2026-07-07
Vivanco Font, Enrique José -
El documento “Tiempo Legislativo” resume la actividad parlamentaria en materia medioambiental desarrollada entre el 1 y el 24 de junio de 2026 en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. En el Senado, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales trabajó en el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite legislativo, que fortalece la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (Boletín N.° 16.553-12), recibiendo a autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia. También, analizó antecedentes relacionados con la eventual entrega de información ambiental errónea por parte de funcionarios de la Refinería Aconcagua de ENAP, luego de que se conocieran denuncias sobre una posible alteración o manipulación de datos utilizados para acreditar el cumplimiento de obligaciones ambientales. La Comisión recibió al presidente del directorio de ENAP y a representantes de la Superintendencia del Medio Ambiente para conocer los hechos y las acciones de fiscalización e investigación adoptadas por la autoridad competente. Asimismo, abordó el proyecto que modifica la Ley N.° 21.368 sobre plásticos de un solo uso (Boletín N.° 18.337-12), el cual fue aprobado y despachado a la Sala. Por su parte, la Comisión de Hacienda revisó el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social (Boletín N.° 18.216-05), que incorpora disposiciones con implicancias medio ambientales. En la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuó la tramitación del proyecto que fortalece la institucionalidad ambiental (Boletín N.° 16.552-12), aprobándolo en general. Finalmente, abordó materias vinculadas a la implementación de la Ley REP, envases y embalajes, y a la protección de personas defensoras del medio ambiente. Además, la Comisión de Agricultura discutió una iniciativa destinada a reforzar la protección de la fauna silvestre.
Descargar2026-06-04
Vivanco Font, Enrique José -
El documento “Tiempo Legislativo” presenta un resumen del trabajo legislativo del Senado y Cámara de Diputadas y Diputados con enfoque medio ambiental, discutidos tanto en el proceso legislativo como en audiencias de comisiones. El periodo considerado va del 4 al 20 de mayo de 2026. Las fuentes utilizadas provienen de citaciones del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados , organizadas por mes y sesión celebrada.
Descargar2026-05-20
Jorquera Vásquez, Carolina Liliana -
La Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) mantienen una alianza estratégica de larga data, basada en valores compartidos e intereses comunes. El desarrollo de la relación entre ambas regiones ha experimentado distintas etapas a través de su historia. Hasta la década de 1970, el énfasis de la relación era principalmente comercial. Sin embargo, a partir de 1980, Europa comenzó a adquirir mayor interés en los aspectos sociales y políticos de ALC. Las transformaciones internacionales de la década de 1990 facilitaron la profundización de un cambio cualitativo en la relación entre las dos regiones. Los procesos de transición hacia sociedades democráticas también contribuyeron al interés de la UE para entregarle mayor institucionalización a su participación política en la región, una que estuviera más acorde con el potencial comercial, financiero y estratégico de América Latina. Desde el año 1995 en adelante la vinculación entre ambos se materializa en los llamados acuerdo de cuarta generación, que se caracterizan por considerar aspectos en materias de asociación económica, coordinación y cooperación política, acuerdos de reciprocidad e interés mutuo, institucionalización del diálogo político, liberalización del comercio de bienes y servicios de manera bilateral y preferencial así como progresiva y recíproca, en un marco de respeto por principios democráticos y de derechos humanos. Un ejemplo que grafica esta trayectoria es la firma del acuerdo UE – MERCOSUR a comienzos de 2026, tras 25 años de negociaciones. Este hito, no solo establece un espacio inédito en materia económica, ya que juntos, ambos bloques conforman la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas, que facilitará el acceso a mercados, reducirá aranceles, fomentará la inversión y abrirá nuevas oportunidades para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, incorpora resguardos para proteger a los sectores más sensibles, especialmente en el ámbito agrícola, y refuerza estándares en materia de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y derechos laborales.
