energía. En este contexto, la institución ha sido designada como la institución responsable, es decir, la autoridad sectorial que cuenta con las capacidades y el liderazgo en la implementación de las medidas y acciones contenidas en el Plan, dadas sus atribuciones normativas y considerando su rol implementador. 

    Para esto, el Ministerio de Energía deberá velar por la coordinación tanto dentro de la institución, como con otras instituciones y servicios del Estado, para la implementación de las medidas. La gobernanza asociada al proceso se describe en las siguientes secciones.

    6.1 GOBERNANZA DEL PLAN

    Entendiendo que el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación del Ministerio de Energía es una política pública, se plantea su gobernanza como la estructura que determina cómo se formula, implementa y evalúa su desarrollo. En ese sentido, este plan contará con un esquema de gobernanza particular que acompañará la ejecución, monitoreo y actualización, según el mandato de la LMCC. A su vez, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha definido que los atributos esenciales de la buena gobernanza son la transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y capacidad de respuesta, los que guiarán, a su vez, el desempeño de este espacio.

    En esa línea, el PSMyA Energía contará con una gobernanza permanente que tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:

    . Seguimiento de la implementación de las medidas, submedidas y acciones.

    . Evaluación anual de la implementación del Plan.

    . Apoyo al Ministerio de Energía en la elaboración del informe anual de seguimiento.

    . Propuesta de priorización de ejecución de medidas, submedidas y acciones para el año siguiente.

    . Propuesta de priorización para los procesos de actualización del Plan.

    La gobernanza del Plan estará compuesta por:

    . Seis representantes del sector privado

    . Dos representantes de la Academia

    . Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil

    . Dos representantes de la Plataforma de Pueblos Indígenas para la Transición Energética

    . Un representante de grupos de jóvenes, adolescentes y/o niños

    La secretaría técnica de la gobernanza estará a cargo del equipo de la Unidad de Cambio Climático y Precio al Carbono del Ministerio de Energía y sesionará, al menos, dos veces al año con todos sus miembros.

    6.2 ARREGLOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN

    Para efectos de la implementación del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación, se considera un modelo de gobernanza interna multinivel. Este enfoque es esencial debido al alcance nacional del Plan, que requiere una coordinación, apoyo y ejecución integral desde las diversas Divisiones y Unidades Técnicas dentro del Ministerio de Energía. El desarrollo del presente Plan, así como la participación de todas instancia de trabajo y coordinación de acuerdo a los lineamientos de la Ley Marco de Cambio Climático, es responsabilidad de la Unidad de Cambio Climático y Precio al Carbono, perteneciente a la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es liderar y promover la gestión del cambio climático en el sector energía, tanto dentro del Ministerio de Energía como con otros actores, a efectos de promover una transición energética baja en carbono y resiliente a los impactos de este fenómeno, según lo dispuesto en la resolución exenta N° 43 de 2023 del Ministerio de Energía. 

    La Unidad de Cambio Climático y Precio al Carbono, coordinó y colaboró técnicamente bajo un trabajo multidisciplinario en torno a la toma de decisiones y definición de lineamientos del presente PSMyA con las distintas Divisiones y Unidades Técnicas del Ministerio. Por otro lado, implementar las medidas del Plan, desde un enfoque local y territorial, requerirá de un esfuerzo de coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, el cual será canalizado mediante reuniones bilaterales con una frecuencia temporal pertinente.

    A continuación, se muestran el mapa de actores internos del Ministerio así como la asignación de responsables internos directos, y de otras divisiones, que apoyan el desarrollo de cada medida.

    Figura 7: Mapa de actores internos del Ministerio de Energía

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    6.2 ARREGLOS INTERINSTITUCIONALES

    Es fundamental reconocer que las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático son de naturaleza transversal, abarcando múltiples sectores e instituciones. Por ello, la implementación de las medidas del presente Plan, no solo requiere de realizar arreglos dentro de la institución, sino que también requerirá de trabajo colaborativo con otras instituciones y servicios del Estado, los cuales serán designados como institución coadyuvante, es decir, como autoridad sectorial competente que colabore con la autoridad responsable en la ejecución de las medidas.

