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Documentos presentados a comisiones
14/07/2026
Regulación de los derechos laborales en la economía nocturna: Casos de Argentina, Uruguay, España y Francia .
El presente informe analiza la regulación laboral aplicable al trabajo desarrollado durante la noche en Argentina, Uruguay, España y Francia, con especial atención a las actividades comprendidas dentro de la denominada “economía nocturna” u “ocio nocturno”. Del análisis efectuado se observa, que ninguno de los ordenamientos examinados contempla un régimen laboral autónomo destinado específicamente a la economía nocturna. En todos los casos, las relaciones laborales de quienes desarrollan actividades durante la noche se rigen por la legislación laboral general, complementada por normas especiales sobre trabajo nocturno. En el caso argentino, la regulación especial en trabajo nocturno se encuentra contenida principalmente en la Ley N°20.744 de Contrato de Trabajo, la Ley N°11.544 sobre jornada de trabajo y su reglamentación. Estas normas concentran su regulación en aspectos relativos a la duración de la jornada nocturna, el cómputo de las horas trabajadas durante la noche, las reglas aplicables al trabajo por equipos y la reducción de jornada en labores insalubres. Por su parte, en Uruguay, la regulación esta contendida en la Ley N°19.313, que regula el trabajo nocturno y establece compensaciones económicas, limitaciones de jornada y medidas de protección de la salud; y en el Convenio N°171 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por dicho país, el cual forma parte de su ordenamiento jurídico e incorpora definiciones y estándares internacionales sobre trabajo y trabajador nocturno. España presenta un desarrollo normativo más amplio, concentrado principalmente en el Estatuto de los Trabajadores. Este cuerpo legal regula el concepto de trabajo y trabajador nocturno, establece límites específicos de jornada, restringe la realización de horas extraordinarias, contempla reglas para el trabajo a turnos y reconoce garantías especiales en materia de seguridad y salud, las que se complementan con la Ley N°31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Finalmente, Francia constituye el ordenamiento que presenta el mayor grado de desarrollo regulatorio en la materia. El Code du Travail concibe el trabajo nocturno como una modalidad de carácter excepcional, establece un régimen detallado sobre su utilización, incorpora mecanismos de protección reforzada para la salud de los trabajadores, regula compensaciones mediante descanso y, en su caso, remuneración, reconoce derechos asociados a la conciliación de la vida laboral y familiar, y atribuye un rol a la negociación colectiva para la implementación y regulación de esta modalidad de trabajo.
08/07/2026
Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N°16.777-07.
El presente documento, elaborado para la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, da cuenta de iniciativas legislativas que pudiesen abordar la misma materia que el contenido del boletín N°16.777-07, que modifica el Código Penal, en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales.
08/07/2026
Ley N° 21.349. Facultades sancionatorias del Servicio Agrícola y Ganadero
Se analizan las facultades legales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para notificar, cursar y aplicar multas conforme a la Ley N° 21.349, sobre composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes. El informe distingue entre obligaciones cuya infracción pueden sancionarse directamente y aquellas que requieren desarrollo reglamentario. Entre las primeras se identifican: la falta de inscripción en el Registro Único Nacional dentro del plazo legal; el incumplimiento de resoluciones fundadas del SAG que restrinjan o prohíban productos riesgosos para la salud humana, animal o la sanidad vegetal; y las falsedades o diferencias graves entre la composición declarada y la composición real del producto. En estos casos, la ley contiene mandatos suficientemente determinados para habilitar la actuación sancionatoria del Servicio. En cambio, existen infracciones que no podrían sancionarse prescindiendo del reglamento, o de disposiciones administrativas complementarias.
08/07/2026
Beneficios tributarios y aduaneros para zonas extremas, y territorios especiales e insulares de Chile: Listado y breve descripción.
