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Antecedentes
  • Cámara de Diputados
  • Sesión Ordinaria N° 121
  • Celebrada el
  • Legislatura número 360
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Autor de Informe de Comisión Investigadora
Informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.

Autores
6. Informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.

“Honorable Camara:

Vuestra Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”, pasa a informaros sobre la materia referida en el epígrafe.

I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ORDENÓ SU CREACIÓN.

La Cámara de Diputados, en su sesión 22ª, celebrada el 8 de mayo de 2012, ante la petición formulada por 49 señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó, por unanimidad, “crear una Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.

En el marco de su cometido, la Comisión deberá recabar información, investigar las actuaciones y determinar las responsabilidades involucradas en el referido caso, recibiendo para tales efectos a todas las personas y representantes de instituciones que puedan ilustrarla en su investigación.

En particular, la Comisión deberá investigar las circunstancias, relaciones, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, sus autoridades y funcionarios, indepedientemente de su naturaleza contractual, vinculados a los hechos materia de la investigación, incluyendo el paso desde la fiscalía sur al referido ministerio del señor Alejandro Peña, precisando las condiciones de su contratación, su responsabilidad administrativa y las funciones que cumple en la actualidad.

La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”.

La Comisión se constituyó el 5 de junio de 2012, y la Corporación prorrogó su plazo de investigación hasta el 04 de enero de 2013.

-o-

II. ANTECEDENTES GENERALES.

1. Ideas preliminares.

La historia del llamado caso Bombas en Santiago comenzó hace más de seis años, el 16 de enero de 2006, con la detonación de un artefacto explosivo en un cajero automático en Ñuñoa. “Después de tres años, cuando ya se contabilizaban más de 30 bombazos, el fiscal metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, fue nombrado para encabezar las diligencias, que habían estado a cargo del fiscal Francisco Jacir desde 2007, sin arrojar resultados relevantes”[1] (La Tercera, 27.05.12).

En mayo de 2009, el entonces Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, tras la muerte del anarquista Mauricio Morales, interpone la primera querella por ley antiterrorista. “La falta de resultados desató las primeras críticas contra el Ministerio Público en un proceso que, a esa altura, ya tenía un implicado confeso, pero sin detenciones o allanamientos masivos” (La Tercera, 27.05.12).

El 12 de junio de 2010, una bomba explotó a siete cuadras de la casa del Presidente Sebastián Piñera. “Bajo una fuerte presión por las críticas recibidas desde diversos sectores, el 14 de junio, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, sacó a Armendáriz de la investigación y nombró en su reemplazo al fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña” (La Tercera, 27.05.12).

Desde 2006 se habían registrado al menos cien atentados que fueron consumados, fallidos o desactivados por Carabineros o Investigaciones, sin contar con ningún condenado. “En este centenar de hechos hay dos detenciones en flagrancia y un fallecido: Luciano Pitronello, el joven herido al instalar un artefacto, y Hans Niemeyer, el psicólogo que fue aprehendido al quedar aturdido por una explosión. Ambos están a la espera del juicio oral. Mauricio Morales, el último, murió en las cercanías de la Escuela de Gendarmería, en 2009”[2] (El Mercurio, 03.06.12).

El juicio oral por el caso Bombas se inició el pasado 28 de abril. “En el lapso en que se han realizado sus audiencias ha habido otros atentados y junto con ello se detuvo a la pareja del lautarista Juan Aliste, Carla Verdugo, junto a Iván Silva, cuando trasladaban una bomba en La Granja” (El Mercurio, 11.05.12)

Por su parte, el fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, afirmó que el Ministerio Público va a esperar a conocer la sentencia definitiva para determinar “los pasos a seguir” ante el caso bombas, cuyos imputados fueron absueltos el pasado 1º de junio. “El Tribunal va a emitir la sentencia y se va a dar a conocer el 2 de agosto. Una vez que conozcamos los fundamentos vamos a hacer el análisis del fallo y evaluar los pasos procesales siguientes” (Radio Cooperativa, 01.06.12).

El pasado 1º de junio, el Tercer Tribunal Oral de Santiago absolvió a las últimas seis personas que se encontraban imputadas en este caso. Francisco Solar, Gustavo Fuentes, Felipe Guerra, Mónica Caballero por el delito de colocación de bombas a la Agencia Nacional de Inteligencia, el Consejo de Defensa del Estados, Chilectra, la Escuela de Gendarmería y la Iglesia de los Sacramentinos. Por su parte, Omar Hermosilla y Carlos Riveros por cargo de financiamiento terrorista que les atribuyó la fiscalía.

Entre los argumentos considerados por los jueces para desestimar las acusaciones en contra de los procesados, estuvo el hecho de que la investigación encabezada por el ente persecutor fue incompleta, lo que provocó un sesgo de parcialidad en el proceso[3]. Según Editorial de La Tercera “la resolución constituye uno de los mayores fracasos experimentados por el Ministerio Público desde que comenzó a operar en 2000. Con este fallo se desperdiciaron más de seis años de investigación, en un caso que ha generado preocupación en la ciudadanía por la sensación de inseguridad y alteración del orden público que han provocado los más de 100 atentados con bombas que se han registrado -sólo en la Región Metropolitana- desde 2004 hasta la fecha”[4] (La Tercera, 05.06.12).

En complemento, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “es frustrante que luego de un trabajo de mucho tiempo, en el que intervinieron muchos fiscales, terminemos con absoluta ignorancia de quiénes son los autores de las bombas. Eso debe abrir razonablemente un espacio para preguntarnos por qué ocurrió eso. Creo que es oportuna una reflexión. El Ministerio Público debe revisar por qué no logró acreditar quiénes son los autores” (El Mercurio, 04.06.12)

Por su parte, uno de los absueltos, Felipe Guerra, agregó que “quedó claro que es la Fiscalía la terrorista, la que ha sembrado el temor haciendo allanamientos y detenciones”. En tanto, Omar Hermosilla dijo que “fuimos condenados por la gran mayoría de los medios. Pasamos un mal rato que duró mucho tiempo” (Radio Cooperativa, 01.06.12). Las palabras de este último se refieren a un reportaje que emitió el programa Informe Especial en su contra.

