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Minerales críticos: políticas e instrumentos de fomento en la experiencia internacional.
La revisión comparada muestra que la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá han desarrollado marcos normativos, regulatorios e institucionales para impulsar la industria asociada a los minerales críticos. Si bien existen diferencias entre los enfoques adoptados, se observa una tendencia común: estos minerales han dejado de ser abordados solo como recursos mineros, pasando a constituir un componente de política industrial, seguridad económica, transición energética, innovación tecnológica y cooperación internacional. En la Unión Europea, el Critical Raw Materials Act establece metas al año 2030 para extracción, procesamiento, reciclaje y diversificación de proveedores, junto con medidas para identificar proyectos estratégicos, agilizar permisos, facilitar acceso a financiamiento, promover exploración geológica, monitorear riesgos y fortalecer circularidad, trazabilidad y sostenibilidad. Su enfoque es principalmente normativo y coordinador, orientado a reducir dependencias externas y movilizar el mercado único. En Estados Unidos, los instrumentos se desprenden de marcos como el Energy Act de 2020, la Infrastructure Investment and Jobs Act, la Inflation Reduction Act, la Defense Production Act y FAST-41. A partir de ellos se habilitan medidas de priorización de minerales críticos, financiamiento federal, incentivos tributarios, apoyo a procesamiento, baterías, manufactura y reciclaje, uso de facultades de seguridad nacional y coordinación de permisos. Su enfoque combina política industrial, transición energética, manufactura avanzada y seguridad nacional. En Australia, la política se articula en torno a la Critical Minerals Strategy 2023– 2030 y a instrumentos como el National Reconstruction Fund, Export Finance Australia, la Northern Australia Infrastructure Facility y el Critical Minerals Production Tax Incentive. Estos mecanismos buscan transformar su ventaja geológica en mayor captura de valor local, mediante procesamiento, refinación, infraestructura, financiamiento, inversión y alianzas internacionales. En Canadá, la Canadian Critical Minerals Strategy, junto con la Income Tax Act, la Investment Canada Act y diversos programas federales, habilitan incentivos tributarios, fondos de infraestructura, financiamiento estratégico, I+D, acuerdos de compra futura, revisión de inversión extranjera, participación indígena, trazabilidad y cooperación internacional. Su enfoque destaca por una visión de cadena de valor completa, que combina desarrollo productivo, seguridad económica y colaboración con socios estratégicos. En conjunto, los casos revisados muestran que el impulso a los minerales críticos se basa en paquetes de instrumentos que combinan regulación, financiamiento, incentivos tributarios, infraestructura, información geológica, coordinación institucional, I+D y seguridad de suministro. La tendencia común es avanzar desde políticas centradas en la extracción hacia estrategias orientadas al procesamiento local, la captura de valor, la resiliencia de cadenas de suministro y el desarrollo de capacidades industriales estratégicas
Efectos e implicancias de declarar un territorio como zona árida en Chile, en particular sobre el uso del agua, uso del suelo, inversión, recursos y políticas públicas.
En Chile, la declaración de una región como zona árida se reconoce a través de múltiples instrumentos sectoriales (Código de Aguas, Ley N°19.300, Ley N°21.455 y las leyes de zonas extremas) que producen efectos diferenciados sobre el agua, el suelo, la inversión y las políticas públicas. En materia hídrica, el principal efecto de la certificación de aridez es la activación de herramientas de protección que contempla el Código de Aguas. En particular, las declaraciones de área de restricción y zonas de prohibición de la Dirección General de Aguas (DGA) restringen o impiden nuevas concesiones de derechos de aprovechamiento de aguas sobre acuíferos en riesgo de sobreexplotación. La reforma de 2022 reforzó la prioridad del consumo humano sobre otros usos y prohibió expresamente las exploraciones en sectores que alimentan vegas, bofedales y humedales, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. A nivel comparado, el análisis de España, Australia, México e Israel revela que estas legislaciones integran la aridez como criterio de planificación territorial e hídrica, vinculando instrumentos en materia de las restricciones de uso, los incentivos diferenciados y las metas de neutralidad en la degradación de tierras (NDT).
Regulación sobre perros de libre deambular: España, Australia, Argentina Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Holanda.