    En este contexto, el Ministerio de Energía como autoridad responsable de la elaboración e implementación del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Sector Energía, establece una estructura de gobernanza externa para relacionarse con aquellas instituciones definidas como coadyuvantes. Esta gobernanza considera a los ministerios coadyuvantes, instituciones energéticas y otros actores, los cuales han sido definidos para cada medida de adaptación y mitigación contenida en el presente documento, en función del trabajo colaborativo previo que se ha realizado en otros instrumentos de gestión al Cambio Climático, como la NDC (2020) y ECLP (2022).

    Las instituciones coadyuvantes para el PSMyA corresponden al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MININTERIOR), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Educación (MINEDUC) y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MIMyEG).

    Adicionalmente, se identifica como fundamental la participación y rol de las instituciones energéticas en la elaboración e implementación del PSMyA. Por lo que se sostuvieron sesiones de trabajo con contrapartes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE).

    La coordinación, comunicación y trabajo realizado se canalizará mediante oficios y reuniones bilaterales, a modo de facilitar la disponibilidad de la información, considerar lineamientos y directrices de la contraparte.

    Figura 8: Mapa de actores externos al Ministerio de Energía, coadyuvantes y otros actores asociados (*) a la implementación de medidas.

    * Los Ministerios identificados como coadyuvantes o asociados, incluyen todas las posibles instituciones, agencias, corporaciones, subsecretarías, entre otras, dependientes del Ministerio identificado.

    En el Anexo se resumen en mayor detalle los actores coadyuvantes asociados a cada medida del plan de Energía.

    7. ENFOQUE TERRITORIAL Y RECOMENDACIONES

    Los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) son instrumentos de gestión de cambio climático que establecen objetivos y acciones concretas para enfrentar y adaptarse a los impactos del cambio climático en cada región, involucrando a actores públicos y privados para promover la resiliencia y el desarrollo sostenible de los territorios. 

    Durante el proceso de elaboración del presente Plan Sectorial, se llevó a cabo la revisión y análisis de las medidas y acciones relacionadas con el sector energético en los cinco PARCC aprobados y vigentes. Esto permitió identificar sinergias entre las acciones a nivel regional y sectorial/nacional, además de oportunidades de mejora y fortalecimiento de los contenidos de los instrumentos, asegurando que estos se alineen efectivamente entre sí.

    Por otro lado, se realizó un análisis del alcance territorial de cada medida y submedidas del PSMyA Energía que tendrían implicancias a escala subnacional, o que demanden de una implementación directa a nivel regional. Este análisis permite identificar oportunidades clave y enfoques específicos que los PARCC pueden integrar para maximizar el impacto y efectividad de sus acciones en el sector energético. De la información analizada, se desprende que la totalidad de las medidas propuestas en el PSMyA Energía incluyen, por lo menos, una submedida que requerirá de una implementación a nivel local en coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales, lo cual releva la importancia de una colaboración que permita ajustar la implementación a las necesidades y características específicas de cada región. 

    En base a la revisión de las medidas contenidas en los PARCC vigentes de las regiones de Atacama, Metropolitana, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos, se identific a que todos los PARCC analizados contienen, al menos, alguna medida relacionada con las del Anteproyecto del PSMyA Energía, como puede ser visualizado en la Figura 9.

    Figura 9: Vínculo entre las medidas contenidas en los PARCC y el Plan Sectorial de Energía

    Considerando las características y el alcance regional del instrumento, los cuales abordan la mitigación y adaptación climática desde enfoques específicos con pertinencia territorial, se destaca el compromiso generalizado de relevar la transición energética, la eficiencia energética y el fomento de energías renovables a través de medidas concretas. Sin embargo, algunos de estos instrumentos podrían beneficiarse de la incorporación de medidas adicionales alineadas con los objetivos del PSMyA Energía.

