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Impuesto especifico a los combustibles: Evolución histórica de la recaudación (2010-2025) y análisis comparativo entre las estimaciones presupuestarias y la recaudación efectiva para el período 2020-2025.
El Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) constituye un gravamen indirecto de relevancia para las finanzas públicas, aplicado principalmente a las gasolinas automotrices y al petróleo diésel. Su recaudación se relaciona con el consumo de combustibles y puede verse afectada por las condiciones económicas, los precios internacionales y el tipo de cambio. El presente informe analiza su evolución para el período 2010–2025 y compara, para 2020–2025, las estimaciones de las Leyes de Presupuestos con la recaudación efectiva al cierre de cada ejercicio. Los análisis en términos absolutos muestran que la recaudación presenta una trayectoria heterogénea. Entre 2010 y 2019 se observa una tendencia general creciente; en 2020 y 2021 disminuye debido al impacto de la pandemia sobre la movilidad y la actividad económica, mientras que 2022 registra el mínimo de la serie. Desde 2023 se observa una recuperación significativa, con niveles superiores a los años inmediatamente anteriores. En términos de importancia fiscal, el IEC representó 4,7% de los ingresos tributarios en 2023, 4,1% en 2024 y 4,3% en 2025. Respecto del gasto público nacional, su participación alcanzó 3,4%, 3,0% y 3,3%, respectivamente. Si bien constituye una fuente relevante de ingresos tributarios, su participación no representa una fuente predominante en el financiamiento del gasto público nacional. La comparación entre las estimaciones presupuestarias y la recaudación efectiva para el período 2020–2025 evidencia una elevada variabilidad. Las desviaciones respecto a lo presupuestado fueron de -4,8% en 2020, -16,5% en 2021 y -57,6% en 2022. El año 2023, la recaudación superó en 50,4% lo presupuestado; en 2024 se ubicó 9,1% por debajo, mientras que en 2025 superó en 8,3% la estimación inicial.
Medidas tecnológicas de protección: Casos específicos de excepciones relacionadas con los sistemas integrados.
Se analiza la incorporación de excepciones a la prohibición de eludir medidas tecnológicas de protección (MTP) en el contexto del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual (Boletín Nº 14.767-03), con especial atención a su aplicación sobre firmware y sistemas embebidos, incorporados en diversos bienes como dispositivos o vehículos, los cuales pueden estar protegidos mediante MTP. El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (1996) exige protección jurídica contra la elusión de las MTP, pero deja a cada Estado la definición del régimen de excepciones. El análisis comparado muestra modelos regulatorios diferenciados. Estados Unidos y Colombia establecen catálogos explícitos de excepciones y mecanismos de revisión periódica; Canadá y Australia contemplan excepciones específicas para interoperabilidad, investigación, seguridad y reparación; la Unión Europea privilegia mecanismos que obligan a los titulares a garantizar el acceso cuando existe una excepción legal; Brasil carece de un régimen general de excepciones de elusión; y Japón regula la materia como una salvedad a la infracción, contemplando excepciones vinculadas a investigación y desarrollo tecnológico o cuando no se perjudican los intereses del titular. Se desarrolla con mayor profundidad el modelo estadounidense previsto en la sección 1201 de la DMCA (Digital Milennium Copyright Act), que combina excepciones permanentes con un procedimiento administrativo trienal para incorporar nuevas categorías.
Ministerio de Seguridad Pública: Ejecución del presupuesto vigente a mayo de 2026, por líneas programáticas.
Este informe analiza la ejecución acumulada al mes de mayo de 2026 para el Ministerio de Seguridad Pública (último mes con información disponible entregada por la DIPRES). Este Ministerio, de forma agregada, incluye los programas presupuestarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, los Centros Regionales de Atención y Orientación a las Víctimas, Carabineros de Chile, Formación y Perfeccionamiento Policial, el Hospital de Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La ejecución presupuestaria acumulada del Ministerio de Seguridad Pública, a mayo del año 2026, ha sido de $971.562 millones, lo cual equivale al 40,0% del total del gasto presupuestario vigente a ese mes ($2.429.992 millones). la ejecución del presupuesto se presenta en este informe por línea programática (y en los anexos del documento, de la forma tradicional, esto es por objeto y naturaleza del gasto). Esto permite clasificar el gasto en grupos de bienes y servicios con objetivos similares, facilitando la comprensión de la orientación estratégica del gasto público.
