La regulación de los inspectores municipales en Chile, distinguiendo entre el marco legal vigente y las modificaciones que introduce la Ley No. 21.802 a partir del 12 de agosto de 2026, enfocadas en la seguridad pública. Actualmente, estos funcionarios operan bajo el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y ejercen labores generales de supervigilancia, además de actuar de forma complementaria en seguridad ciudadana. Las funciones de los inspectores se dividen en dos grandes ámbitos sectoriales: 1. Funciones de Supervigilancia; en este caso los inspectores velan por el cumplimiento de diversas leyes y ordenanzas locales. 2. Funciones de Seguridad Pública (Ley N° 21.802). A contar de agosto de 2026, entra en vigencia un estatuto especial para los inspectores municipales de seguridad municipal. Sus atribuciones se clasifican en dos tipos: i) Prevención y Convivencia: Labores preventivas que incluyen el patrullaje, la vinculación comunitaria, la televigilancia, el auxilio en emergencias viales y el control o incautación del comercio ambulante. y ii) Rol Coadyuvante: Actuaciones coordinadas con las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esto contempla patrullajes mixtos, control de identidad policial, fiscalización de alcohol y drogas en la vía pública, y resguardo de víctimas o cautelares en casos de violencia intrafamiliar. El nuevo régimen les prohíbe explícitamente ejercer atribuciones exclusivas de las fuerzas policiales y les impone estrictos deberes de denuncia y reserva de información.

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Administración del Estado

Derecho

26/05/2026

Leasing mobiliario: Casos de EEUU, México, Costa Rica y España.

Cavada Herrera, Juan Pablo

De las legislaciones sobre leasing mobiliario en Estados Unidos, México, Costa Rica y España, se observan distintos modelos regulatorios orientados a equilibrar la protección del crédito con los derechos del arrendatario. El modelo norteamericano, regulado principalmente por el Uniform Commercial Code (UCC), privilegia la realidad económica de la operación por sobre su forma contractual, distinguiendo entre un verdadero arrendamiento (“true lease”) y una garantía encubierta. México regula expresamente el leasing mediante una normativa integral, que exige escrituración e inscripción registral, otorgando publicidad y oponibilidad frente a terceros. Finalmente, España combina supervisión financiera y control judicial, estableciendo mecanismos de transparencia, pago anticipado, protección procesal y moderación judicial de cláusulas penales excesivas.

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Derecho

26/05/2026

Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N° 17524-25.

El presente documento señala iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que contiene el boletín 17524-25, que modifica el Código Penal, para incorporar como circunstancia agravante, cometer el delito contra el personal de Gendarmería de Chile, o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en el caso que indica.

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Derecho

Seguridad

22/05/2026

Responsabilidad de intermediarios en entornos digitales. Derecho comparado. Australia, Brasil, España, Francia y Unión Europea

Santana Silva, Daniela Francisca

Informe que examina modelos regulatorios aplicables a plataformas digitales, intermediarios en línea y servicios de redes sociales, considerando especialmente las tendencias recientes en materia de moderación de contenidos, obligaciones de diligencia, transparencia y supervisión administrativa. Para ello, se analizan experiencias regulatorias de la Unión Europea, Francia, España, Australia y Brasil, identificando sus principales características normativas e institucionales.

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Ciencia y Tecnología

Derecho

19/05/2026

Mecanismos de preferencia judicial por interés colectivo o de interés público: Casos de Colombia y Costa Rica.

En Colombia, la Constitución reconoce las acciones populares y de grupo para la protección de derechos e intereses colectivos. La Ley 472 de 1998 regula las acciones populares, con finalidad preventiva y restitutoria, y las acciones de grupo orientadas a indemnizar daños sufridos por una pluralidad de personas afectadas por una misma causa. Entre los derechos protegidos se incluyen el medio ambiente, el patrimonio público, la moral administrativa, los derechos de consumidores y usuarios, la libre competencia y la prevención de desastres. Asimismo, se establece un trámite preferencial obligatorio para las acciones populares preventivas. En Costa Rica, la jurisdicción contencioso-administrativa, reconocida constitucionalmente, ejerce el control de legalidad de la actuación estatal y protege los derechos e intereses de los administrados. El Código Procesal Contencioso Administrativo contempla mecanismos de preferencia procesal para asuntos que el tribunal considere urgentes o de gran trascendencia pública, el que incluye reducción de plazos, prioridad en la fijación de audiencias y preferencia en la tramitación del recurso de casación. Por su parte, en materia de tutela de intereses colectivos, Chile cuenta con acciones sectoriales -especialmente en el ámbito de los derechos de los consumidores - y con la acción constitucional de protección, la que, pese a su naturaleza individual, ha sido utilizada en controversias con efectos colectivos, observándose en ambos casos reglas de tramitación preferente.

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Derecho

15/05/2026

Responsabilidad ambiental en Chile: Sistematización de los regímenes de reparación, indemnización, administrativo y penal.

