Asesoría Parlamentaria
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Documentos presentados a comisiones
26/06/2026
Selección de Proyectos de Ley: Iniciativas legislativas sobre Jóvenes.
Actualización de la selección de proyectos de ley en materia de juventud elaborada en marzo de 2024, que consideró iniciativas presentadas desde 2014 a 2024 y cuyo contenido fue revisado. Se amplió la revisión hasta junio de 2026.
22/06/2026
Iniciativas de Ley e Indicaciones Diputada Natalia Romero Talguía.
Iniciativas de ley ingresadas al Congreso Nacional de autoría de la diputada Natalia Romero Talguía e indicaciones presentadas por ella. Para realizar la búsqueda de las mociones, se consultó el sitio web de la Cámara de Diputadas y Diputados y la base de datos de Tramitación de Proyectos de Ley del Congreso Nacional (SIL). Se incluyeron todos los proyectos de ley de autoría de la diputada, independiente de su estado de tramitación. En el caso de las indicaciones, se consultó el sitio web Labor Parlamentaria e Historia Política, específicamente la reseña biográfica parlamentaria de la diputada. De los proyectos presentado 5 se convirtieron en ley.
18/06/2026
Proyecto de Ley sobre facultades municipales para el control del comercio ambulante (Boletín 17615-06): Descripción y estado de tramitación.
El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio ambulante (Boletín 17615-06) busca fortalecer las facultades municipales para enfrentar el comercio ilegal, recuperar espacios públicos y mejorar la coordinación en materia de seguridad. Tras ser aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto fue remitido al Senado. Durante su tramitación, la iniciativa amplió su alcance incorporando modificaciones a otras normas relacionadas con la fiscalización del comercio ambulante y la gestión municipal. No solo modifica la Ley No. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino también la Ley sobre Comercio Ilegal, la Ley de Rentas Municipales y la Ley de Tránsito. Entre sus principales medidas destacan el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y decomiso, el reforzamiento de las atribuciones de los alcaldes en materia de permisos, la incorporación de mayores obligaciones de transparencia y la inclusión de esta problemática en los instrumentos de planificación de seguridad comunal.
12/06/2026
Automatización de pagos electrónicos en municipios nacionales.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, que están impedidas de automatizar, desarrollar u operar a nivel directo e interno cualquier especie de plataforma de procesamiento de tarjetas o pagos electrónicos, así como actuar como recaudadores directos de fondos virtuales. Las principales trabas a los procesos de automatización de pagos a nivel municipal proceden de la ausencia de giro financiero y de regulación de los medios de pago; la incompatibilidad con las cuentas corrientes únicas; y el cumplimiento de estándares de ciberseguridad. Por lo mismo, las casas edilicias han debido externalizar la recaudación y el procesamiento digital de sus fondos, a partir de acuerdos con instituciones financieras o proveedores tecnológicos visados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o por la Comisión para el Mercado Financiero. Este accionar está avalado por el artículo 2° inciso 2° del Decreto Ley 3.063, de Rentas Municipales, que permite a los municipios celebrar convenios con terceros, como Banco Estado y otras entidades comerciales, con el fin de abrir canales electrónicos de pago para permisos de circulación o entrega de patentes. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 21.713, de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, obligó a una serie de organismos públicos, entre ellos las municipalidades, a exigir el inicio de actividades a ciertos prestadores, en consonancia con las disposiciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, las municipalidades han debido contratar y delegar la gestión tecnológica de sus cobros en línea, a partir de canales como el Portal de Servicios Municipales; los canales de pago privados, puestos en marcha a partir de licitaciones públicas en “Mercado Público”; y el botón de pago de la Tesorería General de la República.
05/06/2026
Historia de la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 19.253
Documento que tiene por objeto dar cuenta de la historia de la tramitación legislativa de la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 19.253, que “Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, publicada el 5 de octubre de 1993.
01/06/2026
Bienes inmuebles de las FF.AA. y Fuerzas de Orden y Seguridad. Situación respecto del Catastro Bienes Nacionales
Informe sobre la gestión de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de Orden y Seguridad, en el marco de la discusión del proyecto de ley Boletín N°15.346-12. Se exponen tres regímenes jurídicos (uno general y dos especiales) aplicables a inmuebles destinados, afectados o pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, para establecer si la normativa vigente plantea el deber de individualizar los referidos inmuebles en el catastro que lleva el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN).
28/05/2026
Reforma al Sistema Político: Análisis de proyectos de ley en tramitación.
