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Documentos presentados a comisiones
Ley N° 21.128. Aula Segura. Jurisprudencia de la Corte Suprema: expulsión y cancelación de matrícula.
Se sistematiza y analiza la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de Chile en materia de sanciones disciplinarias en establecimientos educacionales, con especial referencia a la aplicación de la Ley No. 21.128, Aula Segura, identificando los criterios utilizados por la Corte en casos de expulsión y cancelación de matrícula. Para ello se analizan 9 fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema dictados entre los años 2023 y 2025, que involucran establecimientos de diversas regiones del país y de distinta dependencia: 3 colegios privados, 3 colegios particulares subvencionados y 1 colegio público, con 2 casos en que el fallo no entrega información suficiente para determinarla. La jurisprudencia analizada, muestra que el cumplimiento del procedimiento constituye el criterio más utilizado para justificar la validez de las sanciones, centrando el control judicial en el respeto al debido proceso y reconociendo un amplio margen de autonomía a los establecimientos educacionales.
Proyecto de ley que facilita la creación de nuevos establecimientos educacionales: Síntesis del primer trámite constitucional en el Senado.
El presente informe sintetiza el primer trámite constitucional del "Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales”, Boletín N° 16.743- 04. Este proyecto busca dinamizar la apertura de centros educativos mediante la flexibilización de las exigencias de propiedad de la infraestructura y el cambio en la forma de acreditar la denominada “demanda insatisfecha”.
Ley N° 21.128, Aula Segura. Objetivos, normativa y antecedentes estadísticos sobre su implementación.
El presente informe técnico analiza la implementación de la Ley N° 21.128 ("Aula Segura") y la evolución estadística de las expulsiones y cancelaciones de matrícula en el sistema escolar chileno entre 2016 y 2025. El marco normativo, establecido en 2018, tuvo como objetivo principal fortalecer la autoridad directiva para enfrentar hechos de violencia grave mediante procedimientos expeditos que no superan los 10 días hábiles. Entre sus innovaciones destacan la tipificación legal de faltas gravísimas —como el uso de armas o agresiones físicas a personal docente— y la facultad de aplicar la suspensión como medida cautelar inmediata. Los hallazgos revelan un incremento del 186% en la aplicación de estas sanciones entre 2016 y 2024, pasando de 331 a 947 establecimientos que reportaron su uso. Un punto de inflexión ocurrió en 2022, año en que las expulsiones (salida inmediata) superaron por primera vez a las cancelaciones de matrícula (no continuidad para el año siguiente). El año 2024 registró un máximo histórico con 2.423 expedientes, siendo la agresión física entre estudiantes la causal predominante. El perfil del estudiantado sancionado se caracteriza por ser mayoritariamente masculino y con antecedentes de Necesidades Educativas Especiales (NEE) en un 56% de los casos. El fenómeno se concentra de manera crítica en 1° año Medio y 6° año Básico, principalmente en establecimientos urbanos de alta vulnerabilidad socioeconómica, donde más del 60% de la matrícula es prioritaria. Longitudinalmente, se observa que estos estudiantes presentan trayectorias de exclusión previa; a los 14 años, el 35% ya se encontraba en situación de reprobación o retiro. Finalmente, el informe subraya la necesidad de integrar las bases de datos del Ministerio de Educación, con las de la Superintendencia de Educación y las de la Agencia de la Calidad para profundizar en el estudio de los factores asociados a estos resultados educativos.
Planes de seguridad escolar basados en detectores de metales: Evidencia del caso de Estados Unidos.