El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal ofrece recomendaciones para el manejo de las poblaciones de perros, con el objetivo de mejorar la salud y seguridad humana, el bienestar animal y minimizar los impactos negativos. En España, la Ley 7/2023 protege los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, obligando a los ayuntamientos a recoger a los animales abandonados y llevarlos a centros de protección. En el caso de los ayuntamientos de Madrid, en el caso del animal ingresado como abandonado quedará a disposición de quien lo desee adoptar durante el período de tiempo que determinen el servicio. En Argentina, la provincia de Tierra del Fuego ha declarado a los perros asilvestrados como especie exótica invasora, estableciendo un programa de manejo para controlar sus poblaciones. En Australia, la normativa de Queensland responsabiliza al propietario del terreno de la bioseguridad, debiendo considerar el comportamiento y características de los perros para elegir el método de control adecuado. Además, prohíbe mover, alimentar, regalar, vender o liberar perros al medio. En Alberta (Canadá), la ley permite eliminar perros callejeros si representan un peligro para el ganado o aves domésticas. En Carolina del Sur (Estados Unidos), el control de los perros asilvestrados recae en el Departamento de Recursos Naturales, cuyos oficiales determinan si son una amenaza y deciden si eliminarlos o retirarlos. En Holanda, La Ley de Bienestar Animal de los Países Bajos (Wet Dieren) reconoce que los animales tienen un valor intrínseco y establece la obligación de proporcionarles condiciones adecuadas de vida, incluyendo nutrición, ambiente, salud, comportamiento y bienestar emocional. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, los animales siguen siendo considerados legalmente como cosas, sujetas a derechos de propiedad y posesión.
Proyecto de Ley Boletín 18.198-15 sobre fortalecimiento de la Seguridad Marítima y Pesquera.
Se realiza un análisis del algunos artículos del Boletín 18.198-15, en especial de los que se modifican y de artículos nuevos.
Criterios y pagos en la asignación de licencias de acuicultura: Experiencia de Canadá, Escocia y Noruega.
El análisis de los sistemas de asignación y pago de licencias de acuicultura en Canadá, Escocia y Noruega, muestra una gestión orientada a la protección del hábitat y en la sostenibilidad basada en el conocimiento científico. La regulación canadiense se basa en una competencia compartida entre el nivel federal y provincial, donde cada centro requiere un contrato de arrendamiento del fondo marino y una licencia operativa vigente. Los pagos en este país integran una tasa administrativa anual de 122 dólares canadienses y un cobro por biomasa máxima autorizada de 3,05 dólares por tonelada en instalaciones marinas. El modelo aplicado en Escocia se caracteriza por una estructura multitarifaria y una gobernanza fragmentada entre diversas agencias y autoridades locales. Las autorizaciones comprenden arriendos de la Corona, permisos de obras, licencias marinas y autorizaciones ambientales que regulan las descargas. Los costos para el periodo 2025-2026 se definen según la biomasa, con tarifas que varían desde las 4.339 libras para centros pequeños hasta superar las 40.000 libras en grandes explotaciones de más de 1.500 toneladas. Noruega fundamenta su sistema en la asignación de capacidad de producción mediante mecanismos de mercado como subastas públicas y precios fijos. El régimen actual utiliza un sistema de semáforos que determina el crecimiento o reducción de la producción cada dos años basándose en indicadores ambientales como la concentración de piojos de mar. Las licencias comerciales alcanzan valores significativos, situándose en promedios de 154.158 coronas noruegas por tonelada de biomasa máxima permitida en las subastas realizadas durante el año 2022. La FAO y la OCDE coinciden en que los sistemas modernos de licencias acuícolas deben evolucionar desde permisos administrativos aislados hacia instrumentos integrados de planificación espacial marina, sostenibilidad ambiental y gestión económica del espacio marítimo. Ambas organizaciones consideran prioritario fortalecer la coordinación institucional, reducir la fragmentación regulatoria, mejorar selección de sitios mediante análisis ecosistémico, y vincular tarifas o tasas con costos ambientales y económicos reales del uso de ecosistemas acuáticos.
Patentes de acuicultura: Criterios de determinación en Canadá, Escocia y Noruega.
Se analiza la regulación de las patentes de acuicultura -entendidas como el permiso o concesión administrativa habilitante y sus tasas asociadas- en Noruega, Canadá y Escocia . Para estos efectos, se ha estimado relevante, precisar los siguientes elementos en el análisis, en base a los cuales se estructura el Informe en cada país: a) contribuyente, b) licencia habilitante o permiso; c) determinación de la tasa; d) determinación de la base imponible; e) período de pago de la patente; y, f) destino de la recaudación. Los tres países aplican modelos diferenciados: Noruega grava la producción efectiva, Canadá la capacidad física autorizada y Escocia el rendimiento comercial del espacio ocupado. Solo Noruega y Escocia contemplan mecanismos legales explícitos para la redistribución directa de la recaudación hacia las comunidades locales donde se desarrolla la actividad.
