Asesoría Parlamentaria
Documentos por categorías
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Usted buscó por: Economía
640 resultados
Categorías
- Administración del Estado940
- Asentamientos Humanos168
- Ciencia y Tecnología348
- Defensa563
- Demografía104
- Deportes y Recreación93
- Derecho2059
- Economía640
- Educación305
- Energía124
- Expresiones Culturales47
- Género223
- Grupos de Población217
- Historia28
- Industria y Comercio100
- Información Territorial48
- Justicia23
- Medioambiente329
- Participación Ciudadana108
- Protección Social81
- Recursos Naturales420
- Referencia Departamento de Producción7
- Relaciones Internacionales484
- Salud307
- Seguridad278
- Trabajo73
Documentos presentados a comisiones
Ministerio de Minería: Evolución presupuestaria 2016-2026 y ejecución del presupuesto al mes de julio de 2026, por línea programática.
Se analiza la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de Minería a julio de 2026, último mes para el cual se dispone de información publicada por la Dirección de Presupuestos. La Partida 17 comprende presupuestariamente a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Minería, la Comisión Chilena del Cobre, el programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería y los programas ejecutados por el Servicio Nacional de Geología y Minería. El informe analiza además la evolución de los recursos ejecutados por esta cartera durante el periodo 2016-2026. Para los años 2016-2025 se considera la ejecución presupuestaria acumulada a diciembre de cada año, mientras que para 2026 se presenta la ejecución acumulada a julio.
Plantas desaladoras en la Región de Antofagasta: Infraestructura en operación y principales proyectos por ejecutar a septiembre 2026.
La Región de Antofagasta concentra 13 plantas desaladoras industriales, con una capacidad nominal conjunta de 7.055 l/s según el catastro de 2025 de la asociación gremial de desaladoras (ACADES), equivalente al 66,6% de la capacidad nacional registrada en dicha fuente. Cerca del 93% de la capacidad regional se concentra en Escondida, la Planta Desaladora de Agua de Mar de Antofagasta y Caitán/Spence. A septiembre de 2026 se identifican dos proyectos que incorporan nueva capacidad propia de desalación —Aguas Marítimas y Continuidad Operacional Minera El Abra—, con una capacidad proyectada conjunta de 10.075 l/s. De materializarse conforme a sus capacidades de diseño, ambas iniciativas representarían una expansión significativa respecto de la infraestructura actualmente instalada. La información pública disponible presenta distintos niveles de desagregación. La capacidad nominal, el titular, la tecnología y la situación ambiental pueden caracterizarse de manera relativamente homogénea, mientras que variables como el CAPEX específico de la desaladora —esto es, la inversión de capital requerida para su construcción, instalación y puesta en operación— y el consumo energético efectivo (kWh/m³) presentan una disponibilidad y comparabilidad más limitadas.
Ministerio de Energía: Evolución presupuestaria 2016-2026 y ejecución del presupuesto al mes de julio de 2026, por línea programática.
Informe sobre la ejecución acumulada del presupuesto vigente del Ministerio de Energía a julio de 2026, último mes con información disponible publicada por la Dirección de Presupuestos. La Partida 24, correspondiente al Ministerio de Energía, comprende presupuestariamente a la Subsecretaría de Energía y los programas Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales, Plan de Acción de Eficiencia Energética y Transición Energética Justa, además de la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El informe analiza la evolución de los recursos ejecutados por esta cartera durante el periodo 2016-2026. Para los años 2016-2025 se considera la ejecución presupuestaria acumulada a diciembre de cada año respecto del respectivo presupuesto vigente. Para el periodo 2016-2025, la ejecución acumulada a diciembre respecto del presupuesto vigente se mantuvo en niveles elevados, fluctuando entre 96,8% y 99,7%, con un promedio cercano al 98,3%. Para 2026, en tanto, se presenta la ejecución acumulada a julio. Durante los primeros siete meses de 2026, la ejecución presupuestaria acumulada del Ministerio de Energía alcanza $71.343.018 miles, equivalente al 44,8% del presupuesto vigente a julio, de $159.295.679 miles.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Evolución presupuestaria 2016-2026 y ejecución del presupuesto vigente a julio de 2026, por líneas programáticas.
