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Documentos presentados a comisiones
15/09/2026
Sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS): Características, regulación e impactos ambientales en Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.
Los Sistemas de Almacenamiento de Energía mediante Baterías (BESS, (Battery Energy Storage Systems, en inglés), permiten almacenar electricidad y utilizarla posteriormente cuando se requiere. El documento presenta sus principales componentes, funcionamiento y desarrollo, con énfasis en Chile y una revisión de los marcos regulatorios de Estados Unidos y la Unión Europea. En materia regulatoria, se revisa el marco aplicable en Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. En Estados Unidos destacan las reglas de la Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos para la participación del almacenamiento en los mercados eléctricos y las normas de seguridad. Asimismo, en la Unión Europea se reconoce el almacenamiento como parte del mercado eléctrico y se establecen requisitos para las baterías durante su ciclo de vida. En Chile, la regulación ha evolucionado desde el reconocimiento del almacenamiento en la Ley No. 20.936 hasta su incorporación al mercado eléctrico y a los mecanismos de remuneración mediante la Ley No. 21.505. Desde el punto de vista medio ambiental, los BESS presentan impactos que deben considerarse durante todo su ciclo de vida, incluyendo su instalación, operación, reemplazo, desmantelamiento y gestión final.
07/09/2026
Electromovilidad en Chile: Avances, brechas y desafíos y propuestas regulatorias.
A nivel internacional, la electromovilidad ha registrado una expansión sostenida, impulsada por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la reducción de los costos de las baterías, las mejoras tecnológicas y una mayor competencia entre fabricantes. No obstante, su desarrollo plantea desafíos asociados a la disponibilidad de infraestructura de recarga, la concentración de la demanda eléctrica, la capacidad de las redes de distribución y las brechas de acceso a la carga domiciliaria. En Chile, durante los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 7.802 vehículos enchufables livianos y medianos, mientras que la electrificación del transporte público continuó avanzando tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, el país ha incrementado su infraestructura de recarga y cuenta con instrumentos estratégicos, legales y técnicos destinados a promover la electromovilidad. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la cobertura territorial, los plazos de conexión, la disponibilidad de instaladores capacitados y la coordinación entre usuarios, empresas distribuidoras y organismos públicos. En materia regulatoria, se ha planteado permitir que nuevos empalmes destinados exclusivamente a electromovilidad, declarados mediante el procedimiento TE6 y provistos de medición independiente, puedan acceder al régimen de precios libres sin cumplir el umbral general de potencia conectada. Bajo los supuestos presentados, esta medida podría reducir el costo de la energía destinada a recarga entre aproximadamente un 30% y un 50%, aunque sus efectos dependerían de las condiciones contractuales, los perfiles de consumo, los cargos de red y el diseño final de la regulación. Adicionalmente, en el debate sectorial se han planteado propuestas relacionadas con los mecanismos de cumplimiento de los estándares de eficiencia energética y con el grado de neutralidad tecnológica de la transición. Entre ellas se encuentran la posibilidad de introducir mayor flexibilidad en los sistemas de créditos y compensaciones y de reconocer distintas tecnologías capaces de contribuir a la reducción de emisiones del transporte.
04/08/2026
Valorización energética en base a residuos urbanos sólidos.
La valorización energética comprende procesos biológicos y termoquímicos que permiten aprovechar el contenido energético de los residuos para producir electricidad, calor, biogás o combustibles. En 2023 se declararon en Chile 8,65 millones de toneladas de residuos municipales no peligrosos. Los rellenos sanitarios concentraron el 83,1% del volumen informado como disposición final. Por su parte, la recuperación de energía representó el 3,9% de la valorización declarada de residuos no peligrosos. Un estudio de factibilidad realizado en 2018 para la Región Metropolitana estimó que una planta Valorización Energética de 330.000 toneladas anuales requeriría una inversión cercana a US$195 millones y una tarifa de disposición superior a la de los rellenos sanitarios. Chile no cuenta con una regulación única e integral para plantas WtE municipales. Su desarrollo se encuentra sujeto a normas dispersas sobre residuos, emisiones atmosféricas, evaluación ambiental, rellenos sanitarios y permisos sectoriales.
22/07/2026
Electromovilidad en Chile: Avances, brechas y desafíos regulatorios.