Minerales críticos: Legislación nacional, internacional y extranjera. Perspectivas legales para Chile.
Se analiza la regulación de los minerales críticos en diversas jurisdicciones y normas internacionales, identificando las tendencias globales en gobernanza, incentivos y trazabilidad. el Informe se divide en cinco secciones. La primera está dedicada a revisar la definición de minerales críticos en Chile y en el extranjero. La segunda presenta un listado referencial de normativa, políticas, estrategias, planes, programas y acuerdos contenidos en el documento del Ministerio de Minería titulado “Estrategia Nacional de Minerales Críticos”. La tercera sección expone, en términos generales, el marco normativo extranjero contenido en el mismo documento del Ministerio de Minería. Posteriormente, la cuarta sección analiza los parámetros regulatorios presentes en Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Japón, México y Portugal. Finalmente, una quinta sección sintetiza, mediante una tabla comparativa, los principales hallazgos de la investigación y los parámetros identificados en las regulaciones analizadas, incluido lo relativo a la trazabilidad.
Regulaciones y experiencias sobre tratamiento y reúso de aguas residuales en países del mediterráneo:Casos de España, Italia, Grecia, Marruecos, Egipto, Croacia e Israel.
Se analiza los marcos regulatorios y experiencias prácticas en el tratamiento y reúso de aguas residuales de siete países costeros de la cuenca mediterránea. El reúso de aguas residuales se ha transformado en una prioridad estratégica en toda la cuenca mediterránea. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2025), más de 40.000 millones de m³ de aguas residuales se tratan anualmente en la Unión Europea, pero solo el 2,4% recibe tratamiento adicional para ser reutilizado. Al mismo tiempo, el 38% de la población de la UE fue afectada por escasez de agua en 2019, y se proyecta que para 2030 ese porcentaje alcanzará la mitad de las cuencas hidrográficas europeas (EEA, 2025). El cambio climático actúa como acelerador. Bajo un escenario de alta emisión, la temperatura media anual en la cuenca mediterránea podría incrementarse hasta 4°C hacia fin de siglo, con una reducción del 25% en las precipitaciones anuales (OECD, 2022). Esta presión obliga a los tomadores de decisión a considerar el agua residual tratada como un recurso permanente.
Proyecto de Ley Boletín 15.862-21: Que introduce diversas modificaciones en la ley N°20.249, que crea el Espacio Costero de los Pueblos Originarios, con el objeto de perfeccionar su implementación.
La presentación analiza el Proyecto de Ley Boletín 15.862-21, que propone modificaciones a la Ley N.º 20.249 sobre Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), con el propósito de mejorar su implementación y compatibilizar la protección del uso consuetudinario indígena con otros usos productivos y comunitarios del borde costero. El diagnóstico que fundamenta la moción identifica problemas como la extensa duración de la tramitación, el efecto suspensivo que paraliza otras concesiones, la amplitud de algunas solicitudes territoriales y la falta de criterios objetivos para determinar la proporcionalidad del espacio solicitado. Frente a ello, la propuesta incorpora principios de eficiencia, buena fe y celeridad administrativa; exige mayores antecedentes técnicos desde el inicio del procedimiento; establece criterios objetivos de proporcionalidad territorial; fortalece la armonización entre distintos usos del borde costero; y limita temporalmente el efecto suspensivo, buscando otorgar mayor certeza jurídica, equilibrio en la gestión costera y un desarrollo más armónico de las actividades vinculadas al litoral.
Sobre el artículo 84 de la Ley de Pesca.
El documento señala que el artículo 84° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la patente única de acuicultura corresponde a un pago anual que deben realizar los titulares de concesiones y autorizaciones de acuicultura. Su monto general equivale a dos unidades tributarias mensuales por hectárea, mientras que las concesiones cuyo proyecto técnico considera peces exóticos (ejemplo salmones) deben pagar veinte unidades tributarias mensuales por hectárea. En el caso de concesiones de superficie inferior a una hectárea, el pago se calcula proporcionalmente según la extensión correspondiente. Además, cuando un centro de cultivo no ha sido utilizado durante los cincuenta y cuatro meses previos y no procede la caducidad de la concesión, se agrega un cobro adicional de diez UTM por hectárea por cada año de no uso, salvo en situaciones excepcionales definidas por la ley, como descansos sanitarios obligatorios, emergencias ambientales, catástrofes naturales o suspensiones de operación ordenadas por la autoridad.