Asesoría Parlamentaria
Documentos por categorías
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Usted buscó por: Economía
629 resultados
Categorías
- Administración del Estado932
- Asentamientos Humanos165
- Ciencia y Tecnología344
- Defensa555
- Demografía103
- Deportes y Recreación93
- Derecho2031
- Economía629
- Educación297
- Energía122
- Expresiones Culturales47
- Género220
- Grupos de Población212
- Historia27
- Industria y Comercio99
- Información Territorial48
- Justicia23
- Medioambiente327
- Participación Ciudadana107
- Protección Social81
- Recursos Naturales413
- Referencia Departamento de Producción7
- Relaciones Internacionales478
- Salud301
- Seguridad269
- Trabajo73
Documentos presentados a comisiones
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador, Australia y Canadá.
Se examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia.
Caracteristicas y legislacion de las cooperativas en Chile, Reino Unido y Estados Unidos.
En Chile las cooperativas se rigen principalmente por la Ley General de Cooperativas y su Reglamento, que regulan su constitución, funcionamiento, gobierno, patrimonio y fiscalización. Se reconoce su carácter asociativo y democrático, basado en la ayuda mutua, la participación de los socios y la regla de un voto por persona. Según datos del Ministerio de Economía, en junio de 2026 había en Chile 2.151 cooperativas activas. El 95,26% de socios de las cooperativas activas están el área de servicios. En el Reino Unido la ley no define de manera precisa las cooperativas. Las cooperativas entran dentro del grupo de “sociedades mutuales”, lo cual implica que son organizaciones que son propiedad de los miembros y se gestionan para su beneficio o el de la sociedad. en la práctica las organizaciones que se rigen según los principios cooperativos se constituyen bajo una gran variedad de formas legales. En los Estados Unidos de América están reguladas principalmente a nivel de los Estados y a nivel federal las regulaciones que existen son principalmente sobre los aspectos tributarios de las cooperativas.
Régimen de garantías financieras y obligaciones de post cierre de faenas mineras: Experiencia comparada en Perú, Australia y Canadá.
El presente informe examina el marco regulatorio e institucional de los mecanismos de aseguramiento financiero asociados al cierre de faenas mineras en Perú, Queensland y Western Australia —Australia— y Columbia Británica —Canadá—, utilizando como referencia el régimen chileno establecido por la Ley N.º 20.551. El análisis considera las normas principales, autoridades competentes, ámbito general de aplicación y arquitectura del aseguramiento financiero, distinguiendo entre garantías individuales, fondos colectivos y mecanismos mixtos. La revisión muestra que no existe un modelo único de aseguramiento financiero del cierre minero. Perú y Columbia Británica se sustentan principalmente en garantías individualizadas vinculadas a las obligaciones de cada faena. Western Australia utiliza predominantemente un fondo colectivo destinado a enfrentar riesgos asociados al abandono de sitios mineros, sin extinguir la responsabilidad del titular. Queensland, en tanto, combina garantías individuales y contribuciones a un fondo dentro de un esquema que incorpora el riesgo como criterio para determinar la modalidad de provisión financiera. Los mecanismos colectivos identificados no cumplen funciones equivalentes. Mientras el fondo de Western Australia mutualiza principalmente riesgos asociados al abandono, Queensland combina provisión individual y colectiva y contempla adicionalmente un mecanismo para riesgos residuales. Chile presenta una configuración distinta, al separar financieramente las obligaciones de cierre y post cierre mediante una garantía individual y un fondo específico para esta última etapa. En términos comparados, las principales diferencias entre los sistemas radican menos en los instrumentos financieros admitidos que en la forma en que distribuyen el riesgo y las responsabilidades entre el titular, los mecanismos colectivos y el Estado.
Plataformas de comercio electrónico en Chile y Latinoamérica Participaciones de mercado y recaudación de IVA en Chile.