Este documento entrega un listado de las normas de rango legal, que establecen beneficios tributarios y aduaneros para zonas extremas, territorios especiales e insulares en Chile. No existe una definición legal de “zona extrema”; la Ley N° 20.655, de 2013, es la única que utiliza expresamente éste término, aunque lo hace exclusivamente en su título, sin definirlo, con el objeto de prorrogar leyes preexistentes sobre beneficios aplicables a determinados territorios.
07/07/2026
Directiva europea sobre denunciantes anónimos: Elementos para una comparación con el derecho chileno.
El documento analiza el tratamiento que la Directiva (UE) 2019/1937 otorga a la protección de las personas denunciantes, con especial atención a los mecanismos aplicables a denuncias anónimas, confidencialidad, canales de denuncia y medidas frente a represalias. Desde ese marco, contrasta el estándar europeo con la legislación chilena vigente, especialmente con la Ley No. 21.592. La Directiva europea establece un estatuto amplio, aplicable a trabajadores del sector público y privado, ex trabajadores, postulantes, facilitadores, terceros relacionados y entidades jurídicas vinculadas al denunciante. Por su parte, la Ley No. 21.592 constituye el estatuto nacional más próximo al modelo europeo, su ámbito se concentra en la Administración del Estado, protege principalmente al denunciante funcionario y no regula figuras como facilitadores, terceros afectados o revelación pública.
07/07/2026
Auditorías Forenses en Municipalidades y Gobiernos Regionales
El informe da cuenta de los proyectos de ley relacionados con auditorías del tipo forenses en municipios y gobiernos regionales. De acuerdo a la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) se puede definir la auditoría forense como “una rama de la auditoría orientada a participar y contribuir en la investigación de diversos fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales, o se usurpa lo que por derecho corresponde a otros sujetos, mediante mecanismos fraudulentos para obtener ventajas económicas o un beneficio ilícito”. De acuerdo a los autores, esta modalidad surge “a raíz de la unión de diversos factores adversos de origen social y contable que favorece los actos de corrupción, fraude y lavado de dinero, afectando tanto a personas, empresas y gobiernos, generando como consecuencia daño a su imagen”. De la revisión de los antecedentes disponibles es posible señalar que el concepto de auditoría forense no ha sido acuñado aun por el legislador, ya que no hubo hallazgo de proyectos de ley que se refirieran a la realización de este tipo de auditorías. Pese a lo anterior, se encontraron siete propuestas: 3 de ellas se encuentran en tramitación y 4 en estado de archivadas. Estas iniciativas buscan intensificar la fiscalización y el rol de las auditorías especialmente recaídas en municipalidades, establecer su obligatoriedad, entregar mayores facultades a los órganos encargados de realizar esta labor, entre otros aspectos.
07/07/2026
Cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas.
El informe analiza el tratamiento jurídico de los cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas celebrados con el Fisco. La materia se encuentra regulada principalmente en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenida en el Decreto Supremo No. 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, especialmente en sus artículos 19, 20, 20 bis, 28 ter, 36 y 36 bis. La principal conclusión es que la legislación chilena no contempla una cláusula general de imprevisión aplicable a todo cambio posterior al contrato. En cambio, regula hipótesis específicas en que, hechos, actos o decisiones posteriores pueden modificar el contrato, generar compensaciones económicas o, excepcionalmente, justificar su término anticipado. Las consecuencias jurídicas y económicas se traducen principalmente en compensaciones al concesionario, mediante subsidios, pagos, ajustes tarifarios, modificación de plazos u otros factores del régimen económico pactado. Las controversias se resuelven a través del Panel Técnico, la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a los artículos 36 y 36 bis.
07/07/2026
Cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas.
El informe analiza el tratamiento jurídico de los cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas celebrados con el Fisco. La materia se encuentra regulada principalmente en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenida en el Decreto Supremo No. 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, especialmente en sus artículos 19, 20, 20 bis, 28 ter, 36 y 36 bis. La principal conclusión es que la legislación chilena no contempla una cláusula general de imprevisión aplicable a todo cambio posterior al contrato. En cambio, regula hipótesis específicas en que, hechos, actos o decisiones posteriores pueden modificar el contrato, generar compensaciones económicas o, excepcionalmente, justificar su término anticipado. Las consecuencias jurídicas y económicas se traducen principalmente en compensaciones al concesionario, mediante subsidios, pagos, ajustes tarifarios, modificación de plazos u otros factores del régimen económico pactado. Las controversias se resuelven a través del Panel Técnico, la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a los artículos 36 y 36 bis.
