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Resúmenes de leyes

Breve reseña del contenido de algunas leyes.

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  • Ley N° 21.668 , publicada el 28-05-2024
    Ley que establece la interoperabilidad de las fichas clínicas
    MODIFICA LA LEY Nº 20.584 CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA INTEROPERABILIDAD DE LAS FICHAS CLÍNICAS
    La presente ley introduce modificaciones a la ley N° 20584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas.
    La ley modifica el artículo 12 de la citada norma, actualizando la definición de la ficha clínica, que es un instrumento obligatorio que registra los antecedentes de salud de las personas, custodiada por uno más prestadores de salud. Esta ficha podrá ser electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que se asegure el acceso, conservación y confidencialidad de los datos.
    Asimismo, modifica su artículo 13 indicando que los prestadores de salud deben conservar la ficha clínica por al menos quince años y son responsables de su protección y las de sus datos cumpliendo la ley Nº 19628, sobre protección de la vida privada, y de permitir interoperabilidad con los otros prestadores de salud. En tanto, se añaden al listado de personas u organismos que a solicitud expresa podrán tener acceso a la información contenida en la ficha clínica a la Superintendencia de Salud, al prestador individual y a los profesionales de salud que atienden pacientes.
    Finalmente, agrega un nuevo artículo tercero transitorio, el que indica que el Ministerio de Salud deberá actualizar el reglamento indicado en el artículo 13 en un plazo de 18 meses para adoptar las medidas que permitan la interoperabilidad de las fichas clínicas.
  • Ley N° 21.674 , publicada el 24-05-2024
    Ley sobre reforma a sistema de financiamiento de la salud conocida como "Ley corta de Isapres"
    MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE 2005, DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LAS MATERIAS QUE ...
    La presente ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones en la normativa que regula el Fondo Nacional de Salud (FONASA), la Superintendencia de Salud y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), que permita mejorar su funcionamiento y cumplimiento.
    A continuación, se detallan las principales disposiciones de esta ley:
    En el artículo 1°, se incorpora como una nueva función de FONASA, la de velar por el correcto funcionamiento de la licitación, contratación e implementación de la Modalidad de Cobertura Complementaria.
    A su turno, se crea el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, como un organismo de carácter técnico, que asesorará a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago y ajustes de las ISAPRE por restitución de cobros realizados en exceso por aplicar tablas de factores elaboradas por dichas instituciones distintas a la Tabla Única de Factores de la Superintendencia.
    Por su parte, dispone que los afiliados/as y beneficiarios/as del sistema, podrán optar por atenderse bajo las modalidades de Libre Elección, de Cobertura Complementaria, o de ambas, pudiendo elegir el prestador de salud.
    En este sentido, se crea la Modalidad de Cobertura Complementaria para las personas afiliadas que se encuentren en los grupos B, C y D, cumpliendo las exigencias que señala la ley. Esta modalidad se define como aquella en virtud de la cual permite a las personas afiliadas a FONASA, recibir prestaciones ambulatorias y hospitalarias en una red de prestadores y bajo un arancel asociado, debiendo pagar una prima adicional a la cotización legal para salud, por la cual recibirán una cobertura financiera complementaria a la otorgada por FONASA para el financiamiento de dichas prestaciones, las que serán financiadas por dicha entidad de acuerdo con el arancel, por la cobertura financiera complementaria que otorgue la compañía de seguros, y por el copago al que concurra el beneficiario/a.
    También se contempla que las personas inscritas en esta Modalidad accederán, además, un seguro catastrófico en virtud del cual dispondrán de una protección financiera especial que cubrirá todos los copagos derivados de un determinado problema de salud y de cargo de la persona beneficiaria que superen, dentro de un año de vigencia de la póliza respectiva el deducible correspondiente, bajo las condiciones que se especifican en la ley.
    En cuanto a los contratos de salud con las ISAPRE, se establece que al momento de su celebración, dichas instituciones no podrán ofrecer planes cuyos precios sean inferiores al valor de la cotización legal para salud del afiliado, calculada sobre el monto promedio de los últimos seis meses de la remuneración, renta o pensión, según sea el caso.
