Homenaje del Congreso Nacional a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Aparecen en la fotografía Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria, Sebastián Piñera Echenique, Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Fuente: Flickr Gobierno de Chile 2010.

Este período abarca desde el 11 de marzo de 1990, fecha en que asume Patricio Aylwin Azócar, primer presidente democrático luego del régimen militar, hasta nuestros días.

Con la elección presidencial y parlamentaria de 1989, se inicia el largo y complejo proceso de transición democrática en Chile. Así, el 11 de marzo de 1990, Aylwin se ciñe la banda presidencial en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, poniendo fin a 17 años de dictadura militar.

En el Poder Ejecutivo, durante esta etapa histórica se suceden en el poder cuatro gobiernos de la coalición de centro izquierda, Concertación de Partidos por la Democracia: el propio Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) y Michelle Bachelet Jeria (2006-2010). Luego de eso, la centro derecha asume el gobierno con Sebastián Piñera Echenique (2010-2014), para luego ocupar el cargo Michelle Bachelet por segunda vez (2014-2018), y nuevamente Piñera (2018-2022).

A pesar de que tras el fin de la dictadura, la Concertación obtiene la Presidencia de la República y la mayoría de votos en el Congreso Nacional, debe enfrentar una serie de obstáculos políticos e institucionales para restaurar un sistema democrático pleno. La presencia de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 y la férrea defensa de éstos por los partidos de derecha dificultan esta labor. Por otra parte, el gobierno democrático se ve en la obligación de cumplir su compromiso de hacer verdad y justicia en relación a las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura. Este conflicto entre demandas ciudadanas y limitaciones políticas desemboca en la denominada “democracia de los acuerdos”, es decir, la búsqueda de consensos políticos entre la Concertación y las fuerzas de la derecha, antes que la competencia directa y el enfrentamiento entre ambos conglomerados. Esta estrategia política permite dar estabilidad al proceso de transición, integrar a la derecha al juego democrático y mantener a los militares en sus actividades profesionales, pero al mismo tiempo hace que el avance de las reformas democratizadoras sea gradual y moderado.

Entre las iniciativas más importantes relativas al tema de los Derechos Humanos destaca la redacción del Informe Rettig (1991), documento que devela los asesinatos y desapariciones de personas ocurridos durante la dictadura, la derogación de la pena de muerte (2002), la publicación del Informe Valech (2004), documento que recoge los casos de tortura y prisión política durante el régimen militar, y el procesamiento judicial de militares implicados en la violación de los Derechos Humanos.

En el ámbito civil se promulgaron la ley de filiación (1998), la de igualdad jurídica entre hombres y mujeres (1999) y la ley de divorcio (2004). Además, se constituye el Ministerio Público (1997), se implementa la Reforma Procesal Penal (2000), se crean los Tribunales de la Familia (2004) y se realiza la reforma al sistema previsional (2008). En el ámbito económico los gobiernos de la Concertación plantean la política de “crecimiento con equidad”, es decir, la continuidad del modelo de economía de mercado, promoción de las exportaciones y control de la inflación, pero sumado a la preocupación por saldar la “deuda social” heredada del régimen militar. Para ello se crean variados programas sociales específicos y el gasto social se incrementa de manera considerable, anotando un aumento de un 30% entre 1989 y 1993.

Asimismo, se firmaron numerosos tratados económicos internacionales, poniendo fin al aislamiento diplomático que había afectado a Chile durante la dictadura. Entre éstos se sancionan tratados de libre comercio con Canadá, México, Centroamérica, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea, China, Australia y Colombia, así como la incorporación a foros y asociaciones económicas regionales tales como el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Por otro lado, se impulsa poderosamente el desarrollo de las obras públicas y las comunicaciones, construyéndose carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y escuelas. Estas iniciativas producen elevados índices de crecimiento económico, una notoria ampliación y diversificación en las exportaciones nacionales y un importante descenso de la pobreza y la marginalidad.

Un punto de inflexión en el proceso de democratización lo constituyó el arresto en Londres, el 16 de octubre de 1998, del general Augusto Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad. Una vez liberado, el 2 de marzo de 2000, regresó a Chile, donde enfrenta una serie de querellas por violaciones a los Derechos Humanos, las que concluyen en su desafuero como parlamentario por parte de la Corte Suprema de Justicia y su posterior procesamiento, del cual es sobreseído temporalmente por razones de salud.

