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Documentos presentados a comisiones
14/07/2026
El sistema “Caja Verde” de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía.
El Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA), desarrollado desde 2004 por la Junta de Andalucía, emplea el dispositivo denominado Caja Verde para monitorear la flota que opera en aguas interiores. Este mecanismo coexiste directamente con la caja azul de exclusiva competencia estatal —la cual opera mediante redes satelitales—, cubriendo segmentos de la flota artesanal históricamente excluidos de dichas obligaciones en la Unión Europea. A diferencia del sistema estatal, la Caja Verde se basa en una infraestructura de comunicación terrestre celular (GSM/GPRS), lo que permite optimizar los costos operativos en pesquerías de pequeña escala próximas a la costa. Técnicamente, cada dispositivo Caja Verde posee un posicionamiento global y un módulo de comunicaciones inalámbricas GSM/GPRS. Envía periódicamente al Centro de Recepción datos de identificación, posición geográfica, rumbo y velocidad cada tres minutos. En caso de pérdida de cobertura, almacena las localizaciones para volcarlas al recuperar la comunicación, utilizando la vía GSM como respaldo secundario. El sistema persigue tres objetivos fundamentales: la investigación científica del estado y explotación de los recursos biológicos, el control administrativo del esfuerzo pesquero en zonas protegidas y la protección de la vida en el mar mediante un botón de auxilio coordinado con el servicio de emergencias 112.
13/07/2026
Concesiones mineras de explotación según monto de patente anual por hectárea: Caracterización nacional y regional.
El presente informe analiza las concesiones mineras de explotación registradas al mes de febrero de 2026, con el objeto de caracterizar su distribución nacional y regional, así como su composición según los montos de patente minera anual aplicables por hectárea. El análisis se enmarca en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y N° 21.649, en materia de amparo minero y otras materias que indica, correspondiente al Boletín N° 18.259-08. A partir de datos del Servicio Nacional de Geología y Minería, se identifican 74.347 concesiones mineras de explotación registradas, equivalentes a 13.647.442 hectáreas. La mayor parte corresponde a concesiones constituidas, que representan el 88,2% de los registros y el 90,5% de la superficie. En términos territoriales, se observa una alta concentración en el norte del país: Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo explican en conjunto el 85,6% de las concesiones registradas y el 86,8% de la superficie total. El informe también muestra que la superficie concesionada se concentra principalmente en dos montos de patente anual por hectárea: 0,4 UTM/ha y 0,1 UTM/ha. El primer grupo reúne el 53,7% de la superficie considerada y explica el 82,3% de la carga teórica estimada, mientras que el segundo concentra el 46,2% de la superficie y el 17,7% de dicha carga. Esta diferencia se explica porque el monto de 0,4 UTM/ha cuadruplica el valor de la patente rebajada de 0,1 UTM/ha. Los resultados permiten advertir que los efectos del régimen de patentes no dependen únicamente de la superficie concesionada, sino también de su composición según monto aplicable y de su distribución territorial. Con todo, las estimaciones presentadas corresponden a ejercicios de carga teórica y no representan recaudación efectiva, pues no consideran pagos realizados, morosidad, remates, exenciones, rebajas efectivamente acreditadas ni otras variables administrativas asociadas al cumplimiento del régimen de patentes.
07/07/2026
Normativa para plantas que producen alimentos para mascotas en base a recursos marinos.
Informe sobre las normativas para la producción de alimento para mascotas cuando su origen son recursos marinos. La producción de alimentos para mascotas elaborados con recursos marinos en Chile se encuentra regulada por un marco normativo que integra disposiciones sobre alimentación animal, requisitos sanitarios y estándares internacionales de inocuidad. El Reglamento de Alimentos para Animales establece las normas para la producción, almacenamiento, importación, comercialización, trazabilidad y fiscalización de estos productos, mientras que el Reglamento Sanitario de los Alimentos se aplica cuando las materias primas provienen de la cadena destinada al consumo humano. Asimismo, las Resoluciones Exentas N.° 2.487 y N.° 5.025 del Servicio Agrícola y Ganadero fijan requisitos operacionales, estructurales y programas de aseguramiento de la calidad para los establecimientos fabricantes de ingredientes de origen animal. La Norma Chilena NCh2546:2019 complementa este marco con exigencias nutricionales, analíticas y de rotulación para alimentos de perros y gatos. Además, el uso de recursos marinos requiere sistemas preventivos de gestión de riesgos, trazabilidad y controles sanitarios conforme a los principios de la FAO, la OMS y el Codex Alimentarius.
07/07/2026
Normativa sobre consumo humano directo en la LGPA.