    En términos de mitigación, se observa que las medidas de eficiencia energética, la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en calefacción y procesos industriales se encuentran generalmente alineadas con el PSMyA Energía. No obstante, para fortalecer el impacto de estas políticas, se recomienda la integración de medidas que promuevan el uso de energías renovables en sectores residenciales e industriales, así como la electrificación de usos finales y procesos industriales en los PARCC de la Región Metropolitana, O'Higgins y Los Ríos.

    En contraposición, se identifica una brecha mayor en las temáticas de adaptación y resiliencia energética. De manera transversal a todos los PARCC analizados, se considera fundamental adoptar medidas de adaptación que permitan aumentar la resiliencia de infraestructura energética, principalmente aquella mayormente expuesta a riesgos climáticos, ámbito en donde la región de Atacama destaca por incluir dentro de las medidas energéticas iniciativas alineadas a esta temática. Otro punto destacable que los PARCC podrían considerar en este eje, son medidas relacionadas con avanzar en el cierre de la brecha de electrificación rural, que es una medida de adaptación con alta pertinencia territorial. Además, la identificación de infraestructura crítica energética y la realización de catastros en servicios básicos rurales, como servicios sanitarios de salud y de educación, son acciones contenidas en el PSMyA Energía que tendrán una implementación a escala regional y que podrían ser considerados en futuras actualizaciones de los PARCC, aportando a la capacidad adaptativa y seguridad energética en un escenario de crisis climática en las regiones. 

    8. CONTENIDOS FINALES

    8.1. Índice de Figuras

    Figura 1 : Objetivos del sector energía establecidos dentro de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y su vínculo con los pilares de energía dentro del Plan.

    Figura 2: Instrumentos de Gestión al Cambio Climático dentro de la LMCC

    Figura 3: Participación de energéticos en los principales sectores de consumo final, año 2022.

    Figura 4: Composición de la capacidad instalada de generación eléctrica (SEN) a julio de 2024.

    Figura 5: Emisiones de GEI (kt CO2 eq) por sector. Elaboración propia en base a datos del MMA (2022). [1] Sector Procesos industriales y uso de productos (IPPU por sus siglas en inglés).

    Figura 6: Curva MAC para Sector Energía, agrupado por 6 grandes medidas propuestas para el período 2020-2030.

    Figura 7: Mapa de actores internos del Ministerio de Energía

    Figura 8: Mapa de actores externos al Ministerio de Energía, coadyuvantes y otros actores asociados (*) a la implementación de medidas.

    Figura 9: Vínculo entre las medidas contenidas en los PARCC y el Plan Sectorial de Energía

    8.2. Índice de Tablas

    Tabla 1: Resumen de Medidas Propuestas por Eje y su Vínculo con los Pilares Estratégicos del Plan y Objetivos de la ECLP.

    Tabla 2. Resumen del nivel de mitigación y costos esperados por medida para el período 2020-2030 y costos de abatimiento calculados para el período 2020-2050.

    Tabla 3: Cronograma de implementación de medidas de mitigación.

    Tabla 4. Cronograma de implementación de medidas de adaptación.

    Tabla 5. Cronograma de implementación de medidas de adaptación.

    Tabla 6: Ficha coadyuvante Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático del Sector Transportes.

    Tabla 7: Ficha coadyuvante Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Salud.

    8.3 GLOSARIO

    . Adaptación al cambio climático: acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o proyectado o a sus efectos en sistemas humanos o naturales, con el fin de moderar o evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Captura y almacenamiento de dióxido de carbono: proceso en el que un flujo relativamente puro de dióxido de carbono, procedente de fuentes industriales y de fuentes relacionadas con la energía, se separa o captura, condiciona, comprime y transporta hasta un lugar de almacenamiento para su aislamiento en la atmósfera durante un largo período. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Costo-efectividad: la gestión del cambio climático priorizará aquellas medidas que, siendo eficaces para la mitigación y adaptación, sean las que representen menores costos económicos, ambientales y sociales, considerando los costos indirectos de la inacción para la adaptación. (Art. 2 Ley 21.455)

    . Efectos adversos del cambio climático: los cambios en el medio ambiente, provocados por el cambio climático, que tienen consecuencias nocivas en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas, en la salud y el bienestar humano, o en los sistemas socioeconómicos. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Exposición: la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos medioambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían afectarse por peligros relacionados con el clima (IPCC, 2018).

