Asesoría Parlamentaria
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Documentos presentados a comisiones
19/12/2025
Congreso Nacional: Regulación y principales aspectos del rol parlamentario.
El presente informe describe y sistematiza los principales aspectos normativos e institucionales que estructuran el funcionamiento del Congreso Nacional de Chile, con especial énfasis en la Cámara de Diputados. Su objetivo es ofrecer una visión ordenada y comprensible del rol de los parlamentarios, las reglas que rigen su actuación, la organización interna de las cámaras y el proceso de formación de la ley. El documento aborda, en primer término, las fuentes del Derecho Parlamentario; para luego enfocarse en la función parlamentaria y sus principales manifestaciones, incluyendo las incompatibilidades, inhabilidades y normas de ética aplicables a diputados y senadores. Asimismo, examina la orgánica interna del Congreso, destacando el rol de sus autoridades, comités y comisiones, así como los mecanismos de fiscalización política. Finalmente, expone de manera sintética el procedimiento de formación de la ley, con especial referencia a las etapas del trámite legislativo, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y los quorum de aprobación. Dada la amplitud de la materia, el informe presenta una aproximación general y sistematizada de los aspectos esenciales del funcionamiento parlamentario, utilizando como fuentes la normativa vigente, la doctrina especializada y documentos institucionales.
18/12/2025
Sistemas nacionales de gestión de los datos. Revisión de la experiencia comparada.
Este informe se enmarca en la discusión del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín No. 17.590-05) y que se discute actualmente en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Senado. Tiene por objeto la descripción de diversos sistemas nacionales de gestión de datos en la experiencia comparada, centrándose particularmente en la gobernanza de estos sistemas. Para ello, el informe se estructura de la siguiente manera: (1) Revisión general de los estándares internacionales en la materia, así como del modelo europeo; (2) Descripción general de los doce países revisados: Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, Ucrania y Uruguay; (3) Breve análisis de las características comunes y las diferencias entre los diversos sistemas descritos.
17/12/2025
Cuadro comparado: sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos (actualización).
Este cuadro comparado se refiere a los diversos sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos existentes en Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, Ucrania y Uruguay. Los países han sido seleccionados en virtud de tres criterios: casos referidos como antecedentes por el poder ejecutivo en el marco del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín N° 17.590-05); países revisados con anterioridad para la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Senado, a propósito de la discusión sobre sistemas de integración de datos (2021), y países que fueron mencionados directamente durante la discusión en la Comisión. Este cuadro es una actualización del cuadro contenido en el Informe N° 46-25, de 07-10-2025, ya presentado a la Comisión. Se encuentra vinculado con el Informe N° 56-25, de 17-12-2025, titulado “Sistemas nacionales de gestión de los datos. Revisión de la experiencia comparada”. Cabe mencionar que la mayoría de los artículos en el cuadro están explicados o parafraseados, por lo que, en caso de querer citarlos, se recomienda cotejar la fuente indicada.
17/12/2025
Cuadro comparado: sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos (actualización).
Este cuadro comparado se refiere a los diversos sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos existentes en Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, Ucrania y Uruguay. Los países han sido seleccionados en virtud de tres criterios: casos referidos como antecedentes por el poder ejecutivo en el marco del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín N° 17.590-05); países revisados con anterioridad para la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Senado, a propósito de la discusión sobre sistemas de integración de datos (2021), y países que fueron mencionados directamente durante la discusión en la Comisión. Este cuadro es una actualización del cuadro contenido en el Informe N° 46-25, de 07-10-2025, ya presentado a la Comisión. Se encuentra vinculado con el Informe N° 56-25, de 17-12-2025, titulado “Sistemas nacionales de gestión de los datos. Revisión de la experiencia comparada”. Cabe mencionar que la mayoría de los artículos en el cuadro están explicados o parafraseados, por lo que, en caso de querer citarlos, se recomienda cotejar la fuente indicada.
12/12/2025
Proyectos de Ley sobre Migración en tramitación en el Senado.