Con la salida del general Pinochet del escenario político y tras cinco años de debate y quince de variados intentos, en el año 2005 y bajo la presidencia de Ricardo Lagos, son aprobadas 58 reformas a la Constitución de 1980. Estas reformas restan poder a las Fuerzas Armadas, aumentan las capacidades del Congreso y permiten profundas enmiendas a instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional. Se reduce el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata, se eliminan los senadores designados y vitalicios, se aumentan las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, se pone término a la función de las Fuerzas Armadas de ser “garantes de la institucionalidad” y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden ya no son inamovibles de sus cargos, quedando bajo la autoridad discrecional del Presidente de la República.

A pesar de los avances en el proceso democratizador y de los importantes logros económicos y sociales que ostentan los gobiernos de la Concertación, persistieron elementos considerados poco democráticos, como el sistema electoral binominal. Este impedía la representación de las minorías políticas, facilitando la permanencia en el poder de los grandes conglomerados y desincentivando la participación ciudadana en las elecciones. Su mantención por parte de la clase política en su conjunto, la práctica de la negociación entre las cúpulas partidarias y la aparición de escándalos de corrupción, producen el descrédito de los partidos políticos ante la ciudadanía. Luego de un largo proceso, el 5 de mayo de 2015 se publica la ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo. La aplicación de esta reforma comenzó a regir en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2017.

Por otro lado, durante los años de la democracia, el crecimiento económico se ha desarrollado a la par de un aumento sostenido de la brecha entre ricos y pobres, convirtiendo a Chile en un pais con alta desigualdad social.

En la elección de diciembre de 2005, fue elegida presidencia de la República Michelle Bachelet Jeria, primera mujer en ocupar este alto cargo en la historia de Chile (2006-2010). Durante su gobierno, se produce el descuelgue de una cantidad importante de miembros de la Concertación, los denominados “díscolos”, quienes plantean una fuerte crítica al inmovilismo y autoritarismo de las elites partidarias y al debilitamiento ideológico y doctrinario de los partidos que la integran. Destacan entre éstos los socialistas Alejandro Navarro, quien funda el Movimiento Amplio social (MAS), y Marcos Enríquez Ominami, quien se presenta como candidato alternativo a las elecciones presidenciales de 2010 y posteriormente funda el Partido Progresista PRO.

Un intento por abrir el sistema político y sumar adherentes desde la izquierda, lo constituye la alianza electoral entre la Concertación y el Partido Comunista en 2009, la que significa la elección de tres diputados de ese partido, permitiendo su regreso al Congreso tras 36 años de ausencia. En estas circunstancias y con el desgaste de una coalición que lleva veinte años en el gobierno, la alta popularidad de la Presidenta Bachelet no es capaz de contrarrestar la derrota en las elecciones presidenciales de 2010 del candidato concertacionista Eduardo Frei Ruiz Tagle ante el candidato de la derechista Coalición por el Cambio Sebastián Piñera, poniendo término a los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

El 13 de diciembre de 2009 se efectúa esta elección presidencial, presentándose cuatro candidatos: Eduardo Frei Ruiz Tagle por la Concertación de Partidos por la Democracia, Sebastián Piñera Echeñique por la Coalición por el Cambio, Jorge Arrate por el pacto de izquierda Juntos Podemos Más y Marco Enríquez Ominami, independiente de izquierda. En esta contienda electoral la Concertación se presenta dividida y debilitada, mientras que la derecha unificada tras la candidatura de Sebastián Piñera, agrupa a la UDI, Renovación Nacional, el partido Chile Primero y a otros movimientos menores, transformando la antigua Alianza por Chile en la Coalición por el Cambio. En esas circunstancias, Piñera triunfa con un 44,06% de los votos, contra un 29,60% obtenido por Frei, un 20,14% de Enríquez Ominami y un 6,21% de Arrate.

En vista de que Piñera no alcanza la mayoría absoluta, la Constitución estipula la realización de una segunda vuelta electoral entre las dos primeras mayorías, esto es, Piñera y Frei. Esta segunda vuelta se realizó el 17 de enero de 2010 y en ella resulta vencedor el candidato Piñera con 51,61% de los votos sobre un 48,39% obtenido por Frei. En consecuencia, Piñera ocupa la primera magistratura del país tras más de cuarenta años que un representante de la derecha política no ocupaba el sillón presidencial.