Mortera De Iruarrizaga, María Soledad

El presente informe examina los distintos regímenes de responsabilidad aplicables en materia ambiental en el ordenamiento jurídico chileno, distinguiendo sus fundamentos, finalidades, órganos competentes y principales consecuencias jurídicas. En primer término, se abordan los aspectos generales de la protección ambiental y la forma en que el ordenamiento jurídico articula mecanismos destinados a prevenir, sancionar y reparar afectaciones al medio ambiente. Luego, se analiza la responsabilidad por daño ambiental regulada en la Ley N°19.300, particularmente su finalidad reparadora, el concepto de daño ambiental, las acciones destinadas a la reparación del medio ambiente y a la indemnización de perjuicios, así como la competencia de los Tribunales Ambientales. Asimismo, se examina la responsabilidad administrativa ambiental, revisando el sistema de fiscalización y sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, las principales infracciones y sanciones contempladas en la Ley N°20.417 y los mecanismos de control jurisdiccional aplicables. Finalmente, se revisa la responsabilidad penal ambiental, especialmente las modificaciones introducidas por la Ley N°21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, incluyendo la incorporación de delitos ambientales al ordenamiento penal, y la responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas.

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Derecho

14/05/2026

Patentes de acuicultura: Criterios de determinación en Canadá, Escocia y Noruega.

Cavada Herrera, Juan Pablo

Se analiza la regulación de las patentes de acuicultura -entendidas como el permiso o concesión administrativa habilitante y sus tasas asociadas- en Noruega, Canadá y Escocia . Para estos efectos, se ha estimado relevante, precisar los siguientes elementos en el análisis, en base a los cuales se estructura el Informe en cada país: a) contribuyente, b) licencia habilitante o permiso; c) determinación de la tasa; d) determinación de la base imponible; e) período de pago de la patente; y, f) destino de la recaudación. Los tres países aplican modelos diferenciados: Noruega grava la producción efectiva, Canadá la capacidad física autorizada y Escocia el rendimiento comercial del espacio ocupado. Solo Noruega y Escocia contemplan mecanismos legales explícitos para la redistribución directa de la recaudación hacia las comunidades locales donde se desarrolla la actividad.

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Derecho

Recursos Naturales

14/05/2026

Minerales críticos: Legislación nacional, internacional y extranjera. Perspectivas legales para Chile.

Cavada Herrera, Juan Pablo

Se analiza la regulación de los minerales críticos en diversas jurisdicciones y normas internacionales, identificando las tendencias globales en gobernanza, incentivos y trazabilidad. el Informe se divide en cinco secciones. La primera está dedicada a revisar la definición de minerales críticos en Chile y en el extranjero. La segunda presenta un listado referencial de normativa, políticas, estrategias, planes, programas y acuerdos contenidos en el documento del Ministerio de Minería titulado “Estrategia Nacional de Minerales Críticos”. La tercera sección expone, en términos generales, el marco normativo extranjero contenido en el mismo documento del Ministerio de Minería. Posteriormente, la cuarta sección analiza los parámetros regulatorios presentes en Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Japón, México y Portugal. Finalmente, una quinta sección sintetiza, mediante una tabla comparativa, los principales hallazgos de la investigación y los parámetros identificados en las regulaciones analizadas, incluido lo relativo a la trazabilidad.

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Derecho

Recursos Naturales

13/05/2026

Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N° 15295-07.

Se señalan cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que el contenido del boletín 15295-07, que Modifica el Decreto Ley No. 321, de 1925, a fin de restringir los requisitos necesarios para acceder al beneficio de libertad condicional. En total, se identificaron 5 proyectos de ley relacionados con la materia consultada. Tres de ellos se encuentran en la Cámara de Diputadas y Diputados, en primer trámite constitucional, y dos se encuentran en el Senado, uno de los cuales se encuentra en primer trámite constitucional y otro archivado.

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Derecho

11/05/2026

Marco normativo de la autopsia médico - legal en Chile.

Álvarez Droguett, Paola Alejandra

Marco normativo aplicable a la remisión de cadáveres y a la práctica de autopsias médico-legales en Chile, destacando la coexistencia de normas legales, reglamentarias y técnico-periciales. Se distingue entre autopsia clínica —orientada a fines médicos— y autopsia médico-legal, esta última ordenada por el Ministerio Público o tribunales para determinar la causa y circunstancias de la muerte. Desde el punto de vista legal, el Código Sanitario y su reglamentación establecen reglas sobre la emisión de certificados de defunción, imponiendo al médico tratante la obligación de emitir dicho certificado, salvo sospecha de causa no natural, caso en el cual se activa la intervención judicial y, en la práctica, la remisión del cadáver al Servicio Médico Legal para la realización de las pericias correspondientes. El Servicio Médico Legal (SML) cumple un rol central como órgano técnico asesor de la justicia, encargado de realizar peritajes tanatológicos. Su actuación se rige, además, por guías técnicas —como la Resolución Exenta No. 3.363— que estandarizan los procedimientos de autopsia para la elaboración de informes periciales.

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Derecho