El documento presenta una revisión de los proyectos de ley en tramitación en el Senado relacionados con la migración, ingresados entre 1990 y la fecha. Se identifican 45 iniciativas legislativas, de las cuales 23 se encuentran en primer trámite constitucional, 8 en segundo trámite y 21 están archivadas. En cuanto a la urgencia legislativa, la mayoría no registra urgencia vigente, mientras que 4 iniciativas cuentan con suma urgencia y 2 con simple urgencia. El análisis evidencia que los proyectos abordan directa o indirectamente la regulación de la migración y la extranjería, incluyendo aspectos constitucionales, administrativos, penales y de seguridad vinculados al ingreso, permanencia y expulsión de personas extranjeras, así como al ejercicio de derechos políticos y al régimen de nacionalidad. Las iniciativas se agrupan en tres grandes ejes: el fortalecimiento del control fronterizo, la seguridad y la respuesta a la crisis migratoria; la regulación del régimen de nacionalidad y de los derechos políticos de extranjeros y de chilenos en el exterior; y la protección de derechos y garantías específicas de las personas extranjeras en Chile, especialmente en ámbitos laborales, educativos, administrativos y penales. En conjunto, los proyectos reflejan una agenda legislativa orientada a actualizar el marco jurídico en materia migratoria, equilibrando objetivos de seguridad y control con la regulación de derechos políticos, sociales y laborales, y evidencian la permanencia de un debate sobre el rol del Estado frente a la migración, la integración de personas extranjeras y el vínculo jurídico con la diáspora chilena.
21/11/2025
Regulación de Food Truck o camiones de comida. Antecedentes nacionales y experiencia extranjera
Informe sobre legislación nacional y comparada, destinada a regular el comercio a través de los llamados food trucks, o también conocidos como camiones de alimentos, camiones gourmet, establecimientos de alimentos móviles o carros de comida. El análisis muestra que Chile no cuenta con una regulación específica para food trucks, por lo que la actividad opera bajo normas generales sanitarias (Código Sanitario y Reglamento Sanitario de los Alimentos) y bajo las facultades municipales para administrar el uso de bienes nacionales de uso público. En este marco, algunas municipalidades han dictado ordenanzas que definen conceptos, determinan requisitos y regulan el funcionamiento en el espacio público, si bien no es una práctica generalizada. Asimismo, existen regulaciones sectoriales, como las instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sobre instalaciones eléctricas en carros de alimentos.
30/10/2025
Requisito de residencia para candidatura parlamentaria: Antecedentes nacionales y experiencia extranjera.
La Constitución Política, en su artículo 48, dispone que para ser elegido diputado se debe tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito durante al menos dos años previos a la elección. Con la reforma constitucional de 2005 (Ley 20.050), se eliminó la exigencia de residencia para los senadores. En el nivel subnacional, el artículo 124 de la Constitución exige dos años de residencia regional para gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, reforzando la presencia de este vínculo territorial en autoridades locales. En la experiencia extranjera, para ser diputado o senador, Argentina exige a nivel constitucional que los candidatos sean naturales de la provincia que los elija o que tengan dos años de residencia inmediata en ella. Además, la Ley de Partidos Políticos dispone que los candidatos deben estar inscritos en el padrón electoral del distrito correspondiente, acreditando residencia por cualquier medio de prueba. En la práctica, la residencia suele acreditarse mediante el domicilio declarado en el documento nacional de identidad, lo que genera un cumplimiento formal más que sustantivo.
17/10/2025
Estadísticas de Proyectos de Ley y de Proyectos de Acuerdo.