    . Esfuerzos de mitigación: la identificación de los esfuerzos de mitigación contempla la base del análisis de la capacidad de mitigación del sector. Este tiene directa relación con las medidas de mitigación potenciales contempladas en el escenario de carbono neutralidad expuesto en la NDC de Chile, las que representan la oportunidad del país para alcanzar tal objetivo y por ende las 1.100 MTCO 2eq de presupuesto nacional de emisiones para el período 2020-2030 (ECLP, 2021).

    . Efectos adversos del cambio climático: los cambios en el medio ambiente, provocados por el cambio climático, que tienen consecuencias nocivas en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas, en la salud y el bienestar humano, o en los sistemas socioeconómicos. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Exposición: la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos medioambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían afectarse por peligros relacionados con el clima (IPCC, 2018).

    . Esfuerzos de mitigación: La identificación de los esfuerzos de mitigación contempla la base del análisis de la capacidad de mitigación del sector. Este tiene directa relación con las medidas de mitigación potenciales contempladas en el escenario de carbono neutralidad expuesto en la NDC de Chile, las que representan la oportunidad del país para alcanzar tal objetivo y por ende las 1.100 MTCO 2eq de presupuesto nacional de emisiones para el período 2020-2030 (ECLP, 2021).

    . Forzantes climáticos de vida corta: conjunto de compuestos con efecto climático, siendo gases, aerosoles o partículas, incluyendo carbono negro, cuya vida media en la atmósfera, después de ser emitidos o formados, se estima en horas o hasta décadas, en un rango siempre inferior a la vida media del dióxido de carbono. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Gas de Efecto Invernadero: componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre, emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera o por las nubes, considerados por la Convención y por la Enmienda de Kigali o las que las reemplacen. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Gestión del cambio climático: conjunto de políticas, planes, programas, regulaciones, normas, actos administrativos, instrumentos, medidas o actividades relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático, a nivel nacional, regional y local. La gestión del cambio climático comprenderá, entre otras, las medidas que tengan por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a éste, así como aprovechar las oportunidades beneficiosas y aumentar la resiliencia climática. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Grupos vulnerables: segmento de la población que presenta alto riesgo vinculado a los efectos adversos del cambio climático, por tratarse de grupos ya marginados o en condiciones previas de vulnerabilidad. (Art. 3 Ley 21.455)

    . Impacto: consecuencias de los riesgos materializados en los sistemas naturales y humanos (IPCC, 2018).

    . Medios de implementación: acción, medida o proceso del ámbito institucional o normativo para el desarrollo y transferencia de tecnología, creación y fortalecimiento de capacidades y financiamiento, entre otros, que se requieran para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Mitigación al cambio climático: acción, medida o proceso orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, o restringir el uso de dichos gases como refrigerantes, aislantes o en procesos industriales, entre otros, o a incrementar, evitar el deterioro o mejorar el estado de los sumideros de dichos gases, con el fin de limitar los efectos adversos del cambio climático. (Art. 3 Ley N° 21.455)

    . Peligro: ocurrencia potencial de una tendencia o suceso físico de origen natural o humano, que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en la propiedad, en la infraestructura, en los medios de subsistencia, en la prestación de servicios y/o en ecosistemas y recursos medioambientales (IPCC, 2018).