Desde mediados de los 90 y hasta la primera década del siglo XXI, aproximadamente 1 de cada 10 escuelas de Estados Unidos contaba con detectores de metales, en un contexto de altas tasas de violencia escolar, que habían gatillado tiroteos masivos de gran nivel de letalidad en escuelas K-12. Por lo que llamados a tomar medidas para proteger a los estudiantes, profesores y personal se convirtieron en una preocupación prioritaria. En la actualidad la mayoría de los establecimientos educacionales del país (96,2%) tienen planes de seguridad, que consideran diversas estrategias ante la posibilidad de un tiroteo, siendo el detector de metales uno de los de más bajo uso (2% para el caso de usos diario y 6% para el uso aleatorio). Si bien los detectores de metales se consideran una tecnología madura que puede detectar con precisión la presencia de armas, para que la aplicación sea exitosa, se requiere de dispositivos de calidad (implica una gran inversión inicial) y mantenciones periódicas, pero por sobre todo personal capacitado para operar el equipo y guardias para la supervisión. Respecto a la efectividad, uno de los principales argumentos a favor del uso de los detectores de metales es su potencial para mejorar la seguridad escolar. Estudios muestran que ciertamente es menos probable que los estudiantes lleven un arma a la escuela cuando hay un detector de metales. Sin embargo, los estudios no ofrecen datos suficientes para determinar si la presencia de detectores de metales en las escuelas reduce el riesgo de comportamiento violento entre los estudiantes o en contra de los profesores. El objetivo de este informe es describir la experiencia que ha tenido Estados Unidos al implementar planes de seguridad escolar basados en detectores de metales.
Sector Educación: Leyes publicadas desde el año 2022 y principales proyectos de ley en tramitación al finalizar la Legislatura 373.
Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2026, correspondiente a las Legislaturas 370 a 373, se presenta un balance de las leyes aprobadas por el Congreso Nacional en el sector educación, junto con una identificación de los principales proyectos de ley que permanecían en tramitación al cierre de la Legislatura 373. Asimismo, se proyecta el escenario legislativo para la Legislatura 374, iniciada el 11 de marzo de 2026, considerando las prioridades que serán definidas por el Poder Ejecutivo y las autoridades de ambas Cámaras y de las comisiones especializadas en educación, en el ejercicio de sus atribuciones institucionales. En términos de resultados, se registran 20 leyes publicadas y dos iniciativas cuya tramitación fue concluida por el Congreso Nacional. Respecto de su origen, predomina la iniciativa del Ejecutivo mediante mensajes presidenciales (13), seguida de las mociones parlamentarias (9). En cuanto a la distribución temática, destaca la educación escolar como el ámbito con mayor actividad legislativa, seguida por la educación superior. Entre las principales tendencias se observa un énfasis en el fortalecimiento del Sistema de Educación Pública, la evaluación docente, la regulación de los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía y la creciente atención a la convivencia escolar y a la gestión de entornos digitales en los establecimientos educacionales.
Trabajo legislativo Comisión Mujer y Equidad de Género, Senado: 11 de marzo 2022 a 10 de marzo 2026.
El presente documento presenta una síntesis del trabajo legislativo desarrollado en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado en el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2026. Tiene por objetivo identificar las leyes publicadas; así como aquellos proyectos de ley que, aun cuando fueron objeto de priorización, al finalizar el periodo todavía se encuentra en estado de tramitación Durante este período se aprobaron 9 leyes en materias vinculadas a igualdad de género, derechos de las mujeres, responsabilidad parental y protección de víctimas. Entre las leyes aprobadas destacan aquellas orientadas a asegurar el pago efectivo de las pensiones de alimentos, mejorar las garantías procesales y la protección de las víctimas de delitos sexuales, establecer regímenes de protección y reparación integral frente a la violencia de género, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, así como promover la paridad y la igualdad de género en espacios de toma de decisiones e incorporar el enfoque de género en distintos ámbitos institucionales y sectoriales. El documento también da cuenta de 9 proyectos de ley que, durante el período analizado (11 de marzo 2022 al 10 de marzo 2026) fueron objeto de priorización y abordaje por parte de la Comisión, y que al cierre del referido periodo permanecen radicados en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y que, durante el período 2022–2026, sin que su tramitación legislativa haya concluido. Asimismo, el informe identifica un universo más amplio de proyectos de ley radicados en la Comisión que no formaron parte del trabajo priorizado durante el período analizado.