El documento tiene por objeto informar sobre el número de proyectos de ley y proyectos de acuerdo ingresados entre el 11 de marzo de 2018 y el 30 de septiembre de 2025, distinguiendo según su estado de tramitación. De acuerdo con las definiciones del Glosario Legislativo del Senado, se entiende por proyecto de ley toda propuesta destinada a crear, modificar o derogar normas legales, presentada por el Presidente de la República (mensaje presidencial) o por parlamentarios/as (moción). En tanto, un proyecto de acuerdo corresponde a una manifestación institucional de juicio, opinión o solicitud dirigida al Presidente/a de la República u otra autoridad pública competente, sobre materias de interés general. El análisis considera los siguientes estados de tramitación: Proyectos de ley: en trámite, publicado, archivado, rechazado, retirado e inadmisible. Proyectos de acuerdo: aprobado, rechazado y retirado. Entre el 11 de marzo de 2018 y el 30 de septiembre de 2025, se registró el ingreso de 6.262 proyectos de ley y 456 proyectos de acuerdo. Al desagregar por período legislativo, los resultados son los siguientes: Período 2018–2022: 3.206 proyectos de ley y 157 proyectos de acuerdo. Período 2022–2026: 3.056 proyectos de ley y 299 proyectos de acuerdo.
17/10/2025
Teoría de la División de Poderes del Estado: Pensamiento y aportes de Montesquieu.
El informe aborda la teoría de la división de poderes, formulada por Montesquieu, a través de su obra “El Espíritu de las Leyes”, de 1748, destacando su centralidad en el desarrollo del constitucionalismo moderno y su vigencia como principio de limitación del poder. En primer lugar, se contextualiza históricamente en el siglo XVIII, época marcada por el predominio de las monarquías absolutas y el surgimiento del pensamiento ilustrado, que propugnó la razón, la libertad y el equilibrio institucional frente al despotismo. El trabajo también expone la evolución y reinterpretación del principio a lo largo del tiempo. Mientras unos autores han concebido la división de poderes como una separación estricta de órganos independientes; otros, influenciados por el constitucionalismo norteamericano, la entienden como un sistema dinámico, basado en colaboración, frenos y contrapesos. Perspectivas más contemporáneas amplían sus fines, vinculándola con la rendición de cuentas, la eficiencia del gobierno y la promoción del imperio de la ley. En la actualidad, se reconoce que la aplicación material del principio requiere una adaptación flexible frente a la complejidad del Estado contemporáneo, caracterizado por la multiplicación de órganos autónomos, la pérdida del monopolio legislativo, la expansión de los mecanismos de control, y la influencia de poderes económicos y partidos políticos.
14/10/2025
Atribuciones y Funciones de Autoridades del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El informe describe las funciones y atribuciones de las principales autoridades y órganos del Estado de Chile, abarcando los tres poderes clásicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como diversos organismos autónomos y otros descentralizados. En el ámbito del Poder Ejecutivo, se destacan las atribuciones del Presidente de la República, que van desde la conducción de la política interior y exterior, la designación de altas autoridades, hasta facultades legislativas y financieras. Se subraya además el rol de los ministros y subsecretarios como colaboradores inmediatos del Presidente, y la desconcentración territorial a través de delegados presidenciales regionales y provinciales, quienes representan al Ejecutivo en los territorios. Respecto del Poder Legislativo, se explican las funciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados (fiscalización, acusaciones constitucionales, comisiones investigadoras) y del Senado (juicio político, nombramientos de altas autoridades, control institucional). Se incluye el papel de las Secretarías Generales del Congreso, que además de funciones administrativas, tienen funciones de representación judicial, organización interna, certificación de actos parlamentarios y apoyo en los procesos legislativos, como garantes del funcionamiento institucional. En relación con el Poder Judicial, el informe detalla las atribuciones de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. La primera ejerce superintendencia sobre todos los tribunales de justicia, además de conocer recursos relevantes como casación, nulidad y queja, y causas de desafuero. Las Cortes de Apelaciones, por su parte, actúan como tribunales de segunda instancia, aunque también conocen en primera o única instancia de ciertos recursos como amparo, protección y desafuero. Se incorporan también órganos autónomos —Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado, Banco Central, Servicio Electoral y Tribunal Calificador de Elecciones—, cada uno cumple funciones especializadas que aseguran el control y equilibrio institucional. Finalmente, los Gobiernos Regionales y Municipalidades, a través del papel de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales municipales participan en la planificación, fiscalización y representación de la ciudadanía a nivel subnacional.