El presente trabajo aborda el comercio electrónico a partir de información proveniente de distintas fuentes, que emplean conceptos como plataformas digitales, marketplaces e intermediarios digitales, entre otros. Estas fuentes utilizan, además, diferentes variables para caracterizar el fenómeno, entre ellas el tráfico web, la participación en las ventas, el número y monto de las transacciones remotas y la recaudación tributaria. Dado que estas variables responden a objetos y metodologías de medición distintos, las cifras presentadas no son directamente comparables entre sí. En América Latina cuya información se presenta en términos del tráfico web se concentra el 97% de las visitas en seis países: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. En 2024, Brasil registró más de 12 mil millones de visitas a marketplaces, seguido por México con más de 3.400 millones, Argentina con más de 1.530 millones, Chile con 1.366 millones, Colombia con 1.122 millones y Perú con 579 millones. Mercado Libre lidera el tráfico en Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y ocupa el segundo lugar en México y Perú. Falabella encabeza el tráfico en Perú y figura entre los diez primeros lugares en Chile y Colombia. Respecto de la participación en ventas en Chile, según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el segmento de ventas totales (formato propio más terceros), Cencosud y Falabella concentran la mayor participación entre 2019 y 2024 (30%-40% y 20%-30% respectivamente para 2024); mientras que Mercado Libre aumentó su participación de un rango de 10%-20% a 20%- 30% en el mismo periodo. En el segmento de terceros vendedores, Mercado Libre concentra entre 60% y 80% de las ventas. En materia de transacciones remotas, según el Servicio de Impuestos Internos, entre enero de 2023 y junio de 2024 se registraron más de 23 millones de transacciones con plataformas extranjeras sin domicilio en Chile, por un monto superior a USD 642 millones. AliExpress concentró el 78% de las transacciones y el 53% de los montos transados en ese periodo. Finalmente, en cuanto a la recaudación tributaria, la Ley N°21.713 estableció la obligación de retener y enterar IVA para plataformas de intermediación en compras remotas de bienes hasta USD 500, vigente desde el 25 de octubre de 2025. En su primer periodo de declaración (octubre a diciembre de 2025) se recaudaron más de 36 mil millones de pesos, con 28 plataformas declarantes. En el segundo periodo (enero a marzo de 2026) la recaudación alcanzó más de 48 mil millones de pesos, con 30 plataformas declarantes. Las plataformas con mayor aporte a la recaudación fueron AliExpress, Amazon, Temu, Shein y Ebay. En ambos períodos, la recaudación ha acumulado un total de 85.161 millones de pesos.
Impuesto especifico a los combustibles: Evolución histórica de la recaudación (2010-2025) y análisis comparativo entre las estimaciones presupuestarias y la recaudación efectiva para el período 2020-2025.
El Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) constituye un gravamen indirecto de relevancia para las finanzas públicas, aplicado principalmente a las gasolinas automotrices y al petróleo diésel. Su recaudación se relaciona con el consumo de combustibles y puede verse afectada por las condiciones económicas, los precios internacionales y el tipo de cambio. El presente informe analiza su evolución para el período 2010–2025 y compara, para 2020–2025, las estimaciones de las Leyes de Presupuestos con la recaudación efectiva al cierre de cada ejercicio. Los análisis en términos absolutos muestran que la recaudación presenta una trayectoria heterogénea. Entre 2010 y 2019 se observa una tendencia general creciente; en 2020 y 2021 disminuye debido al impacto de la pandemia sobre la movilidad y la actividad económica, mientras que 2022 registra el mínimo de la serie. Desde 2023 se observa una recuperación significativa, con niveles superiores a los años inmediatamente anteriores. En términos de importancia fiscal, el IEC representó 4,7% de los ingresos tributarios en 2023, 4,1% en 2024 y 4,3% en 2025. Respecto del gasto público nacional, su participación alcanzó 3,4%, 3,0% y 3,3%, respectivamente. Si bien constituye una fuente relevante de ingresos tributarios, su participación no representa una fuente predominante en el financiamiento del gasto público nacional. La comparación entre las estimaciones presupuestarias y la recaudación efectiva para el período 2020–2025 evidencia una elevada variabilidad. Las desviaciones respecto a lo presupuestado fueron de -4,8% en 2020, -16,5% en 2021 y -57,6% en 2022. El año 2023, la recaudación superó en 50,4% lo presupuestado; en 2024 se ubicó 9,1% por debajo, mientras que en 2025 superó en 8,3% la estimación inicial.
Medidas tecnológicas de protección: Casos específicos de excepciones relacionadas con los sistemas integrados.
Se analiza la incorporación de excepciones a la prohibición de eludir medidas tecnológicas de protección (MTP) en el contexto del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual (Boletín Nº 14.767-03), con especial atención a su aplicación sobre firmware y sistemas embebidos, incorporados en diversos bienes como dispositivos o vehículos, los cuales pueden estar protegidos mediante MTP. El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (1996) exige protección jurídica contra la elusión de las MTP, pero deja a cada Estado la definición del régimen de excepciones. El análisis comparado muestra modelos regulatorios diferenciados. Estados Unidos y Colombia establecen catálogos explícitos de excepciones y mecanismos de revisión periódica; Canadá y Australia contemplan excepciones específicas para interoperabilidad, investigación, seguridad y reparación; la Unión Europea privilegia mecanismos que obligan a los titulares a garantizar el acceso cuando existe una excepción legal; Brasil carece de un régimen general de excepciones de elusión; y Japón regula la materia como una salvedad a la infracción, contemplando excepciones vinculadas a investigación y desarrollo tecnológico o cuando no se perjudican los intereses del titular. Se desarrolla con mayor profundidad el modelo estadounidense previsto en la sección 1201 de la DMCA (Digital Milennium Copyright Act), que combina excepciones permanentes con un procedimiento administrativo trienal para incorporar nuevas categorías.
