APRUEBA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO- SECTOR INFRAESTRUCTURA
Núm. 167.- Santiago, 5 de diciembre de 2024.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 850 de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del DFL. N° 206, de 1960; en decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado; en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la ley N° 20.417, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el decreto con fuerza de ley N° 88, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que adopta las medidas que indica en relación con el Ministerio de Economía y Comercio y sus atribuciones y actividades; en la ley N° 20.502, que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; en el decreto con fuerza de ley N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura Ministerio de Agricultura; en la Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica; en la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional; en el decreto ley N° 557, que Crea el Ministerio de Transportes; en la ley N° 16.391 que Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; en la ley N° 6.640 que Aprueba el Texto Refundido de la ley N° 6.334, que Creó las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y de Fomento a la Producción, del Ministerio de Hacienda; en la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; en la Ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático; en los decretos supremos N° 123, de 1995, N° 349, de 2004 y N° 30, de 2017, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgan, respectivamente, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; en el decreto supremo N° 16, de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento que establece procedimientos asociados a los instrumentos de gestión del cambio climático; en la resolución N° 315, de 6 de febrero de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba norma General de Participación Ciudadana; en el Acuerdo N° 26, de 21 de noviembre de 2024, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático; y en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,
Considerando:
1. Que, el Ministerio de Obras Públicas, es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales y de la infraestructura hídrica, y es el organismo coordinador de los planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios que lo constituyen, conforme lo dispuesto en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, de la referida cartera.
2. Que, el Estado de Chile se ha comprometido en el combate contra el cambio climático, adoptando un conjunto de instrumentos internacionales en esta materia, destacando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, promulgados en el país, respectivamente, mediante los decretos supremos N° 123, de 1996, N° 349, de 2004, y N° 30, de 2017, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Que, conforme lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo de París, las Partes del referido instrumento deberán realizar y comunicar sus esfuerzos para alcanzar el propósito del Acuerdo, el que se encuentra dirigido a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza.
4. Que, en este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró, en conjunto con los órganos de la Administración del Estado competentes, la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (en adelante, "NDC", por sus siglas en inglés), la que fue presentada el año 2015 y contiene los compromisos del país en materia de mitigación, adaptación y relativos a los medios de implementación, tales como la construcción y fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia tecnológica y el financiamiento climático.
5. Que, de acuerdo a los artículos 4.3 y 4.9 del Acuerdo de París, la NDC sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto a su contribución vigente, y esta contribución deberá ser actualizada y comunicada cada cinco años.
6. Que, en consecuencia, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con diversos Ministerios y otros organismos sectoriales, actualizó la NDC de Chile, y lo sometió al conocimiento y pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, según consta en el Acuerdo N° 5/2020, de 17 de marzo de 2020, del señalado Consejo. Posteriormente, la NDC actualizada fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el 9 de abril de 2020.
7. Que, por otra parte, el artículo 4.19 del Acuerdo de París, dispone que las Partes deberían esforzarse en formular y comunicar estrategias de largo plazo para alcanzar un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, considerando lo dispuesto en el artículo 2° del referido Acuerdo y teniendo presente, además, sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, a la luz de las circunstancias nacionales de las Partes.
8. Que, en este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente, en colaboración con los Ministerios sectoriales competentes, elaboró la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile (en adelante, "ECLP"). Se trata de una política de carácter nacional que contiene las principales directrices, lineamientos, presupuestos de emisiones, objetivos y metas de mediano y largo plazo del país, en materia de mitigación, adaptación y medios de implementación, que tiene por objeto implementar los compromisos internacionales contenidos en la NDC de 2020.
9. Que, la ECLP de Chile fue sometida al conocimiento y pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, según consta en el Acuerdo N° 33/2021, del referido Consejo, adoptado en sesión ordinaria de 21 de octubre de 2021. La ECLP de Chile fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático con fecha 3 de noviembre de 2021.
10. Que, posteriormente, con fecha 13 de junio de 2024, fue publicada en el Diario Oficial la ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático (en adelante, la "ley N° 21.455"), norma que, conforme lo dispuesto en su artículo 1°, tiene por objeto hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos de vida corta, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones al año 2050; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.
11. Que, la ley N° 21.455 establece y reconoce, en su Título II, un conjunto de instrumentos de gestión al cambio climático, a nivel internacional, nacional, sectorial, regional y local. En este sentido, se destaca la Contribución Determinada a Nivel Nacional, en el artículo 7°, la Estrategia Climática de Largo Plazo, en el artículo 5°, los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en los artículos 8° y 9°, respectivamente, los Planes de Acción Regional de Cambio Climático, en el artículo 11, y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático, en el artículo 12. Los instrumentos de gestión del cambio climático señalados conforman, en su conjunto, un sistema jerárquico y estructurado de acuerdo al ámbito en que producen sus efectos.
12. Que, el referido cuerpo legal, en su artículo 8°, dispone que los Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio Climático contendrán el conjunto de medidas y acciones para reducir o absorber gases de efecto invernadero, de manera de no superar el presupuesto de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en la Estrategia Climática de Largo Plazo.
13. Que, la ley N° 21.455, en su artículo 9°, establece que los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático establecerán el conjunto de medidas y acciones para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores que presentan una mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática, de conformidad a los objetivos y metas establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile.
14. Que, a mayor abundamiento, el artículo 8°, inciso 4°, dispone que el Ministerio de Obras Públicas corresponderá a uno de los ministerios que deberán elaborar un Plan Sectorial de Mitigación del Cambio Climático para su respectivo sector. Por su parte, el artículo 17 de la ley N° 21.455, establece que el Ministerio de Obras Públicas es una autoridad sectorial en materia de cambio climático, y, en consecuencia, le corresponde elaborar e implementar su respectivo Plan Sectorial de Mitigación del Cambio Climático, conforme lo dispuesto en el artículo 8°, previamente citado.
15. Que, por su parte, el artículo 9° de la ley N° 21.455 establece las autoridades sectoriales que deberán elaborar Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático. Entre estas, el numeral 1°, letra c), del señalado artículo, dispone que corresponderá al Ministerio de Obras Públicas elaborar el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático en Infraestructura. En este mismo sentido, el artículo 17 establece que este Ministerio, en su calidad de autoridad sectorial, deberá elaborar e implementar el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático que le corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9°, previamente señalado.
16. Que, la ley N° 21.455, dispone que los procedimientos de elaboración, revisión y actualización de los señalados Planes Sectoriales, se establecerán mediante un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente.
17. Que, el decreto supremo N° 16, de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento que establece procedimientos asociados a los instrumentos de gestión del cambio climático (en adelante, el "decreto supremo 16"), establece en su artículo segundo transitorio que sus disposiciones se aplicarán de forma inmediata respecto de los procedimientos de elaboración o actualización del cambio climático que se encuentren iniciados en forma previa a la entrada en vigencia del referido reglamento, homologándose los actos de instrucción conforme a la etapa en que se encuentre cada procedimiento.
18. Que, el Título IV del decreto supremo 16, regula el procedimiento de elaboración de los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, estableciendo cinco etapas para la elaboración de estos instrumentos de gestión del cambio climático, a saber: Etapa N° 1, del inicio del procedimiento; Etapa N° 2, del anteproyecto de los planes sectoriales de mitigación y adaptación; Etapa N° 3, de la realización de la consulta ciudadana y remisión del anteproyecto a las entidades de apoyo; Etapa N° 4, de la elaboración del proyecto definitivo e informe financiero; y la etapa N° 5, sobre la finalización del procedimiento de elaboración de los planes sectoriales de mitigación y adaptación.
19. Que, el decreto supremo 16, en su artículo 49, dispone que, cuando una misma autoridad sectorial deba elaborar un Plan Sectorial de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático, ésta podrá tramitarlo conjuntamente en un mismo procedimiento, y, asimismo, establece que su dictación podrá ser formalizada en un mismo decreto supremo.
20. Conforme lo requerido en el decreto supremo 16, con fecha 1 de febrero de 2024, se dictó la resolución exenta N° 58, del Ministerio de Obras Públicas, mediante la cual se dio inicio al proceso de actualización del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura.
21. Que, concluido el período de la primera etapa, este Ministerio comenzó la elaboración del anteproyecto del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura, en conjunto con los organismos coadyuvantes del procedimiento.
22. Que, mediante resolución exenta N° 285, de 2 de julio de 2024, del Ministerio de Obras Públicas, se aprobó el anteproyecto del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura, y con ello se procedió a someter a consulta ciudadana y se remitió a las entidades de apoyo establecidas en el artículo 44 del Decreto Supremo 16, dando inicio a la etapa N° 3 del procedimiento. Asimismo, con el objeto de facilitar la participación ciudadana, el referido anteproyecto fue remitido a los Gobiernos Regionales, en su calidad de presidente de los Comités Regionales para el Cambio Climático.
23. Que, la consulta ciudadana se extendió durante sesenta días hábiles, dando inicio el día 12 de julio de 2024 y concluyendo el día 11 de octubre de 2024.
24. Que, durante la etapa N° 3, el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático emitió su opinión en sesión de fecha 26 de septiembre de 2024, según consta en Acta de Acuerdo N° 5/2024. Por su parte, el Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático emitió su pronunciamiento mediante oficio N° 245184/2024, de 15 de octubre de 2024, del Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático emitió su informe mediante oficio N° 626 de 11 de octubre de 2024, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
25. Que, concluida la tercera etapa del procedimiento, este Ministerio comenzó la elaboración del Proyecto Definitivo de Actualización del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura, considerando las observaciones ciudadanas formuladas, el pronunciamiento, opinión e informe de las entidades de apoyo, y la participación de los organismos coadyuvantes en el procedimiento.
26. Que, conforme al artículo 46 del Decreto Supremo N° 16, durante la cuarta etapa del procedimiento, este Ministerio elaboró el informe financiero de las medidas de mitigación del referido Plan, aprobado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, mediante su oficio N° 3.634 del 20 de noviembre de 2024.
27. Que, conforme al artículo 47 del decreto supremo N° 16, mediante Ord. N° 1208 de 11 de noviembre de 2024, el Ministerio de Obras Públicas remitió el Proyecto Definitivo del señalado Plan, junto con el Informe Financiero y el pronunciamiento del Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, al conocimiento y pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, dando inicio a la quinta etapa del procedimiento.
28. Que, con fecha 21 de noviembre de 2024, en la tercera sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, a través del acuerdo N° 26/2024 se aprobó por unanimidad el Proyecto Definitivo de Actualización del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura.
29. Que, habiéndose cumplido a cabalidad el procedimiento para la Actualización del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura, conforme al artículo 48 del decreto supremo N° 16, corresponde dictar el correspondiente Decreto Supremo aprobatorio.
Decreto:
Artículo único: Apruébase la Actualización del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en la tercera sesión extraordinaria de 2024, cuyo texto es el siguiente:
Actualización del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Sector Infraestructura
Departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático
División de Infraestructura Sostenible
Dirección General de Obras Públicas - MOP
Noviembre 2024

Contenidos
Índice de Tablas
Índice de Figuras
Siglas y Acrónimos
Glosario
Introducción
1 Contexto y antecedentes
1.1 Contexto global y nacional del cambio climático
1.2 Caracterización del sector
1.2.1 Dimensiones de la Sostenibilidad del Plan
1.3 Definiciones estratégicas de cambio climático e instrumentos relacionados
1.3.1 Soluciones basadas en la Naturaleza
1.3.2 Economía Circular
1.3.3 Instrumentos relacionados
1.4 Proceso de elaboración del plan: etapas e hitos relevantes
2 Diagnóstico sectorial de cambio climático
2.1 Descripción de las emisiones del sector
2.2 Análisis de tendencias del sector
2.2.1 Estrategia Climática de Largo Plazo, atribución sectorial
2.3 Análisis de cumplimiento del sector
2.4 Evaluación de impactos, vulnerabilidad y riesgos climáticos
2.4.1 Definiciones estratégicas de cambio climático
2.4.2 Evaluación de impactos, vulnerabilidad y riesgos climáticos
2.4.3 Riesgos climáticos
2.4.4 Casos Recientes
2.5 Evaluación del Plan Sectorial precedente
3 Planificación estratégica
3.1 Visión del Plan
3.2 Objetivos del plan
3.2.1 Objetivo General
3.2.2 Objetivos Específicos
3.3 Estructura general del plan
3.3.1 Líneas Estratégicas
3.3.2 Enfoque de definición de medidas: Análisis de Ciclo de Vida
3.3.3 Priorización de las medidas de adaptación
3.3.4 Evaluación de riesgos climáticos en zonas latentes
3.3.5 Medidas
3.4 Fichas de Medidas
3.4.1 Medidas de Adaptación
3.4.2 Medidas de Mitigación
3.4.3 Medidas Medios de Implementación
4 Cronograma de actividades según medida y acción
5 Arreglos institucionales
6 Recomendaciones para los Planes de Acción Regionales y otros instrumentos
7 Identificación de barreras para el cumplimiento de las medidas asociadas al Plan: adaptación, mitigación y medios de implementación
8 Monitoreo y evaluación del Plan
Índice de Tablas
Tabla 1: Amenazas climáticas que pueden interrumpir los servicios de conectividad territorial
Tabla 2: Amenazas climáticas extremas que afectan los servicios que presta la infraestructura de protección del territorio
Tabla 3: Observaciones Recibidas en Etapa de Participación Ciudadana Temprana y Consulta Ciudadana
Tabla 4: Sector Energía: emisiones de GEI (kt CO2 eq) por subcategoría, serie 1990-2020
Tabla 5: INGEI de Chile: emisiones de GEI (Mt CO2 eq) por autoridad, serie 2010-2020
Tabla 6. Asignación sectorial del presupuesto de emisiones del período 2020-2030 (MtonCO2eq)
Tabla 7. Línea base MOP por cada componente del INGEI, para el año 2018
Tabla 8: Asignación original de categorías del INGEI al MOP
Tabla 9: Categorías asignadas al MOP con participación directa
Tabla 10: Categorías asignadas al MOP con participación indirecta
Tabla 11: Esfuerzos de mitigación medidas de mitigación del MOP (escenarios realista y optimista) 2020-2030
Tabla 12: Potenciales impactos de las amenazas climáticas sobre los servicios de infraestructura y la edificación pública
Tabla 13: Potenciales impactos de las amenazas climáticas sobre los servicios de infraestructura y edificación pública
Tabla 14: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de exceso de precipitaciones
Tabla 15: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de déficit de precipitaciones
Tabla 16: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de vientos extremos y variables costeras
Tabla 17: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de temperaturas extremas
Tabla 18: Factores de vulnerabilidad de los servicios de conectividad territorial
Tabla 19: Factores de vulnerabilidad de los servicios de protección del territorio ante eventos extremos
Tabla 20: Factores de vulnerabilidad de los servicios de provisión y conservación de la edificación
Tabla 21: Gasto aproximado por eventos extremos
Tabla 22: Inversión en recuperación temprana y permanente e inversión / Plan Reconstrucción Inundaciones 2023
Tabla 23: Fases y etapas para las iniciativas de inversión
Tabla 24: Tabla de medidas y líneas Estratégicas asociadas
Índice de Figuras
Figura 1: Principios de Economía Circular en la cadena de valor de la construcción
Figura 2: Asistentes Proceso Participativo, por Región
Figura 3: INGEI de Chile: emisiones de GEI totales (kt CO2 eq) por sector, serie 1990-2020
Figura 4: Actividades de quema de combustible: emisiones de GEI (kt CO2 eq) por subcategoría, serie 1990-2020
Figura 5: INGEI de Chile: tendencia de las emisiones de GEI (Mt CO2 eq) por autoridad, serie 2010-2020
Figura 6: Tipologías de Soluciones Basadas en la Naturaleza para el MOP
Figura 7: El riesgo climático y sus componentes
Figura 8: Mapas anuales y estacionales de anomalías estandarizadas de la temperatura mínima y máxima, respecto al promedio 1981-2010
Figura 9: Amenaza a centros urbanos debido al cambio en los eventos de precipitación extrema entre el período presente y futuro
Figura 10: Distribución geográfica del índice combinado de amenaza futura de sequía hidrológica, período 2025-2060
Figura 11: Índice de aumento en frecuencia de oleaje para el período futuro en caletas de pescadores
Figura 12: Índice de amenaza futura de ola de calor, período 2025-2060
Figura 13: Enfoque metodológico para definición de medidas del Plan
Figura 14: Clasificación de medidas según Líneas Estratégicas
Figura 15: Esquema estructura del Plan
Siglas y Acrónimos