A pesar de las críticas, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, asumió su responsabilidad, pero también apuntó al accionar de las policías. “Acá hay un fracaso no sólo de la fiscalía, sino que también de los organismos de persecución criminal. Si bien los fiscales dirigieron las diligencias, hay trabajo de ambas policías que no logró acreditar la autoría de estos atentados” (Pulso, 05.06.12). Respecto a las versiones que hablan de montaje por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur sostuvo que “No ha habido montaje por parte de la fiscalía, (ya que) hubo una serie de resoluciones que fueron revisadas por los jueces de garantía y por ministros de la Corte de Apelaciones” (El Dínamo, 05.06.12)

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas

(CEJA), el abogado Cristián Riego, no consideró un fracaso para el sistema la resolución. “Rescato la existencia de jueces independientes que examinaron el caso con rigor y que fueron capaces de fallar y absolver a estas personas. La justicia respondió haciendo lo que corresponde”[5] (El Mercurio, 03.06.12).

Además, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, afirmó que “estamos satisfechos y contentos con lo que resultó de todo esto. Hace un año habíamos dicho que este caso se iba a caer. No había cómo sostener la aplicación de la Ley Antiterrorista. La gran conclusión es que no hay terrorismo en Chile. Los hechos que se produjeron deben ser perseguidos a través de la ley común” (Radio Cooperativa, 02.06.12).

Respecto al rol del ex fiscal Peña en la investigación, se menciona que “el 14 de agosto de 2010 dio el vamos a la Operación Salamandra. Ordenó efectuar allanamientos y arrestos simultáneos a casas okupa y domicilios particulares, en Santiago y Valparaíso respectivamente, diligencia en la que se detuvo a 14 anarquistas supuestamente vinculados con la colocación de bombas y financiamiento terrorista. Tras formalizarlos, en abril de 2011, Peña presentó la acusación de la fiscalía contra los sospechosos y, dos días después, renunció al Ministerio Público para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior (La Tercera, 27.05.12).

En complemento a lo anterior, El Ciudadano plantea que Peña “asumió la irresponsabilidad de la investigación que había realizado Armendáriz y apresurar la persecución penal sin los antecedentes necesarios para justificar que las personas acusadas habían perpetrado los hechos imputados”. Una segunda negligencia se establece en el actuar posterior a la salida del ex fiscal del Ministerio Público, y dice relación con la probidad mínima que deben respetar los funcionarios públicos. “Independiente de sí hubo o no relación anterior entre Hinzpeter y Peña, lo cierto es que el Ministerio del Interior actuaba como parte querellante en un caso de notoria relevancia pública y política, y el ex fiscal resultaba ser el responsable de las acciones que en los tribunales se iban a ventilar” (El Ciudadano, 07.06.12).

El mismo Ciudadano, en cuanto al rol del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en una supuesta intervención indebida entre los poderes u órganos del Estado, señala:”El Ministerio Público, como órgano constitucional independiente, pudo haber sufrido interferencias inadmisibles, según los principios y mandatos constitucionales. Esta situación, desde el punto de vista constitucional, es grave, porque la independencia de los poderes públicos es conditio sine qua non para asegurar la permanencia y funcionamiento del Estado de Derecho”[6] (El Ciudadano, 07.06.12).

Esta acusación ha sido planteada por el abogado defensor de cuatro de los inculpados, Rodrigo Román, quien aseguró que “el ex fiscal Peña había participado de una operación política concertada con Interior para detener y acusar a los 14 anarquistas y dar una señal de eficiencia policial” (La Tercera, 27.05.12). Además recalcó que “se ha demostrado que este es un montaje, es una de las investigaciones más ordinarias que ha tenido el sistema de enjuiciamiento criminal, y se han puesto las cosas en su lugar con esta sentencia absolutoria” (ADN radio, 01.06.12).

El defensor de Francisco Solar, Mauricio Daza, agregó: “Yo creo que aquí el problema son dos personas con nombre y apellido quienes utilizaron políticamente, en su beneficio una causa criminal, lo que terminó con esto: la vulneración de derechos y garantías y la absolución. Esas dos personas son el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña, y espero que si esto se confirma ellos respondan personalmente” (Pulso, 01.06.12)

Por su parte, familiares y organizaciones de derechos humanos exigieron la renuncia del Ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña. En una declaración pública reclamaron que “se realizó una persecución política, y que las supuestas pruebas, que en su mayoría resultaban improcedentes, reflejan que se montó un caso con base en sesgo político y no en hechos que demostraran una sospecha fundada de culpabilidad”[7] (El Ciudadano, 03.06.12).

Se consigna además las razones por las cuales Hinzpeter tuvo que declarar en un juicio oral, el pasado 24 de mayo en el Departamento de Extranjería de Interior. Fue citado como testigo por el abogado Rodrigo Román, representante del ex lautarista Omar Hermosilla, quien está acusado de financiar actividades terroristas. “Román aseguró que intentaba probar que el caso había sido “armado” desde el Ministerio del Interior, tras la salida del fiscal Xavier Armendáriz de la investigación. El jurista sostuvo que con el interrogatorio a Hinzpeter demostraría que el secretario de Estado y Peña habían coordinado detalles de la investigación y posterior detención de los sospechosos. Hinzpeter declaró no haber tenido relación con el fichaje de Peña y negó un supuesto montaje” (La Tercera, 27.05.12).

La Fiscalía Metropolitana Sur ordenó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) que indague el posible delito de falsificación de instrumento público en los peritajes entregados por Carabineros en este caso. “Esta irregularidad quedó al descubierto el 15 de febrero en el marco del juicio oral, cuando nueve funcionarios de la institución declararon que las firmas que aparecían bajo sus nombres sustentando informes periciales no correspondían a las suyas; situación que fue denunciada públicamente hace pocas semanas en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión” (Radio Cooperativa, 06.06.12). El perito cuestionado en este caso fue Eladio Gallardo Ríos del Laboratorio de Criminalística (Labocar), quien era el responsable de tres informes periciales de sitio del suceso con fecha 14 de julio y 22 de septiembre de 2009 y del informe del 30 de abril de 2010[8].