El presente documento tiene por objeto describir los principales avances y desafíos de la electromovilidad, con especial atención a la situación chilena y a las materias regulatorias que podrían incidir en su expansión. A nivel internacional, la electromovilidad ha registrado una expansión sostenida, impulsada por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la reducción de los costos de las baterías, las mejoras tecnológicas y una mayor competencia entre fabricantes. En Chile, durante los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 7.802 vehículos enchufables livianos y medianos, mientras que la electrificación del transporte público continuó avanzando tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, el país ha incrementado su infraestructura de recarga y cuenta con instrumentos estratégicos, legales y técnicos destinados a promover la electromovilidad. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la cobertura territorial, los plazos de conexión.
15/07/2026
Ruta energética 2026 – 2030: Medidas con alcance legislativo.
La Ruta Energética 2026-2030, elaborada por el Ministerio de Energía, define las prioridades sectoriales para el período, con énfasis en seguridad y resiliencia del suministro, competitividad, modernización regulatoria, desarrollo de infraestructura habilitante, nuevas industrias energéticas y fortalecimiento institucional. En un contexto global marcado por una transición energética cada vez más sistémica, el documento identifica acciones, productos y plazos orientados a acelerar la transformación del sector, resguardando al mismo tiempo la asequibilidad, la sostenibilidad y la seguridad energética. Según el Energy Transition Index 2026 (ETI) del World Economic Forum, a nivel global la transición energética ya cuenta con escala material — mayor inversión, expansión renovable y mejoras en eficiencia—, pero enfrenta desafíos crecientes en redes, financiamiento, resiliencia, permisos, minerales críticos, innovación y capacidades institucionales. En el caso de Chile, el ETI 2026 lo ubica entre los países de mejor desempeño relativo, aunque con brechas asociadas a innovación, capital humano, almacenamiento, transmisión, flexibilidad y resiliencia del sistema energético. Desde una perspectiva legislativa, la Ruta Energética 2026-2030 resulta relevante porque anticipa parte de la agenda normativa del sector para los próximos años. En particular, se identifican medidas explícitas o de alcance legislativo vinculadas a normalización tarifaria, resiliencia y calidad del suministro eléctrico, crédito tributario para autoconsumo renovable en MIPYMEs, electromovilidad, reforma al mercado mayorista de energía, tarificación de la transmisión, calefacción distrital y actualización del marco normativo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Estas iniciativas combinan respuestas a problemas de corto plazo con reformas estructurales necesarias para sostener una matriz energética más renovable, descentralizada, flexible y resiliente.
13/07/2026
Análisis del Impacto Fiscal del Boletín N° 18.259-08 sobre amparo y patentes mineras Revisión de la metodología, supuestos y proyecciones del Informe Financiero N°102 de la Dirección de Presupuesto.
El presente documento analiza el efecto fiscal estimado por el Informe Financiero (IF) N°102 de la Dirección de Presupuestos, asociado al proyecto de ley que modifica el régimen de amparo y patentes mineras. El análisis busca explicar cómo se construye la estimación fiscal, cuáles son sus principales supuestos y qué elementos inciden en la diferencia de recaudación proyectada entre la ley vigente y la propuesta del proyecto. El IF estima que el proyecto generaría menores ingresos fiscales entre 2028 y 2033, y mayores ingresos a partir de 2034. La mayor caída se produciría en 2031, con menores ingresos por aproximadamente $38.895 millones (en $ 2026). En cambio, para 2035 se proyectan mayores ingresos por cerca de $22.832 millones (en $ 2026). La diferencia entre ambos escenarios se explica principalmente por el tratamiento de las hectáreas concesionadas y la patente que deben pagar. Bajo la ley vigente, las concesiones de explotación que no acreditan trabajos quedan sujetas a una patente progresiva, cuyo valor aumenta con la antigüedad. En este escenario, el modelo considera que una parte de las hectáreas avanza hacia tramos de mayor cobro, pero también que otra parte puede salir del sistema o reducir su permanencia debido al aumento del costo de la patente. En el escenario del proyecto, en cambio, se asume que la eliminación de la progresividad evitaría la salida de concesiones y permitiría mantener una base de hectáreas más estable en el tiempo. Además, el Informe Financiero considera que una parte de las hectáreas sin rebaja accedería a una patente rebajada por trabajos tempranos, pasando de pagar 0,4 UTM por hectárea a 0,1 UTM por hectárea. Esto reduce la recaudación en los primeros años, pero permite proyectar una base de concesiones más permanente hacia el final del período. El análisis muestra que el efecto fiscal no depende solo del número total de hectáreas concesionadas, sino también de su composición: cuántas pagan patente rebajada, cuántas pagan patente general y cuántas quedan sujetas a tramos progresivos. Para observar esta diferencia, el presente informe incorpora una estimación de UTM ponderada por tasa de patente, que permite aproximar la intensidad potencial de cobro asociada a cada escenario. Finalmente, se observa que la trayectoria de la UTM ponderada por tasa de patente no coincide plenamente con la recaudación proyectada por el Informe Financiero. Esto sugiere que la estimación de ingresos fiscales no se obtendría solo de multiplicar hectáreas por la tasa de patente correspondiente, sino que podría incorporar rezagos, reglas de transición u otros ajustes no explicitados en el IF. Por ello, resulta relevante contar con mayores antecedentes sobre la fórmula utilizada para transformar las hectáreas proyectadas por tramo en ingresos fiscales anuales.