    Adicionalmente, en caso de que, en las sucesivas adecuaciones anuales, el monto de los excedentes a destinar a la cuenta corriente individual supere el 5% de la cotización legal para salud, la ISAPRE estará obligada a ofrecer al afiliado la incorporación de nuevos beneficios o planes de salud alternativos, cuyos precios más se aproximen al valor de su nueva cotización legal para salud y hayan sido comercializados dentro de los seis meses anteriores al ofrecimiento, entre otros aspectos que se detallan en la ley.
    A mayor abundamiento, las condiciones generales de cada plan de salud ofrecido deberán ser las mismas que se estén ofreciendo a esa fecha a los nuevos contratantes del respectivo plan y no podrán importar una discriminación entre dichos afiliados. Además se establece que, en ningún caso, el afiliado estará obligado a suscribir uno de los planes de salud alternativos ofrecidos por la Institución de Salud Previsional. Mientras no suscriba un nuevo plan cuyo precio mejor se aproxime al valor de su cotización legal, toda diferencia superior al 5% de la cotización legal no generará excedentes.
    Con todo, las revisiones de las adecuaciones anuales a que hace referencia el inciso anterior no podrán tener en consideración el estado de salud del afiliado y sus beneficiarios.
    En otro orden, la ley le encomienda a la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, verificar el precio que las ISAPRE cobrarán por las Garantías Explícitas de Salud, y fija su procedimiento.
    Por otra parte, la ley en su artículo 2°, establece que la Superintendencia de Salud dictará, en un plazo de 10 días, una circular para garantizar la adecuación del precio final de todos los contratos de salud previsional que no hayan utilizado la Tabla Única de Factores, la que deberá contener una serie de aspectos que son especificados en la ley, por ejemplo: la obligación de ajustar el precio final de los contratos que se encontraban vigentes al 01.12.2022, en la que no podrá importar un alza del precio final de los contratos vigentes, ni que pueda significar una reducción del precio pactado por debajo de la cotización legal obligatoria, entre otros.
    Respecto del artículo 3°, la ley contempla que dentro de un plazo de un mes, prorrogable por un mes adicional, las ISAPRE deben presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, el que debe contener la propuesta de devolución de la deuda resultante de la aplicación de tablas distintas a la Tabla Única de Factores, incluyendo el número de contratos afectados, los montos a devolver a cada afiliado, plazos máximos de devolución y modalidades de devolución, una propuesta de reducción de costos de la institución, incluyendo un sistema de pago eficiente a los prestadores y transparencia en los gastos para los afiliados, una propuesta para incorporar una prima extraordinaria por beneficiario en todos los contratos de la institución, destinada a cubrir costos relacionados con prestaciones, licencias médicas, por mencionar algunos.
    Establece que el plazo de devolución de la deuda puede ser de hasta trece años, con mecanismos para pagar la deuda de personas mayores de ochenta años en veinticuatro meses, y de personas de sesenta y cinco años o más en sesenta meses. Las instituciones pueden ofrecer devolver la deuda en forma de excedentes o en efectivo directamente a los cotizantes.
    El artículo 4° dispone que, cuando se aplique la prima extraordinaria, la ISAPRE debe ofrecer uno o más planes alternativos con el mismo precio pactado que el actual, a menos que sea el precio del plan mínimo ofrecido por la institución. Las personas afiliadas afectadas por esta prima tienen hasta seis meses después de su aplicación para solicitar el cambio a alguno de los planes ofrecidos, sin necesidad de suscribir una nueva declaración de salud, utilizando la que entregaron al momento de suscribir el contrato al que se aplicó la prima extraordinaria.
    En tanto, el artículo 5° establece que las deudas contempladas en los planes de pago y ajustes aprobados por la Superintendencia de Salud se registrarán en una cuenta corriente individual para cada afiliado, abierta por las ISAPRE, la que estará separada de cualquier otro tipo de fondos y no podrá ser cerrada hasta que la deuda sea completamente pagada, sin que se cobre ningún cargo adicional por su mantenimiento, debiendo las ISAPRE depositar en la cuenta del afiliado la cuota correspondiente según el plazo de devolución establecido en el plan de pago y ajustes. Los fondos en esta cuenta se ajustarán semestralmente de acuerdo con la variación del IPC, pero no generarán intereses.