No obstante, altas fuentes de Carabineros calificaron a la polémica como “una práctica errada y ya erradicada, que consistía en que un compañero de equipo firmaba un peritaje a nombre del encargado de elaborarlo si este último no estaba disponible, para agilizar el despacho del estudio hacia tribunales” (El Mercurio, 23.05.12).

Se dijo además que “ni el contenido ni el trabajo vinculado a esos peritajes es falso, pues sí se realizó. De hecho, se explicó que si bien los peritos en estrados dijeron que no eran sus firmas ante una pregunta precisa de las defensas en el caso, luego argumentaron por qué ocurrió tal situación cuando la fiscalía tuvo el turno de interrogar. En este momento dijeron que habían estado ausentes del servicio por diversos motivos y por eso firmó alguien por ellos los documentos (El Mercurio, 23.05.12).

Un aspecto a tomar en cuenta es que tras el reconocimiento de Gallardo de que el informe usado en el juicio tenía una firma que no era la suya, la fiscalía retiró el pasado 21 de febrero a los 216 testigos del juicio oral en el caso bombas. “La decisión del ente perseguidor toca a varios testigos llamados “marginales”, que prestarían testimonio por hechos donde no existe un imputado conocido en la colocación de artefactos explosivos. Dichos testigos fueron utilizados en 2011 para acreditar el delito de asociación ilícita en la acusación presentada por el entonces fiscal Alejandro Peña. Este cargo fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando fuera de las imputaciones a ocho personas” (The Clinic, 21.02.12).

Más de mil pruebas fueron excluidas de la preparación del juicio. “Entre las desechadas aparecían una pistola de fogueo, bicicletas, extintores, muestras de TNT, un temporizador, dos cartas de uno de los sospechosos, discos duros, pendrives, panfletos. Un póster de la banda Gun's and Roses fue una de las 7 mil evidencias presentadas en un comienzo” (Publimetro, 25.05.12).

Respecto a los exámenes ADN a 10 anarquistas que permanecían en prisión preventiva por su presunta participación en atentados con bombas registradas en Santiago, resultaron negativas. “De esta manera no se arrojaban pruebas científicas sobre su relación con los ataques” (Publimetro, 25.05.12).

El juez del 8º Juzgado de Garantía, Luis Avilés, se refirió a la investigación llevada adelante por la Fiscalía Metropolitana sur como “sociología barata, con argumentos de cuarta categoría. El magistrado recibió una sanción de carácter administrativa” (Publimetro, 25.05.12).

Uno de los imputados, Gustavo Fuentes Aliaga, alias el “grillo”, al cierre del juicio declaró haber sido objeto de torturas, lo que fue negado por el primer fiscal del caso, Xavier Armendáriz[9]. (Terra. 01.06.12)

El 13 de julio del presente año, la Presidenta del Tercer Tribunal Oral de Santiago, doña Marcela Sandoval, dio lectura a la sentencia que absolvió del delito de colocación de artefactos explosivos a Francisco Solar, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guajardo y Mónica Caballero; y por financiamiento al terrorismo a Omar Hermosilla y Carlos Riveros, tras seis meses de juicio.

El 23 de julio, recién pasado, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública interpusieron recursos de nulidad en contra de dicha sentencia, fundados en una supuesta mala valoración de los antecedentes reunidos en seis meses de juicio.

Finalmente, el 10 de octubre del año en curso, la Corte Suprema, en fallo unánime, pronunciado por los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente), desestimó los recursos presentados por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en contra de la sentencia antes mencionada, por estimar insuficientes los antecedentes presentados por los recurrentes, a fin de que se declarara la nulidad de la misma, dando, con ello, por finalizado el llamado “Caso Bombas”.

III.- RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

1. Sesiones celebradas.

La Comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 25 sesiones especiales.

2.- Oficios de invitación o citación.

3.- Personas que declararon ante la Comisión (sus declaraciones se adjuntan en el anexo “declaraciones”. El número entre paréntesis indica la sesión a la que asistió).

a) Autoridades.

-Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Hinzpeter (Sesión 17ª, celebrada el 8 de octubre de 2012).

-Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Sabas Chahuán (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-General Director de Carabineros de Chile, señor Gustavo González Jure (Sesiones 2ª y 17ª, celebradas el 18 de junio y el 8 de octubre de 2012).

-Director General de la Policía de Investigaciones, señor Marcos Vásquez (Sesión 6ª, celebrada el 30 de julio de 2012).

b) Funcionarios públicos.

-Fiscal Regional Metropolitano Sur, señor Raúl Guzmán (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Fiscal Regional Centro Norte, señor Andrés Montes (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, señor Mauricio Fernández (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Director de la Agencia Nacional de Inteligencia señor Gonzalo Yuseff (Sesiones 3ª y 8ª, celebradas el 19 de junio y 6 de agosto de 2012, respectivamente).

-Mayor de Carabineros de Chile, señor Eduardo Witt. (Sesión 3ª, celebrada el 19 de junio de 2012).

-Directora de la Asociación Nacional de Fiscales y fiscal de la zona oriente de Santiago, señora Evelyn Kremer (Sesión 4ª, celebrada el 3 de julio de 2012).

-Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Pedro Orthusteguy (Sesión 4ª, celebrada el 3 de julio de 2012).

-Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subsecretaria del Interior, señor Alejandro Bernhardt (Sesiones 5ª y 9ª, celebradas el 9 de julio y el 7 de agosto de 2012, respectivamente).

-Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Hugo Merino (Sesión 5ª, celebrada el 9 de julio de 2012).

-Fiscales del Ministerio Público, señores Marcelo Apablaza, Víctor Núñez y Francisco Rojas (Sesión 6ª, celebrada el 30 de julio de 2012).

-Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, señora Paulina Ruiz (Sesión 8ª, celebrada el 6 de agosto de 2012).

-Funcionarios de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Cristián de Feudis y señora Ximena Risco (Sesión 15ª, celebrada el 10 de septiembre de 2012).

-Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Alejandro Peña (Sesiones 12ª y 16ª, celebradas el 28 de agosto y el 2 de octubre de 2012, espectivamente).

-Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, (Sesión 16ª, celebarada el 2 de octubre de 2012).

c) Particulares.

-Ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, señor Xavier Armendáriz (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Periodista y autora del libro “Caso Bombas”, señora Tania Tamayo (Sesión 6ª, celebrada el 30 de julio de 2012).

-Ex Jefe de Personal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Christian Schalper (Sesión 9ª, celebrada el 7 de agosto de 2012).

-Ex Fiscal del Ministerio Público, señor Juan Pablo Buono-Core (Sesión 9ª, celebrada el 7 de agosto de 2012).

Abogados defensores de imputados en el caso “Bombas”, señora Valetina Horath, señores Rodrigo Daza y Morris Farachi; señor Rodrigo Román y señora María Rivera, de la Defensoría Popular (Sesión 13ª, celebrada el 3 de septiembre de 2012).

4.- Nómina de personas convocadas que no asistieron.

-Edmundo Pérez Yoma, Ex Ministro del Interior.

-Patricio Rosende, ex Subsecretario del Interior.

-Luís Masferrer Farías, Director de Gendarmería.

-Francisco Jacir Manterola, Fiscal.

-Miguel Soto Piñeiro, abogado defensor.

-Patricio Carrera, periodista.

-Andrés López, periodista.

-Sebastián Labrín, periodista.

-Pedro Lezaeta, periodista.

-Leandro Fontealba, periodista.

5.- Oficios despachados - documentos recibidos.

La siguiente es una relación de los oficios de fiscalización despachados y documentos recibidos durante el trabajo de la misma.

En tal sentido, se excluyen aquellos oficios y documentos de mera tramitación (informa constitución, invitaciones, reemplazos, etc.).

-N° 10, de 20/06/12, a Carabineros de Chile.

Se pidió nómina con todos los peritos de la Institución que participaron en la elaboración de informes en dicho proceso.

Asimismo, copia del sumario interno originado en la divergencia de firmas en tales informes periciales, una vez se encuentre concluido.

Mediante Of. 13591, de 24/08/12, se informó lo siguiente:

“(…) el personal de Carabineros que elaboró los informes periciales, en los cuales se cuestionó las firmas consignadas en los documentos que daban cuenta de ello, corresponde a los siguientes:

-Capitán Marco Fuentes Díaz (IP N° 8973-09).

-Sargento 2° Edalio Gallardo Ríos (IP N° 3764-09).

-Carla Hidalgo Figueroa, civil, químico farmacéutico (IP N° 6765-07)

-Guido Brito Orellana, contratado por resolución, bioquímico, (IP 8965-09).

-Patricia Ossandon Tapia, contratada por resolución, bioquímico (IP N° 9139-09).”

El sumario se encuentra con diligencias pendientes, por lo que no es posible su remisión.

-N° 13, de 28/06/12, al Ministerio Público.

Se pidió copia del expediente administrativo que dio como resultado la Res FN 581/12, de 20 de abril de 2012.

Mediante Of. 398/12, de 06/07/12, se informó que no entregará la información.

“(…) en atención a que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información contenida en esa carpeta de investigación administrativa pudiese, eventualmente, afectar los derechos de las personas involucradas (…)”, se consultó a Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rubilar y Víctor Núñez.

Todos se opusieron en virtud de lo dispuesto en el art. 21/20285.

-N° 14, de 03/07/12, al Ministerio Público.[10]

Se pidió, en relación a los RUC 0600291310-9, 0610011624-1, 0600564725-6, 0600706308-1, 0700127129-0, 0700237782-3, 0700277303-6 y 0700440494-1 de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente; 0700046083-9 de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente; RUC 0600045992-3, 0600341329-0, 0600378274-1, 0600383479-2, 0600911741-3 y 0700388706-K de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, los siguientes antecedentes:

1) Copia de los escritos de formalización, querella y acusación, interpuestos en tales investigaciones.

2) Copia de las resoluciones o transcripción de las audiencias en que se resolvieron tales escritos.

3) Nómina de los fiscales que dirigieron o participaron en tales investigaciones.

Asimismo, para que amplíe la información contenida en el punto 2.4 de su Res FN/MP

N° 581/2012, de 20 de abril de 2012, en cuanto a las fechas, horarios y asistentes en las reuniones que da cuenta.

4) Copia de los escritos de solicitudes de diligencias de investigación.

Mediante Of. 498, de 14/08/12, se informó que las investigaciones referidas se acumularon a la RUC 0700277303-6, seguida ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Asimismo, se remitieron los siguientes documentos:

1. Copia del acta de audiencia de formalización, de 16/08/10

RIT 6564-10; RUC 1000636602-9[11]

Se celebró ante el juez Roberto Guzmán Concha, entre las 10:09 del día 16 y las 02:45 del 18 de agosto de 2010.

Por el Ministerio Público comparecieron los fiscales Alejandro Peña, Francisco rojas y Marcos Emilfork. Por los querellantes, Sebastián Dal Pozzo y Cristián de Feudis (ambos por el Ministerio del Interior); Francisca Franzani (por Iglesia Católica, Iglesia Inmaculada Concepción de Vitacura).

Como defensores, comparecieron Viviana Castel (Iván Goldenberg); Rodrigo Lillo (Iván Goldenberg y Gustavo Fuentes); Miguel Soto (Candelaria Cortez-Monroy); José Macías (Candelaria Cortez-Monroy); Julio cortes (Felipe Guerra, diego Morales y Carlos Riveros); Alberto Espinoza (Rodolfo Retamales y Pablo Morales); Margarita Varvaria (Andres Urzua); Rodrigo Román (Vinicio Aguilera y Omar Hermosilla); Washington Lizana (Mónica Caballero, Cristián Cancino y Camilo Pérez), y Héctor Salazar (Francisco Solar).

Se comunicó a los imputados el desarrollo de una investigación en su contra, por cuanto desde el mes de julio de 2005 a la fecha, “(…) forman parte integrante de una estructura criminal cumpliendo diferentes roles en una asociación ilícita terrorista de carácter informal, con permanencia en el tiempo, cuya finalidad es producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de crímenes y delitos que han sido planificados, ejecutados, adjudicados y difundidos por la organización criminal, y que consisten en la colocación de artefactos explosivos e incendiarios en diferentes puntos de la Región Metropolitana que han afectado la vida, integridad física y psíquica de las personas o han causado daños a la propiedad pública y privada.