    . Pérdidas y daños: los impactos causados por el cambio climático a los que se encuentra expuesto un territorio y sus habitantes pueden ser de carácter económico, social o ambiental. En el caso en que estos sean irreversibles se llaman pérdidas y aquellos que son reversibles a priori se designan como daños. Se identifican tres tipos de pérdidas y daños: evitadas, no evitadas e inevitables (Art. 3 Ley N° 21.455)

    . Neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero: estado de equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero antropógenas, en un período específico, consider ando que las emisiones son iguales o menores a las abso rciones (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero: cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel nacional en un período determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el período respectivo definida para cumplir la meta del Acuerdo de París (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Presupuestos sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero: cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel sectorial en un período determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el período respectivo, según lo determine la Estrategia Climática de Largo Plazo (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Resiliencia climática: capacidad de un sistema o sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos adversos del cambio climático, manteniendo su función esencial, conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Riesgos vinculados al cambio climático: aquellas consecuencias potencialmente adversas para sistemas humanos o ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con tales sistemas. En el contexto del cambio climático, pueden surgir riesgos de los impactos potenciales del cambio climático, así como de las respuestas humanas al mismo (Art. 3 Ley 21.455).

    . Soluciones basadas en la naturaleza: acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastres, de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Sumidero: reservorio de origen natural o producto de la actividad humana, en suelos, océanos o plantas, que absorbe una mayor cantidad de gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero que la cantidad que emite, lo que debe ser contabilizado considerando todos los insumos del proceso absorciones (Art. 3 Ley N° 21.455).

    . Vulnerabilidad al cambio climático: propensión o predisposición a ser afectado negativamente por los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación de los ecosistemas, comunidades, territorios o sectores (Art. 3 Ley N° 21.455).

    8.4. Acrónimos

    . AP: Acuerdo de París

    . ASE: Agencia de Sostenibilidad Energética

    . BNE: Balance Nacional de Energía

    . CAPEX: Costos de inversión

    . CEN: Coordinador Eléctrico Nacional

    . CH4: Metano

    . CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

    . CN: Carbono Negro

    . CNE: Comisión Nacional de Energía

    . CO₂: Dióxido de Carbono

    . CSP: Concentración Solar de Potencia

    . ECLP: Estrategia Climática de Largo Plazo

    . EE: Eficiencia Energética

    . ER: Energías Renovables

    . ETICC: Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático

    . FE: Factor de Emisión

    . GEI: Gases de Efecto Invernadero

    . GLP: Gas Licuado de Petróleo

    . GN: Gas Natural

    . H2V: Hidrógeno Verde

    . IEA: Agencia Internacional de Energía

    . INGEI: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

    . IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

    . LGSE: Ley General de Servicios Eléctricos

    . LMCC: Ley Marco de Cambio Climático

    . M: Millones

    . MACC: Curva de Costos Marginales de Abatimiento

    . MP: Material Particulado

    . MEN: Ministerio de Energía

    . MEPS: Estándares Mínimos de Rendimiento Energético

    . MINMINERIA: Ministerio de Minería

    . MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

    . MMA: Ministerio de Medio Ambiente

    . MM: Miles de Millones

    . MOP: Ministerio de Obras Públicas

    . MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación

    . MTT: Ministerio de TransporteS y Telecomunicaciones

    . N2O: Óxido de Nitroso

    . NOX: Óxidos de Nitrógeno

    . NDC: Contribución Determinada a Nivel Nacional

    . OPEX: Costos de Operación

    . PANCC: Plan de Acción Nacional de Cambio Climático

    . PARCC: Plan de Acción Regional de Cambio Climático

    . PELP: Planificación Energética de Largo Plazo

    . PEN: Política Energética Nacional

    . PSA: Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático

    . PSM: Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático

    . PSMyA: Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

    . SAF: Sustainable Air Fuels

    . SEA: Sistema de Evaluación Ambiental

    . SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles

    . SEN: Sistema Eléctrico Nacional

    . SMA: Superintendencia de Medio Ambiente

    . SSMM: Sistema Mediano

    . SSAA: Sistema Aislado

    . SST: Sistemas Solares Térmicos

    8.1. BIBLIOGRAFÍA

    Ley N° 21.455. Diario Oficial de la República de Chile, 13 de junio de 2022.

    Ministerio de Energía. (2021). Análisis de antecedentes para la elaboración de un plan de manejo de la demanda de combustibles líquidos para Chile.