    La ley dispone en su artículo 6° que las ISAPRE solo pueden repartir dividendos o distribuir utilidades si han pagado completamente las cantidades percibidas en exceso y si la Superintendencia de Salud ha certificado este cumplimiento previamente. La infracción a ésta disposición podrá ser sancionada por la Superintendencia con multas que van del 10% al 35% del valor distribuido o a distribuir, dependiendo de si la operación se ha llevado a cabo o no. En este sentido, se establece que ello conlleva la responsabilidad personal de los administradores y directivos de la Institución, así como de quienes recibieron los dividendos o utilidades, de forma solidaria con la Institución.
    El artículo 7° establece los distintos delitos y la pena asignada a ellos que se pueden cometer en contravención a la ley, tales como delitos de entrega maliciosa de información falsa o incompleta sobre el cumplimiento de los planes de pago y ajustes; la entrega de información falsa o incompleta para la obtención de la autorización de repartir dividendos y la coacción para la obtención de dicha autorización; al que realizare algún acto en una ISAPRE manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio.
    El artículo 9° contempla que los contratos de salud con precios inferiores a la cotización legal obligatoria se ajustarán a este valor, previa instrucción de la Superintendencia de Salud. La ISAPRE debe ofrecer nuevos beneficios y planes alternativos a los afiliados antes de realizar el ajuste, y estos deben tener las mismas condiciones que los ofrecidos a nuevos contratantes. Los afiliados pueden optar por mantener su plan ajustado, aceptar un plan alternativo o desafiliarse.
    Conforme con el artículo 10, se dispone que las modificaciones a los precios de los planes de salud se aplicarán sobre el precio final para los contratos afectados. Mientras que el artículo 11 establece que la Superintendencia de Salud tendrá la responsabilidad de fiscalizar la correcta implementación de los artículos de la ley en cuestión, teniendo la facultad de requerir información financiera, contable y operativa de las ISAPRE, así como de tratar datos personales obtenidos de diversas fuentes, siempre garantizando su protección conforme a la ley respectiva. En caso de que las instituciones privadas no cumplan con los plazos de entrega de la información requerida, podrán ser sancionadas con multas establecidas en la legislación vigente.
    El artículo 12, establece que la Superintendencia de Salud debe emitir una circular con normas que garanticen el acceso a la información contenida en la ley, con criterios de accesibilidad, efectividad, inclusividad y antidiscriminación.
    Finalmente, en las disposiciones transitorias de la ley se establecen una serie de medidas y plazos para su implementación, entre ellas:
    1. La resolución requerida por el nuevo artículo 144 ter dispuesta en el artículo 1°, deberá ser emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda en un plazo de tres meses.
    2. Se establecen procedimientos para la designación de los integrantes del Consejo Consultivo.
    3. La entrada en vigencia del artículo 144 quáter será a contar del tercer año de la publicación de esta ley. Previo a ello, la Modalidad de Cobertura Complementaria no incluirá al seguro catastrófico, y los inscritos en la modalidad no adquirirán derecho alguno sobre tal protección financiera especial.
    4. Se establecen disposiciones para personas que terminaron su contrato de salud antes de la ley.
    5. El Fondo Nacional de Salud proporcionará cobertura en ciertos casos específicos.
    6. Se dispone que el Presidente de la República envíe proyectos de ley para reformar el sistema de salud y eliminar ciertas preexistencias, dentro del período legislativo del Congreso Nacional 2024.
    7. Se establece que el proceso de adecuación de precios base estará sujeto a ciertas disposiciones adicionales.
    8. Se aumenta la dotación de personal del Fondo Nacional de Salud.
    9. Se detalla cómo se financiará el gasto fiscal asociado con la aplicación de la ley en su primer año y en los años siguientes.
  • Ley N° 21.669 , publicada el 18-05-2024
    Ley que aumenta progresivamente la planta de oficiales de la policía marítima de la Armada.