Se presenta un informe de la ejecución del presupuesto vigente al mes de julio de 2026 para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (último mes para el cual se dispone de información), considerando de manera agregada la totalidad de los programas presupuestarios que conforman dicha cartera. Asimismo, se incorpora la evolución de la ejecución presupuestaria para el período 2016-2026. El análisis examina la evolución de los recursos efectivamente ejecutados por el Ministerio desde el año 2016 en adelante. Cabe señalar que las series construidas comparan la ejecución acumulada al mes de diciembre de cada uno de los años considerados, con excepción de 2026, para el cual se presenta la ejecución acumulada al mes de julio, correspondiente al último período con información disponible publicada por DIPRES. La ejecución presupuestaria acumulada al mes de julio de 2026 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social alcanzó un 57,5% del presupuesto vigente a esa fecha. Este nivel de ejecución resulta consistente con la naturaleza de los programas que integran la cartera, cuya ejecución (por la naturaleza y objeto del gasto) se distribuye gradualmente a lo largo del ejercicio presupuestario. Asimismo, a igual fecha del año anterior (julio de 2025), el Ministerio registraba una ejecución acumulada equivalente al 57,3% de su presupuesto vigente, cifra muy parecida al actual nivel de ejecución. Cabe señalar que la ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social se presenta en este informe bajo el enfoque de líneas programáticas. Esta clasificación, al agrupar gastos asociados con objetivos similares, facilita la comparación entre distintas alternativas de gasto y la evaluación de sus resultados. Para estos efectos, las líneas programáticas son definidas por DIPRES. El análisis por líneas programáticas muestra que la ejecución se concentra principalmente en las prestaciones previsionales y beneficios de seguridad social, especialmente en la Pensión Garantizada Universal (PGU), los Beneficios del Antiguo Sistema y el Pilar Solidario de la Reforma Previsional de 2008, que reúnen la mayor parte de los recursos de la cartera y presentan niveles de avance cercanos al promedio ministerial. En contraste, la componente de la Ley de Accidentes del Trabajo (33,7% de ejecución) y los programas empleo (41,1% de ejecución) son los que registran menores niveles de ejecución, debido probablemente a que una parte relevante de sus recursos se encuentra programada para ejecutarse durante los meses siguientes, situación que debe ser monitoreada.
Meta de balance cíclicamente ajustado y holguras negativas: Antecedentes para la tramitación de presupuesto fiscal 2027.
Se presenta las holguras negativas que estima la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en su informe de finanzas públicas al segundo trimestre de 2026. Las holguras negativas se definen como el monto de recursos que se requeriría para poder cumplir la meta de Balance cíclicamente ajustado. Es decir, el monto de recursos en que debería disminuir el gasto o aumentar los ingresos estructurales para poder cumplir con las metas de balance cíclicamente ajustado propuestas. Para 2027, la meta de balance cíclicamente ajustado es de un déficit de 1,8% del PIB. Sin embargo, en el escenario base, que no considera la ley de reconstrucción, se proyecta un déficit estructural de 2,1% del PIB, generándose una holgura negativa de 0,3% del PIB, equivalente a $1.246.084 millones de 2026. En el escenario que incorpora la ley de reconstrucción, el déficit proyectado aumenta a 2,4% del PIB. En este caso, la holgura negativa alcanza 0,6% del PIB, equivalente a $2.219.153 millones. Las proyecciones muestran que las holguras negativas se mantienen durante todo el período 2027-2030, y son sistemáticamente mayores en el escenario con ley de reconstrucción. Esto implica que, bajo los supuestos vigentes, el cumplimiento de las metas de balance cíclicamente ajustado requerirá medidas de ajuste fiscal durante los próximos años.
Efecto económico del feriado irrenunciable en días de elecciones sobre el comercio minorista.
