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Medidas legislativas habilitantes del Plan de descarbonización del sistema eléctrico.
En de septiembre 2025, el Ministerio de Energía publicó el Plan de Descarbonización para avanzar hacia un sistema eléctrico descarbonizado de manera eficiente, segura y resiliente. Según se especifica, el plan tiene como propósito principal “establecer condiciones necesarias para el retiro o reconversión ordenada, segura y eficiente de las centrales a carbón”. El Plan contempla 28 medidas, organizadas en cuatro ejes temáticos. En su conjunto, plantea el diseño de cuatro proyectos de ley habilitantes, a tramitarse entre el año 2026 y 2028. Estos proyectos son los siguientes: Proyecto de Ley para la tramitación acelerada de proyectos críticos para la descarbonización, Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Servicio Eléctricos (LGSE) en materia de planificación estratégica, que, entre otros aspectos, incorpore definiciones de necesidades y planificación estratégica de transmisión. Proyecto de ley de modificación de la LGSE en materia de transmisión se potencie su tarificación, establezca incentivos en su remuneración y ajuste las licitaciones reguladas para entregar mejores señales de inversión. Y Proyecto de ley de modificación de la LGSE en materia de mercado eléctrico, incorpore disposiciones para la implementación de un mercado day-ahead. Según corresponda, el Plan dispone como instituciones responsables y/o involucradas en su diseño al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional. En este contexto, el presente documento expone de manera sintética los diagnósticos y alcances que fundamentan dichas medidas de carácter legislativo.
Cuentas de electricidad: componentes y determinación de la tarifa eléctrica para clientes regulados.
Las empresas de distribución son responsables de facturar y recaudar los pagos de los clientes regulados, los cuales incluyen cargos asociados a la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. El presente documento aborda de manera simplificada los componentes de la tarifa eléctrica residencial en Chile. En primer lugar, se contextualiza y define los distintos segmentos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); posteriormente, se identifican los costos correspondientes a cada uno de esos segmentos y, finalmente, como estos se incorporan en la tarifa que paga el usuario final.
Antecedentes de la transición energética en Latinoamérica.
La transición energética en América Latina se plantea como un imperativo político y estratégico frente a la crisis climática, la volatilidad de los precios internacionales y la presión social por un desarrollo sostenible. En este contexto, la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, actualmente presidida por el diputado Andrés Longton, busca articular una agenda regional que garantice seguridad, equidad y oportunidades económicas. Más allá de cumplir metas globales, el proceso se concibe como una vía para dinamizar cadenas de valor, generar empleos verdes y reducir desigualdades territoriales, lo que requiere cooperación interparlamentaria para armonizar marcos normativos y compartir experiencias. El caso de Chile ilustra un modelo pionero en diversificación energética: sin recursos fósiles abundantes, el país apostó por atraer inversión extranjera y desarrollar un marco regulatorio innovador. Esta estrategia ha permitido que más de dos tercios de su capacidad instalada provenga de energías renovables, con un rol destacado de la solar y la eólica, consolidando al país como líder regional en transición energética y referente para otros Estados latinoamericanos.
Continuidad de servicio de empresas de telecomunicaciones ante cortes de suministro eléctrico.
Bajo el marco regulatorio de la Ley general de telecomunicaciones (No.18.168) en conjunto con el reglamento para la interoperación y difusión de la mensajería de alerta, declaración y resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones e información sobre fallas significativas en los sistemas de telecomunicaciones, se observa que existen obligaciones específicas ligadas al mantenimiento, a la continuidad del servicio de telecomunicaciones, incluso ante casos de cortes de suministro eléctrico. En consecuencia, la norma establece que, frente a situaciones de emergencia (tal como fallas eléctricas), cada operador deberá asegurar la continuidad de las comunicaciones en los sitios de emplazamiento de infraestructura crítica mediante sistemas de respaldo de energía eléctrica dedicado y así permitir una autonomía mínima del número de horas continuas: 48 horas para aquella infraestructura crítica de nivel 1 y 4 horas para la de nivel 2.
Segmento de transmisión de electricidad: Regulación vigente y desafíos regulatorios.