Glosario
Adaptación al cambio climático: acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o proyectado o a sus efectos en sistemas humanos o naturales, con el fin de moderar o evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas. (Ley 21.455)
Análisis de ciclo de vida: recopilación y evaluación de entradas, salidas y de los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a través de su ciclo de vida. (NCh3423:2022).
Año base: último año con un INGEI disponible, para este informe se utilizó el INGEI 2020.
Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Ley 21.455)
Carbono Negro: El carbono negro (BC) es un forzante climático, que forma parte del material particulado fino (MP2,5) principal contaminante atmosférico en Chile.
Categorías y sectores del INGEI: En el INGEI, las estimaciones de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero se dividen en sectores principales, que son grupos de procesos, fuentes y sumideros relacionados. Estos son: Energía; Procesos, Industrias y Uso de productos (IPPU), Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) y Residuos. Luego, cada sector comprende categorías individuales (p.ej. en el Sector Energía se incluye la Categoría Transporte) y subcategorías (p. ej. automóviles) (MMA, 2023).
Certificación Edificio Sustentable (CES): Sistema nacional de Certificación de Calidad Ambiental y Eficiencia Energética para edificios de usos públicos. Permite evaluar, calificar y certificar el grado de sustentabilidad ambiental de un edificio de lograr niveles adecuados de calidad ambiental interior, con un uso eficiente de recursos y baja generación de residuos y emisiones, sin diferenciar propiedad y/o administración pública o privada. Versión 1.1 Dic. 2023 CES.
Ciclo de vida: todas las etapas consecutivas e interrelacionadas en la vida de un objeto bajo consideración (NCh3423:2022).
Contribución Determinada a Nivel Nacional: es el instrumento que contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de París y la Convención (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2022).
Costo-efectividad: principio para la gestión del cambio climático que establece que se priorizarán aquellas medidas que, siendo eficaces para la mitigación y adaptación, sean las que representen menores costos económicos, ambientales y sociales, considerando los costos indirectos de la inacción para la adaptación (Ley 21.455).
Economía Circular: es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Respaldada por una transición a fuentes renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social y se basa en tres principios: Eliminar residuos y contaminación desde el diseño; Mantener productos y materiales en uso; Regenerar sistemas naturales. (© Ellen MacArthur Foundation (2022) Definiciones).
Efectos adversos del cambio climático: Los cambios en el medio ambiente, provocados por el cambio climático, que tienen consecuencias nocivas en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas, en la salud y el bienestar humano, o en los sistemas socioeconómicos (MMA, 2024).
Eficiencia energética: Consiste en lograr un mismo resultado consumiendo menos energía, sin disminuir la calidad de vida, o la calidad de los productos o servicios entregados (Ministerio de Energía, 2022b).
Escenario de línea base: En este escenario se asume que Chile no realiza ninguna acción para mitigar el Cambio Climático, también denominado de referencia o Business as Usual (BAU). En base a esos supuestos se proyectan las emisiones del país desde el 2020 hasta el 2050.
Esfuerzo de mitigación sectorial: Equivalente a la meta de mitigación sectorial, es decir, la cantidad de emisiones de GEI que el sector debe dejar de emitir o reducir para que sus emisiones totales no sobrepasen su presupuesto sectorial de emisiones de GEI (MMA, 2024).
Estrategia Climática de Largo Plazo: Es un instrumento reconocido en el Acuerdo de París, en el que se definen los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años para el cumplimiento del objeto de la Ley Marco de Cambio Climático de Chile (LMCC). Dentro de sus contenidos más relevantes en materia de mitigación destacan la definición de un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050, y de los presupuestos de emisión para cada uno de los sectores que establece la ley al 2030. Adicionalmente, contiene lineamientos en materia de adaptación al cambio climático, así como de evaluación de riesgos, considerando la vulnerabilidad de cada sector específico (MMA, 2022).
Factor de emisión: Coeficiente que cuantifica las emisiones o absorciones de un gas por unidad de actividad. Los factores de emisión suelen basarse en una muestra de datos de medición, promediados para desarrollar un índice representativo de emisión para un nivel de actividad determinado en un conjunto dado de condiciones de funcionamiento (IPCC, 2019).
Fenómeno meteorológico extremo: Fenómeno meteorológico raro en determinado lugar y época del año. Aunque las definiciones de raro son diversas, la rareza normal de un fenómeno meteorológico extremo sería igual o superior a los percentiles 10° o 90° de la estimación de la función de densidad de probabilidad observada. Por definición, las características de un fenómeno meteorológico extremo pueden variar de un lugar a otro en sentido absoluto.
Un comportamiento extremo del tiempo puede clasificarse como fenómeno meteorológico extremo cuando persiste durante cierto tiempo (por ejemplo, una estación), especialmente si sus valores promediados o totales son extremos (por ejemplo, sequía o precipitación intensa a lo largo de una temporada). (IPCC)
Gas de Efecto Invernadero: componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre, emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera o por las nubes, considerados por la Convención y por la Enmienda de Kigali o las que las reemplacen. (Ley 21.455)
Generación distribuida: La generación distribuida permite a hogares, escuelas, negocios, entre otros (los llamados clientes regulados), el derecho a autoabastecer su consumo eléctrico a través de equipos de generación propia (en base a fuentes de energía renovable o de cogeneración eficiente) e inyectar los excedentes de energía a la red, recibiendo una compensación económica por ello (Fundación Endesa, 2024).
Gestión del cambio climático: Conjunto de políticas, planes, programas, regulaciones, normas, actos administrativos, instrumentos, medidas o actividades relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático, a nivel nacional, regional y local. La gestión del cambio climático comprenderá, entre otras, las medidas que tengan por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a éste, así como aprovechar las oportunidades beneficiosas y aumentar la resiliencia climática (MMA, 2024).
Grupos vulnerables: Segmento de la población que presenta alto riesgo vinculado a los efectos adversos del cambio climático, por tratarse de grupos ya marginados o en condiciones previas de vulnerabilidad (MMA, 2024).
Indicador: Es información, que puede ser utilizada por los mecanismos de control para monitorear y ajustar las acciones que un determinado sistema o proceso emprende para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos (ISO9001:2015).
Huella de Carbono: conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, directa o indirectamente, por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes. (Ministerio del Medio Ambiente, s.f.).
Meta de mitigación sectorial: Es la cantidad de emisiones de GEI que el sector debe dejar de emitir para que sus emisiones totales no sobrepasen a su presupuesto sectorial de emisiones de GEI (MMA, 2024).
Mitigación al cambio climático: acción, medida o proceso orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, o restringir el uso de dichos gases como refrigerantes, aislantes o en procesos industriales, entre otros, o a incrementar, evitar el deterioro o mejorar el estado de los sumideros de dichos gases, con el fin de limitar los efectos adversos del cambio climático. (Ley 21.455).
Neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero: Estado de equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero antropogénicas, en un período específico, considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones (MMA, 2024).
Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático: El plan nacional de adaptación es una de las metas establecidas en el Plan de acción nacional sobre cambio climático 2008-2012 (PANCC), configurándose como el instrumento articulador a partir del cual se definirá la política pública de adaptación frente a los efectos del cambio climático en el largo plazo (Ley 21.455).
Plan Sectorial de Mitigación del Cambio Climático: Instrumento que establecerá un conjunto de acciones y medidas para reducir o absorber gases de efecto invernadero, de manera de no sobrepasar el presupuesto sectorial de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en la Estrategia Climática de Largo Plazo (Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 2022).
Potencial de mitigación o potencial de reducción de emisiones: Es la cantidad de reducciones netas de emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden lograr mediante una opción de mitigación determinada en relación con una línea base de emisiones específica. Las reducciones netas de emisiones de gases de efecto invernadero son la suma de las emisiones reducidas y/o de los sumideros mejorados (MMA, 2024).
Presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero: Cantidad máxima permitida de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel nacional en un período determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el período respectivo definida para cumplir la meta del Acuerdo de París (MMA, 2022).
Presupuestos de emisiones de gases de efecto invernadero: concepto introducido por el IPCC, para identificar cuánta es la masa total de CO2eq que queda por emitir a la atmósfera con tal de no sobrepasar un escenario de 1.5°C de calentamiento global. Este enfoque releva la importancia que tienen las emisiones de CO2eq acumuladas en el tiempo en el Cambio Climático, y que pueden representar un riesgo latente, más que un nivel de emisiones alcanzado en algún año en particular (MMA, 2021).
Resiliencia climática: capacidad de un sistema o sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos adversos del cambio climático, manteniendo su función esencial, conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. (Ley 21.455).
Riesgos vinculados al cambio climático: Aquellas consecuencias potencialmente adversas para sistemas humanos o ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con tales sistemas. En el contexto del cambio climático, pueden surgir riesgos de los impactos potenciales del cambio climático, así como de las respuestas humanas al mismo (MMA, 2024).
Soluciones basadas en la Naturaleza: acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastres, de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad. (Ley 21.455).
Sumidero: Reservorio de origen natural o producto de la actividad humana, en suelos, océanos o plantas, que absorbe una mayor cantidad de gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero que la cantidad que emite, lo que debe ser contabilizado considerando todos los insumos del proceso (MMA, 2024).
Vida útil: período de tiempo luego de la instalación durante el cual una obra de construcción o sus partes cumplen o exceden el o los requisitos de desempeño (NCh3423:2022).
Vulnerabilidad al cambio climático: propensión o predisposición a ser afectado negativamente por los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación de los ecosistemas, comunidades, territorios o sectores. (Ley 21.455).
Introducción
La influencia humana en el calentamiento de la atmósfera, océanos y tierra es inequívoca (IPCC, 2023). El aumento sostenido de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ha puesto en serio riesgo el cumplimiento de todas las metas globales de descarbonización, especialmente las metas del Acuerdo de París que entró en vigor en 2017.
Recientemente, la Organización de Naciones Unidas ha reconocido que "las emisiones mundiales no se ajustan a las trayectorias de mitigación modeladas a nivel mundial que serían compatibles con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, y las oportunidades para elevar el nivel de ambición y aplicar los compromisos existentes a fin de limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales se están agotando rápidamente" (UNFCCC, 2023). Por lo tanto, el llamado es a la urgencia en acelerar la acción climática.
Según el informe 2021 de UNOPS (PNUMA y Universidad de Oxford), denominado "Infraestructura para la acción por el clima", es central que los Estados planifiquen, diseñen y gestionen la infraestructura en favor de un futuro resiliente y con bajas emisiones. En este informe se hace hincapié en la necesidad de "hacer cambios radicales en la forma en que se concibe la infraestructura para frenar los efectos más graves del cambio climático", repensando las infraestructuras bajo un enfoque de resiliencia, "ya que las decisiones en materia de infraestructura que se tomen hoy determinarán la calidad del futuro común" 1.
Considerando lo anterior, la infraestructura, junto a su rol dinamizador en la economía del país, asume también una función clave en la protección del territorio frente a eventos extremos, cada vez más intensos y frecuentes; y por otra parte, una función relevante en apoyo a la carbono-neutralidad, reduciendo emisiones de GEI a la atmósfera. No obstante se estima a nivel global que "la infraestructura es responsable del 79% de las emisiones totales de GEI", a la vez "se pone de relieve el papel, a menudo soslayado, que desempeña la infraestructura a la hora de combatir el cambio climático, en especial en lo que respecta a los esfuerzos de mitigación y adaptación, y se examina la influencia de la infraestructura en la acción por el clima en los sectores de la energía, el transporte, los residuos sólidos, las comunicaciones digitales y la construcción" (UNOPS, 2021).
Este sentido de urgencia ha sido recogido por el Estado de Chile, y es así como en el año 2022 se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), para que el país pueda enfrentar el cambio climático mediante la ejecución de planes en materia de mitigación y adaptación, con acciones concretas y con foco en el cumplimiento de sus compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París. En específico, la LMCC establece los Instrumentos de Gestión del Cambio Climático (IGCC) en forma diferenciada según alcance territorial: nacional, regional y local, y determina la necesidad de actualizar los planes de mitigación y adaptación del Sector Infraestructura, a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
A modo de antecedente, el MOP dispuso su primer instrumento de acción contra el cambio climático, denominado "Plan de Adaptación y Mitigación a los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático", con vigencia entre 2017 y 2022, el cual resulta necesario actualizar acorde al mandato de la LMCC y a las nuevas evidencias, amenazas e impactos asociados al cambio climático surgidas en el intertanto, con efectos en la necesidad de adecuar la infraestructura y la edificación pública.
La actualización del Plan de Adaptación y Mitigación orienta sus acciones hacia la promoción del desarrollo de infraestructura y edificaciones resilientes y la contribución a la carbono-neutralidad. Asimismo, busca implementar enfoques de territorialidad, género e interculturalidad, incorporando Soluciones basadas en la Naturaleza, enfoque de riesgo de desastres y generando sinergias entre la academia, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y el MOP para un trabajo conjunto que acompañe al desarrollo integral del país.
Respecto a las Soluciones basadas en la Naturaleza, hay que destacar que este tipo de soluciones permiten abordar de manera conjunta los desafíos de mitigación y adaptación al cambio climático, promoviendo la generación de sinergias al aprovechar los servicios ecosistémicos para reducir emisiones y, al mismo tiempo, fortalecer la resiliencia de comunidades y territorios frente a los impactos climáticos.
La integración de la mitigación y la adaptación en un enfoque conjunto (componente de integración) permiten maximizar los beneficios de las políticas climáticas, asegurando que las acciones destinadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero también fortalezcan la resiliencia de las comunidades y ecosistemas de ahí que sea requerido cuando los planes se tramitan de forma conjunta. En este sentido, el presente Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Infraestructura se presenta como una herramienta clave, al promover soluciones que no solo contribuyen a la carbono-neutralidad, sino que pone las necesidades y seguridad de las personas al centro de las prioridades, potenciando la protección de vidas humanas, medios de subsistencia y biodiversidad, de modo tal de reducir la vulnerabilidad de los territorios, sin interrumpir el suministro de servicios que presta la infraestructura y la edificación pública, bajo un enfoque de resiliencia climática.
Las acciones y metas aquí descritas se han enfocado en asegurar la debida consideración de una perspectiva de género integral, ya sea mediante la incorporación de los roles femeninos en la planificación, formulación, diseño, construcción y operación de obras, así como en la consideración de los impactos diferenciados en casos de fenómenos disruptivos de los servicios de infraestructura y edificación pública.
Este Plan se da en el marco de los compromisos adquiridos por Chile bajo su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), y más ampliamente bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Para su elaboración, desarrollada por la Dirección General de Obras Públicas bajo coordinación de su División de Infraestructura Sostenible, se ha contado con el apoyo de un equipo multidisciplinario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderado por la División de Transporte e Infraestructura.
1 Contexto y antecedentes
1.1 Contexto global y nacional del cambio climático
Con el aumento progresivo de la temperatura global, acercándose a los 1.5°C para el año 2030 (IPCC, 2023), la crisis climática se presenta como un desafío global que requiere ser abordado de manera integrada, lo que se ha traducido en una búsqueda constante de soluciones que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. Frente a ello, la construcción colectiva de soluciones ha sido incremental en los últimos años. Especialmente a partir de las agendas ONU 2015: el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París (COP21), se han construido compromisos y estrategias nacionales para abordar el Cambio Climático y promover el desarrollo sostenible.
Según la ONU, la resiliencia de la infraestructura puede ser definida como la prevención, absorción, recuperación y adaptación oportunas y eficientes de las estructuras y de sus funciones esenciales, que han estado expuestas a peligros. La implementación de la resiliencia debe realizarse mediante la gestión colaborativa del riesgo y la incertidumbre, la evaluación de múltiples peligros y los métodos que abarcan la naturaleza sistémica de la infraestructura nacional (UNDRR, 2023).
Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define a la infraestructura sostenible (IS) como aquellos proyectos de infraestructura que se planifican, diseñan, construyen, operan y desmantelan de forma que se garantice la sostenibilidad económica y financiera, social, medioambiental e institucional durante todo su ciclo de vida (BID, 2022).
Frente a la severidad de los efectos climáticos que afectan a Chile, las instituciones del Estado han avanzado en la incorporación del concepto de "resiliencia climática", tanto en su trabajo actual como en la planificación de acciones y proyectos futuros.
A nivel país, en 2022 se publica la Ley 21.455, "Ley Marco de Cambio Climático" (LMCC), la cual tiene como principal objetivo hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de GEI al año 2050. Con este fin, la Ley establece un esquema institucional en el que se dotan a los diversos órganos de la Administración del Estado de un conjunto de nuevas competencias, funciones y obligaciones, asignándoles el desarrollo de diversos instrumentos de gestión del cambio climático (MMA, 2022), con los siguientes instrumentos de alcance nacional:
. Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC): Instrumento que contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de París y la Convención.
. Estrategia Climática Largo Plazo (ECLP): Instrumento reconocido en el Acuerdo de París en el que se definen los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años para el cumplimiento del objeto de esta ley.
. Planes Sectoriales de Cambio Climático: Instrumentos de corto plazo que tienen por finalidad avanzar en los compromisos país en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Los ministerios a cargo de elaborar Planes Sectoriales de Mitigación son: Energía, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Salud, Agricultura, Obras Públicas, y Vivienda y Urbanismo. En tanto, los Planes Sectoriales de Adaptación corresponden a los ministerios de Obras Públicas, Salud, Minería, Energía, Vivienda y Urbanismo, Defensa Nacional, Transporte y Telecomunicaciones, y finalmente Economía, Fomento y Turismo.
. Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático: Es un instrumento que tiene por objetivo monitorear e informar el estado de avance de cambio climático en el país a corto plazo.
En el contexto específico del Ministerio de Obras Públicas, y para avanzar en esta acción incremental de vinculación entre infraestructura y adaptación y mitigación al cambio climático, el MOP ha desarrollado una estrategia de integración de la gestión del cambio climático en sus diferentes instrumentos de política pública, transversalizando los principios de desarrollo resiliente y sostenible en su Política de Sostenibilidad como instrumento de carácter general, en los Plan Sectoriales de Cambio Climático en el corto plazo, y en el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 en un horizonte a mayor plazo, según el siguiente detalle.
. Política de Sostenibilidad MOP: instrumento marco para guiar en forma sistemática los avances institucionales en sostenibilidad materia de infraestructura, edificación pública y gestión del recurso hídrico, haciéndolos parte del quehacer permanente del Ministerio y otorgándoles continuidad en el tiempo. Como tal, orienta la gestión hacia las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: ambiental y de resiliencia con énfasis en la crisis climática, social, económico-financiera e institucional, ordenando su visión integral según objetivos específicos para cada una de ellas.

. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura: establece las medidas para abordar los impactos del cambio climático tanto en la infraestructura como en los territorios, así como contribuir a la meta de carbono neutralidad comprometida por el país.
. Plan de Adaptación al Cambio Climático - Sector Recursos Hídricos: promueve la resiliencia del sector de los recursos hídricos a nivel nacional ante los efectos adversos del cambio climático, considerando la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y los eventos extremos, con un enfoque de territorialidad.
. Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025 -2055 (PNIP), que incluye la identificación de un conjunto de proposiciones de planes de inversión y obras que contribuyan a lograr el potencial de desarrollo del país y/o a superar deficiencias de infraestructura existentes. En este contexto, el PNIP se posiciona como un puente estratégico que canaliza en la planificación de inversiones las capacidades institucionales y los objetivos definidos por los planes sectoriales de cambio climático, avanzando en la generación de cartera de proyectos que permitan una contribución efectiva a la adaptación y mitigación del cambio climático, mejorando la calidad de vida de las personas y promoviendo el desarrollo sostenible.
Esta estrategia ministerial se basa en asegurar una articulación efectiva entre las medidas y acciones descritas en los planes sectoriales de cambio climático y la planificación ministerial de inversiones e iniciativas de política pública para el mediano y largo plazo, con escenarios a 10 y 30 años respectivamente. Para que ésta sea implementada de forma coordinada, los objetivos y acciones definidos en los primeros deben verse reflejados en los proyectos de inversiones planificados en el segundo, otorgando así coherencia y efectividad a la estrategia global del MOP en materia de cambio climático.
En particular, esta estrategia permite que los Planes Sectoriales de Cambio Climático se enfoquen en la generación de medidas y acciones, construyendo bases institucionales sólidas para abordar este desafío. Por su parte, el PNIP complementa la acción climática del ministerio, a través de la planificación eficiente de proyectos y políticas específicas que incorporen dichas capacidades, integrando el cambio climático con un enfoque de ciclo de vida de los proyectos.
1.2 Caracterización del sector
El sector de Infraestructura y Edificación Pública genera el soporte físico para el desarrollo de múltiples actividades en los territorios, tanto económicas, sociales y culturales, necesarias para la subsistencia de las comunidades y su bienestar. En Chile, la principal función asociada a este sector es asumida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), institución encargada del "planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas, además de ser el organismo coordinador de los planes de ejecución de las obras realizadas por otros ministerios y entidades públicas, como también la aplicación del Código de Aguas" (DFL 850, 1997).

Ilustración 1: Organigrama Ministerio de Obras Públicas.
Fuente: MOP, 2024.
Considerando lo anterior, el sector de Obras Públicas en Chile comprende los servicios de infraestructura y edificación pública, definidos como el conjunto de funcionalidades y prestaciones que una obra pública debe proveer durante su fase de operación (MOP, 2017). Esta definición modifica y actualiza la concepción tradicional de "obra pública", no refiriéndose únicamente al elemento construido, sino que, además, considerando de manera integral el entorno territorial y ambiental de la obra pública y su interacción con las comunidades.
Así, en el marco de los servicios de infraestructura y edificación pública del MOP y, en particular, dentro de su relación con la adaptación y mitigación al cambio climático, es posible establecer tres categorías de servicios aplicables para efectos del presente Plan:
. Conectividad territorial: En esta categoría se consideran los servicios que permiten satisfacer necesidades de movilidad humana y productiva, y su relación con el desarrollo económico y social, tanto por vía terrestre, como aérea y marítima/lacustre/fluvial.
Servicios de conectividad vial (Dirección de Vialidad y Dirección General de Concesiones):
- Conectividad del territorio nacional, mediante redes viales interurbanas de categoría internacional, regional, secundaria y local, con incremento de la red vial pavimentada
- Mantenimiento vial para circulación y transporte de personas, bienes e insumos
- Obras viales urbanas
- Seguridad vial
- Puentes y túneles
- Autopistas y carreteras concesionadas
Servicios de infraestructura portuaria (Dirección de Obras Portuarias):
- Infraestructura de conectividad (muelles y rampas)
- Infraestructura portuaria para turismo y deportes náuticos
- Infraestructura portuaria pesquera artesanal
Servicios de infraestructura aeroportuaria (Dirección de Aeropuertos y Dirección General de Concesiones):
- Red principal y secundaria de aeropuertos para conectividad aeronáutica nacional e internacional
- Red de pequeños aeródromos para integración territorial con énfasis en localidades aisladas
- Red de puntos de posada de helicópteros, con foco en la seguridad de los territorios y sus comunidades y la conectividad local
- Terminales aeroportuarios concesionados
. Protección del territorio ante fenómenos meteorológicos extremos: Esta categoría contiene los servicios de infraestructura relacionados con el mejoramiento de la resiliencia de los territorios ante diversas amenazas climáticas.
Servicios de infraestructura de protección frente a sequías, para provisión de agua (Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Concesiones):
- Infraestructura hidráulica de uso multipropósito (embalses, desaladoras, canales de regadío, pozos, entre otras medidas estructurales y no estructurales)
- Infraestructura de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en localidades concentradas y semiconcentradas, incluyendo asesoría en materias comunitarias, técnicas, administrativas y contables relacionados con la provisión de agua potable rural en los sistemas de SSR existentes.
Servicio de infraestructura de protección hidráulica frente a precipitaciones intensas (Dirección de Obras Hidráulicas):
- Defensas fluviales y encauzamiento de riberas, incluyendo la definición de deslindes de cauces
- Infraestructura de control aluvional
- Infraestructura de evacuación y drenaje de aguas lluvias en zonas urbanas, acorde a Planes Maestros
Servicio de infraestructura de protección del borde costero ante marejadas y aumento del nivel medio del mar:
- Infraestructura portuaria de defensas costeras y de ribera
- Infraestructura de costaneras marítimas, lacustres y fluviales
. Provisión y conservación de la edificación: Esta categoría responde a un servicio requerido para proveer y conservar la edificación pública y/o patrimonial, a través de acciones realizadas por el MOP o por mandato de otras instituciones del Estado, tales como establecimientos de salud, educación y seguridad, incorporando diseños y obras que mejoran la resiliencia de los edificios ante amenazas climáticas.
Servicios de edificación pública (Dirección de Arquitectura, Dirección General de Concesiones):
- Infraestructura de edificación pública
- Conservación y resguardo de la arquitectura patrimonial
- Incorporación de obras artísticas en edificación y espacio público
1.2.1 Dimensiones de la Sostenibilidad del Plan
Se detallan a continuación las dimensiones de la sostenibilidad, en forma diferenciada según componentes ambiental, social y económica, en función de las diversas tipologías de obras públicas que ejecuta el MOP. Para ello se asume el soporte transversal que otorga la institucionalidad ministerial (dimensión institucional), en coherencia con la Política de Sostenibilidad del MOP.
1.2.1.1 De lo ambiental
En relación a los servicios de conectividad territorial, éstos se encuentran expuestos a múltiples amenazas climáticas, las que, además, presentan una alta incertidumbre bajo un escenario de clima cambiante. Estas amenazas generan impactos adversos sobre la infraestructura y los territorios, tales como inundaciones, remociones en masa, incendios forestales, entre otros. Estos impactos han ocurrido de manera recurrente en las últimas décadas, entre las que destacan, por su magnitud y alcance, el aluvión de 2015 en la Región de Atacama, el mega incendio de 2017 y las inundaciones de 2023, ambos en la zona central del país. Así por ejemplo, la distribución de afectación de estos incendios, fueron desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, se considera una distribución centro-sur.
Desde una perspectiva de riesgo climático, las principales amenazas climáticas que afectan a los servicios de conectividad territorial se expresan en tabla 1.
Tabla 1: Amenazas climáticas que pueden interrumpir los servicios de conectividad territorial

Fuente: Elaboración propia
Respecto de la infraestructura de protección del territorio, las amenazas climáticas que le afectan pueden categorizarse en tres tipos, según la amenaza climática sobre la que se produce esta protección, expresadas en la tabla 2. Estos efectos impactan a nivel territorial sobre asentamientos humanos y sistemas productivos, con impactos de desarrollo lento, como la sequía y el aumento del nivel medio del mar, y otros eventos extremos de desarrollo en cortos periodos temporales, tales como precipitaciones intensas, marejadas y otros.
Tabla 2: Amenazas climáticas extremas que afectan los servicios que presta la infraestructura de protección del territorio