    MODIFICA LA PLANTA DE OFICIALES DE LA ARMADA, EN EL ESCALAFÓN DEL LITORAL
    La presente ley está compuesta por 1 artículo permanente y 2 artículos
    transitorios, su artículo único modifica el artículo N° 2 del DFL N° 1 de 1998 del Ministerio de Defensa Nacional (Reservado), que modifica las Plantas de Oficiales y Empleados Civiles del Ejército, Armada y Fuerza Área, aumentando gradualmente la dotación del escalafón de Oficiales del Litoral de la Armada de Chile como mecanismo permanente para hacer frente a nuevos escenarios que demandan mayor presencia y fiscalización de la autoridad marítima, como es el aumento de actividades turísticas y el desarrollo urbano en los alrededores de los lagos, el control de las fronteras para la prevención en
    materias de narcotráfico, crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes, el cuidado del medio ambiente acuático, la vigilancia y fiscalización de los espacios marítimos y el desarrollo de la matriz energética nacional, entre otros.
    Esta ley aumenta la planta en el escalafón de Oficiales del Litoral en 125 plazas adicionales en forma progresiva en los diferentes grados jerárquicos, en un lapso de tres años, con un incremento de 33 plazas para el primer año, 36 plazas para el segundo año y 56 plazas para el tercer año.
    Su artículo primero transitorio establece que durante los ocho años contados desde la publicación de la presente ley, no se podrá hacer uso de las plazas no ocupadas en el
    Escalafón del Litoral para efectos de ejercer la facultad señalada en el artículo 264 del DFL N° 1 de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas
    Armadas ni de otra norma de similar naturaleza.
    El artículo segundo transitorio regula el gasto fiscal que implica la presente ley.
  • Ley N° 21.664 , publicada el 17-05-2024
    Ley que define el concepto de carne y prohíbe esta denominación a productos que no sean de origen animal
    MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO, PARA DEFINIR EL CONCEPTO DE CARNE Y PROHIBIR DAR ESA DENOMINACIÓN A ...
    La presente ley tiene por objeto establecer cuál es el alcance del término carne y de prohibir que se utilice esa denominación en otros productos que no tienen ese origen, para lo cual modifica el Código Sanitario, mediante la incorporación de un nuevo Párrafo III, denominado “De la carne”, en el Título II de su Libro Cuarto.
    Este Párrafo III se compone de los nuevos artículos 105 undecies, 105 duodecies y 105 terdecies, cuyos aspectos más relevantes se mencionan a continuación:
    - En el primero, define la carne como la parte comestible de los músculos de animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos y otras especies aptas para el consumo humano. Además, dispone que las carnes de animales de caza en los procedimientos que especifica deberán ceñirse a lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y a la norma técnica dictada para éstas.
    - En el segundo, especifica que la carne incluye todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, exceptuando los músculos de sostén del aparato hioídeo y el esófago. Además, define por subproducto comestible a las partes y órganos tales como corazón, hígado, riñones, excluyendo los pulmones y otros mencionados en el artículo 274 del Reglamento Sanitario de los Alimentos.
    - En el tercero, prohíbe catalogar como carne a cualquier producto que no sea de origen animal o que no cumpla con lo establecido en los artículos anteriores. Agrega, que los términos asociados a productos de origen animal como hamburguesa, chorizo, cecina u otros, no pueden usarse para productos con mayor proporción de materia de origen vegetal, a menos que se indique claramente su origen vegetal.
    Añade, que las infracciones a este artículo serán sancionadas según el Libro Décimo del Código Sanitario, sin perjuicio de otras sanciones aplicables.
    Por último, su disposición transitoria, establece que la ley entra en vigencia 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial.

  • Ley N° 21.665 , publicada el 13-05-2024
    Ley que declara el 14 de mayo como el Día Nacional de la Concientización sobre el Diagnóstico de Apraxia del Habla Infantil
    DECLARA EL 14 DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE ...
    La presente Ley declara el 14 de Mayo de cada año como el Día Nacional de la concientización sobre el diagnóstico de Apraxia del Habla Infantil.
    El término Apraxia del habla infantil fue reconocido y estandarizado el año 2007 por la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), que estima que uno o dos de cada mil niños son diagnosticados con este trastorno neurológico. Es una evidente dificultad motora del habla que se puede observar cuando el niño no logra planificar voluntariamente la secuencia de movimientos musculares necesarios a la hora de comunicarse verbalmente.