El conjunto de iniciativas analizadas da cuenta de un esfuerzo legislativo sostenido, especialmente en el período reciente, por abordar los principales problemas del sistema político chileno, particularmente aquellos asociados a la fragmentación partidaria, la gobernabilidad y la representatividad. Estas propuestas se estructuran en torno a diversos ejes: reducción del número de parlamentarios; rediseño de distritos; modificación de reglas electorales; establecimiento de umbrales y fortalecimiento de la disciplina partidaria, que si bien responden a un diagnóstico compartido, presentan diversas soluciones. En primer lugar, en materia de composición del Congreso Nacional, el proyecto que reduce el número de parlamentarios y reconfigura los distritos electorales (Boletín 13.909-06) constituye la propuesta de mayor envergadura. En segundo término, las iniciativas relativas a la distribución de escaños al interior de las listas evidencian la coexistencia de distintos modelos de representación. Por su parte, las propuestas que incorporan umbrales electorales por partido político, principalmente en torno al 5%, buscan reducir la fragmentación del sistema y favorecer la conformación de mayorías más estables. Finalmente, se destacan iniciativas que establecen mayores requisitos cuantitativos para la conformación de partidos políticos que, junto a otras propuestas, buscan aumentar el número de afiliados requeridos para su constitución.
26/05/2026
Inspectores municipales: régimen jurídico. Régimen actual y el vigente desde agosto de 2026.
La regulación de los inspectores municipales en Chile, distinguiendo entre el marco legal vigente y las modificaciones que introduce la Ley No. 21.802 a partir del 12 de agosto de 2026, enfocadas en la seguridad pública. Actualmente, estos funcionarios operan bajo el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y ejercen labores generales de supervigilancia, además de actuar de forma complementaria en seguridad ciudadana. Las funciones de los inspectores se dividen en dos grandes ámbitos sectoriales: 1. Funciones de Supervigilancia; en este caso los inspectores velan por el cumplimiento de diversas leyes y ordenanzas locales. 2. Funciones de Seguridad Pública (Ley N° 21.802). A contar de agosto de 2026, entra en vigencia un estatuto especial para los inspectores municipales de seguridad municipal. Sus atribuciones se clasifican en dos tipos: i) Prevención y Convivencia: Labores preventivas que incluyen el patrullaje, la vinculación comunitaria, la televigilancia, el auxilio en emergencias viales y el control o incautación del comercio ambulante. y ii) Rol Coadyuvante: Actuaciones coordinadas con las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esto contempla patrullajes mixtos, control de identidad policial, fiscalización de alcohol y drogas en la vía pública, y resguardo de víctimas o cautelares en casos de violencia intrafamiliar. El nuevo régimen les prohíbe explícitamente ejercer atribuciones exclusivas de las fuerzas policiales y les impone estrictos deberes de denuncia y reserva de información.
20/05/2026
Iniciativas modificatorias de la Ley N° 21.484.
El documento da cuenta de los proyectos de ley ingresados a tramitación ante el Congreso Nacional, que endurezcan las sanciones establecidas en la ley 21.484 Responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. La Ley 21.484 es una ley modificatoria de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia; de los artículos 323 y 324 del Código Civil y de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. En atención a ello la búsqueda se centró en estas normas, así como en las leyes modificatorias de la Ley 21.389 que Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos, por estar vinculada directamente con las leyes anteriores, en lo que dice relación con endurecer lo establecido por la ley 21.484.
14/05/2026
Control consumo de drogas parlamentarios: Antecedentes generales y experiencia extranjera.
El proyecto de ley que obliga a parlamentarios a someterse a test de drogas (Boletín 17980-06) busca regular este tipo de controles respecto de parlamentarios en ejercicio, remitiendo la regulación de sus procedimientos a los reglamentos internos de cada corporación y estableciendo el carácter reservado de los resultados, en concordancia con la legislación sobre protección de datos personales. El cumplimiento del requisito exigido a determinadas autoridades se acredita principalmente mediante declaraciones juradas, controles administrativos y mecanismos de reserva de la información, como ocurre en la Ley No. 18.575 y su normativa reglamentaria. Asimismo, en el ámbito legislativo se encuentra en segundo trámite constitucional un proyecto de ley que amplía significativamente el alcance de este tipo de controles, al incorporar también a los candidatos a cargos de elección popular. La experiencia comparada en materia de test de drogas aplicados a autoridades políticas, particularmente parlamentarios, es limitada. En términos generales, no se observan modelos plenamente consolidados.