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Documentos presentados a comisiones
Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de Ley del Boletín N° 16.773-07.
El presente documento, elaborado para la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, señala cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia contenida en el proyecto de ley, boletín N° 16.773-07, que “Modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile”.
Proyectos de ley que podrían vincularse al Proyecto de ley del Boletín N°17.073-07.
El presente documento, elaborado por solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, señala cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que el contenido del Proyecto de Ley Boletín N°17.073-07, que “Modifica la Carta Fundamental para establecer como inhabilidad para ser elegido Presidente de la República, Senador o Diputado, el haber sido condenado como autor de violencia intrafamiliar”.
Atención preferente y priorización para prestaciones y beneficios sociales: Marco regulatorio para mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes
- Truffello García, Paola
- Álvarez Droguett, Paola Alejandra
- Poblete Vásquez, Mario Eduardo
- De La Paz Mellado, Verónica Cristina
El proyecto de ley (Boletín No. 17.645-18) establece el derecho a atención preferente en trámites presenciales ante órganos de la Administración del Estado, así como la priorización en la entrega de prestaciones y beneficios sociales para mujeres embarazadas y para niños, niñas y adolescentes bajo la atención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Ley No. 21.302). La normativa legal vigente revisada no reconoce un derecho general y expreso a atención preferente ni a priorización en todos los beneficios sociales para mujeres embarazadas. Existen protecciones específicas: subsidio y asignación maternal, programa Chile Crece Contigo (40% más vulnerable), controles prenatales prioritarios y derechos laborales reforzados. El proyecto introduce el derecho de atención preferente para mujeres embarazadas y un derecho general para su priorización en beneficios sociales. Para la niñez y adolescencia en protección especializada, gran parte de la priorización ya está contemplada en las Leyes No. 21.430 y 21.302, pero se amplía el alcance, en especial en materia habitacional para jóvenes que egresan de programas de protección especializada del Estado.
Historia del artículo octavo transitorio. Regulación sobre identificación de los sitios prioritarios de la ley 21.600
Documento que tiene por objeto dar cuenta de la tramitación legislativa del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.600, disposición que establece el mandato de dictar el decreto supremo que regulará la determinación de calificación de los “sitios prioritarios”, así como establece la situación jurídica de aquellos identificados con anterioridad a la publicación de dicha ley (06 de septiembre de 2023). Cabe señalar que el precepto analizado fue incorporado mediante la Ley N° 21.600 y posteriormente modificado por la Ley N° 21.755, que amplió de dos a cinco años el plazo conferido para dictar el decreto supremo.
Productos que imitan bebidas alcohólicas para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): Chile, Francia, Finlandia y Lituania.
El informe tiene por objeto analizar la pertinencia de la venta de “espumantes infantiles”, productos sin alcohol destinados a menores que imitan envases y rituales asociados a bebidas alcohólicas. Para ello, se revisa la normativa chilena junto con marcos regulatorios comparados en Francia, Finlandia y Lituania. En Chile hay ausencia de regulación específica. La Ley No. 19.925 define como alcohol las bebidas con 0,5° o más, dejando fuera a productos imitativos sin alcohol. Existen normas de protección a NNA (restricciones de venta, ingreso a locales, advertencias sanitarias), pero ninguna regula expresamente la apariencia, envases o prácticas comerciales de productos que imitan bebidas alcohólicas destinados a menores.
Análisis de agravante en delitos contra dirigentes de juntas de vecinos: En relación con Boletines N°11.948-07 y 12.926-07, refundidos.
El proyecto que “Modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos” (Boletín N°11.948-07, refundido con N°12.926-07), propone una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal, consistente en “ejecutar delitos de amenazas, homicidios, castración, mutilación lesiones graves y lesiones menos graves, contra los dirigentes de juntas de vecinos en represalia del ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad pública”. Esta agravante de sujeto pasivo calificado se funda en la mayor antijuridicidad que implicaría la comisión del hecho ilícito contra los dirigentes que, en el desempeño voluntario de sus funciones de seguridad, se exponen públicamente a represalias por parte de a quienes dichas medidas afectan. Asimismo, sería de aplicación facultativa para el juez, su protección se restringe a los “integrantes del directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal, constituida conforme a la ley N°19.418”, y requiere acreditar que el delito se ha cometido en represalia por el ejercicio de las funciones de la víctima.