Estructura de financiamiento del Distrito 9: ingresos propios, Fondo Común Municipal e impuesto territorial (2021-2025). (Cerro Navia, Lo Prado, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quinta Normal, Recoleta y Renca)
El informe analiza la evolución de los ingresos municipales del Distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca) durante el período 2021-2025, destacando el papel del Fondo Común Municipal (FCM) como principal mecanismo de redistribución del financiamiento local. En el período 2021-2025, los ingresos municipales del Distrito 9 aumentaron un 13,8% en términos reales. El análisis territorial evidencia importantes diferencias en la dependencia del Fondo Común Municipal. En 2025, Cerro Navia financia el 72,8% de sus ingresos mediante este mecanismo, seguida por Independencia (37,4%) y Lo Prado (31,1%). En contraste, Huechuraba (6,8%) y Renca (13,3%) presentan una dependencia significativamente menor. Por su parte, el Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (artículo 37 del D.L. No. .063) también revela diferencias significativas entre comunas. Huechuraba obtiene cerca del 22,0% de sus ingresos desde esta fuente, seguida por Independencia (12,5%) y Recoleta (11,8%), mientras que Cerro Navia (1,5%) y Lo Prado (1,1%) registran una participación muy reducida.
Mercado Laboral en la Región del Maule (Análisis del Trimestre Móvil Marzo-Mayo 2026).
El mercado laboral de la Región del Maule evidenció un marcado deterioro durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026. La tasa de desocupación alcanzó 10,0%, aumentando 2,7 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, la mayor alza registrada entre las regiones del país. Este desempeño situó al Maule como la cuarta región con mayor desempleo y reflejó un deterioro más intenso que el promedio nacional, afectando especialmente a las mujeres. Los indicadores de participación y ocupación confirman un escenario de menor dinamismo laboral. La Región del Maule registró una tasa global de participación de 58,2% y una tasa de ocupación de 52,4%, ambas inferiores al promedio nacional y manteniendo brechas cercanas a cuatro puntos porcentuales. Para el semestre de la referencia, la población ocupada disminuyó en 8,6 mil personas (-1,7%), debido principalmente a la reducción del trabajo por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado registró un crecimiento moderado. Un aspecto crítico corresponde a la informalidad laboral en la región, que alcanzó 31,6% de los ocupados, superando ampliamente el promedio nacional (27,0%).
Electromovilidad: Leyes aprobadas y proyectos en tramitación legislativa en Chile.
El presente documento identifica leyes publicadas y proyectos de ley en tramitación o archivados que abordan materias vinculadas con la electromovilidad en Chile. Para estos efectos, se adopta un criterio amplio de revisión, considerando iniciativas referidas a vehículos eléctricos, estándares de eficiencia energética vehicular, infraestructura de carga, sistemas de almacenamiento, conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, seguridad de baterías de litio y transporte público cero emisiones. Del análisis se observa que las leyes aprobadas han avanzado en tres dimensiones. Primera, la incorporación de estándares de eficiencia energética para vehículos motorizados y reglas sobre interoperabilidad de la infraestructura de carga. Segunda, el reconocimiento de los vehículos eléctricos como parte del ecosistema de almacenamiento energético y la creación de incentivos económicos asociados a su uso. Tercera, la habilitación normativa para la conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, mediante talleres autorizados y exigencias de certificación, seguridad y fiscalización. Por su parte, los proyectos en tramitación abordan materias complementarias al despliegue de la electromovilidad, tales como la regulación del uso de estacionamientos destinados a carga eléctrica y la exigencia de equipamiento especializado para enfrentar incendios asociados a vehículos eléctricos o baterías de litio. Asimismo, se identifica un proyecto archivado que proponía exigir tecnologías cero emisiones en el transporte público de pasajeros en capitales regionales y ciudades de mayor tamaño.
Generación eléctrica fotovoltaica Atacama: Centrales en funcionamiento, en construcción y en evaluación ambiental.
En la región de Atacama hay un total de 69 centrales generadoras de electricidad en operación con una potencia neta total de 5.425 Megavatios (MW). De estas 69 generadoras 50 son a partir de energía solar, con una potencia neta total agregada de 2.937 MW, todas ellas son fotovoltaicas (CNE 2026). Por lo tanto, el 54% de la potencia neta de generación es de centrales fotovoltaicas. Si se ponen estos datos en una perspectiva del conjunto del territorio nacional, los 2.937 MW de potencia neta instalados en la región de Atacama representan el 23,9% de los 12.292 MW de potencia neta de generación solar en operación del conjunto del país. Respecto a los proyectos en construcción, a junio de 2026 en la región de Atacama había quince proyectos de generación eléctrica con una potencia neta proyectada de 997 MW, todos ellos fotovoltaicos. Puesto en perspectiva de la producción eléctrica actual de la región de Atacama, estos 997 MW son un aumento del 18,4% sobre 5.425 MW de generación actual. Si se consideran solamente los 2.937 MW de generación eléctrica fotovoltaica que hay en la actualidad, las nuevas centrales representan un aumento del 33,9% en generación de energía a partir de energía solar. Finalmente, al 1 julio de 2026 hay doce proyectos de generación eléctrica en la región de Atacama en calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), todos ellos fotovoltaicos. Estos proyectos en calificación tienen en conjunto una potencia agregada de 2.180 MW, lo cual equivale al 40% sobre 5.425 MW de generación eléctrica actual en la región de Atacama y al 74% de los 2.937 MW de generación eléctrica fotovoltaica que hay en la actualidad. Si se suma la potencia proyectada de las plantas en construcción y de las plantas en calificación en el SEIA esta es de 3.177 MW, es decir, 1,1 veces la potencia de energía fotovoltaica en funcionamiento en la actualidad.