El informe analiza el efecto de los feriados, especialmente aquellos asociados a elecciones, sobre las ventas diarias del comercio minorista, a partir de la serie de tiempo del Índice de Ventas (diario) del Mercado Minorista publicado por el Banco Central. La serie de tiempo del indicador diario de ventas al comercio minorista permite observar la evolución y patrones del comportamiento de las ventas diarias del comercio minorista en sucesivos años. Al respecto, la serie (2022 – 2025) muestra un marcado patrón semanal, con ventas particularmente altas los sábados, y una caída significativa de la actividad durante los feriados irrenunciables. Dichos feriados son los que tienen un mayor impacto sobre las ventas del comercio minoristas. Los datos muestran que el efecto de los feriados no irrenunciables es bastante menor. Con respecto a los feriados asociados a elecciones políticas realizadas entre 2022 y 2025, se observa que las ventas registradas durante la jornada electoral son sistemáticamente inferiores a las correspondientes a días comparables de otros años. Dependiendo del tipo de elección, el promedio diario de ventas en estos días comparables supera entre un 24,99% y un 110,3% las ventas registradas durante el respectivo feriado electoral. Esta diferencia tiende a ser menor en el caso de las elecciones primarias y más pronunciada en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En consecuencia, la evidencia descriptiva muestra que la declaración de feriado por elecciones está asociada a una reducción relevante de las ventas de dicho día del comercio minorista, aunque su magnitud varía entre procesos electorales.
Consideraciones sobre los efectos en el empleo del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval.
El decreto N. 1 del 10 de enero de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional que establece la Política Nacional de Construcción Naval desarrolla el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval tiene dos elementos relacionados con el empleo: 1) aumentar la producción de los tipos de naves que ya se producen en la actualidad y 2) incrementar la complejidad del tipo de naves. El objetivo es lograr que toda la demanda interna pueda ser cubierta por la industria nacional. Al 31 de diciembre de 2025 la flota de marina mercante nacional era de 256 naves, de las cuales 50 estaban inoperativas. La flota pesquera controlada en altamar al 31 de diciembre de 2025 era de 167 naves, de las cuales 61 se habían construido en el extranjero y 94 en Chile, y para las 12 restantes no había información. La flota wellboat controlada en Chile al 31 de diciembre de 2025, que son los tipos de barcos especializados para la acuicultura que permiten el transporte y tratamiento de peces vivos, era de 76 naves. Finalmente, de las naves de la Armada de Chile, categorías donde hay una mayor proporción de unidades construidas en el extranjero son las unidades de combate y las unidades auxiliares, mientras que la mayoría de las unidades marítimas están construidas en Chile. El vicepresidente del Comité de Construcción Naval CORFO menciona que la renovación de la fuerza de superficie de la Armada de Chile podría generar cerca de 950 empleos anuales. Para el conjunto de la industria naval chilena se proyecta incorporar alrededor de 1.900 empleos directos adicionales al sector en 2036 con el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval.
Organización de la jornada laboral en el sector turismo y actividades conexas: Los casos de Francia, Australia, Colombia, Argentina y España.
Este documento aborda la organización de la jornada laboral en el sector turismo y actividades conexas. Al respecto se revisaron las normativas vigentes en Francia, Australia, Colombia, Argentina y España. En el caso de Francia, el elemento central del modelo es la posibilidad de organizar la jornada sobre períodos de referencia extensos, incluso de hasta 12 meses, con el objeto de responder a las fluctuaciones estacionales propias del sector. Australia sigue una lógica distinta. En lugar de recurrir principalmente a períodos largos de anualización, el sistema concentra la flexibilidad en ciclos de hasta cuatro semanas, mediante la programación de turnos o rosters, jornadas partidas, acumulación de días libres y modalidades específicas de trabajo a tiempo parcial. España es el país que presenta el mayor grado de flexibilidad en la organización de la jornada a través de su cómputo anual, mientras que en Argentina la flexibilidad se genera en los trabajos por turnos y mediante negociación colectiva y Colombia, por su parte, cuenta con una flexibilidad más limitada que Argentina y España y principalmente vinculada al trabajo por turnos.