    En casos de apraxia del habla en niveles severos, se produce una imposibilidad de adquirir el habla, y esto gatilla en que en edad escolar los niños y niñas no logran alcanzar la alfabetización, existiendo casos en que se causa un deterioro cognitivo al no tener habla
  • Ley N° 21.667 , publicada el 30-04-2024
    Ley de estabilización de tarifas eléctricas
    MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, EN MATERIA DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA
    La presente ley introduce una serie de modificaciones a diversos cuerpos legales relacionados con la estabilización tarifaria del sector eléctrico, en particular, modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objetivo principal de optimizar y clarificar el uso y la administración del Fondo de Estabilización de Tarifas en el contexto de la ley eléctrica, además de ajustar ciertos aspectos financieros y temporales relacionados con la estabilización de tarifas eléctricas para clientes regulados.
    Asimismo, incorpora cambios en la ley N° 21.472, que establece un fondo de estabilización de tarifas y un mecanismo transitorio para regular los precios de la electricidad para clientes bajo regulación de precios, a fin de clarificar y ajustar diversos aspectos, especialmente relacionados con la regulación de precios de la electricidad y el manejo del Fondo de Estabilización de Tarifas, así como la implementación de cargos específicos para financiar estos mecanismos transitorios.
    En sus disposiciones transitorias establece la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de Tarifas destinado a saldar deudas surgidas por leyes específicas. En particular, hasta diciembre de 2027 se prioriza el pago de deudas relacionadas con la ley N° 21.185 y ciertos documentos emitidos por la Tesorería General de la República. A partir de enero de 2028, los recursos se destinarán para saldar deudas relacionadas con la ley N° 21.472 y otros documentos.
    Adicionalmente, se establece el procedimiento para la dictación del decreto tarifario de precios de nudo promedio, incluyendo plazos y un proceso de observaciones por parte de las empresas suministradoras y distribuidoras.
    Por otra parte, se asegura que las resoluciones y decretos que regulan la ley N° 21.472 permanecerán vigentes en todo lo que no contradiga la nueva ley.
    Se establecen cambios para las concesionarias de distribución, detallando cómo deben actualizarse los niveles de precios asociados a los costos de distribución.
    Además, se especifican las obligaciones de los clientes sujetos a regulación de precios que optaron por cambiar a precios libres entre la publicación de la ley N° 21.185 y el 1° de agosto de 2022.
    Se establece un subsidio transitorio al pago del consumo de energía eléctrica para usuarios residenciales durante los años 2024-2026, junto con el financiamiento correspondiente y el proceso para su aplicación.
    Finalmente, se abordan los procedimientos para la entrada en vigencia de los decretos de nudo promedio y los descuentos aplicables en ciertas áreas, con el objetivo de mantener un buen servicio eléctrico.
  • Ley N° 21.661 , publicada el 26-04-2024
    Ley que autoriza la birregionalidad de las universidades del Estado
    MODIFICA LA LEY N° 21.094 Y LA LEY N° 18.744, PARA AUTORIZAR LA BIRREGIONALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ...
    La presente ley modifica la Ley N° 21.094, Sobre Universidades Estatales y la Ley N° 18.744, que Crea la Universidad del Biobío, con el propósito de autorizar la expansión de las universidades estatales a dos regiones contiguas y adquieran el carácter de birregionales; como asimismo, efectuar ajustes en materia procedimental de sus gobiernos para garantizar la representación regional, entre otras materias.
    Estas modificaciones incluyen, entre otras:
    En la Ley N° 21.094:
    1. Se permite que las universidades estatales tengan su domicilio en una o más regiones según lo establezcan sus estatutos.
    2. Se establece que el domicilio de la sede central corresponderá al lugar donde se encuentren los órganos superiores del gobierno universitario.
    3. Se permite a las universidades estatales extender su ámbito territorial a dos regiones contiguas y convertirse en birregionales, siempre que no haya otra universidad estatal en la región respectiva.
    4. Se ajustan los procedimientos de nombramiento de miembros del Consejo Universitario y del Consejo Superior para garantizar la representación de personas con vínculos profesionales en las regiones donde la universidad tiene su sede central y en la región adicional en caso de birregionalidad.