Descargar2026-05-20
Lopicich Catalán, Boris Antonio -
La transición hacia fuentes de energía limpias y renovables se ha consolidado como uno de los principales desafíos estratégicos del siglo XXI. Más allá de constituir una respuesta necesaria frente al cambio climático, representa una transformación estructural de los sistemas productivos, de las relaciones geopolíticas y de las formas en que las sociedades conciben el desarrollo, la seguridad energética y la sostenibilidad. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, vulnerabilidad de cadenas de suministro, volatilidad de precios energéticos y creciente presión para cumplir los compromisos climáticos del Acuerdo de París, América Latina, el Caribe y Europa enfrentan el desafío compartido de acelerar una transición energética que sea simultáneamente ambiciosa, justa y económicamente viable. La urgencia de esta transformación se sustenta en evidencia científica contundente respecto de la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global y evitar impactos irreversibles sobre ecosistemas, infraestructura crítica y bienestar humano. El sector energético continúa siendo responsable de una proporción significativa de emisiones globales, particularmente a través de la generación eléctrica basada en carbón, petróleo y gas, así como del transporte, la industria pesada y los sistemas de calefacción dependientes de combustibles fósiles. No obstante, la discusión energética contemporánea ya no se limita únicamente a la reducción de emisiones. La crisis energética derivada de conflictos internacionales, sumada a interrupciones en mercados globales de hidrocarburos, ha reposicionado la seguridad energética como una prioridad política de primer orden. En este contexto, las energías renovables han dejado de entenderse exclusivamente como herramientas de mitigación climática para convertirse también en instrumentos de autonomía estratégica, resiliencia económica y soberanía energética.
Descargar2026-05-20
Lopicich Catalán, Boris Antonio -
El océano desempeña un papel esencial en la regulación del sistema climático global, absorbiendo aproximadamente una cuarta parte de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y más del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento global. Sin embargo, esta función reguladora ha supuesto crecientes presiones sobre los ecosistemas marinos, afectando la biodiversidad, alterando cadenas tróficas y modificando dinámicas ecológicas fundamentales. En este contexto, el cambio climático no solo se expresa mediante el aumento del nivel del mar, la acidificación oceánica o la intensificación de eventos extremos, sino también a través de transformaciones menos visibles, aunque crecientemente disruptivas, como la proliferación masiva de sargazo y otras floraciones algales nocivas en diversas regiones del mundo. La discusión sobre “futuros azules” ha ganado relevancia en América Latina, el Caribe y Europa como una forma de comprender el océano no únicamente como un espacio de explotación económica, sino como un sistema ecológico estratégico para el bienestar humano, la resiliencia climática y la estabilidad económica de las zonas costeras. Así, la noción de economía azul sostenible ha impulsado esfuerzos para compatibilizar el desarrollo económico vinculado a la pesca, la acuicultura, el turismo y el transporte marítimo con la protección de los ecosistemas oceánicos. Sin embargo, el incremento de eventos asociados a proliferaciones algales y arribazones masivas de biomasa marina pone de relieve la vulnerabilidad de los territorios costeros frente a perturbaciones climáticas cada vez más complejas.
Descargar2026-05-15
Cavada Herrera, Juan Pablo - Arancibia Jeraldo, Leonardo Christian -
El análisis de los sistemas de asignación y pago de licencias de acuicultura en Canadá, Escocia y Noruega, muestra una gestión orientada a la protección del hábitat y en la sostenibilidad basada en el conocimiento científico. La regulación canadiense se basa en una competencia compartida entre el nivel federal y provincial, donde cada centro requiere un contrato de arrendamiento del fondo marino y una licencia operativa vigente. Los pagos en este país integran una tasa administrativa anual de 122 dólares canadienses y un cobro por biomasa máxima autorizada de 3,05 dólares por tonelada en instalaciones marinas. El modelo aplicado en Escocia se caracteriza por una estructura multitarifaria y una gobernanza fragmentada entre diversas agencias y autoridades locales. Las autorizaciones comprenden arriendos de la Corona, permisos de obras, licencias marinas y autorizaciones ambientales que regulan las descargas. Los costos para el periodo 2025-2026 se definen según la biomasa, con tarifas que varían desde las 4.339 libras para centros pequeños hasta superar las 40.000 libras en grandes explotaciones de más de 1.500 toneladas. Noruega fundamenta su sistema en la asignación de capacidad de producción mediante mecanismos de mercado como subastas públicas y precios fijos. El régimen actual utiliza un sistema de semáforos que determina el crecimiento o reducción de la producción cada dos años basándose en indicadores ambientales como la concentración de piojos de mar. Las licencias comerciales alcanzan valores significativos, situándose en promedios de 154.158 coronas noruegas por tonelada de biomasa máxima permitida en las subastas realizadas durante el año 2022. La FAO y la OCDE coinciden en que los sistemas modernos de licencias acuícolas deben evolucionar desde permisos administrativos aislados hacia instrumentos integrados de planificación espacial marina, sostenibilidad ambiental y gestión económica del espacio marítimo. Ambas organizaciones consideran prioritario fortalecer la coordinación institucional, reducir la fragmentación regulatoria, mejorar selección de sitios mediante análisis ecosistémico, y vincular tarifas o tasas con costos ambientales y económicos reales del uso de ecosistemas acuáticos.