    Ministerio de Energía. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (2023). Hoja de ruta para el avance de la Electromovilidad en Chile.

    Ministerio de Energía. (2021). Estrategia Nacional de Electromovilidad.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2024). Propuesta de dimensiones e indicadores de género para el diseño de las medidas de mitigación.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Informe del Inventario Nacional de Chile 2022: Inventario nacional de gases de efecto invernadero y otros contaminantes climáticos 1990-2020.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2021). Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile.

    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD]. (2024). Measuring Progress in Adapting to a Changing Climate: Insights from OECD countries, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8cfe45af-en .

    Ministerio de Hacienda. (2019). Estrategia Financiera frente al Cambio Climático.

    Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. (2021). Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2024). Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático de Chile.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Reglamento que establece los procedimientos asociados a los instrumentos de gestión de cambio climático.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Guía para la elaboración de Planes sectoriales de adaptación.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Guía para la elaboración de los Planes sectoriales de mitigación en el contexto de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile.

    Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres [SENAPRED]. (s/f). Planes Estratégicos Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres en diferentes sectores 2020-2030.

    Ministerio del Medio Ambiente. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia [CR2]. (2020). Atlas de Riesgos Climáticos - ARCLIM. Disponible en: https://arclim.mma.gob.cl/

    Ministerio del Medio Ambiente.  (2022). Primera Comunicación de Adaptación de Chile.

    Ministerio del Medio Ambiente. (2023).  Informe de Seguimiento del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.

    Ministerio de Energía.  (2022). Agenda de Energía 2022-2026.

    Ministerio de Energía. (2022). Política Nacional de Energía: Evaluación Ambiental Estratégica.

    Ministerio de Energía. (2022). Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026.

    Gobierno Regional de Atacama. (2022). Plan de Acción Regional de Cambio Climático [PARCC] - Región de Atacama.

    Gobierno Regional de O'Higgins. (2022), Plan de Acción Regional de Cambio Climático [PARCC] - Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

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    Ministerio del Medio Ambiente. (2021). Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile.

    Ministerio de Energía. (2021). Estrategia Nacional de Calor y Frío.

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    Ministerio de Energía. (2023). Plan de Acción de Hidrógeno Verde.

    Ministerio de Energía. (2023). Plan de Descarbonización (en curso).

    Ministerio del Medio Ambiente. (2020). Contribución Determinada a Nivel Nacional [NDC] de Chile – Actualización 2020.

    CORFO (2023). Proyección de la necesidad de capital humano en el contexto de la implementación de la ley marco de cambio climático en Chile.

     

    8.7 ANEXO

     

    8.7.1. Fichas coadyuvantes Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio Climático

    Tabla 6: Ficha coadyuvante Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático del Sector Transportes

     

 

    Tabla 7: Ficha coadyuvante Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Salud   

     

   

    8.7.2. Asignación de responsabilidades en las medidas de mitigación lideradas por energía

   

   

    8.7.3. Resumen de la mitigación esperada, costos CAPEX y OPEX y costos de abatimiento a nivel de submedida

   

 

    8.7.4. Responsables y coadyuvantes a las medidas de adaptación, mitigación y medios de implementación, del PSMyA

  Tabla 8. Divisiones del Ministerio de Energía y sus roles en la implementación de las medidas del Plan.

    Anótese, tómese razón, y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Diego Pardow Lorenzo, Ministro de Energía.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.- Nicolás Grau Veloso, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Javiera Toro Cáceres, Ministro de Desarrollo Social.- Danilo Núñez Izquierdo, Ministro de Obras Públicas (S).- Ximena Paz Aguilera Sanhueza, Ministra de Salud.- Carlos Eduardo Montes Cisternas, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Aurora Williams Baussa, Ministra de Minería.- Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del Medio Ambiente.- Antonia Orellana Guarello, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., María Fernanda Riveros Inostroza, Jefa División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

    CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

    División Jurídica

    Cursa con alcances el decreto Nº 91, de 2024, del Ministerio de Energía

    N° E207996/2025.- Santiago, 4 de diciembre de 2025.