    En la Ley N° 18.744:
    Se establece que las universidades que deseen ser birregionales deben tener sus sedes dentro de la Región del Biobío y en una región contigua, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.094.
  • Ley N° 21.666 , publicada el 20-04-2024
    Ley modificatoria de la ley que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y otros cuerpos legales
    MODIFICA LA LEY Nº 20.267, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y ...
    La presente ley tiene por objeto modificar la ley Nº 20.267, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, y la ley Nº 19.728, que establece un Seguro de Desempleo.
    En el marco del el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales de la ley Nº 20.267, la presente norma agrega al artículo 2º los conceptos de Perfil Ocupacional, Plan Formativo, Ruta formativo-laboral, Marco Nacional de Cualificaciones para la formación técnico profesional y Articulación de la Formación Técnico Profesional.
    Respecto de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, establece que:
    - Tendrá su domicilio en Santiago y podrá establecer oficinas regionales.
    - Le otorga la facultad de diseñar los planes formativos y rutas formativo-laborales, como mantener una cooperación permanente y sistemática con el Ministerio de Educación.
    - Elimina la declaración jurada de patrimonio para sus miembros, siendo aplicable por esta modificación lo establecido en los capítulos 1º y 2º del Título II de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
    - El cargo de Secretario Ejecutivo pasa a ser el de Director Ejecutivo(a), al que se le suma como función transigir judicial o extrajudicialmente, o llegar a avenimiento, para lo cual requerirá el acuerdo del órgano colegiado de la Comisión.
    - En relación a su financiamiento, el patrimonio de ésta estará integrado por el presupuesto anual que le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público y añade que al cofinanciamiento de la generación, adquisición y actualización de Unidades de Competencias Laborales, el sector productivo deberá contribuir a lo menos con el 10% del gasto de cada una de ellas.
    - Deroga el artículo 11, que dice relación con que la Comisión celebrará anualmente un Convenio de Desempeño con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
    En lo que compete a los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, incorpora nuevas atribuciones, como la de solicitar a la Comisión la acreditación de Unidades de Competencias Laborales nuevas y actualizadas, y proponerle su adquisición; y proveer información sobre los requerimientos de capital humano del sector productivo al que representan, así como definir los requerimientos para la capacitación, formación y certificación de cada perfil ocupacional en consideración al Marco Nacional de Cualificaciones para la formación técnico profesional.
    Por su parte, reemplaza el artículo 17 de dicha ley, otorgándole a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica reconocidos por el Ministerio de Educación la posibilidad de ser acreditados como Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, como también establece limitaciones a los Organismos Técnicos de Capacitación, como también estipula infracciones en caso incumplir estas disposiciones.
    En tanto, se modifica el plazo de la acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, el que se otorgará por un plazo de entre uno y cuatro años, conforme a los criterios que establezca un reglamento. Con anterioridad este plazo era de tres años. A su vez, los Centros que infrinjan las normas de esta ley o su reglamento, podrá ser suspendida su acreditación de un mes a un año (con anterioridad era de seis meses) y se agregan nuevos criterios para su determinación.
    En lo que dice relación con el financiamiento de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales:
    - Modifica su artículo 29, estableciendo que las empresas que utilicen la franquicia tributaria establecida en el inciso primero del artículo 36 de la ley Nº 19.518, que Fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, para financiar el servicio de evaluación y certificación de competencias de uno o más de sus trabajadores, deberán contribuir con los gastos de dichos procesos, en los mismos porcentajes y condiciones establecidos en el artículo 37 de dicha ley.
    - Modifica el artículo 33, en el sentido de disponer que se aplicarán a la intermediación de los servicios de evaluación y certificación de competencias laborales las mismas condiciones establecidas para la intermediación de capacitación en la ley Nº 19.518 y sus reglamentos.
    - Deroga los artículos 34 y 35 de la citada ley Nº 20.267.
    Finalmente, esta norma modifica el artículo 34 B de la ley Nº 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, en el sentido de incorporar a la Comisión del Sistema de Competencias de la ley Nº 20.267 dentro de los organismos facultados para exigir los datos personales contenidos en la Base de Datos a que se refiere dicha ley y la información necesaria para el ejercicio de sus funciones a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Asimismo, por medio de una modificación al artículo 63 de la citada norma incorpora a la Superintendencia de Pensiones, la Comisión del Sistema de Competencias Laborales de la ley Nº 20.267 para que puedan acceder a las bases de datos del administrador de la Bolsa Nacional de Empleo para el ejercicio de sus funciones.