Descargar2026-05-15
Mortera De Iruarrizaga, María Soledad -
El presente informe examina los distintos regímenes de responsabilidad aplicables en materia ambiental en el ordenamiento jurídico chileno, distinguiendo sus fundamentos, finalidades, órganos competentes y principales consecuencias jurídicas. En primer término, se abordan los aspectos generales de la protección ambiental y la forma en que el ordenamiento jurídico articula mecanismos destinados a prevenir, sancionar y reparar afectaciones al medio ambiente. Luego, se analiza la responsabilidad por daño ambiental regulada en la Ley N°19.300, particularmente su finalidad reparadora, el concepto de daño ambiental, las acciones destinadas a la reparación del medio ambiente y a la indemnización de perjuicios, así como la competencia de los Tribunales Ambientales. Asimismo, se examina la responsabilidad administrativa ambiental, revisando el sistema de fiscalización y sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, las principales infracciones y sanciones contempladas en la Ley N°20.417 y los mecanismos de control jurisdiccional aplicables. Finalmente, se revisa la responsabilidad penal ambiental, especialmente las modificaciones introducidas por la Ley N°21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, incluyendo la incorporación de delitos ambientales al ordenamiento penal, y la responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas.
Descargar2026-01-06
De La Paz Mellado, Verónica Cristina -
El fenómeno de la isla de calor urbana corresponde a un aumento significativo de temperatura en áreas urbanas respecto de zonas rurales, alcanzando diferencias de hasta 5o. C, principalmente durante la noche. Sus causas incluyen la pérdida de vegetación, el uso de materiales que almacenan calor, la geometría urbana que dificulta la ventilación, el calor generado por actividades humanas y condiciones climáticas y geográficas particulares. Se revisan las legislaciones y políticas públicas de tres países, España, Francia y México que coinciden en reconocer este fenómeno como un desafío urbano relevante, y destacan la necesidad de contar con información territorial y mapas climáticos para la toma de decisiones, y de promover soluciones basadas en la naturaleza, como vegetación, permeabilización del suelo e infraestructura verde (vegetación) y azul (referida al agua), como ejes fundamentales de mitigación. Asimismo, todos incorporan principios de resiliencia urbana, con énfasis en confort térmico y protección de la población vulnerable. Del análisis comparado se desprenden características comunes como la orientación a la incorporación estructural de la mitigación de las islas de calor como componente de la planificación urbana y de las políticas de adaptación al cambio climático.
Descargar2025-11-05
Arancibia Jeraldo, Leonardo Christian -
La siguiente presentación, “Localización de Centros de Cultivo y Planificación Espacial Marina: Experiencia de Canadá, Escocia y Noruega”, analiza los marcos regulatorios, mecanismos de licenciamiento y sistemas de gestión de la acuicultura en estos países, destacando sus estrategias para compatibilizar desarrollo productivo y sostenibilidad ambiental. Se observa que Canadá aplica un enfoque precautorio con gestión compartida federal-provincial y respeto a comunidades indígenas; Escocia prioriza la planificación por zonas aptas mediante modelos predictivos y procesos participativos; y Noruega se centra en la sostenibilidad y la innovación tecnológica a través del sistema de semáforos que regula la biomasa según indicadores sanitarios y ambientales. El estudio concluye que los principales desafíos comunes son la coordinación institucional, los conflictos territoriales y la aceptación social del sector.