Fuente: Elaboración propia.
Por último, en lo que refiere a la edificación pública, la componente ambiental está referida al diseño arquitectónico pasivo y a los estándares de eficiencia en el uso de los recursos, para así disminuir consumos, emisiones e impactos al medio ambiente. En lo específico, la edificación sustentable se relaciona con el comportamiento ambiental de un edificio para la obtención de una buena calidad del ambiente interior, minimizando el uso de recursos de energía y agua, con foco en seis aspectos temáticos: calidad del ambiente interior, energía, agua, materiales y residuos, gestión, e innovación. A su vez, estas temáticas se agrupan en cuatro categorías: diseño pasivo (arquitectura), diseño de sistemas activos (instalaciones), construcción, y operación.
En un contexto de cambio climático, la edificación pública se encuentra expuesta a amenazas tales como lluvias intensas, remociones en masa e inundaciones, vientos fuertes, granizadas, olas de calor, olas de frío y sequías. Además, las edificaciones públicas situadas en la zona costera pueden estar expuestas a marejadas y al aumento del nivel medio del mar. Considerando lo anterior, los desafíos de la edificación pública para la adaptación al cambio climático, tienen relación con un diseño resiliente que proteja a los edificios, además de contar con un diseño estructural adecuado, respaldo energético y selección de materiales resistentes para soportar condiciones climáticas extremas, con el fin garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad de los servicios públicos en caso de desastre.
1.2.1.2 De lo social
Los servicios de conectividad territorial juegan un rol fundamental en la integración del país. Un territorio con buena conectividad asegura a las comunidades el abastecimiento de bienes y servicios básicos, facilita las relaciones humanas y el desarrollo de actividades económicas y culturales. Considerando los impactos climáticos a los que se exponen las comunidades, la infraestructura de conectividad es fundamental para reducir la vulnerabilidad de los territorios al cambio climático, mejorando la resiliencia y asegurando la continuidad de servicios esenciales en situaciones de emergencia. Además, resulta clave para que las comunidades puedan interactuar, colaborar y crear redes de apoyo mutuo en tiempos de crisis, favoreciendo la cohesión social.
Asimismo, la inclusión social es un proceso relevante que se debe tener en cuenta para avanzar hacia comunidades más resilientes. Desarrollar infraestructura de conectividad desde un enfoque inclusivo asegura que los miembros de la comunidad, especialmente aquellos más vulnerables, puedan movilizarse dentro y fuera del territorio, accediendo a mejores oportunidades de empleo, educación y ocio, promoviendo, además, la cohesión social y fortaleciendo el tejido comunitario.
Por su parte, la infraestructura de protección contribuye a la seguridad de las comunidades, mejorando su calidad de vida en ámbitos tan relevantes como el acceso a agua potable y saneamiento, así como también a resguardar su territorio de impactos que pueden afectar asentamientos humanos y actividades productivas. El desarrollo de infraestructura de protección del territorio debe estar acompañado por una comprensión comunitaria del riesgo climático y de las medidas que pueden tomar para adaptarse a estos. Así, es necesario que las comunidades desarrollen capacidades y conocimientos para prepararse y responder de manera resiliente a eventos climáticos extremos. Dentro de estas capacidades destacan, por ejemplo, mejorar la eficiencia hídrica en los procesos productivos y domésticos, la protección de ecosistemas y la gestión comunitaria. Además, es relevante fortalecer el diseño sustentable de la edificación pública al servicio de la comunidad que, ante estos eventos, permita acoger y proteger a las personas.
En lo que respecta a la edificación pública, las obras de arte asociadas a la infraestructura pública, y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano, se busca contribuir al desarrollo y protección del patrimonio humano, social y cultural de comunidades y ciudades, mejorando la calidad de vida de las personas y propiciando la equidad.
1.2.1.3 De lo económico
La adecuada disponibilidad de obras de infraestructura de conectividad, así como la prestación eficiente de servicios conexos, contribuye a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva. Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento central de la integración del sistema económico y territorial de un país, haciendo posible las transacciones dentro de un espacio geográfico determinado y con el exterior. En este sentido, tales redes constituyen un elemento vertebrador de la estructura económica de los países y de sus mercados, así como de los mecanismos concretos de articulación de las economías nacionales con la economía mundial (CEPAL, 2004).
Por otra parte, los servicios de conectividad territorial juegan un rol clave en la descentralización del país, puesto que influyen sobre el desarrollo regional. Así, la inversión en infraestructura de conectividad puede ayudar a mitigar las disparidades económicas entre diferentes regiones, promoviendo el desarrollo de áreas más rezagadas y facilitando su integración con centros económicos más dinámicos (DIRPLAN, 2020).
También juega un rol importante en el desarrollo económico de los territorios la infraestructura de protección frente a eventos extremos, puesto que permite asegurar la continuidad de las actividades económicas y domésticas.
En un contexto de cambio climático, la cuantificación de los costos y beneficios económicos que proveen las infraestructuras de protección del territorio debe considerar los aportes de ésta a la resiliencia actual y futura. Así, es importante incluir los costos económicos que podrían generarse en caso de que este tipo de infraestructuras no se emplacen en los territorios, lo que se denomina como costos de la inacción. Considerar los costos de la inacción es asegurar la viabilidad económica de los proyectos de inversión en infraestructura de protección del territorio, lo que es relevante para identificar fuentes de financiamiento sostenibles para la construcción y mantenimiento de estas obras y crear un entorno favorable para la inversión privada.
Finalmente, el desarrollo de edificación pública sostenible permite mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante los criterios de diseño pasivo, eficiencia energética, entre otros aspectos. Lo anterior, se traduce también en reducción de costos operativos: menos consumo de energía y agua, menos costos de mantenimiento y reparación debido a la mayor durabilidad de materiales y sistemas utilizados.
Este enfoque basado en sostenibilidad permite al Estado contar con proyectos que puedan ser transados en los mercados globales, a fin de promover el desarrollo de una clase de activos verdes que pueda ayudar a atraer inversión extranjera que apoye las necesidades de infraestructura sostenible del país. Cabe destacar, que desde el año 2019, la Dirección de Arquitectura ha sido parte de dos emisiones de Bonos Verdes de Chile, con una contribución de 38% en estas emisiones.
1.3 Definiciones estratégicas de cambio climático e instrumentos relacionados
El enfoque de resiliencia, carbono neutralidad y sostenibilidad plantea un gran desafío, que implica actualizar el modo de pensar los proyectos de infraestructura y edificación pública. Para abordar correctamente este desafío se plantean nuevas metodologías y modelos de producción, tales como la aplicación de Soluciones basadas en la Naturaleza y la Economía Circular.
Las siguientes secciones presentan y señalan cómo este nuevo enfoque se incorpora en la actualización del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura.
1.3.1 Soluciones basadas en la Naturaleza
Una de las metas que la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) establece para el sector infraestructura al 2030 y 2050, tiene relación con "promover el desarrollo de edificaciones e infraestructura sustentables, que consideren aspectos territoriales y Soluciones basadas en la Naturaleza (verde e híbrida) como alternativa o complemento a la infraestructura gris". Las metas vinculadas a este objetivo son: i) al 2030, generar criterios de SbN por tipología de obra e implementar, de ser factible, al menos 20% con proyectos que integren dichas soluciones y, ii) al 2050, implementar al menos 50% de proyectos de infraestructura y edificaciones públicas con SbN.
En función de este desafío y de la necesidad de adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura del MOP a los impactos del Cambio Climático (MOP, 2017), se reconoce la oportunidad de desarrollo en materias de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Estas SbN son definidas como "acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan desafíos de la sociedad de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad" (ley 21.455, Art. 3).
Dentro de los múltiples ámbitos de desarrollo de las SbN, existe la Infraestructura y Edificación Verde e Híbrida, la que consiste en sistemas que se benefician de las contribuciones de la naturaleza a las personas, para proporcionar servicios de infraestructura a la comunidad, la economía y el medio ambiente. Sus características regenerativas la hacen más eficiente, menos intensiva en carbono, y menos costosa de administrar y mantener, ofreciendo una relación calidad-costo que muchas veces aumenta con el tiempo, lo que garantiza la sustentabilidad de los proyectos (MOP, 2018).
Luego, dentro de las tipologías de proyectos de SbN que pueden ser implementadas por el MOP se encuentran:
. Estabilización de taludes con vegetación
. Sistemas de drenaje naturales (zanjas de infiltración, humedales o estanques de retención)
. Pavimentos permeables
. Instalación de barreras verdes (arbustos o árboles)
. Restauración de humedales costeros
. Construcción de rompeolas naturales (rocas, arenas y vegetación costera)
. Estabilización de costas con vegetación (algas y vegetación costera)
. Defensas fluviales verdes
. Sistemas de tratamiento natural de aguas (humedales construidos)
. Fachadas y techos verdes
1.3.2 Economía Circular
La economía circular constituye un cambio profundo en las formas de producción y consumo, que plantea la necesidad de dejar atrás la lógica lineal del extraer-producir-consumir-botar, para avanzar hacia un modelo en que los residuos y la contaminación se eliminan desde la etapa de diseño, los productos y los materiales que entran en el ciclo económico se aprovechan durante el mayor tiempo posible o incluso de forma indefinida, y los procesos económicos regeneran los sistemas naturales en lugar de degradarlos. Por lo tanto, "la economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad; esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño, respaldado por una transición a fuentes renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social"2.
La Economía Circular se basa en tres principios simples, impulsados por el diseño:
. Eliminar los residuos y la contaminación
. Circular los productos y materiales
. Regenerar la naturaleza
Se considera que la Economía Circular contribuirá al cumplimiento de los compromisos de adaptación y mitigación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), específicamente en su componente de integración, como un modelo económico que contribuye de forma integral tanto a las causas como a los efectos e impactos del cambio climático. En él se plantea generar e implementar métricas e indicadores de circularidad, para monitorear los avances del país en materia de economía circular e identificar su contribución a la mitigación y adaptación del cambio climático.

Figura 1: Principios de Economía Circular en la cadena de valor de la construcción
Fuente: "La Economía Circular y la Construcción" https://strongforms.com/economia-circular-y-construccion/
En Chile la construcción de infraestructura y edificación pública es un sector de alta relevancia para el desarrollo de la economía. Esta contribución económica se basa en una cadena de valor lineal compuesta por la extracción de materias primas, fabricación, construcción, operación, demolición y disposición de residuos en vertederos y/o rellenos sanitarios. Esta situación no solo afecta al medioambiente, agudizando el cambio climático, la contaminación atmosférica, del agua y los suelos, sino que también impacta en la pérdida significativa de recursos a lo largo de la cadena de valor (MOP, 2018).
Al respecto, a nivel global la construcción es el mayor consumidor de materias primas y otros recursos, utilizando alrededor del 50% de la producción mundial de acero y más de 3 mil millones de toneladas de materias primas. Uno de los materiales más utilizados en la construcción es el hormigón, siendo los áridos entre un 65% y 75% del volumen total de éste (MOP, 2015).
Los nuevos desafíos globales vinculados a la disponibilidad de materias primas, agua y energía, movilizan a las empresas hacia un cambio de paradigma, en el que la economía circular puede constituirse en una oportunidad de creación de valor, nuevos negocios y de crecimiento económico, desacoplando la histórica dependencia de la extracción de recursos renovables y no renovables.
"La transición a una economía circular es uno de los desafíos clave para superar la crisis climática y para desarrollar una economía verde y sostenible, que aumente la satisfacción y resiliencia que brindan las ciudades y territorios. Impulsarla en el sector construcción abre nuevas oportunidades para la innovación, la mejora en la productividad y el empleo; en el contexto inmediato de una recuperación ecológica, y en el mediano y largo plazo, permite la construcción de mejores lugares donde vivir" (MMA, 2020).
En este contexto, el Estado de Chile publicó en 2020 la "Hoja de Ruta de los Residuos de la Demolición y Construcción - Economía Circular en Construcción 2035", que es la base de la posterior Hoja de Ruta (HRCD) para un Chile Circular al 2040, publicada en 2021. Ambos instrumentos establecen compromisos y metas para el MOP, los que se suman a otros compromisos en materia de economía circular establecidos en la NDC Chile 2020 y en la ECLP.
1.3.3 Instrumentos relacionados
Los instrumentos climáticos y sectoriales más relevantes, en el cual el Ministerio tiene compromisos y aborda en su concepción el cambio climático son los siguientes:
. Estrategia Climática de Largo Plazo3, MMA (2021).
. Hoja de Ruta de los Residuos de la Demolición y Construcción4, coordinado por Construye 2025 (CORFO).
. Plan Nacional de Infraestructura Pública (PNIP), en fase final de elaboración por parte del MOP, bajo coordinación de la Dirección de Planeamiento.
Respecto de la ECLP, los compromisos se establecen en metas al año 2030 y 2050, atendiendo a seis objetivos estratégicos:
- Objetivo 1: Promover la integración y participación de grupos vulnerables (enfoque de género, comunidades indígenas, entre otros) en los procesos de planificación de servicios de Infraestructura.
- Objetivo 2: Avanzar en un enfoque de economía circular en la edificación e infraestructura, utilizando el Análisis del Ciclo de Vida, para favorecer el uso eficiente de los recursos, su reutilización y priorizar la utilización de materiales reciclados, siempre que no afecte los estándares de calidad técnica exigidos para las obras.
- Objetivo 3: Fomentar el desarrollo de infraestructura y edificaciones bajas en carbono a través de la incorporación de energías renovables, la eficiencia energética y el confort ambiental.
- Objetivo 4: Avanzar en el desarrollo de un sistema de planificación multisectorial de infraestructura sostenible que incorpore las condicionantes del territorio con una gobernanza adecuada, contando con una articulación público-privada, a fin de fomentar que los servicios que presta la infraestructura del país sean sustentables, bajos en carbono y resilientes al clima actual y futuro, y que puedan generar beneficios sociales, ambientales y territoriales por medio de la integración multisectorial.
- Objetivo 5: Avanzar en el desarrollo de un sistema de monitoreo de riesgos, bajo un enfoque de resiliencia. Es decir, identificando vulnerabilidad, exposición y sensibilidad de esta.
- Objetivo 6: Promover el desarrollo de edificaciones e infraestructura sustentables, que consideren aspectos territoriales y Soluciones basadas en la Naturaleza (verde e híbrida) como alternativa o complemento a la infraestructura gris.
En relación a la HRCD, los compromisos se articulan a través de cuatro ejes estratégicos:
- Eje 1: Planificación Territorial e Infraestructura para la Gestión de los RCD y la Economía Circular.
- Eje 2: Coordinación Pública para el Marco Regulatorio y Fomento a la Economía Circular en Construcción.
- Eje 3: Ecosistemas y cadena de Valor para Mercados de Economía Circular en Construcción.
- Eje 4: Información e Indicadores para el Desarrollo de Mercados, Políticas Públicas e Innovación.
- Eje 5: Restauración de Pasivos Ambientales y Riesgos.

Finalmente, el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 es el instrumento de planificación de largo plazo de los servicios de infraestructura, que el MOP elabora e impulsa con una periodicidad en torno a 10 a 15 años desde principios del 2000. Para el Plan actualmente en fase final de elaboración, se ha definido que debe apoyar la materialización de los acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad y cambio climático, integrando la legislación y los planes sectoriales de cambio climático del MOP, teniendo como objetivo impulsar el desarrollo sostenible por medio de la planificación de los servicios de infraestructura, según la estrategia MOP para abordar la crisis climática.
En este contexto, el desarrollo resiliente al clima se posiciona como eje estructurante del PNIP, para lo cual se aborda la compleja interdependencia de los ámbitos social, económico, ambiental e institucional, planificando infraestructura que promueva co-beneficios y sinergias entre estrategias de desarrollo y perspectivas de cambio climático.
- Cadena de Decisiones: La cadena de decisiones del PNIP se estructura a partir de 5 etapas: Definiciones Estratégicas (1), Análisis Prospectivos (2), Análisis Sectoriales (3), Requerimientos de Infraestructura (4) y Cartera de Inversiones e Iniciativas de Política Pública (5). Se identifican estrategias de sostenibilidad en cada una de las etapas, incluyendo mecanismos de gobernanza específica para su implementación, así como su materialización efectiva en la estructura de medidas y acciones de los planes de cambio climático.
- Definiciones estratégicas: Para las definiciones estratégicas el PNIP implementó un proceso participativo para la elaboración de una Visión Estratégica de Largo Plazo, e Imágenes Objetivo de alcance nacional y regional por Ámbito Estratégico, sometidas a una Evaluación de Sostenibilidad, asegurando su inclusión desde etapas tempranas en la cadena de toma de decisiones. Además, el PNIP consideró un mecanismo que permita que las definiciones estratégicas fueran desarrolladas a partir de una perspectiva multiescalar, a nivel nacional y regional, permitiendo adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada territorio, optimizar recursos y multiplicar el impacto al mejorar o generar nuevos vínculos en un contexto de trabajo descentralizado que fortalece a las regiones.
. La Visión Estratégica de Largo Plazo evalúa tendencias futuras, alinea objetivos y genera acuerdos para el desarrollo del país y el rol de los servicios de infraestructura. Para su formulación y revisión se conformó un Comité Experto Asesor (CEA) con especialistas y exautoridades ministeriales en materia de infraestructura, transporte y ambiente, entre otras disciplinas.
. Las Imágenes Objetivo de alcance nacional por Ámbito Estratégico, por su parte, distinguen 3 ámbitos estratégicos (Transporte y Movilidad, Infraestructura y Gestión Hídrica y Sistema de Centros Poblados), focalizando escenarios de desarrollo para la categorización y priorización de la infraestructura estratégica según objetivos de desarrollo sostenible.
. Por último, en las Imágenes Objetivo de alcance regional, a partir de los procesos participativos se integró la visión ciudadana e institucional para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
- Análisis prospectivo: El PNIP realizó un análisis prospectivo económico, social y ambiental que da cuenta de una visión de desarrollo sostenible y proyección a largo plazo, permitiendo identificar brechas y tendencias que justifiquen la priorización de iniciativas de servicios sostenibles de infraestructura. Un ejemplo concreto de la transversalización del cambio climático en esta etapa es que las proyecciones económicas, realizadas sobre los principales sectores económicos, incluyen ajustes de sensibilización de los efectos del cambio climático para comprender cómo la matriz productiva de las regiones del país se comportará en el corto, mediano y largo plazo.
- Análisis sectorial: Los análisis de Modelamiento de Transporte y de Identificación de Brechas Hídricas del PNIP buscan determinar las relaciones entre diferentes servicios de infraestructura para conocer su aporte potencial, determinando la complejidad y envergadura de la inversión. Esos estudios reconocen la importancia de identificar cómo los aspectos climáticos impactarán en el desarrollo territorial, las cadenas logísticas y alimenticias, la vulnerabilidad social, las oportunidades de mejoramiento de productividad y nuevas industrias, entre otros. Estos análisis sectoriales consideran además la planificación e inversión de otros ministerios, proyectando de manera intersectorial, promoviendo la alineación de objetivos y prioridades, la colaboración entre servicios y también la optimización de tiempo y recursos. En materia de transporte se realizaron análisis de escenarios que combinan modos de transporte (cabotaje, trenes y transporte fluvial), promoviendo la multimodalidad y eficiencia ambiental (menor emisión de GEI posible). El eje estratégico del PNIP referido al agua, por su parte, se basa en la definición de Seguridad Hídrica de la LMCC, analizando el impacto que tendrá el cambio climático en los Balances Hídricos de las cuencas del país y las soluciones posibles, y combinando tipologías de infraestructura gris y verde, y soluciones de gobernanza y SbN.
- Requerimientos de Infraestructura: En función de las Imágenes Objetivo y los Análisis Prospectivo y Sectorial, el PNIP define un listado de requerimientos de infraestructura como base para la cartera de proyectos e iniciativas de política pública, respondiendo a los principios internacionales de buenas prácticas para la infraestructura resiliente y sostenible desde la planificación estratégica.
- Cartera de Inversiones e Iniciativas de Política Pública: Esta cartera de inversiones, bajo un criterio adaptativo, considera proyectos planificados hasta 10 años, y su actualización y perfeccionamiento cada 5 y 10 años, además de iniciativas de gestión y política pública que permitan fortalecer la acción institucional y promuevan las inversiones estratégicas en el territorio nacional y regional, con mecanismos para su seguimiento y actualización de su gobernanza. La cartera promueve inversiones para avanzar en los compromisos de la ECLP y los Planes Sectoriales de Cambio Climático en la planificación de largo plazo del Ministerio, potenciando una articulación de políticas públicas innovativas en manejo sostenible de los recursos naturales, matriz energéticas y condiciones de poblamiento territorial.
1.4 Proceso de elaboración del plan: etapas e hitos relevantes
El proceso de elaboración de este Plan 2025-2029, considera cinco pasos secuenciales para su realización hasta la aprobación del producto final. Según el reglamento procedimental (decreto supremo 16), asociado a la LMCC las etapas del Plan son las siguientes:
. Participación Ciudadana Temprana, PACT (20 días(5))
. Anteproyecto (100 días)
. Consulta Ciudadana (60 días)
. Elaboración Proyecto Definitivo (50 días)
. Aprobación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (20 días)
Respecto del proceso participativo, para el desarrollo de la PACT se realizaron reuniones informativas a lo largo de todas las capitales regionales, a excepción de la Región del Ñuble (debido a que en el momento planificado acontecieron eventos de inundaciones). Este proceso participativo se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2023.
Por otra parte, la consulta ciudadana, también fue realizada en forma presencial en todas las capitales regionales, a través de talleres en los cuales se establecieron tres mesas temáticas según tipo de Medidas: 1) Adaptación; 2) Mitigación y Economía Circular; y 3) Inclusivas y Género Responsivas. La convocatoria a estas instancias fue abierta, orientada especialmente hacia la participación de representantes del sector privado, sector público (MOP, otros ministerios, Gobiernos Regionales y municipios), academia y sociedad civil organizada. Para cerrar esta etapa, se difundió el Anteproyecto del Plan en el contexto del Seminario de Sostenibilidad MOP en la ciudad de Santiago, el cual contó con la participación de las Ministras de Obras Públicas y Medio Ambiente.
En síntesis, el proceso participativo, que contó con un total de 1.186 participantes en actividades presenciales, se constituyó de las siguientes actividades:
- 30 talleres y un seminario, todos presenciales realizados en todas las regiones del país: 15 relacionados con la etapa de consulta temprana y 16 de consultas ciudadanas del Anteproyecto de Plan
- Estructura de los talleres de la Consulta Ciudadana: se establecieron tres mesas de trabajo según tipo de Medidas (Adaptación; Mitigación y Economía Circular; y de Medios de Implementación focalizados a acciones inclusivas y género-responsivas)

