Asesoría Parlamentaria
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Documentos presentados a comisiones
1er Encuentro Sudamericano de Bibliotecas Parlamentarias.
La actividad que reunirá a los representantes de las bibliotecas y archivos parlamentarios de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y el Parlamento Andino, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional, intercambiar experiencias y consolidar vínculos institucionales entre las entidades participantes. El encuentro contemplará un conversatorio que estará dividido en dos sesiones: la primera, en Santiago, donde se abordará la cooperación parlamentaria, la diplomacia, y la integración; mientras que la segunda, en Valparaíso, se enfocará en la evidencia científica, los desafíos tecnológicos y la transformación digital de las instituciones.
Chile y Bolivia: Instrumentos y mecanismos de cooperacion contra el trafico de drogas.
Se describen brevemente los principales instrumentos internacionales de carácter multilateral o bilateral en materia de cooperación contra el narcotráfico, suscritos por Chile y Bolivia, así como los mecanismos bilaterales desarrollados para su implementación. Para ello se revisaron los acuerdos vigentes, así como información publicada en sitios web oficiales y medios de prensa.
La relación bilateral de Chile con Austria.
El inicio de las relaciones bilaterales entre Austria y Chile se remonta a la primera mitad del siglo XIX, cuando la República de Chile realiza un intercambio de cartas de reconocimiento con el Imperio Austro-Húngaro. De hecho, a partir de esa época se establecieron consulados honorarios del Imperio austríaco en varias ciudades chilenas, siendo el más importante el Consulado General de Valparaíso. En 1870 ambos países suscribieron un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Posteriormente, ambos países abrieron legaciones diplomáticas en sus respectivas capitales en 1903. Tras la caída del Imperio Austro-Húngaro en 1919 se cerraron todas las representaciones diplomáticas y consulares austríacas en el mundo, que se irían reinstalando gradualmente. La actual República de Austria y Chile acordaron intercambiar representantes diplomáticos al finalizar la segunda guerra mundial, y la embajada de Austria en Santiago se abrió en 1953. Por su parte, Chile cuenta con embajada en Viena desde 1930. La actual República de Austria se conformó en 1955 como una república parlamentaria federal con capital en Viena, y cuenta con nueve estados federados (Länder) que son las regiones con gobierno autónomo que integran el Estado. Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas, siendo Viena la ciudad más poblada con alrededor de 2 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las más grandes y pobladas de Europa. Otros centros urbanos importantes son Graz, Linz, Innsbruck, Salzburgo y Klagenfurt. Su población se identifica de manera mayoritaria con la religión católica, que representa algo más del 50% de la población del país, y existen otras confesiones religiosas entre las que puede destacarse que cerca de un 8% de la población se identifica como musulmana. El idioma oficial de Austria es el alemán.
Aspectos de la regulación del comercio digital de servicios en acuerdos internacionales suscritos por Chile.
El comercio electrónico, también conocido como comercio digital, ha adquirido una importancia creciente en la economía que lo ha llevado a ser integrado como tema de negociación en los acuerdos comerciales internacionales. Esta inclusión tendría como fin facilitar los flujos de datos y resguardar la autonomía regulatoria de los Estados. Los países han avanzado en establecer capítulos específicos para tratar el comercio digital que están contenidos en acuerdos comerciales más amplios. Estos, por lo general, se leen e interpretan en conjunto con otras obligaciones del acuerdo, principalmente aquellas definidas en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros y mecanismos de solución de controversias. No obstante, aunque los servicios de comercio digital se consideran cubiertos por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se plantea la necesidad de ajustar este marco de gobernanza a los desafíos actuales. La existencia de estos diferentes regímenes podría dificultar el ejercicio de la autonomía regulatoria de los Estados, por tal motivo algunos acuerdos comerciales contemplan de manera expresa la salvaguarda del derecho a regular por objetivos legítimos de política pública. Este es el caso del Acuerdo Marco Avanzado (AMA) entre Chile y la Unión Europea. En el caso del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), si bien se conserva este resguardo, no se encuentra establecido en la parte sustantiva del acuerdo. Y en lo que respecta al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), se permite establecer requisitos regulatorios de manera condicionada en materias específicas y de forma compatible con el tratado. No obstante, tanto el texto del DEPA y del CPTPP disponen que no reflejan la opinión de las Partes sobre si el comercio de productos digitales debe clasificarse como comercio de servicios o comercio de mercancías.
Relación bilateral de Chile con Hungría
Hungría es un país de Europa Central, ubicado en la Cuenca de los Cárpatos, con una superficie de 93.028 km² y una población de 9,7 millones de habitantes. Su capital es Budapest, el idioma oficial es el húngaro y su moneda es el florín. El territorio se caracteriza por extensas llanuras, numerosos lagos y ríos, destacando el Danubio, el Tisza y el lago Balaton. Hungría es una república con democracia parlamentaria. En las elecciones nacionales de abril de 2026, el partido conservador proeuropeo Respeto y Libertad (TISZA), liderado por Péter Magyar, obtuvo una amplia victoria sobre FIDESZ, poniendo fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. TISZA alcanzó el 53,18% de los votos y 141 de los 199 escaños parlamentarios. Una reforma constitucional posterior puso término anticipado al mandato del presidente Tamás Sulyok, quedando actualmente vacante la jefatura del Estado. En materia económica, se proyecta que el PIB crecerá 1,8% en 2026 y 2,1% en 2027, favorecido por el consumo, las exportaciones y la recuperación de la inversión. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con el elevado déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, la competitividad y la debilidad de las inversiones.
Cooperación internacional entre Chile y Uruguay: Marco jurídico aplicable y programas de cooperación laboral implementados entre 2010 y 2026.
La cooperación bilateral establecida entre Chile y Uruguay se ha desarrollado en el marco de los objetivos y la complementariedad definida en tres instrumentos jurídicos suscritos entre las Partes. Estos son: el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica de 1993, el Acuerdo de Asociación Estratégica de 2008 y el Acuerdo de Libre Comercio de 2016. Para la coordinación y facilitación de la ejecución de los programas de cooperación que han sido propuestos se estableció el funcionamiento de una Comisión Mixta de Cooperación, órgano de carácter bilateral que también evalúa el desarrollo de las acciones emprendidas. A la fecha, entre los 55 proyectos de cooperación que han permitido la transferencia técnica entre ambos países entre los años 2010 y 2025, destacan los asuntos sobre medio ambiente, salud y asuntos laborales. Actualmente, en materia laboral se están ejecutando los programas “Fortalecimiento de las capacidades de los sectores público y privado para potenciar los aportes de las personas trabajadoras migrantes internacionales y facilitar su inclusión social y laboral en Chile y Uruguay” y “Construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones en el sector de los cuidados en Uruguay”.
Enfoques multipartitos de la paz y la reconciliación: perspectivas legislativas y confesionales.
Este informe se enmarca en la participación en la 152ª Asamblea de la UIP a realizarse en Estambul, Turquía, los días 15–19 de abril de 2026, y en específico, para participar en el taller “Enfoques multipartitos de la paz y la reconciliación: perspectivas legislativas y confesionales”. Se organiza en seis temáticas, como son el escenario actual de mayores conflictos bélicos desde la II Guerra Mundial, que representa una situación de alto riesgo global. Segundo, las definiciones y enfoques que existen en el derecho internacional de las Naciones Unidas para promover y lograr la paz. Tercero, una breve descripción de la crisis que atraviesa las Naciones Unidas en su financiación y funcionamiento. Un cuarto acápite, versa sobre algunas teorías que actualmente se encuentran en discusión que explican esta conflictividad, como es el choque de civilizaciones de Huntington y el Mundo Multipolar de Dugin. Quinto, la descripción de nuevos foros donde se está negociando procesos de paz, que el Global Europe Anticipation Bulletin define como privatización de la paz. Finalmente, sexto, se analiza el rol de parlamentos y religiones en la conformación de una nueva arquitectura y principios para el entendimiento entre civilizaciones para la promoción y defensa de la paz internacional en un mundo que tiende a la multipolaridad.
Pruebas para optar a la Nacionalidad: España, Portugal, Canadá; Estados Unidos, Brasil y Perú.
El presente informe entrega los requisitos para optar a la nacionalidad en cuatro países que exigen pruebas específicas para ello. En el caso de España, Canadá, Estados Unidos y Perú, se deben rendir pruebas de conocimientos cívicos, geográficos y de idiomas. Portugal y la República Federativa de Brasil solo realizan prueba de conocimiento y manejo del idioma portugués. Finalmente, se hace una breve mención a Chile, que no realiza ningún tipo de prueba o examen y donde solo se debe solicitar la Carta de Nacionalización, después de cinco años de residencia.
Prohibición del trabajo forzoso en el Derecho Internacional: Normativa aplicable en Chile y Estados Unidos.
Alrededor de 28 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso, riesgo del que ninguna región del mundo se encuentra libre y que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía privada. El término «trabajo forzoso» obedece a la calificación que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo define como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. En Chile, la Constitución Política de la República garantiza que en el país no existen esclavos y que toda persona tiene derecho a elegir y contratar el trabajo libremente, y a recibir una compensación justa. El delito de trabajo forzado no se encuentra tipificado de manera autónoma en la normativa interna, pero sí lo están los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas en el Código Penal. En Estados Unidos, la norma establecida en la Sección 307 de la Tariff Act de 1930, prohíbe utilizar cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), investigó el grado de cumplimiento de la eliminación del trabajo forzoso en 60 economías del mundo, incluido Chile. El USTR concluyó que todas las economías investigadas fracasaron en imponer y en aplicar efectivamente una prohibición a la importación de mano de obra forzoso. Por tal motivo, el USTR propuso como medida de respuesta a dicha situación, determinar un arancel adicional de 10 a 12,5% a los productos de estas economías.
Vínculos entre normas internacionales ambientales y acuerdos comerciales.
El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, presentado al Congreso Nacional por el Gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast (Boletín Legislativo Núm. 18.216-05), aborda, entre otros aspectos, la racionalización del proceso de evaluación ambiental, incorporando el derecho a restitución de las inversiones ambientales anuladas judicialmente, conocido también como “seguro para proyectos aprobados”. Se trataría de un mecanismo especial y excepcional de reparación patrimonial que consideraría restituir al titular de una inversión ambiental los gastos directos y efectivos ejecutados en un proyecto que obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable y que a consecuencia de sentencia judicial posterior haya sido anulada o dejada sin efecto. Entre los objetivos de la política económica y comercial internacional de Chile se ha perseguido la apertura comercial, la promoción de las exportaciones y atraer inversión extranjera.