Educación sexual obligatoria y derecho de exención parental Alemania, Francia, Inglaterra, Ontario (Canadá) y Estados Unidos.
El presente informe tiene por objeto examinar modelos comparados sobre la regulación de la educación sexual obligatoria en el sistema escolar, con especial énfasis en la existencia y alcance del derecho de exención parental. El análisis comparado permite identificar dos grandes modelos en materia de educación sexual escolar: sistemas sin derecho general de exención parental y sistemas que reconocen mecanismos de retiro o autorización previa. Alemania y Francia integran el primer grupo. En ambos casos, la educación sexual es obligatoria y forma parte del currículo oficial. En Alemania, su integración se fundamenta constitucional y jurisprudencialmente, prevaleciendo el mandato educativo estatal y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, aunque la enseñanza debe impartirse con neutralidad, apertura y sin adoctrinamiento. En Francia, la obligatoriedad tiene base legal expresa y alcance nacional, sin contemplar mecanismos generales de exclusión parental en ningún nivel educativo. Inglaterra, Ontario (Canadá) y diversos estados de Estados Unidos se ubican en el segundo grupo, aunque con alcances distintos. En Inglaterra, la educación es obligatoria, pero se reconoce un derecho de exención parental limitado y condicionado por la edad del estudiante. En Ontario, la exención existe únicamente en educación primaria y se regula a nivel administrativo, no constitucional ni legal. En Estados Unidos no existe un régimen uniforme: los estados adoptan modelos diversos que pueden exigir autorización previa, permitir retiro posterior o combinar ambas técnicas. En términos comparados, se observa que ningún ordenamiento elimina la educación sexual del currículo oficial. No obstante, la diferencia radica en el grado de intervención parental reconocido y en la forma en que este se articula con la finalidad pública de formación común, reconociendo a los padres como actores relevantes y colaboradores en el proceso educativo, junto con la protección de la salud y la garantía de los derechos fundamentales del estudiante.
Protección de los docentes frente a hechos de violencia en los establecimientos escolares: Finlandia, Uruguay y España.
Se examinan experiencias comparadas en materia de regulación educativa frente a hechos de violencia ocurridos al interior de establecimientos escolares, cuando las víctimas son docentes, con especial énfasis en los mecanismos de protección institucional que operan con anterioridad a la eventual intervención del sistema penal. El análisis se centra, por tanto, en las atribuciones, medidas y dispositivos que los sistemas educativos disponen para prevenir, contener y gestionar estos hechos desde el propio ámbito escolar. A partir del estudio de los casos de Finlandia, Uruguay y España, el informe permite constatar que existen modelos diversos de protección del personal educativo.
Prevención del abuso sexual infantil. Programas y evaluación de programas
Según la OMS, el abuso sexual infantil dice relación con la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no puede dar su consentimiento informado, o que, vulnera normas legales o sociales, y que ocurre con una persona que se encuentra en una posición de poder, autoridad o confianza, con el objetivo de satisfacer las necesidades de esta última. En Chile, la prevención del abuso sexual infantil ha sido abordada mediante instrumentos normativos y de política pública que buscan fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, particularmente en el ámbito educativo. Esta minuta examina la evidencia disponible sobre la efectividad de programas de política pública orientados a la prevención del abuso infantil en casos internacionales. Se presenta una síntesis de diversos programas junto con sus respectivas evaluaciones de efectividad, sistematizadas en un cuadro resumen, obtenidas a partir de literatura académica especializada. Finalmente, se incorpora una conclusión que ofrece una visión de conjunto de los programas analizados.
Proyecto de ley que incorpora el ajedrez como herramienta de enseñanza: Experiencia comparada y consideraciones.
La presentación analiza casos de países que han incorporado el ajedrez a sus procesos educativos, tanto de manera formal, como también de manera complementaria, en alianza con federaciones de ajedrez. Además, se entregan conclusiones y consideraciones para el proyecto de ley, boletín 17585-04, relacionado a la aplicación de ajedrez como herramienta educativa.