Para cumplir esa finalidad, se agruparon en torno a diversos inmuebles de fachada que conforman sus centros de poder, a fin de organizarse y materializar el plan criminal que consiste en provocar la guerra social, mediante lo que denominan la agudización de los conflictos y la acción directa y violenta contra el Estado, el capital, iglesia, la burguesía y toda forma de autoridad, bajo el orden social imperante.

Para la concreción de este plan criminal, los imputados de manera permanente en el tiempo y en forma organizada se han asociado entre sí, asignándose diversas tareas o misiones compartimentadas, utilizando para ello sofisticada tecnología informática en sus comunicaciones, unidos en torno al combate de los que ellos llaman enemigo común antes mencionado, en el contexto de lo cual ejecutaron, a lo menos, alrededor de 23 atentados explosivos, entre los que se encuentra el atentado que afectó a la sucursal de Chilectra S.A, ubicada en La Cisterna, los que se encuentran científica y pericialmente relacionados entre sí. (…)”

Además, se describió la estructura de la asociación ilícita (liderazgo, colaboración y facilitación) y la participación en la colocación de artefactos explosivos.

“Mónica Caballero Sepúlveda: Habitante del centro de poder “La Crota”, colaboró en la asociación ilícita y además participó directamente en la colocación del artefacto explosivo en la Iglesia de los Sacramentinos, ocurrida el día 21 de noviembre de 2009.

Felipe Guerra Guajardo, alias “El Pepa”, habitante del centro de poder Sacco y Vanzetti, participa en acciones directas de difusión y sustento de la asociación ilícita y es autor directo del atentado explosivo cuyo objetivo era la Escuela de Gendarmería de Chile, que detonó el 22 de mayo del año 2009, en el cual fallece otro integrante de la asociación de nombre Mauricio Morales Duarte, que también residió en el mismo centro de poder.

Francisco Solar Domínguez, alias “El Cariñosito”, quien participa activamente en actividades delictuales, colocación de artefactos explosivos, sea confeccionando los sistemas eléctricos o manejando el explosivo denominado TNT y tetryl. Participó directamente en la colocación de los artefactos explosivos que afectaron al Consejo de Defensa del Estado el día 21 de diciembre del año 2006, a la Agencia Nacional de Inteligencia, el 18 de enero de 2006, y la sucursal de Chilectra S.A. La Cisterna, ocurrido el 16 de octubre de 2007, en dicha comuna, el primero de los artefactos que se fabrica en base a este explosivo de uso militar y de alto poder destructivo, denominado TNT.

Candelaria Cortes Monroy Infante, alias “La Candela”, la que además de vincularse directamente a los centros de poder y a los miembros de la asociación ilícita, participó en la colocación del artefacto explosivo que afectó a la empresa Automotora ATAL, que ocurrió el 27 de marzo del año 2007.

Gustavo Fuentes Aliaga, alias “El Grillo”, el que además de habitar y pertenecer a distintos centros de poder, entre ellos “La Escalera”, “Sacco y Vanzetti” y “El Hogar”, ubicado en la comuna de El Bosque, siendo este su último domicilio. Participó en la colocación del artefacto explosivo que afectó a la empresa Automotora ATAL, que ocurrió el 27 de marzo del año 2007 y el Consejo de Defensa del Estado, el día 21 de diciembre del año 2006. (…).

1.- Iglesia Los Sacramentinos. La imputada Mónica Caballero Sepúlveda procedió a la colocación el día 21 de noviembre de 2009, en horas de la mañana, aprox. a las 09:30 hrs., de un artefacto incendiario explosivo en la puerta principal de la Iglesia Los Sacramentinos, ubicada en calle Arturo Prat N° 471, comuna de Santiago; artefacto que explosó en dicho lugar causando daños en la estructura del inmueble con grave riesgo para la vida e integridad corporal y psíquica de las personas que se encontraban al interior de la Iglesia, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de la misma naturaleza, por las características del artefacto utilizado y los efectos que produce el medio empleado para la vida, integridad física y psíquica de las personas y daños a la propiedad pública y privada.

2.- Consejo de Defensa del Estado. Que el día 21 de diciembre del año 2006, en horas de la noche, alrededor de las 00:20 horas, Gustavo Fuentes Aliaga y Francisco Solar Domínguez, acompañados de una mujer, procedieron a elaborar y posteriormente colocar un artefacto explosivo en el costado oriente del edificio estatal correspondiente al Consejo de Defensa del Estado, por calle Manuel Rodríguez frente al N° 244, Santiago, destinado a estacionamiento.

Dicho artefacto lo ubicaron en las escaleras al interior de una bolsa de plástico verde con blanco y estaba contenido en un cilindro de gas licuado de 5 kilos al que se le retiró la válvula superior para introducir pólvora negra, activado por un sistema eléctrico a base de un sistema de relojería con su respectiva fuente de poder; e el caso de haberse producido la activación del artefacto explosivo, al momento de la detonación, hubiere causado muerte, lesiones graves o daños de diversa consideración, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de la misma naturaleza, por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir el medio empleado.

3.- Agencia Nacional de Inteligencia. Que el día 18 de enero de 2006, en horas de la mañana, alrededor de las 07:00, Francisco Solar Domínguez y una mujer en compañía de otros sujetos, procedieron a la colocación de un artefacto explosivo en el frontis del edificio ubicado en calle Tenderini N° 115, comuna de Santiago, donde funciona la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, el cual al detonar le produjo lesiones de diversa consideración a una persona que trabaja como empleado municipal y otros daños estructurales al edificio mencionado.

Dicho artefacto explosivo resultó ser de fabricación casera, consistente en un cilindro de gas licuado de 2 kilos al cual se le retiró la válvula superior para introducir en su interior pólvora negra, siendo activado por un sistema eléctrico sobre la base de una fuente de poder y un temporizador, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de las mismas características por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir.

4.- Chilectra S.A. La Cisterna. Que el día 16 de octubre de 2007, en horas de la madrugada, aprox. a las 03:30 hrs., el imputado Francisco Solar Domínguez junto a sujetos desconocidos concurrió hasta la sucursal de Chilectra S.A. ubicada en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 6536, comuna de La Cisterna, y colocó el artefacto explosivo que detonó en el lugar causando diversos daños materiales en la estructura del inmueble, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de la misma naturaleza, por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir el medio empleado tanto en la vida, integridad física y psíquica de las personas, como la propiedad pública o privada.