Descargar2025-11-05
García Bernal, Nicolás Alonso -
En de septiembre 2025, el Ministerio de Energía publicó el Plan de Descarbonización para avanzar hacia un sistema eléctrico descarbonizado de manera eficiente, segura y resiliente. Según se especifica, el plan tiene como propósito principal “establecer condiciones necesarias para el retiro o reconversión ordenada, segura y eficiente de las centrales a carbón”. El Plan contempla 28 medidas, organizadas en cuatro ejes temáticos. En su conjunto, plantea el diseño de cuatro proyectos de ley habilitantes, a tramitarse entre el año 2026 y 2028. Estos proyectos son los siguientes: Proyecto de Ley para la tramitación acelerada de proyectos críticos para la descarbonización, Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Servicio Eléctricos (LGSE) en materia de planificación estratégica, que, entre otros aspectos, incorpore definiciones de necesidades y planificación estratégica de transmisión. Proyecto de ley de modificación de la LGSE en materia de transmisión se potencie su tarificación, establezca incentivos en su remuneración y ajuste las licitaciones reguladas para entregar mejores señales de inversión. Y Proyecto de ley de modificación de la LGSE en materia de mercado eléctrico, incorpore disposiciones para la implementación de un mercado day-ahead. Según corresponda, el Plan dispone como instituciones responsables y/o involucradas en su diseño al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional. En este contexto, el presente documento expone de manera sintética los diagnósticos y alcances que fundamentan dichas medidas de carácter legislativo.
Descargar2025-10-15
Vivanco Font, Enrique José - Arancibia Jeraldo, Leonardo Christian -
La contaminación por plásticos representa una amenaza crítica global, con cerca de 7.000 millones de los 9.200 millones de toneladas de plástico producidas desde 1950 convertidas en residuos. Anualmente, se vierten alrededor de 8 millones de toneladas en los océanos, proyectándose que para 2050 podría haber más plástico que peces. Esta contaminación persistente, que incluye microplásticos y nanoplásticos, afecta los ecosistemas marinos, causando la muerte de más de un millón de animales anualmente, y representa al menos el 85% de los residuos marinos. Para combatir esta crisis, la relación entre el futuro Tratado de Plásticos y el Acuerdo BBNJ debería ser de implementación estratégica. La Resolución 5/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) estableció el mandato para crear un instrumento jurídicamente vinculante para poner fin a la contaminación por plásticos. Este Tratado debería adoptar un enfoque integral que cubra el ciclo de vida completo del plástico, promoviendo la producción y el consumo sostenibles y aplicando enfoques de economía circular. Este Tratado es relevante para detener el flujo de contaminación desde su origen. Por otro lado, el Acuerdo BBNJ es vital para restaurar la salud del océano. El BBNJ reconoce que el medio marino está
Descargar2025-10-14
Vivanco Font, Enrique José -
Los países latinoamericanos han implementado normativas para regular o prohibir la quema e incineración de residuos, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. En Argentina, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley N° 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios prohíben la quema de basura y establecen sanciones que van desde multas hasta la clausura de instalaciones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la política de Basura Cero mantiene la prohibición de incinerar residuos, tras la anulación judicial de una modificación que permitía esta práctica. En el caso de Brasil, la Ley de Crímenes Ambientales N° 9.605/1998 prohíbe la quema de residuos sólidos en zonas urbanas, considerándola delito ambiental sancionado con prisión y multa. Diversos municipios refuerzan esta disposición mediante leyes locales que penalizan las quemas ilegales. Por su parte Colombia, mediante la Ley N° 1259 de 2008, prohíbe la quema y el vertimiento de residuos en espacios públicos, aplicando comparendos ambientales y multas económicas. Adicionalmente, tanto en España y Francia, la quema de residuos se encuentra regulada por la Unión Europea (UE) a través de directivas que priorizan la prevención, reutilización y reciclaje por sobre la incineración. De acuerdo con este marco, la quema a cielo abierto está prohibida, salvo excepciones agrícolas debidamente autorizadas y realizadas bajo condiciones estrictas de control ambiental y seguridad. En el contexto norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica, la quema a cielo abierto de residuos está regulada por la Agencia de Protección Ambiental en el marco de la Ley de Aire Limpio, que prohíbe la incineración no controlada de basura doméstica por sus emisiones tóxicas. Cada estado y municipio puede imponer sanciones adicionales, incluyendo multas y cargos por contaminación. Finalmente, en Canadá, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales restringen la quema de residuos a zonas rurales y bajo permisos específicos, imponiendo sanciones por incumplimiento para proteger la calidad del aire y la salud comunitaria.