    A nivel transitorio, cabe señalar que la presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo dispuesto en los numerales 3, literal b); 16; 17 y 18 del artículo 1, que entrarán en vigencia a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial, esto es el 19 de junio de 2024. En tanto, lo dispuesto en la letra a) número 6 y en los numerales 7 y 19 del artículo 1 entrarán en vigencia desde el 1 de enero de 2025.
  • Ley N° 21.660 , publicada el 10-04-2024
    Ley sobre protección ambiental de las turberas (Ley Pompón).
    SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS TURBERAS
    La presente ley tiene como finalidad la protección de las turberas para preservarlas y conservarlas como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, regular el recurso hídrico, conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proveen, como asimismo, la prohibición de extracción de turba en todo el territorio nacional.
    En este mismo orden de ideas, la ley regula el manejo sustentable de la cubierta vegetal de musgo Sphagnum magellanicum a través de planes aprobados por el Servicio Agrícola y Ganadero, previo informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
    La conservación, preservación y restauración de las turberas, como también, la elaboración y aprobación de planes de manejo se regularán mediante un reglamento que deberá dictarse dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de la presente ley.
    El incumplimiento de esta ley será fiscalizado y sancionado por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de acuerdo a lo establecido en el título V de la ley 21.600, sin perjuicio de las potestades de fiscalización que le corresponde ejercer al Servicio Agrícola y Ganadero.
    Finalmente, la ley determina la caducidad de pleno derecho, al transcurrir el tiempo de vida útil declarado en el proyecto, de las resoluciones de calificación ambiental que autoricen la extracción o explotación de turba o cubierta vegetal. Además indica que los planes de cosecha vigentes a la fecha de publicación de esta ley, seguirán generando todos sus efectos, debiendo los titulares cumplir con las condiciones aplicables a los planes de manejo sustentable de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de esta ley.
  • Ley N° 21.663 , publicada el 08-04-2024
    Ley Marco de Ciberseguridad
    LEY MARCO DE CIBERSEGURIDAD
    La presente ley tiene por objeto regular la normativa general aplicable a las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado, ya sea entre ellos o con entidades privadas. Asimismo, establece los requisitos mínimos para enfrentar incidentes de ciberseguridad, las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, los deberes de las instituciones determinadas en la ley, como asimismo los mecanismos de control, supervisión y responsabilidad frente a infracciones.
    En miras de lo anterior, la ley define qué se debe entender por activo informático, auditorias de seguridad, ciberataque, ciberseguridad, e incidente de ciberseguridad, entre otras. Del mismo modo, establece principios rectores claves para su objeto, entre los que destacan; el principio de control de daños, el principio de cooperación con la autoridad, el principio de coordinación, y el principio de seguridad en el ciberespacio, por mencionar algunos de ellos.
    En ese orden de ideas, se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (la Agencia), un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y especializado, cuyo principal objeto será asesorar al Presidente de la Republica en materias propias de ciberseguridad. No obstante, goza de diversas atribuciones, tales como; dictar protocolos y estándares de ciberseguridad, aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias de esta materia, coordinar y supervisar al Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) y los demás pertenecientes a la Administración del Estado, y crear y administrar un Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad.
    Por otro lado, la ley estatuye su ámbito de aplicación, señalando que se aplicará a las instituciones que presten servicios calificados como esenciales según lo establecido en su articulado. Dentro de aquellos servicios se comprende a los provistos por los organismos de la Administración del Estado y por el Coordinador Eléctrico Nacional, los prestados bajo concesión de servicio público y los provistos por instituciones privadas que realicen las actividades señaladas en la norma. Sin perjuicio de lo señalado, se permite que la Agencia califique mediante resolución fundada de su Director Nacional otros servicios como esenciales cuando su afectación puedan causar daños importantes a la integridad de las personas, al normal funcionamiento de la sociedad y/o de la Administración del Estado, al medioambiente, a la defensa nacional, o a la seguridad y el orden público, entre otras graves afectaciones calificas por la ley.