La minuta analiza el marco jurídico establecido por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo, diferenciándolos de aquellos orientados a fines industriales o a la alimentación animal. Explica que la normativa impone restricciones al destino de ciertas capturas, especialmente durante los períodos de veda biológica, permitiendo excepciones únicamente para productos destinados al consumo humano bajo condiciones específicas. Asimismo, destaca la existencia de cuotas de reserva para empresas de menor tamaño, las que deben destinarse exclusivamente a la elaboración de productos para consumo humano, prohibiéndose su venta o transferencia antes del procesamiento. El documento también examina la facultad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para autorizar excepciones que permitan destinar determinados recursos a la producción de harina y aceite de pescado. Finalmente, aborda las disposiciones sanitarias aplicables a especies decomisadas y las autorizaciones requeridas para actividades de transformación según el destino final del producto.
23/06/2026
La accidentabilidad de los buzos en la salmonicultura: Actualización de la estadística a mayo de 2026.
El informe técnico analiza la accidentabilidad laboral de los buzos en la salmonicultura chilena con datos actualizados a mayo de 2026, vinculando directrices de la OIT sobre seguridad laboral con la realidad del sector acuícola nacional. Diversas instituciones califican al buceo como la actividad de mayor riesgo en la industria debido al incumplimiento de tablas de descompresión, la práctica del “buceo yo-yo”, la falta de capacitación, el uso de equipos deficientes y las desfavorables condiciones climáticas o físicas de los operarios. Los registros oficiales de DIRECTEMAR contabilizan un total de 288 buzos accidentados entre 2004 y 2026, identificando al buzo mariscador básico como la matrícula más afectada con el 65% de los casos. Respecto a la gravedad, las estadísticas históricas muestran que un 35% corresponden a lesiones leves, un 47% a lesiones graves y un 18% a accidentes con resultado de muerte. Para mitigar estos riesgos, gremios como Salmonchile y el Consejo del Salmón han desarrollado estándares voluntarios, manuales operativos y capacitaciones fisiológicas conjuntas. Finalmente, el documento anexa un análisis regional de la FAO que identifica brechas transversales en América Latina, tales como la carencia de marcos normativos, la debilidad en salud hiperbárica y la falta de certificación de aptitud.
17/06/2026
Tenencia responsable de mascotas Argentina, España, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Holanda
Documento que se enfoca en la descripción de la legislación extranjera que norma la tenencia responsable de mascotas. Se analizaron las legislaciones de la Argentina, España, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Holanda.
17/06/2026
Análisis del recurso pesquero jibia.
La jibia o calamar rojo, Dosidicus gigas, es un cefalópodo de gran tamaño y crecimiento rápido que habita en el Sistema de la Corriente de Humboldt. En Chile, la gestión de esta pesquería se rige por la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo objetivo central es mantener el recurso en su Rendimiento Máximo Sostenido. La regulación nacional experimentó un cambio significativo con la promulgación de la Ley N° 21.134 en 2019, la cual restringió la extracción del recurso exclusivamente al uso de potera o línea de mano, prohibiendo el arte de arrastre. Asimismo, la Ley N° 21.752 definió el fraccionamiento de dicha cuota, asignando un porcentaje inicial del 90% al sector pesquero artesanal y un 10% al sector industrial. A nivel internacional, la jibia es regulada por la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (SPRFMO), la cual ha implementado medidas de conservación y ordenamiento ante el aumento de barcos de aguas distantes en alta mar. A principio de este año la SPRFMO estableció medidas que contemplan restricciones al esfuerzo pesquero mediante límites de naves y arqueo bruto, así como la obligatoriedad de sistemas de monitoreo satelital y presencia de observadores a bordo.
15/06/2026
Minerales críticos: políticas e instrumentos de fomento en la experiencia internacional.