El fin del gobierno de Michelle Bachelet y el inicio de la administración de Piñera se ven marcados por el devastador terremoto que afecta la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010. Esta situación permite a Piñera iniciar su gestión en un clima de unidad nacional para enfrentar la catástrofe y la reconstrucción, planteando un gobierno eficiente y tecnocrático, “el gobierno de los mejores”, integrando en su gabinete a profesionales de su confianza, antes que a políticos tradicionales. El exitoso rescate de un grupo de mineros atrapados en un derrumbe en la región de Atacama, refuerza la imagen pública y el liderazgo político de Piñera tanto en Chile como en el extranjero.

Asimismo, pretende ampliar su base de apoyo hacia el centro político, intentando atraer a sus filas a militantes demócratas cristianos descontentos de la Concertación. En tal sentido son paradigmáticos el nombramiento del ex demócrata cristiano Jaime Ravinet como Ministro de Defensa y la presentación de una querella criminal por parte del Ministerio del Interior ante el supuesto asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Es en este clima político que se efectúan las celebraciones del Bicentenario de la República. Piñera encabeza las ceremonias conmemorativas con presencia de numerosos dignatarios extranjeros, la participación de un amplio espectro político representado en el Congreso que abarca desde el Partido Comunista a la UDI, con Fuerzas Armadas subordinadas al poder político y a la Constitución y con un sostenido crecimiento económico que augura optimistas perspectivas de desarrollo nacional.

Sin embargo, ya pasado el efecto de estas situaciones coyunturales, el gobierno se ve enfrentado a protestas sociales donde expresan las nuevas demandas ciudadanas. Asimismo, las encuestas arrojan una consistente baja en la popularidad del mandatario.

Por ello, la centro derecha no pudo proyectar su gobierno. En las elecciones presidenciales de 2013, Michelle Bachelet es electa por segunda vez como Presidenta de la República, para el período 2014-2018, venciendo a Evelyn Matthei. Su programa de gobierno se sostiene sobre la Nueva Mayoría, alianza que incluye a la ex Concertación más grupos de izquierda como el Partido Comunista, planteando tres grandes reformas: tributaria, educacional y una nueva Constitución Política. Sin embargo, la alianza de centro derecha, organizada en Chile Vamos, pudo lograr reconstituirse y recuperar la primera magistratura.

De esta forma, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, el 19 de noviembre, Sebastián Piñera, obtuvo la primera mayoría relativa entre ocho candidatos, logrando un 36,64% de los votos, pasando a segunda vuelta. El 19 de diciembre de 2017, en dichos comicios, consiguió una mayoría absoluta de sufragios, un 54,48%, venciendo al senador Alejandro Guillier, transformándose en Presidente de la República para el período 2018-2022.

En el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, durante la madrugada del 15 de noviembre distintas fuerzas políticas llegaron a un acuerdo para iniciar un proceso constituyente. La Ley N° 21.200, publicada el 24 de diciembre del mismo año, modificó el Capítulo XV de la Constitución, materializando el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que sentó las bases para permitir la elaboración de una nueva Carta Magna. El itinerario estableció la realización de un Plebiscito Nacional, en que se consultará a la ciudadanía si “Aprueba” o “Rechaza” elaborar una nueva Constitución y el tipo de órgano encargado de redactarla: “Convención Mixta Constitucional”, integrada por parlamentarios y miembros elegidos por votación popular o “Convención Constitucional”, integrada en su totalidad por ciudadanos electos por sufragio popular.

La cita plebiscitaria se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, obteniendo el triunfo la opción "Apruebo" con un 78,27% de la votación, sobre el "Rechazo", que obtuvo un 21,73%. Respecto al tipo de órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental, la "Convención Constitucional" logró un 78,99% de los votos, mientras que la “Convención Mixta Constitucional” alcanzó un 21,01% del respaldo ciudadano. Con estos resultados se marca el inicio de un nuevo Proceso Constituyente en Chile.

Luego de la elección de sus miembros, el trabajo de la Convención Constitucional se extendió por un año, entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022. El órgano propuso al país un Proyecto de Constitución Política, que fue sometido a plebiscito el 4 de septiembre de 2022. En estas elecciones, la ciudadanía manifestó su rechazo al texto propuesto por la Convención con el 61,86% de los votos (7.882.238 votos), mientras la alternativa "Apruebo" alcanzó el 38,14% de las preferencias, con 4.859.039 de sufragios.