    Esta Contraloría General ha dado curso al decreto del epígrafe, por el que el Ministerio de Energía aprueba el Plan Sectorial de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático en Energía, pero es necesario hacer presente que, al tenor de los preceptos legales que regulan la materia, el referido plan busca fortalecer la prevención y respuesta del sector energía ante el cambio climático, contemplando las políticas a seguir en dicho ámbito, y su contenido no reviste carácter normativo, de manera que los objetivos y acciones que allí se fijan, deberán sujetarse en su concreción a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. Por ende, en la implementación del referido plan, las instituciones responsables y colaboradoras consideradas en el mismo no podrán exceder el límite de las atribuciones que la ley les asigna en relación con las acciones que les corresponden ejecutar (aplica el criterio consignado en los oficios N°s 31.378, de 2019, y E114714, de 2025, de este origen).

    En el mismo orden de ideas, es del caso manifestar que no compete a este Órgano de Fiscalización pronunciarse acerca del mérito, conveniencia u oportunidad del contenido y ejecución de las acciones que comprende el instrumento en análisis, al tenor de la limitación que el artículo 21 B de la ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, establece en este aspecto.

    A continuación, en cuanto a las acciones que señalan como indicadores de cumplimiento la de actos administrativos o normativos que corresponden emitir a entidades distintas de las responsables, cabe precisar que la obligación se entenderá satisfecha cuando se inicie o persevere en la tramitación del respectivo proyecto, según el caso.

    En lo que concierne a los recursos financieros que se señalan en la pertinente columna de cada acción, esta Entidad de Control entiende que, para su ejecución, y en los casos en los que no se consigne una fuente específica de financiamiento, estos deberán encontrarse disponibles de conformidad con el presupuesto anual que corresponda.

    Por otra parte, es útil señalar que, tanto en lo que respecta a las fechas de implementación de las acciones contenidas en las medidas de mitigación, adaptación e integración, como en lo que dice relación con la información relativa a la Mitigación Esperada [kt CO 2 eq], VAN CAPEX [MM USD]; VAN OPEX [MM USD] y costos de abatimiento de las medidas de mitigación, y de los responsables y coadyuvantes de esas medidas, ha de estarse a lo señalado en las respectivas fichas de cada una de ellas, y no a lo indicado en las tablas resúmenes contenidas en los acápites N°s. 5.1.3; 5.2.2; y 5.3.2, "Cronograma de implementación", 8.7.3, "Resúmenes de la mitigación esperada, costos CAPEX y OPEX y costos de abatimiento a nivel submedida" y 8.7.4, "Responsables y coadyuvantes a las medidas de adaptación, mitigación y medios de implementación, del PSMyA", respectivamente.

    A su vez, en lo meramente formal, resulta útil señalar, que el considerando primero se refiere al Ministerio de Energía, lo que se omite indicar; que en el acápite N° 2.4.2, "Subsector combustibles", último párrafo de la página 21 sobra el guarismo "178"; que en el acápite Nº 5.1.1, "Análisis prospectivo de GEI", primer párrafo, página 34, no debe ir la expresión "¡Error! No se encuentra el origen de la referencia"; que las medidas de adaptación son cuatro y no cinco, como se señala en el párrafo primero del punto N° 5, "Propuesta de medidas por eje", página 33; y que se encuentran reiterados los conceptos de "Efectos adversos al cambio climático", "Exposición" y "Esfuerzos de mitigación", contenidos en el acápite N° 8.3, "Glosario", página 121.

    Finalmente, se hace presente, que en lo sucesivo ese Ministerio deberá inutilizar, con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, los espacios en blanco de los instrumentos que se remitan para su toma de razón, lo que no aconteció en algunas páginas del documento de que se trata (aplica el criterio contenido en el oficio N° E24436, de 2025, entre otros).

    Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del instrumento del rubro.

    Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General de la República.

    Al señor

    Ministro de Energía

    Presente.