Financiamiento de la educación pública: recursos totales y por estudiante en municipalidades y Servicios Locales de Educación Pública.
El documento analiza los recursos destinados a financiar la educación pública durante 2025, entregando información respecto de las municipalidades que aún mantienen la calidad de sostenedor y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que ya se encuentran en régimen. Para ello se utiliza información oficial de DIPRES y SINIM y estima los recursos agregados y el gasto mensual por estudiante, considerando subvenciones, otras transferencias fiscales y, en el caso municipal, los aportes realizados con recursos propios (aportes municipales). Los principales resultados muestran que al 2025 los 26 SLEP en régimen administraban una matrícula de 480.980 estudiantes, mientras que 223 comunas continuaban administrando establecimientos municipales, con 839.879 estudiantes. En los SLEP, las subvenciones a nivel agregado alcanzaron $1,417 billones y los otros ingresos fiscales $598 mil millones (ambos expresados en miles de pesos del 2025), obteniéndose un gasto promedio ponderado mensual de $349.118 por estudiante. Existe una dispersión relevante entre servicios: desde $175.891 en Costa Central hasta $673.906 en Aysén, con una desviación estándar de $92.766. En las municipalidades aún no traspasadas, los ingresos destinados a educación alcanzaron aproximadamente $3,436 billones, de los cuales $329.856 millones corresponden a aportes municipales propios. El gasto promedio ponderado es de $340.901 mensuales por estudiante incluyendo aporte municipal y de $310.260 sin dicho aporte. Por tanto, los recursos municipales propios elevan en torno a 9,9% el gasto promedio ponderado por estudiante. En síntesis, los resultados sugieren que el gasto promedio por estudiante es relativamente similar entre ambos modelos cuando se incorporan los aportes municipales ($349 mil en SLEP versus $341 mil en municipalidades), aunque existe una heterogeneidad considerable entre territorios. Además, el análisis evidencia que los aportes propios de los municipios continúan siendo un componente relevante de financiamiento de la educación municipal.
Impacto de los sistemas de garantías financieras y de obligaciones de post cierre en la inversión, el financiamiento y el costo de capital en la minería: análisis de experiencia comparada.
Los sistemas de garantías financieras de cierre buscan asegurar la disponibilidad de recursos para ejecutar las medidas de cierre y rehabilitación cuando el titular incumple, abandona la faena o se torna insolvente, evitando que estos costos sean transferidos al Estado. Las obligaciones de post cierre, por su parte, comprenden actividades de monitoreo, mantenimiento y gestión de riesgos que pueden prolongarse una vez finalizada la explotación. La evidencia revisada muestra que la incidencia económica de las garantías depende no solo del monto asegurado, sino también del instrumento utilizado, del plazo en que debe constituirse y de la capacidad financiera del titular. Estos efectos pueden ser proporcionalmente mayores para empresas de menor escala o con acceso más restringido al financiamiento. La experiencia internacional muestra que el diseño regulatorio puede modificar estas cargas. En Western Australia, la sustitución general de garantías individuales por un fondo colectivo permitió liberar capital previamente comprometido y redujo los costos estimados para determinados operadores, identificándose además menores barreras de entrada para empresas pequeñas y medianas. En Queensland, las propias autoridades han reconocido que el diseño de su sistema de provisión financiera puede incidir sobre la disponibilidad de financiamiento y el capital comprometido. Perú, por su parte, muestra la relevancia del perfil temporal de constitución de la garantía y contempla mecanismos diferenciados para la pequeña minería y minería artesanal. Respecto del post cierre, la literatura y los casos revisados muestran que estas obligaciones pueden aumentar el costo total del ciclo de vida de la faena, comprometer anticipadamente recursos y afectar la valoración financiera de proyectos cuando el monitoreo, mantenimiento o tratamiento de aguas debe mantenerse durante períodos prolongados.