Cristóbal de la Maza explicó el sistema de inteligencia ambiental

Cristóbal de la Maza fue uno de los autores de la Hoja de Ruta 2020-2023 de Inteligencia Ambiental, llevada adelante por la Superintendencia del Medio Ambiente. Cabe destacar que esta estrategia fue incluida como una acción prioritaria en el Plan de Acción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. En la siguiente entrevista reflexiona sobre sus avances y desafíos.

Inteligencia Ambiental como estrategia

”El concepto de Inteligencia Ambiental fue desarrollado en conjunto con mis colegas, Sebastián Elgueta y Francisco Donoso, en la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, es un concepto mucho más amplio. Mi doctorado fue en Inteligencia Artificial, lo que me permitió integrar los conocimientos adquiridos durante mi formación en una aplicación centrada en la fiscalización y el incentivo del cumplimiento normativo.

Desde esta perspectiva, entendemos la inteligencia ambiental no solo como un tema informático, sino como una estrategia que combina las ciencias del comportamiento y la ciencia de datos con la ciencia ambiental. El objetivo es promover un cambio positivo en el comportamiento del sector regulado, utilizando tecnología proveniente de las ciencias ambientales para inducir prácticas más sostenibles.

Esta visión trasciende la forma convencional en que se entienden estas herramientas, que suelen asociarse únicamente al desarrollo de software y machine learning. En nuestro enfoque, buscamos lograr una transformación efectiva en el territorio.

Inicialmente, implementamos algunos pilotos, especialmente en el control de residuos industriales líquidos. Utilizamos herramientas de detección temprana de desviaciones mediante algoritmos de inteligencia artificial, junto con herramientas de automatización más vinculadas al desarrollo de software. También diseñamos mecanismos informativos, como cartas de advertencia, basados en la mejor tecnología en economía del comportamiento. Gracias a esto, logramos aumentar el cumplimiento normativo a nivel nacional en un 30 por ciento a un costo extremadamente bajo.

Este ejercicio no solo generó un notable aumento en el cumplimiento, sino que también sirvió como base para aplicar esta técnica en otras áreas, como la industria del salmón, la fiscalización de ruidos molestos, las normas de emisión en termoeléctricas y otras industrias, así como en el control del cumplimiento de las obligaciones de la industria de áridos y la contaminación lumínica”.

Datos útiles para la evaluación de la ley y políticas ambientales

”El enfoque que adoptamos también considera la perspectiva del management. Para inducir la transformación digital del Estado, no es suficiente contar con licencias de software específicas o contratar a especialistas. Se requiere una transformación cultural profunda en las instituciones.

Este proceso fue complejo y demandó un esfuerzo significativo de persuasión y diálogo con los distintos funcionarios hasta que se consolidó en la institución. Luego, integramos esta visión en la estructura organizativa de la Superintendencia, donde la inteligencia ambiental y la plataforma de inteligencia de datos se convirtieron en el núcleo de nuestra estrategia.

También incorporamos estos elementos en los procesos, asegurando que las distintas áreas trabajaran de manera coordinada a través del desarrollo de estas herramientas. Esto implicó una transformación completa de la institución.

En cuanto a los datos, existen dos dimensiones a considerar. Según nuestra interpretación de la Ley 20.417, que establece en su Artículo 2 que la Superintendencia tiene la responsabilidad de fiscalización y seguimiento, entendimos que esta labor no se trata de una única acción. La ley indica que la Superintendencia debe perseguir infracciones, lo cual está relacionado con la fiscalización, pero también debe observar la evolución del comportamiento tanto de las empresas como del estado del medio ambiente.

A través de diversas instrucciones generales, que son normas vinculantes para la industria, exigimos el reporte de aspectos que antes no se informaban, como la calidad de los cuerpos de agua superficiales en las operaciones relacionadas con relaves. También requerimos la conexión en línea para el reporte de estaciones de monitoreo de calidad del aire y el cumplimiento de obligaciones específicas, como el posicionamiento de centros de engorda de salmón.