Figura 2: Asistentes Proceso Participativo, por Región
Elaboración Propia
Finalmente, se contabilizaron 547 consultas recibidas mediante el expediente electrónico del Anteproyecto del Plan en la web ministerial, desde el Comité Científico Asesor, del Equipo Interministerial de Cambio Climático e Instituciones y del Consejo Consultivo de Medio Ambiente, según detalle en la tabla 3.
Tabla 3: Observaciones Recibidas en Etapa de Participación Ciudadana Temprana y Consulta Ciudadana

Fuente: Elaboración propia.
Las observaciones recibidas fueron analizadas, sistematizadas e integradas a la versión definitiva del Plan, en la medida que fuera pertinente, mejorando sustantivamente los aspectos de contexto y las medidas asociadas a las componentes de adaptación, mitigación y medios de implementación.
2 Diagnóstico sectorial de cambio climático
A lo largo de su historia reciente, y previo a la caracterización del sector, el Ministerio de Obras Públicas ha materializado diversos proyectos que contribuyen a reducir las vulnerabilidades de los territorios frente amenazas de origen hidrometeorológicos, exacerbadas por el cambio climático, con iniciativas emblemáticas que han reducido considerablemente el riesgo de desastres. Ejemplos de ello lo constituyen el Parque Inundable Víctor Jara en la Región Metropolitana de Santiago y las obras de protección ante marejadas en Avenida Perú de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.
Adicionalmente, desde 2022 el Ministerio cuenta con un instructivo actualizado, denominado "Procedimiento de Marcación en Sistema Exploratorio para Iniciativas de Inversión vinculadas con Cambio Climático", que tiene por objetivo identificar, en el proceso de gestión de inversión ministerial, los proyectos de infraestructura y edificación pública que están vinculados con adaptación, mitigación y economía circular. De esta manera, se puede identificar año a año la contribución del MOP, directo e indirecto, el porcentaje de proyectos de la cartera ministerial que se ejecutan en pos del cambio climático. A modo referencial, la nómina de respaldo de la Ley de Presupuestos 2025 contiene 2.031 proyectos a lo largo de Chile, de los cuales 788 están relacionados con cambio climático según el proceso de marcación antes indicado, lo que representa 39% del total de proyectos.
2.1 Descripción de las emisiones del sector
En Chile no existen cifras oficiales que den cuenta de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector construcción. Ello es atribuible a que el sector construcción como tal no está representado en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) como categoría, sino que está contenido en la categoría de energía, a través de la subcategoría denominada Industrias Manufactureras y de la Construcción, dificultando la obtención de información que permita contar con datos agregados del rubro. Específicamente, se consideran los distintos materiales que proveen al sector, como lo es el acero, cemento y vidrio, entre otros.
Respecto de la información disponible, según análisis de la Cámara Chilena de la Construcción (2019), asumiendo que la totalidad de la producción nacional de cemento, hierro, acero, vidrio y alquitrán (y por ende asfalto) se utiliza en la Construcción, la elaboración y producción de insumos relevantes alcanzaría un 7,5% de las emisiones totales del país. Al incorporar la importación de cemento, la emisión aumenta al 8,3%.
Adicionalmente, la emisión del transporte de carga y el uso de maquinaria especializada contribuye con un 8,7% de las emisiones a nivel nacional. Asimismo, las emisiones relacionadas al uso de energía del sector comercial, público y residencial alcanzan el 5,8% de las emisiones totales.
Con todo lo anterior, el sector Construcción podría potencialmente participar en cerca de 22,8% del total de las emisiones GEI del país.
2.2 Análisis de tendencias del sector
En consideración a lo indicado anteriormente, se presenta a continuación la tendencia de emisiones de CO2 respecto a la subcategoría Industrias Manufacturera y de la Construcción, para lo cual se analizó el "Informe del Inventario Nacional de Chile 2022: Inventario nacional de gases de efecto invernadero y otros contaminantes climáticos 1990-2020", del año 2023.
En la Tabla 4 y figura 4, se aprecia que en la categoría de energía, la subcategoría referida a la construcción, 1.A.2, se ha mantenido relativamente constante desde el año 2013 al 2020, alrededor de las 15.000 (kt CO2 eq), evidenciando una oportunidad para trabajar en el rubro de la construcción y sumar mayor esfuerzos de mitigación. Acá resulta de particular relevancia el rol que cumplen los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, instituciones que a través de sus políticas públicas pueden generar condiciones habilitantes para el desarrollo de obras y viviendas baja en emisiones, propiciando movilizar al mercado de materiales, productos y tecnologías.
Tabla 4: Sector Energía: emisiones de GEI (kt CO2 eq) por subcategoría, serie 1990-2020

Respecto de la tendencia del consumo energético, cabe mencionar que "el consumo bruto de energía primaria en Chile está compuesto principalmente por combustibles de origen fósil. En 2020, el petróleo crudo representó un 29%, seguido por la leña y biomasa con un 25%, carbón con el 23%, gas natural el 15% y el restante 9% a otras energías renovables incluyendo hidroeléctrica, eólica, solar, geotermia y biogás" (MMA, 2023).
De las actividades de quema de combustible, la categoría de energía incluye las subcategorías de:
- 1. A.1. Industrias de la energía
- 1. A.2. Industrias manufactureras y de la construcción
- 1. A.3. Transporte
- 1. A.4. Otros sectores
- 1. A.5. No especificado
En el contexto nacional, esta categoría incluye las emisiones producidas para la generación de energía y la producción de combustible. De acuerdo con el Balance Nacional de Energía (BNE), la quema de combustible en Chile se divide en cuatro sectores:
- Sistema energético (Centros de transformación y Sector energético)
- Transporte
- Industrias y minería
- Comercial, público y residencial
De acuerdo a lo indicado antes, el sector de la construcción queda representado en el INGEI por la subcategoría 1.A.2. y por BNE en industrias y minería.

Es decir, el sector de la construcción es reconocido en la política pública como un sector importante en las emisiones de GEI del país, aun cuando es preciso contar con mejor data, levantando línea base, asociada al menos al uso de materiales intensivo en emisiones, tecnologías empleadas y al transporte asociado a los procesos constructivos, de modo de recoger de manera integrada el aporte que este sector puede aportar en la meta de carbono neutralidad del país.
2.2.1 Estrategia Climática de Largo Plazo, atribución sectorial
En lo relativo al MOP, el Ministerio es reconocido como habilitante para el desarrollo del sector construcción, por sus competencias en términos de normativa y requisitos para la implementación de infraestructura y edificación pública. En específico, la ECLP del año 2021 lo considera una de las Autoridades Sectoriales que tendrán la obligación de cumplir con presupuestos sectoriales, por medio de la implementación de Planes Sectoriales de Mitigación, en concordancia con lo establecido además en la LMCC.
De acuerdo a la tendencia de las emisiones de GEI por autoridad sectorial para los últimos años (Tabla 5 y Figura 6), de acuerdo con la asignación establecida y los datos del inventario al 2020, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) posee las principales fuentes de emisión (26,0%); seguido de las fuentes del Ministerio de Energía (MEN) (25,1%); las del Ministerio de Minería (MinMinería) (17,5%); las del Ministerio de Agricultura (Minagri) (11,6%); las de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) (9,5%); las del Ministerio de Salud (Minsal) (6,0%) y por último las asignadas al MOP (4,2%). La distribución responde a que el MTT es responsable de las emisiones de la subcategoría Transporte (1.A.3.), que al 2020 representa el 24,7% de las emisiones de GEI totales del país, mientras que el MEN es responsable de una parte de las emisiones relacionadas con la industria de la energía y la industria manufacturera del país.
Tabla 5: INGEI de Chile: emisiones de GEI (Mt CO2 eq) por autoridad, serie 2010-2020


Tal como se ha indicado, el MOP es una de las siete autoridades sectoriales responsables de implementar los planes de mitigación al cambio climático, con compromisos en la ECLP para contribuir a la meta de carbono neutralidad. Específicamente, el presupuesto nacional de emisiones de gases efecto invernadero al año 2030 y al 2050 corresponde a 1.100 ton CO2 eq y los presupuestos sectoriales se pueden apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 6: Asignación sectorial del presupuesto de emisiones del período 2020-2030 (Mton CO2 eq)

La participación de las emisiones sectoriales atribuidas al MOP respecto del total de emisiones a nivel nacional es de 3,94% del presupuesto de carbono nacional.
Tabla 7: Línea base MOP por cada componente del INGEI, para el año 2018

2.3 Análisis de cumplimiento del sector
El principio bajo el cual se determinó la asignación de subcategorías de emisiones del INGEI fue la capacidad de acción de cada una de las autoridades sectoriales establecidas en la LMCC como encargadas de desarrollar Planes de Mitigación del Cambio Climático.
Se realizó un análisis de correspondencia entre las categorías de las proyecciones del escenario de línea base, ya que éstas se realizan en base el Balance Energético Nacional. Debido a ello, las categorías de las proyecciones difieren levemente de las categorías del INGEI; en algunos casos las subcategorías del INGEI tienen una desagregación mayor, como es el caso de las emisiones de IPPU; mientras que, en otros casos, como la quema de combustible en el sector comercial/institucional, la categorización de las proyecciones es más específica.
La tabla 8 presenta el resultado de esta relación, así como el tipo de asignación total, parcial o nula. Esto considera que la mayoría de las categorías de las proyecciones fueron asignadas de manera total a un solo ministerio, con excepción de la categoría Generación de Electricidad, distribuida entre todas las autoridades.
Tabla 8: Asignación original de categorías del INGEI al MOP

Como resultado del proceso de desarrollo de la ECLP, al MOP le fueron asignadas 9 subcategorías del INGEI. Tres de ellas se encuentran asociadas a categorías definidas como principales según el 5° Informe Bienal de Actualización (Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 2022): 1.A.1. Industrias de la energía; 2.A.1. Producción de cemento; 5.D.1. Tratamiento y descarga de aguas residuales domésticas. En particular, la categoría 2.A.1. Producción de cemento, no solo contribuye significativamente a las emisiones totales del país, sino que además se encuentra dentro de las industrias reconocidas a nivel mundial por ser difíciles de abatir, debido a la escasa disponibilidad de tecnologías adecuadas y factibles (Bloomberg Philanthropies, 2023). Esto ha sido considerado como criterio de priorización a la hora de dirigir esfuerzos de mitigación.
El análisis interno ha detectado categorías con incidencias directas e indirectas, reflejadas en las tablas 9 y 10.
Tabla 9: Categorías asignadas al MOP con participación directa

Tabla 10: Categorías asignadas al MOP con participación indirecta

Respecto de esta asignación se han identificado ciertas brechas; por ejemplo, categorías atribuidas al MOP en las cuales su injerencia es nula, o categorías que no le fueron asignadas, en donde el MOP podría actuar para la disminución de emisiones, como es el caso de la Categoría 2.C.2. Producción de ferroaleaciones - Proceso de producción de ferroaleaciones y Categoría 2.C.5. Producción de plomo- Fundición de chatarra de plomo de las baterías ácidas.
Con estos antecedentes, al MOP le corresponde un rol de promoción para la disminución de emisiones, toda vez que requiere de insumos descritos anteriormente para el desarrollo y materialización de los diversos proyectos de infraestructura y edificación pública que se construyen. Por ello, resulta de vital importancia avanzar en la promoción de la sostenibilidad en la industria de la construcción, contribuyendo a la reducción de emisiones del sector. Las medidas habilitantes que permitan esta contribución son las siguientes:
. Medición y gestión de HdC con enfoque de ciclo de vida en obras de infraestructura y edificación pública del MOP: Consiste en incluir en las bases de licitación un requisito para integrar un programa de cálculo y gestión de la HdC a lo largo de todas las etapas de diseño, construcción y operación en los proyectos de edificación pública e infraestructura, en la medida que sea factible. Se considera prioritaria, ya que engloba a las demás medidas propuestas y promueve la gestión de HdC desde la etapa de diseño. Existe disponibilidad tecnológica y actualmente el MOP se encuentra desarrollando acciones en esta línea de trabajo.
. Optimización de la eficiencia energética e integración de ERNC en edificios públicos existentes bajo el control operativo del MOP: Se busca implementar medidas de eficiencia energética e integrar las ERNC en edificios del MOP ya construidos, los cuales se encuentran bajo la administración de la Subsecretaría de Obras Públicas en las diferentes Seremis del MOP y de las Direcciones MOP a nivel nacional y regional según corresponda. La medida, con foco en instalaciones bajo el control operativo del MOP, podría iniciar su implementación una vez se realicen los diagnósticos energéticos en los edificios MOP priorizados. Posteriormente, se considera imprescindible el diseño y socialización de un plan de intervención para incorporar mejoras pertinentes (eficiencia energética, ERNC, etc.) en estos edificios.
. Diseño pasivo, eficiencia energética y ERNC en el ciclo de vida de nuevas obras de infraestructura y edificación pública construidas por el MOP: Se promueve continuar con el desarrollo de criterios de diseño pasivo (eficiencia energética, Energías Renovables No Convencionales - ERNC) estandarizados en todas las etapas de los proyectos de infraestructura y edificación pública en las Bases de Licitación del MOP para nuevos proyectos. Esta medida podría implicar un escenario de mayor reducción de emisiones frente al convencional, para lo cual es necesario revisar la cartera de proyectos de edificación pública del MOP, realizar el análisis del estado actual de los edificios públicos en cuanto a eficiencia energética y considerar la congruencia de estos nuevos criterios a incluir con los establecidos en el Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética de la Dirección de Arquitectura (DA), así como en los criterios Certificación de Edificación Sustentable (CES) y TdR en cada etapa (diseño, construcción y operación).
. Uso de materiales con certificación baja en carbono en obras de infraestructura y edificación pública del MOP: Consiste en modificar las bases de licitación en la etapa de diseño y construcción de los futuros proyectos del MOP, incorporando, de manera gradual, el requisito de utilizar un porcentaje específico de materiales de construcción que posean certificaciones de bajo impacto en carbono. Este criterio se aplicará principalmente a materiales como vidrio, cemento y acero, promoviendo así la sostenibilidad en la construcción. Para ello, se realizarán estudios técnicos durante los primeros años del Plan, para evaluar la oferta de materiales con certificación baja en carbono, tanto a nivel nacional como internacional, antes de modificar las bases de licitación. Además, es importante sensibilizar a los contratistas para aumentar su confianza en estos materiales y fomentar su uso en paralelo con la implementación de la medida.
. Gestión de las emisiones de GEI asociadas al transporte de los residuos de construcción y demolición en obras del MOP: Para ello, se requiere conocer de manera efectiva el estado actual de gestión de los RCD que realiza el MOP. Adicionalmente, promover, sistematizar y fiscalizar los instrumentos de reporte existentes (p.ej. Ficha Mensual para la Gestión de los RCD) para finalmente, reaprovechar los RCD aptos en nuevas obras del MOP. Dado el enfoque de la medida y su estrecha relación con los instrumentos de gestión de RCD con los que cuenta el MOP, es necesario ejecutar acciones que permitan masificar el uso de la Ficha de Gestión RCD en todas las obras del MOP y las acciones habilitantes para implementar los bancos de materiales regionales. Por otro lado, es necesario sistematizar la información que contienen dichas fichas, ya que actualmente no se manejan estadísticas al respecto (m3 totales, m3 por tipo de obra, caracterización de los RCD, etc.). De manera general, serán necesarios análisis Ad-Hoc sobre en qué obras es viable (geográfica, ambiental, técnica y económicamente) realizar el mecanismo de reaprovechamiento propuesto.
Con el desarrollo de las medidas descritas anteriormente, se cuenta con la siguiente estimación de potencial de reducción de emisiones del sector infraestructura y edificación pública, según siguiente Tabla 12:
Tabla 11: Esfuerzos de mitigación medidas de mitigación del MOP (escenarios realista y optimista) 2020-2030