El segmento de transmisión eléctrica cumple un rol central en el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, permitiendo el transporte de energía desde los centros de generación hacia los puntos de consumo. Este segmento, definido como un monopolio natural, se encuentra regulado principalmente por la Ley General de Servicios Eléctricos, complementada por las reformas introducidas por las leyes N.º 20.936 y N.º 21.721, orientadas a fortalecer la planificación, licitación y ejecución de obras, así como a facilitar la integración de energías renovables no convencionales. En la actualidad, este segmento enfrenta restricciones estructurales significativas que han derivado en niveles crecientes de congestión de la red y vertimiento de energía renovable. Estas condiciones afectan especialmente a las zonas del norte del país, donde la generación solar y eólica es abundante pero la infraestructura para evacuar esa energía hacia los centros de consumo del centro y sur es insuficiente. Esta situación no solo limita la eficiencia del sistema, sino que también genera pérdidas económicas por la imposibilidad de utilizar energía potencialmente disponible y barata. Durante 2024, el vertimiento de renovables alcanzó 6.127 GWh, con un incremento superior al 100% respecto del año anterior, reflejando un fenómeno persistente que responde tanto al crecimiento acelerado de la capacidad instalada renovable como a la lentitud en la expansión del sistema de transmisión. Asimismo, se observa una alta heterogeneidad en los precios marginales de energía entre subestaciones, evidenciando que existen cuellos de botella y restricciones en la red que impiden el libre flujo de electricidad. El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ha identificado desafíos para el diseño y ejecución de nueva infraestructura, incluyendo el modernizar la red para enfrentar una matriz más variable y descentralizada, anticipar futuras congestiones, superar barreras geográficas y sociales, y mejorar la coordinación operativa a nivel zonal. A esto se suma la urgencia de incorporar flexibilidad en la planificación, mecanismos de adaptación ante la incertidumbre y señales claras de localización e inversión para orientar el desarrollo eficiente del sistema. Finalmente, entre las medidas planteadas para abordar estos desafíos, destacan el desarrollo de líneas de transmisión de mayor capacidad, la revisión de los esquemas de asignación de pagos por uso de red, incentivos para el uso eficiente de la infraestructura existente, mecanismos extraordinarios para ejecutar obras urgentes y reformas institucionales para agilizar la tramitación de proyectos estratégicos.
Minerales y Metales Críticos en la Transición hacia la Energía Renovable: Desafíos y Oportunidades en América Latina.
El documento aborda la necesidad de una mayor extracción de recursos críticos para la generación de energía renovable y la electrificación, los obstáculos que enfrentan los países para abastecerse de sus propios minerales, el horizonte tecnológico de la explotación de estos recursos y la dinámica actual de oferta y demanda. Además, se reflexiona sobre los impactos ambientales de la industria minera en el contexto de la energía renovable.
Regulación de empresas de distribución eléctrica en Perú, Colombia, Argentina, España, Francia y Australia.
La regulación de la distribución de electricidad en el Perú - donde participan empresas públicas y privadas – se establece cada cuatro años mediante una empresa modelo eficiente que remunera vía Valor Agregado de Distribución (VAD y una tasa de rentabilidad equivalente al 12%). No obstante está remuneración está sujeta a diferenciaciones por grupos de concesionarios, lo que implica que se ajuste y sitúe en un rango que permita una tasa interna de retorno entre el 8% y 16%. En Colombia la Comisión de Regulación de Energía y Gas define costos, tarifas y rentabilidad. Por ejemplo, el 2019 fijó una tasa de retorno máxima equivalente a 11,79% para 2019; 11,64% en 2020; 11,50% en 2021 y 11,36% para 2022 y años siguientes. La Ley 143/1994 establece que pueden participar en el segmento distribución agentes económicos, públicos, privados o mixtos. En Argentina la distribución puede ser ejercida por empresas privadas, cooperativas y, excepcionalmente, estatales. La tarificación establece valores máximos por un periodo de cinco años, siendo equivalente a la suma del costo de adquisición de la energía en el mercado mayorista y el costo propio de la distribución. La ley 24.065 indica que las tarifas deben posibilitar una tasa de rentabilidad razonable para empresas que operen eficientemente. El cálculo de la tasa de rentabilidad de las empresas de transmisión y distribución en España, Francia y Australia se basa en el modelo de retribución basado en el costo medio ponderado del capital (WACC por las siglas de la expresión inglesa weighted average cost of capital). En lo fundamental es la suma ponderada de los respectivos costes de los fondos propios y de la deuda. Así, el WACC refleja el costo de la deuda y la rentabilidad exigida por los accionistas que proveen capital a través de los fondos propios. En cada país hay diferencias en cuanto al cálculo en base a esta metodología. En España y Francia en el sector de transmisión hay una sola empresa en la que el Estado tiene participación en la propiedad. En los sectores de generación, distribución y comercialización las empresas son en general privadas. En Francia, EDF, una empresa estatal, tiene una posición destacada en el sector distribución. En Australia ha habido un proceso amplio de privatizaciones desde los años 90 y todavía quedan algunas empresas estatales en el sector.
