Asesoría Parlamentaria
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Documentos presentados a comisiones
Trabajo Legislativo en Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación: Leyes aprobadas y proyectos de ley en tramitación del periodo de marzo de 2021 a marzo de 2026.
Desde ese origen en 2009, la Comisión de Desarrollo Social ha venido estudiando y tramitando una serie de proyectos de ley en sus 16 años de existencia. Particularmente, en el primer apartado, este documento busca presentar el detalle de dichos proyectos de ley, específicamente aquellos tramitados desde el 2021 a la fecha, es decir, desde la Legislatura 369 hasta la 373. El análisis de las evidencias se ha extendido hasta la Legislatura 369 (marzo 2021 a marzo 2022) con el objeto de reflejar cómo la Comisión pudo enfrentar legislativamente los problemas sociales emergentes en torno a la pandemia por Covid-19. En el segundo apartado y final, se analiza el carácter de las materias que han sido tratadas en el último tiempo por la Comisión, así como el avance en la tramitación legislativa.
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, de la Cámara de Diputadas y Diputados: Síntesis Periodo Legislativo 2022 - 2026.
Durante el periodo legislativo 2022-2026, la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, de la Cámara de Diputadas y Diputados, convocó 109 sesiones, especialmente dedicadas a recibir invitados que permitiesen conocer directamente las situaciones que aquejan a los territorios aislados y zonas fronterizas de nuestro país. En términos legislativos, en el periodo señalado la Comisión se abocó a la discusión de dos iniciativas de ley, que al 10 de marzo de 2026 continúan su trámite legislativo. Este documento resume los proyectos de ley analizados por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, de la Cámara de Diputadas y Diputados (en adelante, la Comisión), en las últimas cuatro legislaturas. La información ha sido extraída del sitio oficial de la Cámara, Senado y del portal “Ley Chile”.
Comisión Permanente de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación: Antecedentes y actividad legislativa reciente.
La Comisión Permanente de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación (en adelante, Comisión de Desarrollo Social) fue instituida el 11 de marzo 2009, siendo su idea matriz el “crear una nueva comisión permanente encargada de estudiar las iniciativas legales que se formulen en relación con la superación de la pobreza”. La presente minuta, en una primera sección, da cuenta de los orígenes de la comisión, especificando los fundamentos de la moción que la impulsó. En aquellos fundamentos, se pueden identificar asimismo sus objetivos declarados. En la segunda sección, se presentan los proyectos de ley que han sido discutidos en los últimos 5 años —desde 2021 a la fecha— en la comisión.
Organismos Fiscalizadores: Experiencia extranjera sobre supervisión basada en riesgos.
El presente informe surge con el objeto de analizar, desde una perspectiva comparada, la existencia de criterios normativos explícitos, que permitan determinar el número idóneo de personal de los entes fiscalizadores estatales, ya sea en función del número de fiscalizados u otros factores objetivos, que orienten la dotación necesaria para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones. El análisis se centra especialmente en organismos que ejercen funciones de supervisión en mercados regulados, como las superintendencias, atendida su relevancia institucional y la complejidad de las tareas que desarrollan. Sin embargo, de los ordenamientos analizados se desprenden marcos normativos que reconocen la diversidad de funciones, riesgos y contextos en que operan las autoridades fiscalizadoras, sin establecer este tipo de ratios o métricas para determinar su dotación. En términos generales, se observan estándares normativos que exigen que los entes fiscalizadores cuenten con medios personales adecuados al volumen, complejidad y riesgos de las funciones que les corresponden. En este marco, el criterio de supervisión basada en riesgos es el modelo predominante para orientar la asignación de recursos humanos, hacia juicios de razonabilidad, eficiencia y eficacia, en línea con estándares internacionales promovidos por la OCDE y la Unión Europea (UE). Por otra parte, de la revisión de la normativa nacional aplicable a los organismos fiscalizadores no se advierten mandatos legales explícitos que establezcan la supervisión basada en riesgos como un deber estructural del propio fiscalizador. No obstante, se identifican diversos casos en los que dicho enfoque ha sido incorporado principalmente como obligación impuesta a los sujetos fiscalizados, y, en forma complementaria, como criterio operativo en la gestión de algunos organismos reguladores, los que en la práctica aplican este tipo de gestión para priorizar y focalizar sus acciones fiscalizadoras.
Iniciativas Legislativas relacionadas con Sistema Político y Congreso Nacional.
A partir del diagnóstico formulado en el marco del último proceso constitucional iniciado con la Ley No. 21.533, se identificaron diversas debilidades del sistema político chileno, especialmente en materia de fragmentación partidaria, representatividad y gobernabilidad institucional. Estos antecedentes han servido de base para la presentación de iniciativas legislativas orientadas a ajustar tanto la Constitución Política como normas legales que regulan el sistema político y electoral. En este contexto, se han presentados una serie de proyectos de ley actualmente en tramitación que inciden directamente en el funcionamiento del Congreso Nacional y en el ejercicio de la función parlamentaria, abordando materias como la disciplina partidaria, la organización de los comités parlamentarios y el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización al Ejecutivo, con el objeto de fortalecer la coordinación, eficiencia y responsabilidad institucional del trabajo legislativo. A continuación, se presenta una breve descripción de estos proyectos de ley organizados en dos ámbitos: por una parte, las reformas orientadas al sistema político y electoral, destinadas a fortalecer la representatividad y la gobernabilidad; y, por otra, aquellas que inciden directamente en el funcionamiento del Congreso Nacional y en el ejercicio de la función parlamentaria.