2.4 Evaluación de impactos, vulnerabilidad y riesgos climáticos
2.4.1 Definiciones estratégicas de cambio climático
El enfoque de resiliencia, carbono neutralidad y sostenibilidad plantea un gran desafío, que implica actualizar el modo de pensar los proyectos de infraestructura y edificación pública. Para abordar correctamente estos desafíos se plantean nuevas metodologías y modelos de producción. En específico, se plantea estudiar la aplicación de Soluciones basadas en la Naturaleza y Economía Circular.
Las secciones a continuación presentan y señalan cómo contribuirán a la actualización del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Sector Infraestructura.
2.4.1.1 Soluciones basadas en la Naturaleza
Una de las metas que la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) establece para el sector infraestructura al 2030 y 2050, tiene relación con "Promover el desarrollo de edificaciones e infraestructura sustentables, que consideren aspectos territoriales y Soluciones basadas en la Naturaleza (verde e híbrida) como alternativa o complemento a la infraestructura gris". Las metas vinculadas a este objetivo son: i) al 2030, generar criterios de SbN por tipología de obra e implementar, de ser factible, al menos 20% con proyectos que integren dichas soluciones y, ii) al 2050, implementar al menos 50% de proyectos de infraestructura y edificaciones públicas con SbN.
En función de este desafío y de la necesidad de adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura del MOP a los impactos del Cambio Climático (MOP, 2017), se reconoce la oportunidad de desarrollo en materias de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Estas SbN son definidas como "acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan desafíos de la sociedad de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad" (Ley 21.455, Art. 3).
Específicamente para el sector infraestructura, se ha adoptado una definición operativa de SbN con el fin de facilitar la implementación de este tipo de soluciones de acuerdo con las atribuciones del MOP, que corresponde a lo siguiente: Las Soluciones basadas en la Naturaleza, dentro de las competencias del MOP, contempla enfoques y prácticas que utilizan procesos y elementos naturales para diseñar e implementar infraestructuras y edificaciones sostenibles (MOP, 2024).
Así, dentro de los múltiples ámbitos de desarrollo de las SbN, existe la Infraestructura Verde e Híbrida (ver Figura 8), la que consiste en sistemas que se benefician de las contribuciones de la naturaleza a las personas, para proporcionar servicios de infraestructura a la comunidad, la economía y el medio ambiente. Sus características regenerativas la hacen más eficiente, menos intensiva en carbono, y menos costosa de administrar y mantener, ofreciendo una relación calidad-costo que muchas veces aumenta con el tiempo, lo que garantiza la sustentabilidad de los proyectos (MOP, 2018).

Luego, dentro de las tipologías de proyectos de SbN que pueden ser implementadas por el MOP se encuentran:
. Estabilización de taludes con vegetación.
. Sistemas de drenaje naturales (zanjas de infiltración, humedales o estanques de retención).
. Pavimentos permeables.
. Instalación de barreras verdes (arbustos o árboles).
. Restauración de humedales costeros.
. Construcción de rompeolas naturales (rocas, arenas y vegetación costera).
. Estabilización de costas con vegetación (algas y vegetación costera).
. Defensas fluviales verdes.
. Sistemas de tratamiento natural de aguas (humedales construidos).
. Fachadas y techos verdes.
2.4.2 Evaluación de impactos, vulnerabilidad y riesgos climáticos
La caracterización del riesgo climático de los servicios de infraestructura y edificación pública se realiza desde el enfoque de Riesgo Climático planteado por el IPCC (2014), mostrado de manera esquemática en la siguiente figura.

Tal como se aprecia en la 8, el riesgo climático tiene tres componentes:
. Peligros (Amenazas): Fenómeno climático con el potencial de producir efectos adversos.
. Exposición: Presencia del sistema analizado que podría verse afectado negativamente.
. Vulnerabilidad climática: Factores que predisponen a un sistema a verse afectado negativamente, compuesto a su vez por la Sensibilidad (correspondiente a atributos materiales, sociales, económicos y culturales del sistema analizado), y la Adaptación (definida como la capacidad de las personas, instituciones, organizaciones y sectores para enfrentar, gestionar y superar las condiciones adversas).
Cabe destacar que la manera de caracterizar el riesgo climático y sus componentes es mediante la construcción de cadenas de impacto, correspondiente a una metodología que permite identificar las interacciones que ocurren desde la amenaza climática hasta los impactos en los sistemas analizados.
En específico, en Chile el proyecto ARClim (MMA, 2020) desarrolla cadenas de impacto para 12 sistemas humanos y productivos. Utilizando las cadenas de impacto existentes en ARClim que tienen una relación al menos indirecta con el sector infraestructura y edificación (se identificaron 16 cadenas de impacto relacionadas), tanto el Explorador de Amenazas Climáticas y otras fuentes de información, como los Reportes Anuales de la Evolución del Clima en Chile de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC, 2023), han logrado identificar amenazas climáticas categorizadas por macrozona, las que se muestran en la siguiente tabla resumen.
Tabla 12: Potenciales impactos de las amenazas climáticas sobre los servicios de infraestructura y la edificación pública


Tal como se aprecia en la tabla anterior, las amenazas más significativas y transversales a todas las macrozonas para el sector infraestructura tienen relación con aquellas vinculadas al recurso hídrico, ya sea por exceso de precipitación, como desencadenante de fenómenos de inundación, crecidas, remoción en masa, entre otros; así como por déficit de precipitación, generando impactos por sequía y poca disponibilidad del recurso hídrico. También destacan amenazas vinculadas con variables como temperatura, vientos extremos y variables costeras.
Para mayor comprensión de la distribución geográfica de una de las amenazas relevantes para el sector infraestructura, la figura 9 muestra la distribución geográfica anual y por temporadas del 2023 de las anomalías de temperaturas extremas. En ella se aprecia que las temperaturas máximas anuales han aumentado por sobre 2°C respecto del período histórico 1981 - 2010, en gran parte del territorio comprendido entre las regiones de Arica y Parinacota y Ñuble. Así también, respecto de las anomalías en las temperaturas mínimas de 2023, destaca un aumento significativo de las temperaturas mínimas observadas durante la temporada de junio a agosto, lo que explica la ocurrencia de fenómenos de precipitación cálida, como los de junio y agosto de 2023 con gran impacto en la zona central de Chile, sobre todo en la Región del Maule.

Luego, se entenderá por impacto a la secuencia de cadenas de causa-efecto desde la amenaza climática hasta el riesgo. Esta definición implica que entre la amenaza y su consecuencia final, generalmente existen una serie de impactos intermedios que también deben ser considerados. En la siguiente tabla se detallan algunos de los impactos identificados para el sector infraestructura y edificación pública.
Tabla 13: Potenciales impactos de las amenazas climáticas sobre los servicios de infraestructura y edificación pública.


Tal como se aprecia en la tabla anterior, las amenazas climáticas pueden desencadenar múltiples impactos que pueden agruparse, de manera no excluyente, en las siguientes categorías: a) daños eventuales o permanentes a las obras públicas, b) pérdida de infraestructura, c) interrupción del servicio que provee la infraestructura o edificación pública. El aumento de marejadas constituye un ejemplo de amenaza climática que puede derivar en impactos en la infraestructura y en el servicio que ella presta a las comunidades.
2.4.3 Riesgos climáticos
De acuerdo con lo indicado en las tablas 13 y 14, los riesgos climáticos para el sector infraestructura están relacionados con impactos que provocan pérdidas, daños y/o interrupción de los servicios que proveen las obras públicas. A continuación, se presenta la caracterización del riesgo y sus componentes, analizado por el tipo de amenazas climáticas que los desencadenan. Para el caso de las vulnerabilidades, dado que gran parte de ellas son comunes a varios riesgos climáticos, se presentan de manera integral en el siguiente sub ítem.
2.4.3.1 Riesgo de pérdidas, daños y/o interrupción de los servicios de infraestructura y edificación pública por amenazas climáticas derivadas del exceso de precipitación
Amenazas
El cambio climático implica nuevas tendencias con respecto al régimen de precipitaciones conocidas en Chile. Así, si bien se espera que el país presente una menor precipitación anual, también se espera que los eventos de precipitación sean más concentrados a lo largo del año y acompañados por un patrón de temperaturas distinto al histórico.
Este comportamiento implica, por ejemplo, la existencia de tormentas cálidas con precipitación en forma de lluvia en gran parte del territorio, lo que aumenta el área pluvial aportante de una crecida y, por tanto, con mayores caudales de descarga y arrastres de sedimentos, desencadenando inundaciones, remociones en masa y otros. Eventos de este tipo pueden generar efectos adversos sobre la infraestructura y edificación pública, con impactos sobre la continuidad de los servicios que proveen. Para ejemplificar lo anterior, la siguiente figura presenta la distribución geográfica de los índices de amenazas desarrollados para la cadena de impacto denominada Inundación por Desborde de Ríos, contenida en ARClim. En ella se aprecian los cambios para el período proyectado de esta amenaza, apreciándose un aumento de la amenaza para la zona centro del país, entre las regiones de Valparaíso y del Maule, así como también para la zona norte, comprendida entre las regiones de Tarapacá y Coquimbo.

Exposición
Las precipitaciones en exceso y sus consecuencias tienen impactos sobre los siguientes servicios de infraestructura expuestos, según se visualiza en la siguiente tabla, en que el exceso de precipitación puede afectar a todos los servicios de infraestructura y edificación pública, con impactos relacionados con inundaciones, aluviones y remociones en masa, entre otros.
Tabla 14: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de exceso de precipitaciones.


2.4.3.2 Riesgo de pérdidas, daños y/o interrupción de los servicios de infraestructura y edificación pública por amenazas climáticas derivadas del déficit de precipitación
Amenazas
Actualmente Chile es el país de Latinoamérica con mayor estrés hídrico y se proyecta que esta situación se agrave por efecto del cambio climático. La sequía meteorológica es un fenómeno recurrente en la historia de Chile, persistiendo actualmente una mega-sequía que supera las dos décadas. La disminución de las precipitaciones provoca una serie de efectos en los territorios, como la baja disponibilidad hídrica (sequía hidrológica), la pérdida de cultivos y vegetación (sequía agrícola), y mortandad y migración de la fauna existente, así como la sequía a su vez afecta a aquellas obras que sean categorizadas como infraestructura verde y a la vegetación en términos generales, y que actúan como mitigadores naturales frente a eventos y eventos climáticos extremos. Más aún, una sequía prolongada es un factor determinante para el avance de la desertificación del país, desde la zona norte hacia la zona central.
Así, los impactos de la sequía están determinados por su extensión temporal y territorial, así como también por su recurrencia. A diferencia de otros fenómenos climáticos, como las precipitaciones intensas que se caracterizan por eventos específicos, la sequía es identificada como un fenómeno de desarrollo lento y que puede sostenerse en el tiempo. Esta característica impacta sobre los servicios de edificación e infraestructura y los territorios que deben adaptarse a condiciones más secas.
La siguiente figura muestra la distribución geográfica del índice de amenaza combinada futura de sequía hidrológica para el período 2025-2060 bajo un escenario de cambio climático RCP 8.5. En ella se aprecia que la amenaza de sequía será muy severa para la zona central de Chile, entre las regiones de Coquimbo y de Ñuble, lo que es coherente con el escenario histórico, más aún con la distribución de la mega sequía desde la década de 2010.

Exposición
La siguiente Tabla describe los servicios de infraestructura expuestos a sequía. Se destaca el impacto de la sequía en la infraestructura vial, en específico sobre la calidad del suelo, activando procesos erosivos que generan baches y socavones en los caminos, y dejando expuestos los cimientos de puentes. En cuanto a los servicios de protección del territorio, la poca disponibilidad de agua impacta sobre la capacidad de almacenamiento de embalses y obras de riego, y dificulta el acceso a fuentes de agua para el abastecimiento de agua potable en territorios rurales.
Tabla 15: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de déficit de precipitaciones

2.4.3.3 Riesgo de pérdidas, daños y/o interrupción de los servicios de infraestructura y edificación pública por amenazas climáticas derivadas de vientos extremos y variables costeras
Amenazas
El cambio climático produce efectos sobre el comportamiento de los océanos, entre los que destaca el derretimiento de los hielos oceánicos y los polos, lo que genera un aumento del nivel medio del mar y un cambio en la circulación de los oleajes y corrientes marinas. Otro cambio a nivel oceánico tiene relación con su acidificación, con impactos sobre la biodiversidad marina y la infraestructura costeras, generando efectos como la corrosión. Adicionalmente, se espera que, como producto del cambio climático, ocurran con mayor frecuencia e intensidad los fenómenos de oleajes más fuertes y marejadas en las costas.
Por otra parte, los vientos extremos producen impactos tanto a nivel costero como terrestre, dificultando la operatividad portuaria y aeroportuaria, la seguridad de los puentes y otras estructuras colgantes, y la edificación pública.
En la siguiente Figura se aprecia la amenaza alta y muy alta en las caletas de pescadores, desde las regiones de Antofagasta hasta Valparaíso, a partir del índice de amenaza de aumento de frecuencia de oleaje en el período futuro, contenida en la cadena de impacto de ARClim denominada "Aumento de downtime en caletas de pescadores".

Exposición
Los eventos de viento extremo y variables costeras, detallados en la siguiente tabla, afectan a los servicios de conectividad y de edificación pública, en tanto que variables costeras como las marejadas, el aumento del nivel medio del mar y la acidificación del océano afectan a la infraestructura portuaria de conectividad, a las defensas costeras y a la edificación pública situada en la zona litoral.
Tabla 16: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de vientos extremos y variables costeras.

2.4.3.4 Riesgo de pérdidas, daños y/o interrupción de los servicios de infraestructura y edificación pública por amenazas climáticas derivadas de temperaturas extremas
Amenazas
El aumento de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera desde la época industrial a la actualidad, tiene como principal consecuencia un aumento sostenido de las temperaturas globales. Evidencia de lo anterior es que las temperaturas globales registradas en 2023 han sido las más altas registradas en la historia, por sobre 1,4 °C respecto de la era preindustrial (OMM, 2024), situación que ha llevado a plantear el inicio de la era de "ebullición global" (PNUD, 2024).