La revisión comparada muestra que la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá han desarrollado marcos normativos, regulatorios e institucionales para impulsar la industria asociada a los minerales críticos. Si bien existen diferencias entre los enfoques adoptados, se observa una tendencia común: estos minerales han dejado de ser abordados solo como recursos mineros, pasando a constituir un componente de política industrial, seguridad económica, transición energética, innovación tecnológica y cooperación internacional. En la Unión Europea, el Critical Raw Materials Act establece metas al año 2030 para extracción, procesamiento, reciclaje y diversificación de proveedores, junto con medidas para identificar proyectos estratégicos, agilizar permisos, facilitar acceso a financiamiento, promover exploración geológica, monitorear riesgos y fortalecer circularidad, trazabilidad y sostenibilidad. Su enfoque es principalmente normativo y coordinador, orientado a reducir dependencias externas y movilizar el mercado único. En Estados Unidos, los instrumentos se desprenden de marcos como el Energy Act de 2020, la Infrastructure Investment and Jobs Act, la Inflation Reduction Act, la Defense Production Act y FAST-41. A partir de ellos se habilitan medidas de priorización de minerales críticos, financiamiento federal, incentivos tributarios, apoyo a procesamiento, baterías, manufactura y reciclaje, uso de facultades de seguridad nacional y coordinación de permisos. Su enfoque combina política industrial, transición energética, manufactura avanzada y seguridad nacional. En Australia, la política se articula en torno a la Critical Minerals Strategy 2023– 2030 y a instrumentos como el National Reconstruction Fund, Export Finance Australia, la Northern Australia Infrastructure Facility y el Critical Minerals Production Tax Incentive. Estos mecanismos buscan transformar su ventaja geológica en mayor captura de valor local, mediante procesamiento, refinación, infraestructura, financiamiento, inversión y alianzas internacionales. En Canadá, la Canadian Critical Minerals Strategy, junto con la Income Tax Act, la Investment Canada Act y diversos programas federales, habilitan incentivos tributarios, fondos de infraestructura, financiamiento estratégico, I+D, acuerdos de compra futura, revisión de inversión extranjera, participación indígena, trazabilidad y cooperación internacional. Su enfoque destaca por una visión de cadena de valor completa, que combina desarrollo productivo, seguridad económica y colaboración con socios estratégicos. En conjunto, los casos revisados muestran que el impulso a los minerales críticos se basa en paquetes de instrumentos que combinan regulación, financiamiento, incentivos tributarios, infraestructura, información geológica, coordinación institucional, I+D y seguridad de suministro. La tendencia común es avanzar desde políticas centradas en la extracción hacia estrategias orientadas al procesamiento local, la captura de valor, la resiliencia de cadenas de suministro y el desarrollo de capacidades industriales estratégicas
11/06/2026
Efectos e implicancias de declarar un territorio como zona árida en Chile, en particular sobre el uso del agua, uso del suelo, inversión, recursos y políticas públicas.
En Chile, la declaración de una región como zona árida se reconoce a través de múltiples instrumentos sectoriales (Código de Aguas, Ley N°19.300, Ley N°21.455 y las leyes de zonas extremas) que producen efectos diferenciados sobre el agua, el suelo, la inversión y las políticas públicas. En materia hídrica, el principal efecto de la certificación de aridez es la activación de herramientas de protección que contempla el Código de Aguas. En particular, las declaraciones de área de restricción y zonas de prohibición de la Dirección General de Aguas (DGA) restringen o impiden nuevas concesiones de derechos de aprovechamiento de aguas sobre acuíferos en riesgo de sobreexplotación. La reforma de 2022 reforzó la prioridad del consumo humano sobre otros usos y prohibió expresamente las exploraciones en sectores que alimentan vegas, bofedales y humedales, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. A nivel comparado, el análisis de España, Australia, México e Israel revela que estas legislaciones integran la aridez como criterio de planificación territorial e hídrica, vinculando instrumentos en materia de las restricciones de uso, los incentivos diferenciados y las metas de neutralidad en la degradación de tierras (NDT).
10/06/2026
Regulación sobre perros de libre deambular: España, Australia, Argentina Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Holanda.
El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal ofrece recomendaciones para el manejo de las poblaciones de perros, con el objetivo de mejorar la salud y seguridad humana, el bienestar animal y minimizar los impactos negativos. En España, la Ley 7/2023 protege los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, obligando a los ayuntamientos a recoger a los animales abandonados y llevarlos a centros de protección. En el caso de los ayuntamientos de Madrid, en el caso del animal ingresado como abandonado quedará a disposición de quien lo desee adoptar durante el período de tiempo que determinen el servicio. En Argentina, la provincia de Tierra del Fuego ha declarado a los perros asilvestrados como especie exótica invasora, estableciendo un programa de manejo para controlar sus poblaciones. En Australia, la normativa de Queensland responsabiliza al propietario del terreno de la bioseguridad, debiendo considerar el comportamiento y características de los perros para elegir el método de control adecuado. Además, prohíbe mover, alimentar, regalar, vender o liberar perros al medio. En Alberta (Canadá), la ley permite eliminar perros callejeros si representan un peligro para el ganado o aves domésticas. En Carolina del Sur (Estados Unidos), el control de los perros asilvestrados recae en el Departamento de Recursos Naturales, cuyos oficiales determinan si son una amenaza y deciden si eliminarlos o retirarlos. En Holanda, La Ley de Bienestar Animal de los Países Bajos (Wet Dieren) reconoce que los animales tienen un valor intrínseco y establece la obligación de proporcionarles condiciones adecuadas de vida, incluyendo nutrición, ambiente, salud, comportamiento y bienestar emocional. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, los animales siguen siendo considerados legalmente como cosas, sujetas a derechos de propiedad y posesión.