Descargar2025-10-01
Holz Guerrero, Mauricio -
El presente documento tiene como finalidad entregar antecedentes para el análisis del incentivo para el desarrollo de Hidrógeno Verde en Chile, propuesto en el boletín 17.777-05. El incentivo consiste en créditos tributarios para los compradores nacionales de Hidrogeno Verde y sus derivados. En los proyectos en desarrollo de Hidrógeno Verde el 96,86% será destinado a amoniaco verde. El amoniaco en Chile es principalmente utilizado para la producción de explosivos e indirectamente en la importación de fertilizantes basados en amoniaco. Con datos del Servicios Nacional de Aduanas se estima que la demanda de amoniaco verde para la producción nacional de explosivos y fertilizantes ascendería a 743.043 toneladas.
Descargar2025-09-29
De La Paz Mellado, Verónica Cristina -
Suecia ha sido pionera en sostenibilidad urbana, destacando por su compromiso ambiental desde la creación de su agencia de protección ambiental en 1967. El país ha implementado políticas como el impuesto al carbono (1991), la Ley Climática (2018) y el Código Ambiental (1998), que promueven ciudades inclusivas, verdes e inteligentes. Este documento analiza los desafíos urbanos suecos, como la escasez de vivienda, la segregación y la contaminación, y presenta tres líneas de acción: inclusión social, adaptación climática y digitalización. Ejemplos concretos incluyen Hammarby Sjöstad en Estocolmo, un barrio transformado desde una zona industrial contaminada a un modelo de eficiencia energética, transporte sostenible y gestión de residuos. También se destaca Malmö que, tras la crisis del petróleo de 1973, desarrolló el proyecto Bo01, convirtiendo un antiguo puerto en una zona residencial con cero emisiones de CO₂, energías renovables y planificación participativa. Ambas ciudades reflejan el enfoque integral sueco, que combina planificación urbana, participación ciudadana y tecnología para lograr entornos sostenibles. El marco legal sueco respalda estos avances mediante leyes que regulan el uso del suelo, la construcción, la calidad ambiental y la planificación territorial, consolidando a Suecia como referente global en desarrollo urbano sostenible.
Descargar2025-09-26
Lopicich Catalán, Boris Antonio -
La transición energética en América Latina se plantea como un imperativo político y estratégico frente a la crisis climática, la volatilidad de los precios internacionales y la presión social por un desarrollo sostenible. En este contexto, la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, actualmente presidida por el diputado Andrés Longton, busca articular una agenda regional que garantice seguridad, equidad y oportunidades económicas. Más allá de cumplir metas globales, el proceso se concibe como una vía para dinamizar cadenas de valor, generar empleos verdes y reducir desigualdades territoriales, lo que requiere cooperación interparlamentaria para armonizar marcos normativos y compartir experiencias. El caso de Chile ilustra un modelo pionero en diversificación energética: sin recursos fósiles abundantes, el país apostó por atraer inversión extranjera y desarrollar un marco regulatorio innovador. Esta estrategia ha permitido que más de dos tercios de su capacidad instalada provenga de energías renovables, con un rol destacado de la solar y la eólica, consolidando al país como líder regional en transición energética y referente para otros Estados latinoamericanos.
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