Cambio demográfico: Análisis de la Región del Maule y el Distrito n°17.
El informe analiza el proceso de cambio demográfico de la Región del Maule y, particularmente, del Distrito No. 17, utilizando información del Censo 2024, estadísticas vitales y proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El análisis muestra que la región se encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica, caracterizada por fecundidad baja, una esperanza de vida al nacer alta y un acelerado envejecimiento de la población. La tasa global de fecundidad del Maule alcanza 1,11 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, mientras que los nacimientos han disminuido cerca de un 35% entre 2011 y 2025. Como consecuencia, la estructura etaria regional ha experimentado profundas transformaciones. La población de 65 años y más representa actualmente el 15,2% de la población regional, más del doble que hace tres décadas, mientras que el índice de envejecimiento alcanza 83,9 personas mayores por cada 100 menores de 15 años. El informe también muestra que la inmigración internacional constituye un fenómeno relativamente reciente en la región y está compuesta mayoritariamente por personas en edad de trabajar, lo que representa un potencial aporte para mitigar parcialmente los efectos del envejecimiento sobre la oferta laboral.
Evaluación del impacto económico del feriado regional de San Lorenzo en Tarapacá.
El documento aporta elementos para el análisis del impacto económico de declarar feriado regional el lunes 10 de agosto de 2026 en la Región de Tarapacá, con motivo de la Fiesta de San Lorenzo. Para ello, utiliza un análisis de punto de equilibrio que compara el costo económico asociado a la reducción de un día hábil con el beneficio potencial derivado del aumento de visitantes a la festividad. La estimación del costo se basa en la sensibilidad de los distintos sectores productivos a un día hábil menos, utilizando coeficientes publicados por el Banco Central de Chile y la estructura del PIB regional. El beneficio se modela considerando únicamente el gasto adicional generado por visitantes que asistirían a la fiesta exclusivamente como consecuencia del feriado, bajo distintos escenarios de permanencia en la localidad. Los resultados indican que el costo económico de decretar el feriado ascendería aproximadamente a $1.276 millones (aprox. 0,33% del PIB mensual), equivalente al 0,33% del PIB mensual de la región, concentrándose principalmente en los sectores de comercio e industria. Bajo los supuestos utilizados, sería necesario atraer entre 5.757 y 23.027 visitantes adicionales, dependiendo de la duración de su estadía, para que el gasto generado compense dicho costo. En consecuencia, la conveniencia económica de la medida dependerá de que el feriado produzca un incremento significativo y efectivo de asistentes a la festividad, ya que solo en ese caso los beneficios económicos locales podrían equilibrar la pérdida de actividad derivada de la reducción de un día hábil en la región.
Votación de la Cámara de Diputadas y Diputados en leyes que autorizan deuda pública.
Esta iniciativa destaca por abordar un problema real y sensible con una propuesta concreta de cambio legal. El diagnóstico está bien desarrollado, usa antecedentes pertinentes y logra explicar por qué el duelo merece una protección laboral más robusta. Además, el equipo identifica correctamente el artículo del Código del Trabajo que desea modificar, lo que fortalece la claridad de la propuesta. Como sugerencia principal, conviene ordenar mejor el alcance de la iniciativa. La ampliación de permisos por duelo se entiende bien, sin embargo, al agregar fuero laboral, apoyo psicológico gratuito, reintegración progresiva y programas estatales, la propuesta pasa a incluir materias más amplias que requieren mayor justificación técnica. También falta indicar expresamente si la IJL se presenta como mensaje o moción, y explicar por qué. La orientación siguiente podría ser revisar qué parte de la propuesta constituye el núcleo central de la reforma y qué elementos adicionales necesitan reformularse o justificarse mejor. Esto mejorará la coherencia interna del texto y permitirá que la idea principal —proteger de mejor manera a trabajadores en situación de duelo— se exprese con más fuerza y viabilidad.