06/07/2026
La restitución de gastos por anulación de autorizaciones ambientales: Análisis comparados de los modelos de Alemania y España a propósito del Boletín N° 18.216-05.
El presente informe analiza, desde una perspectiva comparada, el mecanismo de restitución de gastos asociados a la anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) propuesto en el Boletín N° 18.216-05, para que en el ordenamiento jurídico ambiental contemple un régimen especial que permita al titular del proyecto solicitar la restitución de gastos directos y efectivos cuando la RCA sea anulada o dejada sin efecto por sentencia judicial firme, bajo determinados requisitos y con exclusión de la responsabilidad por falta de servicio respecto de los mismos hechos. En el derecho comparado, se observa que Alemania no contempla un sistema de restitución equivalente, sino un modelo basado en la revocación de actos administrativos y la protección de la confianza legítima, que permite compensaciones solo en la medida en que dicha confianza sea jurídicamente protegida y previa ponderación del interés público. Por su parte, España articula la materia a través de un régimen general de responsabilidad patrimonial de la Administración, que exige la concurrencia de daño efectivo, evaluable y antijurídico, junto con supuestos específicos en materia urbanística que admiten indemnización por anulación de títulos habilitantes.
06/07/2026
Responsabilidad parental y consecuencias jurídicas de su incumplimiento: Argentina, Francia y Reino Unido: Análisis en el marco del Boletín N° 18.378-18.
En la legislación extranjera se observan aproximaciones distintas frente al incumplimiento de la responsabilidad parental. El Reino Unido contempla mecanismos preventivos específicos, como las parenting orders, destinadas a fortalecer las competencias parentales cuando un niño, niña o adolescente ha incurrido en determinadas conductas infraccionales. Argentina no establece un procedimiento preventivo equivalente, sino que estructura la responsabilidad parental a partir de los deberes generales de crianza, protección y formación de los hijos, manteniendo además la responsabilidad de los progenitores aun cuando no convivan con el hijo menor de edad, en los casos previstos por la ley. Francia, por su parte, reforzó recientemente la autoridad parental mediante la Ley N.° 2025-568, que incrementó la participación de los padres en los procedimientos seguidos respecto de sus hijos menores de edad infractores de ley y agravó las consecuencias penales cuando el incumplimiento de sus deberes contribuye directamente a la comisión de delitos por parte de sus hijos. En el derecho chileno, los derechos y deberes de los progenitores respecto de sus hijos menores de edad se distribuyen en distintas figuras del derecho de familia —principalmente el cuidado personal y la patria potestad así como el principio de corresponsabilidad parental—, sin que el ordenamiento jurídico haya agrupado estas instituciones bajo una categoría unificada denominada "responsabilidad parental", pese a que dicha expresión ha sido recogida en el encabezado de leyes recientes, como la Ley N° 21.484. Estos deberes deben distinguirse de la responsabilidad civil extracontractual por los hechos de los hijos menores de edad, regulada en los artículos 2.319, 2.320 y 2.321 del Código Civil, que responde a una finalidad indemnizatoria diversa. El Boletín N.° 18.378-18, denominado “proyecto de ley que fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental", no incorpora esta expresión como institución unificadora en el Código Civil. De acuerdo con su Mensaje. el proyecto, tiene por objeto fortalecer el deber de guía y orientación de los progenitores respecto de sus hijos, establecer un procedimiento especial de carácter preventivo y tutelar ante los tribunales de familia, y actualizar el régimen de responsabilidad civil extracontractual de los padres por los hechos de sus hijos menores de edad.