El artefacto fue colocado en un pilar del costado norte de la sucursal, fue elaborado en base TNT (trinitrotolueno), sustancia explosiva de fabricación industrial y de uso militar de alto poder de detonación, el que se encontraba envuelto en Nylon, encontrándose panfletos de adjudicación y motivación en el lugar de corte anarquista e insurreccionalista, elaborado en base a recortes de palabras contenidas en diarios y revistas.

5.- Comercial automotriz “ATAL Autos”. Que el día 27 de marzo del año 2007, en horas de la noche, alrededor de las 23:15 horas, Gustavo Fuentes Aliaga, Candelaria Cortes-Monroy Infante, junto a otros sujetos procedieron a colocar un artefacto explosivo en el exterior del inmueble correspondiente a Comercial Automotriz “ATAL Autos”, ubicada en calle Pérez Valenzuela N° 1087, comuna de Providencia, el que provocó daños estructurales considerables.

Dicho artefacto explosivo estaba elaborado con pólvora negra comprimida en un contenedor metálico de forma cilíndrica y activado en forma mecánica con mecha, al que se le adosó una botella de vidrio que en su interior contenía un líquido combustible que tenía por objeto ocasionar un siniestro de proporciones, lo que produce grave riesgo para la vida e integridad corporal y psíquica de las personas, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un elito de las mismas características, por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir el medio empleado.

6.- Escuela de Gendarmería de Chile. Que el día 22 de mayo de 2009, en horas de la noche, aproximadamente a las 20:30 hrs., el imputado Felipe Guerra Guajardo, antes individualizado, concurrió junto a Mauricio Morales Duarte a las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería de Chile con el propósito de colocar un artefacto explosivo en dicho lugar, el cual explosó en calle Ventura Lavalle frente al N° 436, comuna de Santiago, lo que causó la muerte del último de los nombrados (…)”.

Se ordenó la prisión preventiva de los imputados, con excepción de Gustavo Fuentes (por encontrarse cumpliendo condena); Diego Morales; Cristián Cancino; Iván Goldenberg; Carlos Riveros; Camilo Pérez y Candelaria Cortez-Monroy, contra quienes se decretó, como medidas cautelares, la firma semanal ante Carabineros de Chile, arraigo nacional, prohibición de acercarse e ingresar a los centros “La Crota”, “Sacco y Vanzetti”, “Jonny Cariqueo” y “El Hogar”, y prohibición de comunicarse entre sí y con los imputados privados de libertad en la presente causa.

Se dispuso como plazo de investigación, contra todos los imputados, 180 días.

2. Copia de querellas (13).

-De la Municipalidad de Santiago (19/01/06), por lesiones y daños a la propiedad (ANI);

-Del Consejo de Defensa del Estado (05/04/07), por daños (Cantón de Reclutamiento de Providencia);

-De la Municipalidad de Providencia (05/07/07), por delitos terroristas (Inspección del Trabajo; Hotel Militar; en calle Enrique Nercaseaux);

-Del Banco de Chile (21/08/07), (Banco Chile-San Miguel), por delito terrorista;

-Del Ministerio del Interior (23/01/09), por daños a la propiedad producto de un artefacto explosivo (refiere 32 hechos entre el 08/08/07 y 14/12/08);

-Del Ministerio del Interior (s/f), ampliando querella, por el delito de colocación de artefactos explosivos (Hotel Marriot, 03/11/09);

-Del Banco BBVA (25/11/09), (BBVA-Tomás Moro), por infracción a ley sobre control de armas y daños;

-Del Ministerio del Interior (23/12/09), amplía querella por delito de daños con artefacto explosivo (Cía. Seguros Chilena Consolidada);

-De Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A (fecha ilegible), (Cía. Seguros Chilena Consolidada), por delito de daños a la propiedad privada;

-Del Ministerio del Interior (01/06/10), por delitos terroristas (Iglesia Inmaculada Concepción);

-Del Ministerio del Interior (s/f), por delitos terroristas (Chilectra-Gran Avenida; Telefónica-San Miguel);

-De la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura (21/06/10), por delitos terroristas (Parroquia Inmaculada Concepción), y

-De Hoteles de Chile S.A (06/08/10), por delitos terroristas (Hotel Marriot).

Asimismo, se acompañaron las resoluciones que tuvieron por interpuestas estas querellas.

3. Copia de la acusación del Ministerio Público, de 04/04/11

RIT 3418-20067(sic), RUC 0700277303-6

1.- Fiscales a cargo: Alejandro Peña Ceballos, Fiscal Regional, y Francisco Rojas Rubilar, Marcelo Apablaza Veliz, Marcos Emilfork Konow y Víctor Núñez Escalona, en causa RUC 0700277303-6, RIT 3418-20067(sic), seguida por los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos del mismo carácter

2.- Acusados: Pablo Morales Fuhrimann; Rodolfo Retamales Leiva; Omar Hermosilla Marín; Andrea Urzúa Cid; Felipe Guerra Guajardo; Cristián Cancino Carrasco; Carlos Riveros Luttgue; Camilo Pérez Tamayo, Candelaria Cortes Monroy Infante; Francisco Solar Domínguez, Mónica Caballero Sepúlveda; Gustavo Fuentes Aliaga; Vinicio Aguilera Mery y Diego Morales Muñoz.

3.- Aspectos generales: “A lo menos desde el año 2006 y hasta la fecha, los imputados (…) conformaban una asociación con el objeto de atentar contra el orden social establecido, las personas y la propiedad pública y privada (…) (teniendo) por objeto la perpetración de delitos de carácter terrorista, especialmente los crímenes de colocación de artefactos explosivos e incendiarios de diverso tipo que afectaron o pudieron afectar la integridad física de las personas y causaron o pudieron causar daños a la propiedad en diferentes lugares de la Región Metropolitana; lo anterior, con la finalidad de producir, además, en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, considerando:

a) la naturaleza y los efectos de los medios empleados (…), y

b) la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas (…)”.