Desarrollamos herramientas para fiscalizar aspectos ambientales mediante imágenes satelitales. De hecho, la Superintendencia monitorea cerca de 5 mil 600 humedales en todo el país utilizando una herramienta propia que ha servido como base probatoria en casos importantes, como la sanción por daño ambiental a Minera Escondida y el cierre definitivo de Minera Maricunga.

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Dependiendo del tema, es crucial enfocar los recursos escasos en la captura de información, ya sea para monitorear el estado del medio ambiente o para perseguir infracciones específicas, como el posicionamiento y la sobreproducción en centros de engorda de salmón. Además, se exigió a todas las empresas realizar monitoreo de biodiversidad como parte de sus obligaciones. Es importante recordar que estas obligaciones están incluidas en las resoluciones de calificación ambiental y deben reportarse en un formato único.

Actualmente, la Superintendencia está recopilando una cantidad significativa de información sobre biodiversidad. Creo que somos el país con mayor cantidad de información que capturamos. Nuestra legislación otorga plenas atribuciones a la Superintendencia para requerir información y centraliza esas atribuciones. A diferencia de otros países con esquemas federales o descentralizados, en nuestro país la información está centralizada, y la legislación ambiental obliga a un reporte detallado.

Sin embargo, esta información no estaba siendo capturada adecuadamente. Por ello, exigimos que se sistematizara y reportara conforme a nuestras necesidades”.

Principales proveedores de datos

”Hay mucha información disponible públicamente, como los satélites del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea y datos de satélites Landsat de la NASA. Esta información es muy valiosa, y lo que se necesitaba desarrollar era el algoritmo adecuado.

Es importante entender que la inteligencia artificial y la inteligencia ambiental se fundamentan en tres elementos esenciales: poder computacional, máquinas que procesan la información, y algoritmos especializados. Combinamos estos tres elementos, utilizando información existente y, en algunas ocasiones, datos proporcionados directamente por el sector regulado.

La Superintendencia, como organismo regulador por excelencia, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento normativo, y eso es lo que exigimos conforme a la ley. La Superintendencia se encarga de mejorar el algoritmo que mencionas, y tiene la competencia y responsabilidad en materia de fiscalización.

Su misión es asegurar el cumplimiento normativo de la manera más eficiente y eficaz posible. Para lograrlo, decidimos implementar herramientas tecnológicas de forma remota en ciertas áreas. Esto incluyó la combinación de sensores en tiempo real, imágenes satelitales y datos que las empresas están obligadas a reportar, así como sensores de mayor resolución que monitorean las emisiones en industrias de mayor tamaño.

La idea era realizar nuestra labor de manera más efectiva. Tuvimos una decisión política clara, que fue invertir fuertemente en esta área. Aunque la ley no exige destinar presupuestos especialmente altos a este tipo de herramientas, estábamos convencidos de que era la forma correcta de utilizar los recursos disponibles. Por eso, concentramos muchos de nuestros recursos en temas tecnológicos y de innovación”.

Proyección de la estrategia de inteligencia ambiental a futuro

”En los próximos tres años, creo que estaremos en una etapa de consolidación de esta herramienta. Esto es precisamente lo que está haciendo la Superintendencia. Es importante permitir que estos procesos se asienten y, para ello, se necesita integrar cada vez más personal especializado en distintas áreas de negocio, no solo en el ámbito tecnológico.

Es fundamental contar con científicos de datos que colaboren estrechamente con los abogados. Actualmente, estoy analizando una gran cantidad de información en formato de texto para mi trabajo académico, la cual proporciona datos clave sobre cómo mejorar nuestra labor, incluso en los Tribunales de Justicia.

La Superintendencia debe asegurarse de que estas herramientas se instalen como un proceso continuo. Con respeto y orgullo, he podido observar desde fuera de la institución que los temas ambientales siguen siendo una política de Estado y que las nuevas autoridades continúan con este proceso.