Ministerio de Seguridad Pública: Ejecución del presupuesto vigente a mayo de 2026, por líneas programáticas.
Este informe analiza la ejecución acumulada al mes de mayo de 2026 para el Ministerio de Seguridad Pública (último mes con información disponible entregada por la DIPRES). Este Ministerio, de forma agregada, incluye los programas presupuestarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, los Centros Regionales de Atención y Orientación a las Víctimas, Carabineros de Chile, Formación y Perfeccionamiento Policial, el Hospital de Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La ejecución presupuestaria acumulada del Ministerio de Seguridad Pública, a mayo del año 2026, ha sido de $971.562 millones, lo cual equivale al 40,0% del total del gasto presupuestario vigente a ese mes ($2.429.992 millones). la ejecución del presupuesto se presenta en este informe por línea programática (y en los anexos del documento, de la forma tradicional, esto es por objeto y naturaleza del gasto). Esto permite clasificar el gasto en grupos de bienes y servicios con objetivos similares, facilitando la comprensión de la orientación estratégica del gasto público.
Estructura de financiamiento del Distrito 9: ingresos propios, Fondo Común Municipal e impuesto territorial (2021-2025). (Cerro Navia, Lo Prado, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quinta Normal, Recoleta y Renca)
El informe analiza la evolución de los ingresos municipales del Distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca) durante el período 2021-2025, destacando el papel del Fondo Común Municipal (FCM) como principal mecanismo de redistribución del financiamiento local. En el período 2021-2025, los ingresos municipales del Distrito 9 aumentaron un 13,8% en términos reales. El análisis territorial evidencia importantes diferencias en la dependencia del Fondo Común Municipal. En 2025, Cerro Navia financia el 72,8% de sus ingresos mediante este mecanismo, seguida por Independencia (37,4%) y Lo Prado (31,1%). En contraste, Huechuraba (6,8%) y Renca (13,3%) presentan una dependencia significativamente menor. Por su parte, el Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (artículo 37 del D.L. No. .063) también revela diferencias significativas entre comunas. Huechuraba obtiene cerca del 22,0% de sus ingresos desde esta fuente, seguida por Independencia (12,5%) y Recoleta (11,8%), mientras que Cerro Navia (1,5%) y Lo Prado (1,1%) registran una participación muy reducida.
Mercado Laboral en la Región del Maule (Análisis del Trimestre Móvil Marzo-Mayo 2026).
El mercado laboral de la Región del Maule evidenció un marcado deterioro durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026. La tasa de desocupación alcanzó 10,0%, aumentando 2,7 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, la mayor alza registrada entre las regiones del país. Este desempeño situó al Maule como la cuarta región con mayor desempleo y reflejó un deterioro más intenso que el promedio nacional, afectando especialmente a las mujeres. Los indicadores de participación y ocupación confirman un escenario de menor dinamismo laboral. La Región del Maule registró una tasa global de participación de 58,2% y una tasa de ocupación de 52,4%, ambas inferiores al promedio nacional y manteniendo brechas cercanas a cuatro puntos porcentuales. Para el semestre de la referencia, la población ocupada disminuyó en 8,6 mil personas (-1,7%), debido principalmente a la reducción del trabajo por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado registró un crecimiento moderado. Un aspecto crítico corresponde a la informalidad laboral en la región, que alcanzó 31,6% de los ocupados, superando ampliamente el promedio nacional (27,0%).
Electromovilidad: Leyes aprobadas y proyectos en tramitación legislativa en Chile.
El presente documento identifica leyes publicadas y proyectos de ley en tramitación o archivados que abordan materias vinculadas con la electromovilidad en Chile. Para estos efectos, se adopta un criterio amplio de revisión, considerando iniciativas referidas a vehículos eléctricos, estándares de eficiencia energética vehicular, infraestructura de carga, sistemas de almacenamiento, conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, seguridad de baterías de litio y transporte público cero emisiones. Del análisis se observa que las leyes aprobadas han avanzado en tres dimensiones. Primera, la incorporación de estándares de eficiencia energética para vehículos motorizados y reglas sobre interoperabilidad de la infraestructura de carga. Segunda, el reconocimiento de los vehículos eléctricos como parte del ecosistema de almacenamiento energético y la creación de incentivos económicos asociados a su uso. Tercera, la habilitación normativa para la conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, mediante talleres autorizados y exigencias de certificación, seguridad y fiscalización. Por su parte, los proyectos en tramitación abordan materias complementarias al despliegue de la electromovilidad, tales como la regulación del uso de estacionamientos destinados a carga eléctrica y la exigencia de equipamiento especializado para enfrentar incendios asociados a vehículos eléctricos o baterías de litio. Asimismo, se identifica un proyecto archivado que proponía exigir tecnologías cero emisiones en el transporte público de pasajeros en capitales regionales y ciudades de mayor tamaño.