Patrimonios de afectación fiscal: Regulación nacional y proyecto de ley.
Se examina el régimen jurídico aplicable a los Patrimonios de Afectación Fiscal (PAF), una figura que integra bienes fiscales destinados a fines específicos y sometidos a un marco normativo especial. Particularmente, el informe sitúa a los PAF dentro del sistema general de bienes públicos y bienes fiscales regulados por el Código Civil y el Decreto Ley No. 1939 de 1977, donde se destaca su carácter de patrimonios separados, con reglas de administración y disposición propias. Posteriormente, profundiza el PAF regulado por la Ley No. 18.712, aplicable a los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, analizando su composición, administración, límites en la enajenación y el alcance de las obligaciones asociadas a este patrimonio.
Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de reforma constitucional del Boletín No. 17.303-07.
El documento señala cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que el contenido del proyecto de ley, boletín No. 17.303-07, que “Modifica la Carta Fundamental, para agregar un nuevo Capítulo relativo al territorio nacional”.
Marco normativo de la fiscalización de buques en Chile: Facultades de entidades fiscalizadoras de buques y naves y su normativa aplicable.
El presente documento ofrece un análisis integral del sistema de fiscalización de buques en Chile, identificando a los principales órganos públicos competentes y sus respectivas facultades legales, específicamente aquellas que dicen relación con la labor fiscalizadora. A partir de un enfoque normativo y funcional, se evidencia que la fiscalización marítima constituye una labor intersectorial, en la que participan entidades como la Armada de Chile (a través de DIRECTEMAR), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura , el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y la Policía de Investigaciones, entre otros. Se identifica una creciente tendencia por la coordinación interinstitucional, materializada en convenios de colaboración, programas operativos conjuntos y otros sistemas de control, que permiten enfrentar de forma más eficiente desafíos como la fiscalización del cabotaje, la pesca ilegal, las condiciones de seguridad laboral y el control sanitario en puertos.
Reavalúo de bienes raíces agrícolas: Modificaciones legales que pueden explicar el aumento del monto de tasación de las propiedades.
El avalúo fiscal de los bienes raíces agrícolas en Chile ha experimentado una evolución significativa desde la promulgación de la Ley N° 4.174 en 1927 hasta el DFL N° 1 de 1998, que consolida la Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial. A lo largo de este período, los sucesivos cambios normativos han buscado actualizar y perfeccionar los mecanismos de tasación y reavalúo, con el fin de reflejar con mayor precisión las condiciones del mercado y la productividad de los predios, impactando directamente en la base imponible del impuesto territorial. En sus inicios, la normativa establecía reavalúos con una periodicidad amplia y metodologías basadas en declaraciones del contribuyente. Con la Ley N° 17.235 de 1969, se incorporaron herramientas técnicas como tablas de tasación, mapas de ubicación y clasificación del suelo según capacidad de uso y accesibilidad, lo que permitió mayor objetividad en la valoración. Posteriormente, la Ley N° 20.033 de 2005 fijó reavalúos nacionales cada cuatro años, reduciendo los rezagos en la actualización de valores y alineando los avalúos con las alzas del mercado. Entre las innovaciones más recientes, la Ley N° 21.078 de 2018 obliga al Servicio de Impuestos Internos (SII) a realizar reavalúos extraordinarios tras la ampliación de límites urbanos, lo que eleva considerablemente los avalúos por efecto de localización. A esto se suma el reajuste semestral automático del avalúo según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 1969, que produce incrementos continuos aun sin reavalúos. Asimismo, se contemplan exclusiones temporales de mejoras agrícolas —como sistemas de riego o drenaje— por hasta diez años, siempre que se declaren oportunamente. Las modificaciones introducidas desde 1969 también consideran los efectos de hechos sobrevinientes, tales como mejoras tecnológicas o cambios en la capacidad productiva del suelo. Finalmente, la Ley N° 21.210 de 2020 incorporó una sobretasa progresiva para predios agrícolas cuyo avalúo total supere las 670 UTA, fortaleciendo la equidad tributaria y la fiscalización del sistema.