4.- Lugares de reunión: Cinco inmuebles con autodenominaciones como centros operativos o de conspiración utilizados por la Asociación:

a) “Casa La Idea”, Rafael Sotomayor N° 449, Santiago;

b) “Casa la Crota”, Santa Isabel N° 380, Santiago;

c) “Centro Social Ocupado y Biblioteca Popular Sacco y Vanzetti”, Santo Domingo

N° 2424, Santiago;

d) “Centro Social Abierto y Biblioteca Libertaria Jonny Cariqueo”, El Cobre N° 8793, Pudahuel, y

e) “Casa ocupada La Escalera”, Erasmo Escala N° 2420, Santiago.

5.- Hechos imputados: “La asociación ha concretado su plan criminal en la colocación de los siguientes artefactos explosivos y hechos vinculados al plan criminal, entre otros:” (indica 30)

1. Agencia Nacional de Inteligencia, Tenderini N° 115, Santiago, el 18/01/06;

2. Consejo de Defensa del Estado, Manuel Rodriguez N° 244, Santiago, el 21/12/06;

3. Automotora Atal, Pérez Valenzuela N° 1087, Providencia, el 27/03/07;

4. Banco de Crédito e inversiones, Chacabuco N° 484, Santiago, el 28/03/07

5. Partido por la Democracia, Santo Domingo N° 1828, Santiago, el 21/05/07;

6. Embajada de Gran Bretaña, El Bosque Norte N° 0125, Las Condes, el 15/07/07;

7. Parroquia Santa María de Las Condes, Las Condes N° 9700, Las Condes, el 20/09/07;

8. Telefónica, Esquina Blanca N° 0115, Maipú, el 08/10/07;

9. Sucursal Chilectra, Gran Avenida N° 6536, La Cisterna, el 16/10/07;

10. Sucursal Chilectra, Matucana N° 39, Santiago, el 31/10/07;

11. Partido Demócrata Cristiano, Román Díaz N° 1014, Providencia, el 07/11/07;

12. Consulado Argentino, Vicuña Mackenna N° 45, Santiago, el 21/07/08;

13. Sofofa, Andrés Bello N° 2777, Las Condes, el 03/10/08;

14. Farmacia Cruz Verde, Cristóbal Colón N° 4008, Las Condes, el 26/03/09;

15. Escuela de Gendarmería de Chile, altura N° 436 de calle Ventura Lavalle, Santiago, el 22/05/09;

16. Banco Edwards-Citi, Apoquindo N° 5701, Las Condes, el 22/06/09;

17. Club Balthus, Monseñor Escrivá de Balaguer N° 5970, Vitacura, el 11/08/09;

18. Gimnasio Sport Life, Camino del Alba N° 11865, Las Condes, el 11/08/09;

19. Hotel Marriot, Presidente Kennedy N° 5741, Las Condes, el 03/11/09;

20. Iglesia de los Sacramentinos, Arturo Prat N° 471, Santiago, el 21/11/09;

21. Banco BBVA, IV Centenario N° 7393, Las Condes, el 22/11/09;

22. Chilena Consolidada, Pedro de Valdivia N° 195, Providencia, el 21/12/09;

23. Iglesia Inmaculada Concepción, Vitacura N° 3729, Vitacura, el 29 de mayo de 2010;

24. BancoEstado, Las Condes N° 15550, Vitacura, el 12/06/10

25. Restorán Terra Noble, Nueva Costanera N° 3872, Vitacura, el 05/08/10;

26. Cantón de Reclutamiento del Ejército de Chile, Alférez Real N° 910, Providencia, el 14/02/07;

27. 26ª Comisaría de Carabineros, Teniente Cruz N° 720, Pudahuel, el 17/05/08;

28. Universidad Los Andes, San Carlos de Apoquindo N° 2200, Las Condes, el 23/04/08;

29. Casino de la PDI, Catedral frente al N° 2098, Santiago, el 16/10/08, y

30. Traslado e internación explosivo trinitrotolueno (TNT) por territorio nacional hacia Argentina, materializado en el mes de septiembre de 2008.

6.- Participación en la Asociación ilícita:

a) Liderazgo y cumpliendo rol de jefes: Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales Leiva (Garza);

b) Colaboradores y/o a sabiendas facilitando y suministrando medios e instrumentos: Camilo Pérez Tamayo; Cristián Cancino Carrasco; Andrea Urzúa Cid; Vinicio Aguilera Mery; Diego Morales Muñoz;

c) Suministrando a sabiendas medios e instrumentos, colaborando de manera operativa y colocando artefactos explosivos: Mónica Caballero Sepúlveda (Moniquita); Felipe Guerra Guajardo (Pepa); Francisco Solar Domínguez (Cariñoso); Candelaria Cortes Monroy Infante (Candela); Gustavo Fuentes Aliaga (Grillo);

d) Colaboradores y a sabiendas facilitando y suministrando medios e instrumentos para el fin criminal; además de, directa y por diversos medios, solicitar, recaudar y proveer fondos económicos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de los delitos de colocación de bombas y artefactos explosivos de carácter terrorista: Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge.

7.- Calificación jurídica de los hechos: (todos autores de los delitos en grado consumado)

1) Asociación ilícita terrorista: Pablo Morales Fuhrimann; Rodolfo Retamales Leiva; Camilo Pérez Tamayo; Christian Cancino Carrasco; Andrea Urzúa Cid; Vinicio Aguilera Mery y Diego Morales Muñoz

2) Asociación ilícita terrorista y colocación de artefacto explosivo: Mónica Caballero Sepúlveda; Felipe Guerra Guajardo; Francisco Solar Domínguez (3 colocaciones); Candelaria Cortés Monroy Infante y Gustavo Fuentes Aliaga (2 colocaciones);

3) Asociación ilícita Terrorista solicitud y recaudación de fondos para financiar conductas terroristas: Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge.

8.- Medios de prueba: Se individualizan 6744 documentos u objetos varios; 794 testigos y 221 peritos. Se informa que se acompaña en sobre cerrado la identificación de los testigos que se encuentran bajo reserva (los N° 131, E.G.G; N° 149, A.R.D.E; N° 278, M.F.F.H.;

N° 279, F.A.V.P.; N° 288, R.J.V.M; N° 455, C.P.V.C y N° 469, J.O.M)

9.- Se solicitó procedimiento simplificado contra Ivan Goldenberg González, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, al vender un arma, sin contar con la autorización competente, en la esquina de Mapocho y Matucana, comuna de Santiago, por $30.000.- a Mauricio Morales Duarte.