    Del mismo modo, se establece que lo dispuesto también será aplicable a aquellas instituciones calificadas como operadores de importancia vital, según lo establezca el o la Directora Nacional de la Agencia. Para aquello, se regula el procedimiento pertinente para tal calificación; siendo necesario que la provisión de sus servicios dependan de las redes y sistemas informáticos, y que la perturbación de sus servicios tenga un impacto significativo en la seguridad y el orden público, en la provisión de servicios esenciales, y el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado o, en general, de los servicios que éste debe proveer.
    En línea con lo anterior, se fijan deberes específicos para los operadores de importancia vital, dentro de los que se encuentran, el implementar un sistema de gestión de la información continuo, elaborar e implementar planes de continuidad operacional y ciberseguridad, y realizar continuamente operaciones de revisión, adoptar medidas oportunas y expeditas necesarias para reducir el impacto y la propagación de un incidente de ciberseguridad. Con todo, se prescriben deberes generales para las instituciones obligadas por la presente ley, obligando de manera general a aplicar de manera permanente medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad.
    En complemento de la Agencia, se crea el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad (el Consejo), un órgano de carácter consultivo que tiene como objeto asesorar y formular recomendaciones a la Agencia en el análisis y revisión periódica de la situación de ciberseguridad del país, en el estudio de las amenazas existentes y potenciales en el ámbito de ciberseguridad, y proponer medidas para abordarlas. Asimismo se crea el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional) encargado, entre otras funciones, de responder a ciberataques o incidentes de ciberseguridad cuando éstos sean de efecto significativo, supervisar incidentes a escala nacional, y realizar entrenamiento, educación y capacitación en materia de ciberseguridad.
    Además, se constituye el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional (CSIRT de la Defensa Nacional), órgano dependiente del Ministerio de Defensa Nacional encargado de la vigilancia de las redes y sistemas del mencionado Ministerio y de los servicios esenciales para la defensa nacional, sin perjuicio de las demás tareas encomendadas para resguardar la defensa y seguridad nacional. Además, se crea el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad (el Comité) que tiene por objeto asesorar al Presidente de la Republica en materias de ciberseguridad relevantes para el funcionamiento del país y la Red de Conectividad Segura del Estado (RCSE) encargada de proveer servicios de interconexión y conectividad a internet a los organismos de la Administración del Estado señalados por la ley.
    Por otro lado, se establece que los antecedentes, datos e información en poder de la Agencia y los CSIRT, ya sea de nivel Nacional o de Defensa, así como los de otros organismos estatales o su personal, se considerarán secretos y de circulación restringida. Estatus que también se aplicará a la información que el personal de estos organismos adquiera en el ejercicio de sus funciones, a las matrices de riesgos de ciberseguridad, planes de continuidad operaciones y de desastres, entre otras hipótesis. Las infracciones a estas obligaciones serán sancionadas según las respectivas normas del Código Penal.
    Al respecto, la autoridad sectorial será la competente para fiscalizar, conocer y sancionar las infracciones, así como ejecutar las sanciones según la normativa sobre ciberseguridad que hubiere dictado. Fuera de dichos casos, le corresponderá a la Agencia dicho rol ante las infracciones a la presente ley. En ese sentido, la norma consagra que las infracciones en comento pueden ser leves, graves o gravísimas, y que sus respectivas sanciones, que se gradúan según la escala antes mencionada, varían entre 5.000 a 40.000 UTM, según sea su gravedad. Para la aplicación de aquello, se regula además el procedimiento correspondiente en esta materia.
    Como régimen especial se estatuye que los órganos autónomos constitucionales, como el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, el Poder Judicial, Contraloría, entre otros, no se encuentran sujetos a la regulación, fiscalización o supervigilancia de la Agencia.
    Por su parte, se introducen modificaciones a la ley N° 20.424, estatuto del Ministerio de Defensa Nacional y a la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos.
    Finalmente, se señala que el Presidente de la Republica deberá dictar, en el plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial, las normas necesarias para determinar, entre otras cosas, el periodo para la entrada en vigencia de las normas establecidas por la presente ley, el que no podrá ser inferior a seis meses desde su publicación.

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