En la figura anterior se aprecia una alta presencia de olas de calor en la zona norte del país y en los valles centrales de la zona centro y centro-sur de Chile, entre las regiones Metropolitana y del Ñuble, según el índice de amenaza futura de olas de calor para el período 2025-2060, consistente en el número de días en que se superan los 30°C por 3 o más días seguidos. Con respecto a las heladas, éstas aumentan el riesgo de accidentes viales, limitando la movilidad sobre pistas escarchadas o cubiertas de nieve.
Exposición
Las temperaturas extremas impactan a las tres categorías de servicios de infraestructura y edificación pública. Las olas de calor generan efectos sobre la calidad de los asfaltos de caminos, carreteras, puentes y pistas de aeropuertos, provocando grietas e incluso en casos extremos su derretimiento. Además, en general la infraestructura gris potencia el aumento de temperatura percibido en los territorios, al irradiar mayor calor, así como también no permite conservar o mantener el confort térmico ante la ocurrencia de temperaturas extremas frías.
Tabla 17: Servicios expuestos a riesgo climático derivado de temperaturas extremas.

2.4.3.5 Vulnerabilidades
Las vulnerabilidades de los servicios de infraestructura y edificación pública al cambio climático son, en su mayoría, transversales a todos los impactos climáticos descritos en el ítem anterior. Se categorizan según lo descrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2022) en:
. Vulnerabilidad de la infraestructura, según sus características físicas y técnicas, afectando a la continuidad o calidad del servicio que presta, durante o posterior a un desastre.
. Vulnerabilidad del entorno en que se emplaza una obra pública y que la hacen susceptible a impactos. Ésta se divide en dos subcategorías:
- Vulnerabilidad funcional: Referida al servicio que provee la infraestructura y que le hacen susceptible a un impacto, durante el evento o posterior a este. Estos factores dependen de la criticidad del servicio entregado, así como su influencia sobre la economía local y las dinámicas territoriales circundantes.
- Vulnerabilidad social: Referida a la población abastecida por los servicios de infraestructura y edificación pública, considerando grupos etarios vulnerables, dependencia física, población potencialmente afectada por interrupción del servicio y población en situación de pobreza o inequidad en un sentido más amplio, tales como las desigualdades de género, comunidades indígenas y comunidades rurales.
Además, cabe destacar que las características propias de las obras públicas pueden, en ocasiones, contribuir al aumento de la vulnerabilidad de los territorios frente a los efectos adversos del cambio climático. Por ejemplo, la construcción de infraestructura gris puede aumentar la vulnerabilidad de un territorio por ola de calor u otros fenómenos, por lo que se releva que, durante el proceso de planificación, diseño y ejecución de obras públicas, se tenga en consideración evitar efectos indeseados de los objetivos de adaptación (es decir, evitar la mala adaptación).
a. Servicios de conectividad territorial
La siguiente tabla presenta una síntesis de las vulnerabilidades por tipología de obra, en relación a los servicios de conectividad territorial, vinculadas con factores de diseño y calidad de las obras, en cuanto a estándares de los materiales que la componen y su estado de conservación. En tanto, en lo que respecta a las vulnerabilidades del entorno, destacan características ambientales como tipo de suelo, cercanía a cuerpos de agua y pendiente; y características funcionales y demográficas, como la existencia o no de servicios alternativos (redundancia), y cantidad de población con movilidad reducida como un grupo de riesgo frente a necesidad de evacuación ante desastres.
Tabla 18: Factores de vulnerabilidad de los servicios de conectividad territorial.

b. Servicios de protección del territorio
La siguiente tabla presenta una síntesis de las vulnerabilidades por tipología de obra asociada a los servicios de protección del territorio ante eventos extremos. Con respecto a las vulnerabilidades de la infraestructura, destacan las características materiales de las obras para cumplir con su capacidad de contención de impactos (control aluvional, defensa fluvial, drenaje de aguas lluvias, protección costera), así como su capacidad de proveer agua para los territorios (embalses, obras de riego y servicios sanitarios rurales).
Por otra parte, las vulnerabilidades del entorno dicen relación con las características físicas de los territorios, como cobertura vegetal, calidad del suelo y agua, así como también las componentes sociales y culturales de las comunidades, como el nivel de organización de usuarios de agua, la cultura hídrica y la demografía.
Tabla 19: Factores de vulnerabilidad de los servicios de protección del territorio ante eventos extremos.


c. Servicio de provisión y conservación de la edificación
La siguiente tabla presenta una síntesis de las vulnerabilidades por tipología de obra asociada a los servicios de edificación pública, en la cual se aprecian factores de vulnerabilidad comunes a todas las tipologías de edificación pública, relacionadas con sus características, como sus dimensiones y tipo de diseño, y características del entorno, como la calidad del suelo y el emplazamiento.
Tabla 20: Factores de vulnerabilidad de los servicios de provisión y conservación de la edificación

2.4.4 Casos Recientes
En la última década, hemos sido testigos de un fuerte aumento del riesgo de desastres debido al cambio climático. Si bien existe información pronosticada sobre el comportamiento climático en las temporadas más complejas como verano e invierno, y se adoptan medidas para mitigar los efectos de estas situaciones, resulta imposible soslayar ciertos efectos. En este sentido, no todos los eventos climáticos severos producen el mismo nivel de daño en la infraestructura. Variables como la vulnerabilidad de la zona afectada, la calidad e ingeniería de la infraestructura y su vida útil remanente son decisivas en el balance final de daños y el subsecuente costo de reposición.
A modo referencial, en la siguiente Tabla se identifican los desastres significativos registrados en los últimos 10 años, junto al gasto aproximado producto de reparaciones, reconstrucciones, entre otros.
Tabla 21: Gasto aproximado por eventos extremos

En específico, para el caso de las inundaciones producidas en 2023 en la Zona Centro-Sur, el Plan de Emergencia y Reconstrucción desarrollado por el MOP permitió un desglose según fases de recuperación, incorporando en forma explícita obras asociadas a prevención y resiliencia, según se observa en la siguiente Tabla 22.
Tabla 22: Inversión en recuperación temprana y permanente e inversión / Plan Reconstrucción Inundaciones 2023

2.5 Evaluación del Plan Sectorial precedente
El Plan anterior, que consideró una vigencia programada para el período 2017-2022, tuvo por objetivo "lograr que los servicios que proveen la infraestructura que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, no se vean interrumpidos producto de las amenazas climáticas actuales y futuras, en un marco de resiliencia y blindaje climático preventivo".
El Plan se articuló en torno a tres ejes de trabajo: mitigación, adaptación y gestión del conocimiento, con un total de nueve Líneas de Acción (LA) y veintitrés medidas específicas.
El Plan 2017-2022 tuvo una amplia implementación en la totalidad de las Direcciones del MOP, colaborando en el proceso de transversalización de esta temática en el quehacer ministerial y relevando la importancia como un foco de trabajo permanente. A su vez, permitió establecer un mecanismo de trabajo de coordinación con otras entidades del Estado en los diversos ejes, lo que a su vez mejoró la calidad de las decisiones e implementación de políticas que en su ejecución requirieron más de un actor a la vez.
La evaluación de la implementación del Plan fue encargada al Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica6, en cuyo reporte final se indica que el Plan permeó la forma de trabajo dentro del MOP, cuyas Direcciones empezaron a considerar la resiliencia climática como un factor relevante a la hora de programar y diseñar obras públicas.
Algunos de los principales resultados alcanzados se pueden resumir de la siguiente forma:
. Reconocimiento de la importancia de abordar el cambio climático en todas las Direcciones del MOP.
. Avances en áreas específicas, como la implementación de sistemas de monitoreo de glaciares y recursos hídricos, y la implementación de estándares pasivos y eficiencia energética (TdR en EE y CA, DA MOP) y la medición y evaluación del cumplimiento a través de la Certificación Edificio Sustentable (CES) en edificación pública.
. Colaboración fluida entre diferentes entidades, instituciones y universidades para mejorar las capacidades técnicas y científicas.
. Inclusión de consideraciones sobre el cambio climático en el diseño y planificación de proyectos de infraestructura y edificación pública, y para incorporar medidas de sostenibilidad.
. Desarrollo de planes piloto en diferentes regiones del país.
De igual forma se ha logrado avanzar hacia una institucionalidad climática interna, a través del trabajo de la actual División de Infraestructura Sostenible (DIS), ex-Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT), y de la Mesa Intraministerial de Cambio Climático.
3 Planificación estratégica
3.1 Visión del Plan
La visión del presente plan está focalizada en lograr que los Servicios que proveen la infraestructura que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, no se vean interrumpidos producto de las amenazas climáticas actuales y futuras, en un marco de resiliencia. Esto en el sentido de construir infraestructura que reduzca el riesgo de desastres producto de las amenazas hidroclimáticas y a su vez incorpore medidas de mitigación ante el Cambio Climático.
3.2 Objetivos del plan
La actualización del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura incorpora las experiencias y aprendizajes surgidos de la evaluación del plan anterior (2017-2022), actualiza su estrategia y metas, internalizando información y evidencia reciente en cuanto a la severidad y urgencia de los cambios climáticos, e incorpora avances tecnológicos disponibles para su mejor implementación. Adicionalmente, se vincula coordinadamente con otros instrumentos sectoriales, en especial con el Plan Sectorial de Recursos Hídricos, y con el Plan Nacional de Infraestructura Pública del MOP, entre otros.
En este contexto, es importante recalcar que cualquier estrategia para enfrentar los desafíos del cambio climático, tanto actuales como futuros, debe armonizar los esfuerzos destinados al fortalecimiento de la capacidad de adaptación con aquellos enfocados en la mitigación, promoviendo la generación de sinergias entre ambas dimensiones de un mismo problema. Esta orientación guía el diseño y la definición de las medidas que forman parte del presente plan que se desarrollará dentro de este período y a largo plazo.
3.2.1 Objetivo General
. Propiciar el desarrollo de obras públicas resilientes que permitan la adaptación de los territorios y sus comunidades a los impactos del cambio climático, y la reducción de emisiones acorde a los compromisos de Chile en torno a la carbono-neutralidad.
3.2.2 Objetivos Específicos
El Plan considera tres objetivos específicos que posibilitan y habilitan las condiciones para su implementación:
. Objetivo Específico 1: Adaptación
Contribuir al aumento de la resiliencia del país a través del desarrollo y gestión del riesgo climático en las obras públicas, en forma integral a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura y edificación pública
. Objetivo Específico 2: Mitigación
Implementar obras públicas con un enfoque centrado en circularidad y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en todo el ciclo de vida de los proyectos
. Objetivo Específico 3: Medios de Implementación
Implementar adecuaciones institucionales y normativas para reforzar la integración del cambio climático en obras públicas, en un contexto de coordinación territorial e interinstitucional, cooperación público - privada e inclusividad y participación pública.
3.3 Estructura general del plan
3.3.1 Líneas Estratégicas
Para lograr los objetivos planteados se han definido las siguientes ocho Líneas Estratégicas del Plan, asociadas a quince medidas y su correspondiente secuencia de acciones y actividades durante el período de vigencia al año 2029.
LE-1: Desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático
Se enfoca en la necesidad de diseñar, construir y mantener obras públicas, en su diversidad de tipologías, incorporando proyecciones climáticas en el diseño de las obras para que puedan resistir los impactos del cambio climático, e innovando en la implementación de estrategias basadas en la naturaleza para su materialización, considerando las sinergias positivas y co-beneficios que este tipo de iniciativas implican.
LE-2: Gestión de riesgo climático en obras públicas para contribuir a aumentar la resiliencia de territorios
Esta línea estratégica se enfoca en identificar, evaluar y propiciar acciones preventivas para enfrentar los riesgos de desastres asociados a eventos climáticos extremos en obras públicas. Esto incluye la elaboración de protocolos preventivos, planes de emergencia y reconstrucción post desastre, así como el fortalecimiento de la infraestructura resiliente, con particular énfasis en la infraestructura hídrica que asegure disponer agua para consumo humano.
LE-3: Desarrollo de obras públicas con atributos de circularidad
Busca promover prácticas de construcción sostenibles, minimizando el impacto ambiental de las obras públicas, persiguiendo objetivos de carbono neutralidad y economía circular. Esto implica la utilización de materiales sostenibles, la optimización del uso de recursos, la gestión de residuos de construcción y demolición, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de medidas de eficiencia energética.
LE-4: Ejecución de obras públicas que consideren en todo el ciclo de vida reducción de emisiones GEI
Esta línea estratégica contempla la medición y gestión de la huella de carbono en las obras públicas, como una medida habilitante para la definición en etapas iniciales de los proyectos que permitan su desarrollo en diseño, construcción, operación y mantención y/o desmantelamiento, bajo un enfoque de reducción de emisiones. Así como también, considera el impulso de economía circular en productos, materiales y tecnologías baja en emisiones.
LE-5: Fortalecimiento de certificaciones de sostenibilidad en las obras públicas
Esta línea estratégica busca fortalecer la implementación de certificaciones de sostenibilidad en obras públicas, en particular la Certificación en Edificación Sostenible (CES). Esto implica la creación de estándares de sostenibilidad, capacitación de profesionales en certificación y promoción de beneficios de las obras públicas certificadas.
LE-6: Planificación y gestión integral de inversiones para incorporar el cambio climático en obras públicas
Tiene por objetivo integrar la consideración del cambio climático durante los procesos de planificación y priorización de proyectos, y en la gestión anual de inversiones acorde al ciclo de vida de las iniciativas. Esto implica la incorporación del cambio climático en los procesos de toma de decisión de la institución, adecuaciones en la evaluación social de proyectos en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la consideración de medidas de adaptación en etapas tempranas y el resguardo de la coherencia y pertinencia territorial de los esfuerzos sectoriales de adaptación y mitigación.
LE-7: Generación de capacidades institucionales y coordinaciones para la implementación del Plan
Esta línea estratégica se desarrolla en torno a la generación de capacidades para el personal del Ministerio y de sus colaboradores, así como la articulación pública - privada para el cumplimiento del Plan, y la adecuada coordinación entre niveles territoriales, en particular relevando el rol de las Secretarías Regionales Ministeriales del MOP, a fin de asegurar la coherencia de la política climática ministerial con los Planes Regionales y Comunales establecidos en la LMCC.
LE-8: Impulso al desarrollo de infraestructura de manera participativa, incorporando enfoque género-responsivo e inclusivo con grupos en situación de vulnerabilidad climática
Esta línea estratégica busca incorporar de manera efectiva en las obras públicas las necesidades y perspectivas de los territorios respecto a adaptación y mitigación, con énfasis en mujeres, niñas, personas con discapacidad, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Esto implica la incorporación de diseños inclusivos, la promoción del empleo femenino, y la promoción de la participación de estos grupos desde etapas tempranas de los proyectos.
3.3.2 Enfoque de definición de medidas: Análisis de Ciclo de Vida
La determinación de las medidas de adaptación, mitigación y de medios de implementación han sido elaborados en consideración del ciclo de vida de los proyectos, acorde a la definición establecida por el Ministerio de Desarrollo Social (2023):
"El ciclo de vida de una inversión se entiende como el proceso de transformación de ideas, surgidas de la detección de necesidades, problemas u oportunidades, en soluciones para la provisión de bienes o servicios que mejor resuelvan esas necesidades, problemas u oportunidades. En el ámbito del Sistema Nacional de Inversiones, el ciclo de vida comprende el paso de las iniciativas de inversión a través de tres fases: pre-inversión, inversión y operación. Para cada una de ellas se definen distintas etapas a cumplir, que van desde la concepción de una idea hasta lo que se define como operación, que es cuando esa iniciativa entrega bienes y/o servicios respectivos".
Tabla 23: Fases y etapas para las iniciativas de inversión
Este enfoque metodológico permite asegurar que el cambio climático se incorpora de manera estratégica en las obras públicas, desde las etapas tempranas hasta el desmantelamiento, cuando procede.
Respecto a la clasificación de medidas, éstas se configuran en relación al objetivo específico que atienden, insertadas en forma transversal en una o más de las etapas del ciclo de vida de los proyectos, con un enfoque interseccional que aúna enfoque de género e interculturalidad.
3.3.3 Priorización de las medidas de adaptación
La priorización en la determinación de las medidas de adaptación atendió la evaluación de vulnerabilidad y en relación al costo-efectividad de las mismas, atendiendo la necesidad de la infraestructura y la edificación pública para adaptarse al cambio climático, lo cual fue corroborado en los procesos participativos llevados a cabo durante la elaboración del Plan, ya que se abordó en los talleres asociados a la consulta pública una mesa de trabajo exclusiva para las medidas de adaptación.
Es por ello, que se presentan medidas de carácter transversales que aplican a todo el ministerio como es el caso de las medidas de diseños resilientes, soluciones basadas en la naturaleza. Además, se contemplan medidas efectivas para atender en forma oportuna las amenazas más urgentes del país, como lo es la sequía y las precipitaciones extremas que desencadenan desastres, y se atienden a través de medidas para la provisión de agua para el consumo humano, mejoramiento sostenido de la infraestructura existente y futura.
Respecto de las medidas de mitigación, éstas fueron priorizadas en función de su efectividad y el menor costo tanto social, tanto económico y ambiental, dentro del sentido de realidad de las obras públicas. Por tanto, se determina que para el cumplimiento de los presupuestos sectoriales establecidos en la Estrategia Climática de Largo Plazo, es necesario abordar medidas habilitantes que conduzcan a la reducción de emisiones de GEI, por ello se desarrollan medidas asociadas a medición y gestión de huella de carbono en edificaciones MOP, y el impulso a medidas que generan atributos de circularidad con un enfoque en reducción. Cabe destacar, que el Ministerio desarrolló una consultoría el año 2024 para la definición y priorización de las medidas de mitigación denominada "Análisis para el cumplimiento de los compromisos MOP en mitigación establecidos en la ECLP".
3.3.4 Evaluación de riesgos climáticos en zonas latentes
El análisis del Plan en relación a las zonas latentes, respecto de los efectos adversos del cambio climático y riesgos actuales y proyectados para el sector de infraestructura, ha determinado que dada la naturaleza de las obras públicas es necesario el desarrollo de proyectos en estas zonas para cumplir con la misión del Ministerio.
Cabe mencionar, que el Plan es de carácter sectorial de aplicación nacional, por tanto las medidas conducentes a reducir el riesgo climático en las zonas latentes se abordan con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Para mayor abundamiento, al momento de materializar los proyectos en zonas latentes cabe decir que en tales casos se consideran medidas especiales para las reducciones de contaminantes locales, como es el caso de uso de filtros de partículas para la reducción del carbón negro en maquinarias fuera de ruta, además en el caso que estos proyectos requieran ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, se contemplan medidas de reparación, compensación o mitigación en virtud de la normativa vigente.