Por esta causa se acompañaron medios de prueba que justifican la solicitud de sustitución de procedimiento, nómina de testigos y peritos. Asimismo, se solicitó declinatoria de competencia a favor del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por haber ocurrido en su territorio jurisdiccional el principio de ejecución del delito.

4. Acusación particular del Consejo de Defensa del Estado, de XXX

RIT 3418-20067(sic), RUC 0700277303-6

Acusación particular interpuesta contra Francisco Solar Domínguez y Gustavo Fuentes Aliaga.

“(…) Los hechos en que habrían participado los imputados respecto de los cuales esta parte formula acusación particular, son los siguientes:

a) Los imputados Francisco Javier Solar Domínguez y Gustavo Adolfo Fuentes Aliaga participaron en la colocación de un artefacto explosivo que pudo afectar la integridad física de las personas o causar daños, el día 21 de diciembre del año 2006 en las oficinas del Consejo de Defensa del Estado, ubicado en calle Manuel Rodríguez N° 244, comuna de Santiago; lo anterior con la finalidad de producir, además, en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.

b) El imputado Francisco Javier Solar Domínguez participó en la colocación de un artefacto explosivo que afectó la integridad física de las personas el día 18 de enero de 2006 en las oficinas de la Agencia Nacional de Inteligencia, ubicadas en calle Tenderini N° 115, comuna de Santiago, causando además daños en la estructura del inmueble y lesiones en un empleado municipal, específicamente en Sergio Águila González, quien resultó con heridas contusas, en pabellón auricular izquierdo y pabellón toráxico abdominal izquierdo de carácter leve; lo anterior con la finalidad de producir, además, en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, causando además, daños a la propiedad fiscal.

(…)

Es por ello que esta parte deduce acusación en contra de los imputados en los siguientes términos:

En contra de Francisco Solar Domínguez, en calidad de autor (…) de dos delitos consumados de colocación de artefactos explosivos (…)

En contra de Gustavo Fuentes Aliaga, en calidad de autor (…) de un delito consumado de colocación de artefactos explosivos (…)”.

Se presentó una nómina de 383 testigos (testigos secretos N° 47 E.G.G.; N° 64 A.R.D.E.; N° 151 M.F.F.H.; N° 152 F.A.V.P.; N° 158 R.J.V.M.; N° 204 C.P.V.C.; N° 212 J.O.M.

Asimismo, una nómina de 221 peritos.

Finalmente, nómina de 874 documentos[12], evidencias u otros medios de prueba.

5. Resoluciones que tienen por formulas acusaciones del Ministerio Público (05/04/11) y del Consejo de Defensa del Estado (15/04/11)

Resolución del Octavo Juzgado de Garantía, que tuvo por formulada acusación en contra de los imputados Pablo Morales Fuhrimann; Rodolfo Retamales Leiva; Omar Hermosilla Marín; Andrea Urzúa Cid; Felipe Guerra Guajardo; Cristián Cancino Carrasco; Carlos Riveros Luttgue; Camilo Pérez Tamayo, Candelaria Cortes Monroy Infante; Francisco Solar Domínguez, Mónica Caballero Sepúlveda; Gustavo Fuentes Aliaga; Vinicio Aguilera Mery y Diego Morales Muñoz.

Asimismo, ordenó crear nuevo RIT y RUC para tramitar petición de procedimiento simplificado contra Iván Goldemberg González.

6. Nómina de fiscales que dirigieron o participaron en las investigaciones

Se acompañaron los siguientes documentos:

a) Res 1599/07, de 23/07/07, que dispone agrupación de investigaciones en Fiscalía Regional Oriente.

Agrupa investigaciones RUC 0600291310-9, 0610011624-1, 0600564725-6, 0600706308-1, 0700127129-0, 0700237782-3, 0700277303-6 y 0700440494-1 de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente; 0700046083-9 de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente; RUC 0600045992-3, 0600341329-0, 0600378274-1, 0600383479-2, 0600911741-3 y 0700388706-K de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente “junto a las que actualmente están a cargo del fiscal adjunto don Francisco Jacir Manterola” y que actúa asesorada por la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado “y en especial, por la Subdirección de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado, a cargo de doña Tania Sironvalle Sosa”.

b) Res 1030/08, de 09/05/08, que designa al Fiscal Regional Metropolitano Oriente para dirigir investigaciones.

Designa a Xavier Armendáriz Salamero para dirigir estas investigaciones, quien podrá actuar apoyado por los fiscales Francisco Jacir Manterola (Fiscalía Oriente) y Emiliano Arias Madariaga (Fiscalía Occidente).

c) Res 803/10, de 14/06/10, que designa Fiscal Regional Metropolitano Sur para dirigir investigaciones.

“Que el Sr. Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente desarrolla otras investigaciones de gran complejidad y, sin perjuicio de los avances de las diligencias investigativas desarrolladas hasta el momento sobre estos hechos, se hace necesario efectuar una adecuada distribución de las investigaciones más complejas entre los distintos Fiscales Regionales”, se designa a Alejandro Peña Ceballos, Fiscal Regional Metropolitano Sur, para dirigir las investigaciones, quien “podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe” y se deja sin efecto resoluciones 1030 y 2105.

d) Res. FRMS 68/10, de 18/06/10, asumiendo dirección de investigación.

El Fiscal Regional asume la dirección de la investigación; determina iniciar la investigación con el RUC 1000553676-1, ordena recabar los antecedentes en Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y ambas policías; designa a los fiscales adjuntos Héctor Barros Vásquez, Marcos Emilfork Konow, Francisco Rojas Rubilar y Pablo Sabaj Diez, “(…) para apoyar a este Fiscal Regional en las investigaciones referidas (…), con quien podrán actuar indistintamente en forma conjunta o separada.”, y ordena solicitar apoyo en las distintas unidades de la fiscalía regional, “(…) en especia