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21/04/2026

Actividad legislativa de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, CDD Periodo legislativo 2022–2026

Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) que resume las principales leyes analizadas por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados en el periodo legislativo 2022–2026, e incluye los proyectos de ley que se encuentran pendientes de discusión en dicha Comisión al 10 de marzo de 2026

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21/04/2026

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre ideas matrices de proyectos de ley.

De la revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional disponibles sobre la materia de ideas matrices de los proyectos de ley, es posible sostener que dicho órgano ha configurado un criterio respecto del alcance de estas, entendiéndolas como el problema o materia sustantiva que la iniciativa busca resolver, más allá de su formulación normativa. Desde su jurisprudencia temprana (STC Rol N° 9, de 1972), se ha establecido que su determinación requiere atender no solo al articulado, sino también al mensaje o moción y a los antecedentes de la discusión legislativa, privilegiando un análisis sustantivo por sobre uno formal (STC Roles N° 259-97 y N° 410-04). Entre los elementos centrales, el Tribunal Constitucional ha señalado que las indicaciones que se formulen a los proyectos de ley deben mantener una relación directa, próxima y pertinente con dichas ideas matrices, excluyéndose aquellas que presenten una conexión meramente remota o accesoria (STC Rol N° 259-97; STC Rol N° 15.981-24). Asimismo, ha precisado que la función de la regla de la idea matriz es actuar como un límite infranqueable, que prohíbe introducir adiciones o correcciones a un proyecto que no guarden relación directa con sus ideas matrices (STC Rol N° 15.981-24). Un criterio utilizado por el citado tribunal para resolver los conflictos de constitucionalidad en esta materia es la confrontación entre las ideas matrices y las indicaciones introducidas, a fin de evitar la incorporación de normas ajenas que desnaturalicen la iniciativa o la transformen en una “ley miscelánea” (STC Roles N° 410-04, N° 9869-2020 y N° 17.307-26). Este estándar adquiere especial relevancia en la Ley de Presupuestos, cuya idea matriz se circunscribe a la estimación de ingresos y a la autorización de gastos (STC Roles N° 5735-18 y N° 17.159-2025). Finalmente, el Tribunal Constitucional ha sostenido que esta exigencia constitucional no rigidiza la deliberación legislativa, sino que permite enriquecer el proyecto mediante indicaciones coherentes con su objeto esencial (STC Rol N° 5735-18).

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20/04/2026

Fallo del Tribunal Constitucional en proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público: Resumen de la discusión y argumentos.

Se analiza la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), Rol No. 17.342-26 (marzo de 2026), recaída en el control preventivo obligatorio del proyecto de ley Boletín No. 16.374-07 que fortalece el Ministerio Público, posteriormente promulgado como Ley No. 21.812. El TC estructura su argumentación a partir de una comprensión de las leyes orgánicas constitucionales, afirmando que estas solo pueden regular aspectos esenciales expresamente previstos por la Constitución, como la organización, atribuciones y estatuto de los fiscales. Sobre esta base, el Tribunal sostiene que el sistema de nombramiento de fiscales, regulado en los artículos 86 a 88 de la Carta Fundamental, constituye un procedimiento reglado que distribuye competencias entre diversos órganos (incluyendo Cortes de Apelaciones), como garantía de equilibrio institucional y autonomía del Ministerio Público. Las normas que son consideradas inconstitucionales son los artículos 1º, números 5 y 6; y el artículo 7º transitorio del proyecto de ley. Esto porque alteran dicho diseño, pues permitirían al Fiscal Nacional incidir decisivamente en los nombramientos, declarando desiertos concursos o habilitando retornos directos a cargos, sin respetar el sistema de ternas y concursos públicos. En consecuencia, el TC ordena la supresión de dichas disposiciones por vulnerar el diseño constitucional de nombramientos.

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20/04/2026

Sistema de Previsión de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Se detalla en forma general y sucinta, la estructura, financiamiento y beneficios de los sistemas de previsión y salud de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Carabineros de Chile, y Gendarmería de Chile. el Informe se divide en cuatro partes: la primera trata sobre los fundamentos constitucionales y normativos y administración del sistema; la segunda trata sobre el régimen previsional; la tercera sobre sistema de salud propiamente tal; y la cuarta, sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU) para Montepiados de DIPRECA y CAPREDENA. El sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en Chile tiene un carácter especial, determinado por la Constitución y regulado por leyes orgánicas, como las Leyes N° 18.948 (FF.AA.), No. 18.961 (Carabineros) y No. 19.195 (Gendarmería), y es administrado por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA). El sistema de salud se organiza en prestaciones preventivas y curativas. En FF.AA., se financia mediante cotizaciones del personal activo (5,5%) y aportes del empleador (1,5%), junto con aportes fiscales. En el caso del personal pasivo, existe una cotización aproximada del 6% de la pensión. En Carabineros, el financiamiento se basa en cotizaciones (2,55%), aportes fiscales y otros ingresos.