Estoy convencido de que la estrategia de inteligencia ambiental debería elevarse a toda la institucionalidad ambiental, promoviendo la interoperación de información entre las instituciones. Además, es fundamental que la ciudadanía, la sociedad civil y la academia puedan aportar información complementaria, así como concentrar los mejores datos y herramientas, incluidos algoritmos, para identificar las necesidades.

Por eso mencioné la importancia del monitoreo del estado del medio ambiente. Esta información es muy útil para el regulador, el ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que permite conocer la situación ambiental del país. Actualmente, la Superintendencia está capturando solo una fracción de esta información; el Ministerio tiene su propio conjunto de datos y el SEA es responsable de proporcionar información sobre las líneas base.

Lo que sigue es utilizar esta herramienta para que cada una de estas instituciones mejore su gestión interna, pero también para generar un poder colectivo. La información ambiental es un bien público al que todos tenemos derecho a acceder; internacionalmente se considera un derecho humano. Debe estar disponible para toda la ciudadanía con el fin de que cada uno la utilice según sus necesidades”.

Importancia de aumentar la cantidad de casos de fiscalización

”Parte de la captura de información incluyó la integración de las denuncias. Cuando era jefe de servicio, las denuncias se presentaban en papel. Implementamos un sistema de denuncia electrónica que proporciona una señal clara sobre dónde están las necesidades y cómo se deben asignar los recursos del Estado. Además, esta información se analiza y se prioriza mediante un algoritmo. Todo esto está instalado en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y permite una respuesta más ágil.

Es fundamental que la labor del Estado sea oportuna. Si alguien denuncia o reporta una vulneración, no puede pasar un tiempo prolongado sin que se le preste atención. Esta tecnología permite acelerar y escalar masivamente la acción de la Superintendencia. Gracias a los pasos que seguimos, logramos duplicar el número de procedimientos sancionatorios y fiscalizaciones, pero ahora estamos experimentando un crecimiento exponencial. Las fiscalizaciones aumentan año tras año a través de esta herramienta tecnológica, generando un bien público con la información que se captura.

La información recopilada es muy valiosa. Una de las primeras decisiones que tomé fue liberar más de 100 mil informes de seguimiento ambiental de empresas en nuestro sitio web, para que todos tuvieran acceso a datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como sobre la calidad ambiental del territorio, incluyendo especies y calidad del agua en ríos. Ahora, toda esa información está disponible.

El siguiente paso es sistematizar adecuadamente esta información para que esté en un formato útil y fácilmente utilizable por algoritmos y sistemas de información externos”.

Contribución del Congreso para el desarrollo de la inteligencia ambiental

”Existen varias maneras de abordar este tema, ya que hay aspectos específicos en la ley, tanto en la ley de la Superintendencia como en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que son necesarios para escalar esto a toda la institucionalidad ambiental.

Primero, en la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, es fundamental reforzar las atribuciones para el requerimiento de información. Aunque podemos hacer una interpretación jurídica que sea sostenible en el tiempo, sería beneficioso que se clarificaran y reforzaran las atribuciones de la Superintendencia, tal como se establece en su artículo 3.

Por otro lado, instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente tienen una capacidad muy limitada para requerir información. Actualmente, solo pueden hacerlo a través de sus atribuciones relacionadas con el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. No hay un mecanismo claro que integre las diluciones necesarias para generar esta coordinación estatal. Por ejemplo, sería útil habilitar un reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental, tal como se menciona en el artículo 33 de la Ley 19.300, y fomentar la interoperabilidad entre las instituciones públicas para que actúen en consonancia.

La creación del ministerio y luego del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre otros organismos, ha fortalecido la institucionalidad ambiental, pero también ha generado silos de trabajo. En ciertos temas, se requiere una coordinación más profunda. Por lo tanto, un reforzamiento legal y atribuciones más sólidas para el ministerio en la coordinación de procesos, especialmente en el ámbito informático, sería muy beneficioso para avanzar en la protección del medio ambiente”.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl