Asesoría Parlamentaria
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Documentos presentados a comisiones
Desregulación en el control de armas: Los casos de Argentina y Brasil.
En los últimos años, los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y de Milei en Argentina han impulsado procesos de desregulación en los controles de uso y tenencia de armas por parte de la población civil. En Argentina, se observa un cambio institucional relevante con la disolución en 2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y el retorno al Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR), organismo previo a 2015. Las principales medidas de la resiente flexibilización incluyen: Reducción de la edad mínima para poseer armas de fuego (de 21 a 18años), autorización y flexibilización en el acceso a fusiles semiautomáticos, implementación de la “tenencia exprés”, la cual simplifica y digitaliza el proceso de obtención de armas de fuego. De acuerdo a organizaciones sociales críticas de este proceso, las transformaciones, por una parte, implican un retroceso en las políticas de desarme, ya que ANMaC había desarrollado un importante trabajo de concientización sobre los peligros de tener una sociedad armada; y, por otra, priorizar los derechos de los usuarios de armas por sobre la seguridad pública, debilitando de este modo políticas de prevención y control. Por su parte, en Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019–2022), se impulsó una amplia flexibilización del control de armas mediante más de 40 decretos que modificaron el “Estatuto del Desarme” (principal ley de armas) de 2003. Entre las medidas destacan: Aumento en la cantidad de armas permitidas por persona, mayor acceso a municiones y extensión de permisos, facilidades para transporte, adquisición e importación de armas, ampliación de derechos para tiradores, cazadores y coleccionistas. Posteriormente, varias de estas medidas comenzaron a revertirse desde 2023 bajo el gobierno de Lula da Silva. En síntesis, ambos casos reflejan un giro hacia la liberalización del acceso a armas de fuego, con énfasis en la flexibilización normativa y reducción de controles, generando debate sobre sus efectos en la seguridad pública y la violencia armada.
Minuta sobre actividad legislativa de la Comisión de Seguridad Pública del Senado: Periodo legislativo 2022–2026.
Durante el periodo legislativo 2022–2026, ingresaron a tramitación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado 113 iniciativas legales vinculadas a materias de institucionalidad en materias de seguridad, creación de tipos penales y aumento de penas, entre otras materias. Por su parte, solamente en lo que refiere a las iniciativas vistas en 2025, se encuentran pendientes de discusión 25 proyectos. De este modo, el presente informe da cuenta de aquellos proyectos de mayor impacto en políticas públicas de seguridad pública, y que han sido debatidos en el último tiempo. Con el mismo criterio se han analizado las 17 leyes promulgadas en el período 2022 – 2026.
Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia: síntesis, innovaciones y desafíos para Chile.
Se ha elaborado un informe con el propósito de apoyar la Comisión Parlamentaria que representará a Chile en el taller dictado por la UIP. El informe se estructura en tres partes: (1) una síntesis de dicha Convención; (2) una revisión general de las diferencias entre este instrumento y el Convenio de Budapest (2001), ratificado por Chile en 2017, incluyendo las posibles consecuencias legislativas para el país en caso de su eventual ratificación; y (3) un examen de la situación general de la ciberseguridad en Chile, considerando su institucionalidad actual y la política vigente en la materia. Como antecedente preliminar, cabe señalar que Chile suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia el 25 de octubre de 2025, en una ceremonia realizada en Hanoi, Vietnam, encabezada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en la que participaron representantes de otros 70 países.
Regulación para placas patentes de vehículos policiales utilizados en operaciones encubiertas.
El uso de matrículas encubiertas y no rastreables es una herramienta utilizada en operaciones policiales encubiertas. Este método de investigación policial se permite usar con el fin de proteger la identidad de los agentes, garantizar la eficacia de la investigación y salvaguardar la seguridad pública. Si bien el uso de matrículas camufladas va en contra de la transparencia, la normativa lo respalda como una medida excepcional y proporcional frente a delitos graves.
Minuta sobre actividad legislativa de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Periodo legislativo 2022–2026.
El presente informe da cuenta de aquellos proyectos de mayor impacto en políticas públicas de seguridad pública, y que han sido debatidos en el último tiempo. Con el mismo criterio se han analizado las 18 leyes promulgadas en el período 2022 – 2026 que fueron vistas por la comisión. Tal como en el caso de los proyectos de ley, se da cuenta de las leyes más relevantes considerando su impacto en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Destacan nuevas instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública; normas que crean nuevos tipos penales o aumentan las penalidades a diferentes delitos; y normas regulatorias como la ley de Seguridad Privada.
Estadísticas penitenciarias en Chile: Período 2019 - 2024.
Se informa sobre la población penal interna en los distintos penales del país (régimen cerrado) y de quienes cumplen condena en el medio libre por medio de alguna de las penas sustitutivas a la prisión, a saber: remisión condicional de la pena; libertad vigilada; libertad vigilada intensiva; reclusión parcial; prestación de servicios comunitarios; y expulsión del territorio nacional. La fuente de los datos es Gendarmería de Chile, única institución que reúne las cifras oficiales sobre la materia. Asimismo, el período estudiado es desde 2019 a 2024, periodo del cual da cuenta gendarmería.
Crimen Organizado Transnacional, Comercio Ilícito y Narcotráfico.
En el marco de la participación de un diputado en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se realizará el 12 de noviembre en El Salvador, se ha solicitado la confección de un informe sobre las medidas para enfrentar el crimen organizado transnacional, el comercio ilícito y el narcotráfico. Para ello, este informe dilucida qué debemos entender por crimen organizado y las medidas que se han adoptado en la comunidad internacional para enfrentarlo. Posteriormente, profundiza en el tema del comercio ilícito. Luego se analiza el caso específico del narcotráfico y, finalmente, se exploran algunas medidas que se han propuesto para enfrentarlo, tanto en la legislación chilena vigente como en la legislación internacional.
Retos de la seguridad regional y global, y el rol de los parlamentos.
Minuta ha sido elaborada para apoyar la participación de un diputado en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que tendrá lugar en San Salvador (El Salvador), el día 12 de noviembre de 2025. En particular, entrega antecedentes para participar en el decimotercer tema del programa del foro, titulado “El rol de los parlamentos en la seguridad global”. Entre los principales retos en la agenda de seguridad regional y global destacan las “nuevas amenazas” asociadas a la proliferación de distintas manifestaciones de violencia y a la consolidación de redes criminales organizadas con alcance transnacional. En particular, esta presencia de nuevos actores no- estatales “amenazantes” para la seguridad física y tranquilidad, se expresa particularmente en el accionar del crimen organizado transnacional en sus diversas formas, incluido el narcotráfico.
Antecedentes sobre la denominada Macrozona Sur y los hechos de violencia.
El documento aborda los hechos de violencia acaecidos en la macrozona sur entre los años 2022 a agosto de 2025 y la prolongación del estado de excepción constitucional de emergencia.La situación de criminalidad rural ha experimentado un incremento a partir del año 2016 y años subsiguientes, en los que se registraron atentados incendiarios, ataques armados, robo de madera, robo con intimidación, usurpación, entre otros. Ante la intensificación de la criminalidad en zonas rurales en las regiones del Biobío y La Araucanía, el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó Estado de Excepción Constitucional de Emergencia ampliando las funciones de las FF.AA. y de orden público para reducir la ocurrencia de hechos violentos en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Los estados de emergencia en la denominada Macrozona sur, comprendida entre regiones del Biobío y La Araucanía se han prorrogado bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric. A continuación, se revisan cifras de hechos violentos que se han producido en las regiones que comprenden la macrozona sur. Para ello, se revisan datos aportados por Carabineros de Chile, medios de prensa, la Asociación de Contratistas Forestales y la Multigremial Araucanía. Cabe señalar que no se encontró una cifra total consolidada y única que abarque la totalidad de los eventos para toda la Macrozona Sur.
Videovigilancia en espacios públicos, imágenes y sonidos: Legislación comparada España y Francia
Este documento compara la legislación de España y Francia sobre la videovigilancia en espacios públicos, con un enfoque en la captación y el tratamiento de sonidos. En ambos países, el objetivo principal de la regulación es equilibrar la seguridad con la protección de los derechos y libertades individuales.