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16/04/2026

Uso de la Inteligencia Artificial en el Estado chileno. Adopción institucional y directrices

El documento examina el uso de la inteligencia artificial (IA) en el Estado chileno, con foco en lineamientos administrativos, criterios éticos en la judicatura y estándares de transparencia algorítmica. Chile ha optado por un enfoque gradual y sectorial, sustentado en instrumentos de soft law (oficios, códigos de ética y recomendaciones), más que en regulación legal sistemática. Este marco se articula con principios generales del derecho público, configurando un ecosistema normativo aún en consolidación, donde predomina la orientación antes que la imposición de obligaciones jurídicas estrictas.

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15/04/2026

Ejercicio de acciones legales y constitucionales por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de conformidad con la Ley No. 20.405, tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional. Dichos derechos comprenden aquellos reconocidos en la Constitución y las leyes, en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, así como los que emanan de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. En este marco, el artículo 3, numeral 5, de la Ley No. 20.405 le confiere legitimación activa para ejercer acciones judiciales ante los tribunales de justicia, dentro del ámbito de sus competencias, incluyendo la interposición de recursos de protección y de amparo. Por su parte, la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto de Derechos Humanos (2025) ha señalado la necesidad de dotar al INDH de atribuciones suficientes para asegurar su independencia institucional. En esta línea, recomienda reconocer expresamente la facultad de comparecer como amicus curiae, así como fortalecer e implementar una estrategia de litigio estratégico orientada a una tutela más eficaz de los derechos humanos.

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14/04/2026

Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de Ley del Boletín N° 18.155-25.

El presente documento, señala qué otras iniciativas legales pudiesen abordar la misma materia contenida en el proyecto de ley, boletín N°18.155-25, que “Modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales”, actualmente en tramitación ante la Comisión. Actualmente existen 4 proyectos en tramitación relacionados con la materia que se señala; 2 de las iniciativas están en la Cámara de Diputadas y Diputados, y 2 se encuentran el Senado. De los proyectos que están en el Senado, ambos se encuentran en proceso de tramitación ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De las iniciativas que están en la Cámara de Diputadas y Diputados, ambas se tramitan en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Todos los proyectos se encuentran en primer Trámite Constitucional. Se hace presente que la idea matriz del proyecto contenido en el boletín 18155-25, es, “fortalecer el régimen penal respecto de delitos cometidos dentro del establecimiento escolar, en sus dependencias, o en lugares donde se desarrollen actividades curriculares o extracurriculares, y que afecten a miembros de la comunidad educativa; como también respecto de delitos que atenten contra la propiedad de los establecimientos educacionales y sus dependencias.

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13/04/2026

Modelos regulatorios de la gestación por sustitución: Canadá (Québec), España, Estados Unidos (California), Dinamarca Italia y Uruguay.

Los ordenamientos jurídicos examinados configuran tres modelos regulatorios de la gestación por sustitución: un modelo permisivo restringido (Uruguay, Québec y Dinamarca), uno permisivo amplio (California) y uno prohibitivo (España e Italia). En los modelos permisivos restringidos, la práctica se admite solo con carácter altruista, prohibiéndose la remuneración a la gestante y estableciéndose controles institucionales. Uruguay presenta un régimen especialmente restrictivo, limitado a casos de infertilidad femenina y con exigencia de vínculo genético. Québec adopta un enfoque más abierto, centrado en el consentimiento de la gestante, incluso posterior al nacimiento. Dinamarca, en tanto, configura un sistema intermedio, con control administrativo previo y requisitos estrictos. El modelo californiano se caracteriza por una amplia permisividad basada en la autonomía de la voluntad, admitiendo modalidades altruistas y comerciales. En los modelos que prohíben, los acuerdos son nulos y no constituyen fuente de filiación. España admite mecanismos indirectos, como la paternidad biológica o la adopción, mientras que Italia incorpora sanciones penales, incluso con alcance extraterritorial.

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13/04/2026

Actividad legislativa de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado: Periodo legislativo 2022–2026.

Durante el periodo legislativo 2022–2026, la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado analizó y debatió al menos diez iniciativas legales. En la Legislatura 373 (marzo 2025 - marzo 2026), cuatro proyectos de ley conocidos por la Comisión fueron promulgados como leyes de la República: la Ley No. 21.805 que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; la Ley No. 21.760 de adopción; la Ley No. 21.496 que establece el deber de reevaluación de los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y; la Ley No. 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Entre los proyectos de ley tramitados entre el 11 de marzo de 2025 y el 10 de marzo de 2026 tres concluyeron su tramitación legislativa en la Comisión, mientras que dos se encuentran en la Sala del Senado para su discusión general.

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13/04/2026

Actividad legislativa Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Cámara de Diputadas y Diputados. Periodo legislativo 2022–2026

Documento que resume las principales leyes analizadas por la Comisión de Derecho Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados en el periodo legislativo 2022–2026, e incluye los proyectos de ley que se encuentran pendientes de discusión en dicha Comisión al 10 de marzo de 2026. Se conoció y discutió aproximadamente nueve iniciativas legales vinculadas a materias tales como igualdad y no discriminación, calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, reconocimiento de pueblos originarios, derechos lingüísticos, identificación de restos humanos, Plan Nacional de Búsqueda, por mencionar algunas

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