Congreso Nacional: Regulación y principales aspectos del rol parlamentario.
El presente informe describe y sistematiza los principales aspectos normativos e institucionales que estructuran el funcionamiento del Congreso Nacional de Chile, con especial énfasis en la Cámara de Diputados. Su objetivo es ofrecer una visión ordenada y comprensible del rol de los parlamentarios, las reglas que rigen su actuación, la organización interna de las cámaras y el proceso de formación de la ley. El documento aborda, en primer término, las fuentes del Derecho Parlamentario; para luego enfocarse en la función parlamentaria y sus principales manifestaciones, incluyendo las incompatibilidades, inhabilidades y normas de ética aplicables a diputados y senadores. Asimismo, examina la orgánica interna del Congreso, destacando el rol de sus autoridades, comités y comisiones, así como los mecanismos de fiscalización política. Finalmente, expone de manera sintética el procedimiento de formación de la ley, con especial referencia a las etapas del trámite legislativo, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y los quorum de aprobación. Dada la amplitud de la materia, el informe presenta una aproximación general y sistematizada de los aspectos esenciales del funcionamiento parlamentario, utilizando como fuentes la normativa vigente, la doctrina especializada y documentos institucionales.
Sistemas nacionales de gestión de los datos. Revisión de la experiencia comparada.
Este informe se enmarca en la discusión del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín No. 17.590-05) y que se discute actualmente en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Senado. Tiene por objeto la descripción de diversos sistemas nacionales de gestión de datos en la experiencia comparada, centrándose particularmente en la gobernanza de estos sistemas. Para ello, el informe se estructura de la siguiente manera: (1) Revisión general de los estándares internacionales en la materia, así como del modelo europeo; (2) Descripción general de los doce países revisados: Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, Ucrania y Uruguay; (3) Breve análisis de las características comunes y las diferencias entre los diversos sistemas descritos.
Cuadro comparado: sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos (actualización).
Este cuadro comparado se refiere a los diversos sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos existentes en Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, Ucrania y Uruguay. Los países han sido seleccionados en virtud de tres criterios: casos referidos como antecedentes por el poder ejecutivo en el marco del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín N° 17.590-05); países revisados con anterioridad para la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Senado, a propósito de la discusión sobre sistemas de integración de datos (2021), y países que fueron mencionados directamente durante la discusión en la Comisión. Este cuadro es una actualización del cuadro contenido en el Informe N° 46-25, de 07-10-2025, ya presentado a la Comisión. Se encuentra vinculado con el Informe N° 56-25, de 17-12-2025, titulado “Sistemas nacionales de gestión de los datos. Revisión de la experiencia comparada”. Cabe mencionar que la mayoría de los artículos en el cuadro están explicados o parafraseados, por lo que, en caso de querer citarlos, se recomienda cotejar la fuente indicada.
Cuadro comparado: sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos (actualización).
Este cuadro comparado se refiere a los diversos sistemas nacionales de gestión y gobernanza de datos existentes en Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Francia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, Ucrania y Uruguay. Los países han sido seleccionados en virtud de tres criterios: casos referidos como antecedentes por el poder ejecutivo en el marco del proyecto de ley, iniciado en Mensaje, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín N° 17.590-05); países revisados con anterioridad para la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Senado, a propósito de la discusión sobre sistemas de integración de datos (2021), y países que fueron mencionados directamente durante la discusión en la Comisión. Este cuadro es una actualización del cuadro contenido en el Informe N° 46-25, de 07-10-2025, ya presentado a la Comisión. Se encuentra vinculado con el Informe N° 56-25, de 17-12-2025, titulado “Sistemas nacionales de gestión de los datos. Revisión de la experiencia comparada”. Cabe mencionar que la mayoría de los artículos en el cuadro están explicados o parafraseados, por lo que, en caso de querer citarlos, se recomienda cotejar la fuente indicada.
Proyectos de Ley sobre Migración en tramitación en el Senado.
El documento presenta una revisión de los proyectos de ley en tramitación en el Senado relacionados con la migración, ingresados entre 1990 y la fecha. Se identifican 45 iniciativas legislativas, de las cuales 23 se encuentran en primer trámite constitucional, 8 en segundo trámite y 21 están archivadas. En cuanto a la urgencia legislativa, la mayoría no registra urgencia vigente, mientras que 4 iniciativas cuentan con suma urgencia y 2 con simple urgencia. El análisis evidencia que los proyectos abordan directa o indirectamente la regulación de la migración y la extranjería, incluyendo aspectos constitucionales, administrativos, penales y de seguridad vinculados al ingreso, permanencia y expulsión de personas extranjeras, así como al ejercicio de derechos políticos y al régimen de nacionalidad. Las iniciativas se agrupan en tres grandes ejes: el fortalecimiento del control fronterizo, la seguridad y la respuesta a la crisis migratoria; la regulación del régimen de nacionalidad y de los derechos políticos de extranjeros y de chilenos en el exterior; y la protección de derechos y garantías específicas de las personas extranjeras en Chile, especialmente en ámbitos laborales, educativos, administrativos y penales. En conjunto, los proyectos reflejan una agenda legislativa orientada a actualizar el marco jurídico en materia migratoria, equilibrando objetivos de seguridad y control con la regulación de derechos políticos, sociales y laborales, y evidencian la permanencia de un debate sobre el rol del Estado frente a la migración, la integración de personas extranjeras y el vínculo jurídico con la diáspora chilena.