Figura 13: Enfoque metodológico para definición de medidas del Plan
Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Clasificación de medidas según Líneas Estratégicas
Fuente: Elaboración propia
3.3.5 Medidas
El plan está compuesto por 15 medidas según el siguiente detalle:
Tabla 24: Tabla de medidas y líneas Estratégicas asociadas



Figura 15: Esquema estructura del Plan
Fuente: Elaboración propia
3.4 Fichas de Medidas
3.4.1 Medidas de Adaptación
3.4.1.1 LE-1: Desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático
Esta línea estratégica contempla tres medidas:
. Incorporación de análisis de proyecciones climáticas extremas en etapa de diseño de los proyectos: diseños resilientes al cambio climático
. Incorporación de estrategias basadas en la naturaleza en la materialización de obras públicas
. Desarrollo de infraestructura hídrica resiliente ante el cambio climático para el consumo humano
Medida 1. Incorporación de análisis de proyecciones climáticas extremas en etapa de diseño de los proyectos: diseños resilientes al cambio climático

Medida 2. Incorporación de estrategias de Soluciones Basadas en la Naturaleza en la materialización de obras públicas

Medida 3. Desarrollo de infraestructura hídrica resiliente ante el cambio climático para el consumo humano

3.4.1.2 LE-2: Gestión de riesgo climático en obras públicas para contribuir a aumentar la resiliencia de territorios
Esta línea estratégica contempla tres medidas:
. Fortalecimiento de infraestructura existente que potencialmente pueda ser afectada por eventos extremos relacionados con cambio climático
. Fortalecimiento de la resiliencia en la infraestructura de transporte
. Mejoramiento de la gestión de residuos post desastres
Medida 4. Fortalecimiento de infraestructura existente que potencialmente pueda ser afectada por eventos extremos relacionados con cambio climático

Medida 5. Fortalecimiento de la resiliencia en la infraestructura de transporte

Medida 6. Mejorar la gestión de residuos post desastres

3.4.2 Medidas de Mitigación
3.4.2.1 LE-3: Desarrollo de obras públicas con atributos de circularidad
Esta línea estratégica se desarrolla con dos medidas:
. Mejoramiento de la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en los proyectos de obras de infraestructura y edificación pública
. Incremento de la eficiencia en el uso del agua y energía en la ejecución de obras públicas
Medida 7: Mejoramiento de la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de los proyectos de obras de infraestructura y edificación pública.



































5 Arreglos institucionales
Durante el año 2022 el MOP instituyó una Unidad de Cambio Climático, atendiendo a la importancia de esta temática dentro de la institución, lo cual fue reforzado en el año 2023, al adecuarse la orgánica institucional de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), conformando la División de Infraestructura Sostenible, con el objeto de abordar desde una perspectiva integral el desarrollo sostenible de las obras públicas. A partir de esta decisión, se elevó el estándar de la Unidad a Departamento de Cambio Climático y Economía Circular, teniendo por objetivo "asesorar en la incorporación de cambio climático y economía circular en el quehacer del Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad de avanzar en obras públicas resilientes y bajas en carbono" (MOP, 2023).
A su vez, en el año 2022 se creó el Comité Intra-ministerial de Cambio Climático, que aúna representantes de los Servicios MOP (Direcciones de Vialidad, de Obras Hidráulicas, de Obras Portuarias, de Aeropuertos, de Arquitectura y de Planeamiento, además de las Direcciones Generales de Concesiones y de Aguas, y con participación de representantes de los organismos autónomos relacionados con la Presidencia a través del Ministerio (Superintendencia de Servicios Sanitarios e Instituto Nacional de Hidráulica). El Comité integra a las Secretarías Regionales Ministeriales, a través de la participación de las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) presentes en las 16 regiones. En el contexto de la elaboración del presente Plan, durante el año 2024 se fusionó el Comité Intra-ministerial con el Comité de Infraestructura Sostenible, para mayor eficiencia e integralidad de los esfuerzos ministeriales en la materia.
Respecto de la articulación extra-ministerial, el MOP, a través de la representación del Departamento de Cambio Climático y Economía Circular, integra el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC), el cual, de acuerdo a la LMCC, constituye el órgano encargado de apoyar la elaboración, implementación y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático.
En relación de los mecanismos de coordinación para la implementación y seguimiento de las medidas y acciones del Plan, éstas serán definidas en el marco del Comité de Infraestructura Sostenible, así como también la definición de articulación de otros actores, ya sean públicos o privados, a través de creación de mesas de trabajo, convenios, protocolos de acuerdo u otras iniciativas que permitan la eficiente y adecuada implementación del Plan. Lo anterior, en estrecha colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y el ETICC.
Cabe destacar, que en relación a inversión, el plan contiene estudios básicos de las Direcciones de Planeamiento, Vialidad y Obras Hidráulicas, relacionados con resiliencia climática e integrados a la nómina de respaldo del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025; y se ha incluido además el costeo de iniciativas de conservación de edificación pública MOP a lo largo del período del Plan, conforme al presupuesto habitual anual destinado a la Dirección de Arquitectura para ese propósito, programada en forma diferenciada por regiones, teniendo por foco las obras de conservación necesarias para reducir y gestionar la huella de carbono e incrementar la eficiencia energética en los edificios MOP de las 16 regiones del país, para efectos de cumplir con las metas de mitigación establecidas en el Plan para los próximos 5 años.
Por otra parte, en lo concerniente a operación, se contempla arreglos institucionales en los ítems de los gastos en personal existente a contrata, para efectuar análisis, capacitación y seguimiento a las actividades del Plan, principalmente en dependencias del Nivel Central; y se adicionan además nuevas capacidades profesionales especializadas en materia de cambio climático y economía circular en los servicios MOP y en la DGOP a nivel regional, mediante reconversión de cupos disponibles en los distintos ejercicios presupuestarios durante el período de implementación del Plan, o con cargo a disponibilidad de futuros presupuestos del Ministerio. Asimismo, se consideran gastos en capacitación, equipamiento informático y estudios inherentes al giro de los servicios MOP en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.
Finalmente, y en coherencia a lo establecido en el párrafo anterior, se espera que con la implementación del Plan se profundice la institucionalidad ministerial para atender a las materias de cambio climático y sostenibilidad, mediante la conformación o reforzamiento de unidades especializadas en las Direcciones del Ministerio y a nivel regional, incluyendo nuevas capacidades especializadas.
6 Recomendaciones para los Planes de Acción Regionales y otros instrumentos
Tal como se indica en el punto anterior, el Plan establece una articulación a través de las Secretarías Regionales Ministeriales del MOP, a través de la designación de un punto focal para abordar las materias de cambio climático, en especial para el cumplimiento del Plan, en coherencia con los planes relacionados de nivel regional y comunal.
Dicho lo anterior, las principales recomendaciones para los Planes Regionales consisten en:
- Contar con un representante MOP, como punto focal para participación en los CORECC, de manera que pueda establecer una coordinación eficiente y oportuna al interior de los Servicios MOP regionales, asegurando una adecuada participación del Ministerio en la elaboración e implementación de los Planes Regionales de Cambio Climático.
- Resguardar la coherencia de las medidas establecidas en los instrumentos regionales y comunales de cambio climático con el Plan Sectorial.
- Velar por la revisión del Plan Sectorial en la fase de elaboración del Plan regional, para establecer alineamientos en cuanto a obras públicas resilientes y bajas en carbono.
- Identificar, durante los procesos anuales de gestión de inversiones del MOP, los proyectos de infraestructura o edificación pública regionales que están relacionados con cambio climático, ya sea porque se hacen cargo de algún impacto a nivel regional en materia de resiliencia, o bien, porque contempla alguna componente de reducción de emisiones.
7 Identificación de barreras para el cumplimiento de las medidas asociadas al Plan: adaptación, mitigación y medios de implementación
Las barreras identificadas para el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan son las siguientes:
- Financiamiento, debido principalmente a que las medidas son costeadas con presupuesto sectorial regular, lo cual conlleva un grado de incertidumbre si no se asignan los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan.
- Debilidad institucional, en cuanto a calidad y cantidad de profesionales que puedan asumir las funciones que requiere el desarrollo de cambio climático en los Servicios MOP, tanto a nivel nacional como regional. Cabe mencionar que, en los Servicios Ejecutores MOP, incluida la Dirección de Concesiones, así como en el nivel regional del MOP, no existen funcionarios o funcionarias con dedicación exclusiva y especialización focalizada a cambio climático, por lo que resulta frecuente que esta función se asigne a personal no especializado o que aborda esta temática dentro de otras múltiples tareas, con efectos en un menor nivel de logro en resultados y coordinación.
- Necesidad de una adecuada coordinación intraministerial, con los Servicios MOP nivel nacional y regional, así como de nivel interministerial, especialmente con los Ministerios definidos como coadyuvantes.
- Contar con un sistema de capacitaciones permanentes a los funcionarios de las diversas áreas y niveles del Ministerio, más allá de solo las áreas ambientales, para asegurar la correcta implementación de las medidas contenidas en el Plan.
8 Monitoreo y evaluación del Plan
El monitoreo del Plan se realizará anualmente, a través de los indicadores definidos en cada una de las medidas de adaptación, mitigación y medios de implementación, los que irán dando cuenta del nivel de cumplimiento del instrumento.
Asimismo, se realizará el monitoreo respecto de los montos invertidos en las medidas, las acciones y actividades programadas, a fin de establecer si el presupuesto sectorial es suficiente para el cumplimiento del Plan o será necesario financiamiento internacional o articulación de otros sectores del Estado o privado.
De este modo, se realizará un monitoreo permanente y un reporte de periodicidad anual del Plan, en relación a los indicadores establecidos en las medidas, y descritos en las fichas correspondientes, lo que permitirá evaluar medidas correctivas en sus etapas intermedias. Por último, y acorde a lo indicado por la Ley Marco de Cambio Climático, este Plan se actualizará al quinto año, para lo cual se evaluarán las oportunidades de mejoramiento y/o adecuación para el próximo período del Plan Sectorial.
Además, se monitoreará y reportará anualmente las medidas en las que el Ministerio de Obras Públicas sea asignado como coadyuvante en otros Planes sectoriales, tanto de adaptación como de mitigación. Esta colaboración como coadyuvante considera proveer durante las distintas fases de implementación de los planes, en los cuales aplique, información, insumos y estudios técnicos (en caso de aplicar), en la forma y en los plazos definidos por la autoridad sectorial responsable del instrumento.
BIBLIOGRAFÍA


Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.- Nicolás Grau Veloso, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del Medio Ambiente.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Danilo Núñez Izquierdo, Subsecretario de Obras Públicas.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcances el decreto N° 167, de 2024, del Ministerio de Obras Públicas
N° E212982/2025.- Santiago, 12 de diciembre de 2025.
Esta Contraloría General ha dado curso al decreto singularizado en el epígrafe, que aprueba el Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - Sector Infraestructura, pero estima necesario hacer presente que, al tenor de lo previsto en los preceptos legales que regulan la materia, el referido plan busca fortalecer la prevención y respuesta del sector de infraestructura ante el cambio climático, contemplando las políticas a seguir en dicho ámbito, y su contenido no reviste carácter normativo, de manera que los objetivos y acciones que en él se fijan, deberán sujetarse en su concreción a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.
Por ende, en la implementación del referido plan, las instituciones responsables y colaboradoras consideradas en el mismo, no podrán exceder el límite de las atribuciones que la ley les asigna en relación con las acciones que les corresponde ejecutar (aplica el criterio consignado en los oficios N°s. 31.378, de 2019 y E114714, de 2025, de este origen).
Asimismo, es del caso manifestar que no compete a este órgano de fiscalización pronunciarse acerca del mérito, conveniencia u oportunidad del contenido y ejecución de las acciones que comprende el instrumento en análisis, al tenor de la limitación que el artículo 21 B de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, establece en este aspecto.
A continuación, respecto de las acciones que señalan como indicadores de cumplimiento la aprobación de actos administrativos o normativos que corresponde emitir a entidades distintas de las responsables, cabe precisar que la obligación se entenderá satisfecha cuando se inicie o persevere en la tramitación del respectivo proyecto, según sea el caso.
Enseguida, en lo que concierne a los recursos financieros que se señalan en la respectiva columna de cada acción, se entiende que, para su ejecución, en aquellos casos en los que no se consigne una fuente específica de financiamiento, deberán encontrarse disponibles de conformidad con el presupuesto anual que corresponda.
Por otra parte, en lo sucesivo ese Ministerio deberá inutilizar, con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, los espacios en blanco de los instrumentos que se remitan para su toma de razón, lo que no aconteció en algunas páginas del documento de que se trata (aplica el criterio contenido en el oficio N° E24436, de 2025, entre otros).
Finalmente, las referencias de las páginas 34, párrafo segundo, y 37, numeral 2.4.2 deben entenderse realizadas a la tabla 11 y a la figura 7, respectivamente, y no como allí se indica.
Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del instrumento del rubro.
Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General de la República.
A la señora
Ministra de Obras Públicas
Presente.
1 Declaración de la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo con motivo de la publicación del informe UNOPS.
2 Ellen MacArthur Foundation, 2022, https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
3 https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-LIVIANO.pdf
4 https://construye2025.cl/rcd/wp-content/uploads/2020/08/HDR-PAGINA_RCD_200825.pdf
5 Toda referencia en esta sección corresponde a días hábiles.
6 "Evaluación de Término Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022".