24/06/2026
Generación eléctrica solar en la región de Atacama.
En este informe se muestran los datos de las centrales de generación eléctrica a partir de energía solar en la región de Atacama. La información que se presenta es la capacidad instalada de generación eléctrica solar al mes de mayo de 2026, el último dato disponible al realizar este informe (Comisión Nacional de Energía (CNE)). En la región de Atacama hay un total de 69 centrales generadoras de electricidad en operación con una potencia neta total de 5.425 Megavatios (MW). De estas, 50 son a partir de energía solar, con una potencia neta total agregada de 2.937 MW. En una perspectiva del conjunto del territorio nacional, los 2.937 MW de potencia neta instalados en la región de Atacama representan el 23,9% de los 12.292 MW de potencia neta de generación solar en el país.
20/05/2026
La transición energética justa como un imperativo geopolítico.
La transición hacia fuentes de energía limpias y renovables se ha consolidado como uno de los principales desafíos estratégicos del siglo XXI. Más allá de constituir una respuesta necesaria frente al cambio climático, representa una transformación estructural de los sistemas productivos, de las relaciones geopolíticas y de las formas en que las sociedades conciben el desarrollo, la seguridad energética y la sostenibilidad. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, vulnerabilidad de cadenas de suministro, volatilidad de precios energéticos y creciente presión para cumplir los compromisos climáticos del Acuerdo de París, América Latina, el Caribe y Europa enfrentan el desafío compartido de acelerar una transición energética que sea simultáneamente ambiciosa, justa y económicamente viable. La urgencia de esta transformación se sustenta en evidencia científica contundente respecto de la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global y evitar impactos irreversibles sobre ecosistemas, infraestructura crítica y bienestar humano. El sector energético continúa siendo responsable de una proporción significativa de emisiones globales, particularmente a través de la generación eléctrica basada en carbón, petróleo y gas, así como del transporte, la industria pesada y los sistemas de calefacción dependientes de combustibles fósiles. No obstante, la discusión energética contemporánea ya no se limita únicamente a la reducción de emisiones. La crisis energética derivada de conflictos internacionales, sumada a interrupciones en mercados globales de hidrocarburos, ha reposicionado la seguridad energética como una prioridad política de primer orden. En este contexto, las energías renovables han dejado de entenderse exclusivamente como herramientas de mitigación climática para convertirse también en instrumentos de autonomía estratégica, resiliencia económica y soberanía energética.
08/04/2026
Medidas adoptadas internacionalmente frente al alza internacional del precio de combustibles.
Se examinan, en perspectiva comparada, las principales medidas que distintos países han adoptado para enfrentar el alza de los precios de los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre el mercado internacional del petróleo. Se han tomado medidas de contención destinadas a amortiguar su traspaso a consumidores, empresas y sectores productivos sensibles. En términos generales, las respuestas observadas pueden agruparse en cinco categorías: i) reducción de impuestos a los combustibles, ii) subsidios focalizados o compensaciones directas, iii) mecanismos de control o supervisión de precios, iv) uso de reservas estratégicas de petróleo, y v) mantención o rediseño de esquemas de subsidios preexistentes. En América Latina se observa una mayor heterogeneidad. Algunos países han evaluado ajustes regulatorios o moderaciones en sus mecanismos de fijación de precios, mientras otros han optado por restringir subsidios generales y focalizarlos en sectores específicos, como el transporte de carga.
06/04/2026
Alza de precios de combustibles: Análisis de implicancias a nivel regional.
Durante marzo de 2026, el mercado energético internacional registró un shock significativo, asociado al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo en más de 50% en pocas semanas y lo llevó a niveles superiores a US$ 100 por barril. En este contexto, se advierte que Chile enfrenta una exposición particularmente alta a este tipo de episodios, debido a su condición de importador neto de hidrocarburos y a la estrecha relación entre los precios internos de los combustibles y el precio de paridad de importación, el cual incorpora el valor internacional del crudo, fletes, seguros, logística y tipo de cambio.