Distribución eléctrica: Diagnósticos y propuestas para su modernización regulatoria.
Informe que tiene como objetivo orientar respecto a los principales elementos de diagnóstico y propuestas que actores expertos de la industria han identificado como necesarias para avanzar en reformas al segmento distribución. Este diagnóstico se presenta en la primera sección de este informe, mientras que en la segunda se sintetizan las principales propuestas de regulación presentada por el Ministerio de Energía en julio de 2020. Finalmente, en una tercera sección, se identifican propuestas de una mesa técnica que trabajó bajo el alero de las comisiones de energía y minería y de futuro del Senado.
Aumento transitorio al impuesto a las emisiones para financiar el aumento de la cobertura del Subsidio Eléctrico.
En Chile, el impuesto a las emisiones fue introducido por le Ley 20.780 del año 2014 y modificado por la Reforma Modernización Tributaria (Ley N° 21.210) del año 2020. Según esto, actualmente se aplica un impuesto equivalente a 5 USD para aquellas fuentes fijas que sobrepasen ciertos umbrales de emisión definidos para el dióxido de carbono y material particulado. Con el propósito de ampliar la cobertura y extensión del subsidio, el Boletín 17.064-03 incluye para su financiamiento la aplicación de una sobretasa al impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. De acuerdo a la propuesta inicial, esta mayor recaudación, aplicada entre 2024 y 2026, permitiría recaudar cerca de 70 MMUSD anuales. Según se ha definido, la sobretasa se aplicaría únicamente a las centrales de generación eléctrica conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y no a los Sistemas Medianos de Electricidad (SSMM). Aquello respondería a que por el modelo de tarificación de los SSMM, el aumento del impuesto se trasladaría directamente a los clientes regulados.
Proyecto de Ley que perfecciona los Sistemas Medianos de Electricidad (Boletín 16.627-08).
En Chile, los Sistemas Medianos son definidos como aquellos sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación es inferior a 200 MW y superior a 1.500 kW. La regulación establece que su planificación y tarificación se realiza cada 4 años, mediante un proceso centralizado donde los planes de expansión de generación y transmisión son vinculantes. En enero 2024 se ingresó un Proyecto de Ley que perfecciona los Sistemas Medianos (Boletín 16.627- 08). Este surge ante el diagnóstico que indica que los Sistemas Medianos enfrentan barreras regulatorias como falta de incentivos para incorporarse eficazmente a la transición energética, a través de la inversión de tecnología ERCN y almacenamiento; existencia de una importante disparidad de precios entre los clientes regulados de los Sistemas Medianos con los del Sistema Eléctrico Nacional y; la existencia de procesos de planificación y tarificación sin una visión de largo plazo. Al respecto, el Boletín 16.527-08 propone medidas en cuatro ejes: Definición y categorización de los Sistemas Eléctricos; Actualización del procedimiento de planificación; Tarificación de los Sistemas Medianos y; Incentivos a la generación renovable. El presente documento identifica cómo cada las medidas propuestas en el proyecto pudiera tener un impacto regulatorio en aspectos propios del sector energético. Por ejemplo, se destacan medidas que en proceso de planificación y tarificación amplían los criterios al incluir, además de la eficiencia económica, a la competencia y seguridad. Así también, se identifican medidas con las que se plantea contribuir en asequibilidad y equidad, descarbonización y resguardo de información y transparencia en la planificación y tarificación.