Asesoría Parlamentaria
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El pueblo Romaní: Breve caracterización de su organización social y situación en Chile.
Este informe ofrece una caracterización del pueblo romaní en Chile, destacando la heterogeneidad de una comunidad conformada por diversos linajes, lenguas, oficios y grados de sedentarización. Analiza su organización social y su contexto nacional a partir de tres dimensiones centrales: su ethos cultural, su orden normativo y derecho consuetudinario, y su estructura social. Frente a la limitada literatura académica centrada en el caso chileno, el texto se apoya en estudios generales e internacionales, con énfasis en Chile y Colombia, para abordar sus costumbres y normas comunitarias, y recurre a la bibliografía especializada disponible para retratar la situación actual de esta comunidad en el país.
Sistema de protección de la niñez y adolescencia en Chile: Síntesis de estudios y evaluaciones recientes (2024-2026).
El informe sistematiza seis publicaciones recientes sobre el sistema de protección de la niñez en Chile. Tres son evaluaciones institucionales: del Servicio Nacional de Protección Especializada (UNICEF, 2026), de la Ley N° 21.302 (Departamento de Evaluación de la Ley, 2026) y de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) (Defensoría de la Niñez, 2025). Dos son diagnósticos generales sobre derechos (UNICEF, 2025; Defensoría de la Niñez, 2026). La sexta es un análisis jurídico (Henríquez, 2024). Los documentos coinciden en que el diseño normativo es formalmente consistente con el enfoque de protección integral, pero su implementación es parcial. En los documentos se repiten cuatro nudos críticos: el financiamiento, pues los aportes del Estado no cubren el costo real de las intervenciones y los equipos operan con alta rotación y contratación a honorarios; la coordinación intersectorial, en especial con salud mental; las listas de espera: con 72.768 medidas pendientes de ingreso a la protección especializada, a marzo de 2025; y los sistemas de monitoreo, que miden acciones ejecutadas y no cambios en las trayectorias de niños, niñas y adolescentes. Los diagnósticos generales sitúan estos hallazgos en un contexto adverso. Chile ocupa el último lugar entre 36 países en la clasificación de bienestar infantil del Innocenti Report Card 19 (2025), y en 2024 más de 229.000 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en programas de protección especializada (UNICEF, 2025).
Niños, niñas y adolescentes en programas de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
En este informe se muestran indicadores sobre el número de niñas, niños y adolescentes en programas de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), El tipo de programa en el que están y la distribución regional y por edades. Toda la información ha sido extraída de los documentos oficiales de la institución.
Notificación de medidas cautelares en casos de violencia familiar y de género: Chile y legislación comparada.
En Chile, las medidas cautelares dictadas en procedimientos de violencia intrafamiliar o en causas relativas a hechos de violencia de género deben notificarse de manera expedita y con especial resguardo de la seguridad de la víctima. Practicada la diligencia, debe informarse al tribunal y a los organismos competentes. Por otra parte, La legislación comparada muestra, en primer lugar, que la notificación formal y el conocimiento efectivo no siempre son tratados como cuestiones equivalentes. En algunos ordenamientos, como Inglaterra y Brasil, la atribución de responsabilidad por el incumplimiento puede depender de que se acredite que la persona conocía efectivamente la existencia o contenido de la orden. En segundo término, Dinamarca y Finlandia muestran que la utilización de medios electrónicos no necesariamente supone una reducción de las garantías asociadas a la notificación. Ambos sistemas incorporan mecanismos destinados a dejar constancia verificable de la recepción o acceso a la comunicación. Finalmente, los ordenamientos examinados contemplan respuestas específicas frente al fracaso o evasión de la notificación. Suecia ha reforzado las facultades de las autoridades para localizar a quienes intentan evitarla; Nueva Zelanda permite al tribunal autorizar formas sustitutivas de notificación cuando los mecanismos ordinarios han resultado infructuosos; y Finlandia contempla modalidades subsidiarias cuando existen antecedentes de que el destinatario se está ocultando.
Preservar los derechos de los jóvenes en tiempos de conflicto.
El año 2025 la Alta Comisionada Adjunta hizo hincapié en el impacto devastador que ejercían los conflictos y la represión en los jóvenes, refiriéndose a los hechos ocurridos en el Territorio Palestino Ocupado, en Sudán y Ucrania, como ejemplos de conflictos en desarrollo, en los que se truncan vidas jóvenes y se destruyen oportunidades. Indicó también que en 2024, los ataques contra centros educativos habían aumentado en un 44 %, dejando a millones de jóvenes fuera de las aulas. En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de Seguridad 2250 de la Agenda Juventud, Paz y Seguridad. La resolución señala la importancia de entender cómo los y las jóvenes son impactados por la violencia, la injusticia y la exclusión en contextos de conflictos y fuera de éstos, así como también, el cómo estos interrumpen la transición a la edad adulta. En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el reporte Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, elaborado conjuntamente por UNICEF y la OPS, se informa que la consecuencia más grave de la violencia es la muerte de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre 2015 y 2022, 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la región.
Garantizar derechos políticos y poner fin a la violencia contra mujeres y jóvenes.
El nivel de representación juvenil en los parlamentos sigue siendo bajo. Según los datos de la UIP para 2025, a pesar de que la mitad de la población mundial es menor de 30 años, solo el 2,8% de los parlamentarios a nivel mundial tiene 30 años o menos, sin que se haya registrado ningún avance desde 2023. Actualmente, en Sudamérica, el 4.48% de los escaños parlamentarios es ocupado por personas de 30 años o menos y el 24.09% por personas de 40 años o menos. Dentro de los hallazgos más significativos del último reporte sobre la participación de los jóvenes en los parlamentos nacionales, en el 70 % de las cámaras parlamentarias, una persona puede ser demasiado joven para ocupar un cargo público, aunque tenga edad suficiente para votar. La última conferencia global se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2025 y el tema central fue Uniendo generaciones por la igualdad de género. Dentro de los temas tratados, se destacó la necesidad de que los parlamentos sean instituciones sensibles a las cuestiones de género y edad, garantizando condiciones laborales accesibles, políticas de tolerancia cero contra el sexismo, el acoso y la violencia, y la cooperación y las alianzas intergeneracionales para un cambio sostenido.
Preservar los derechos de los jóvenes en tiempos de conflicto
Los derechos económicos, sociales y culturales forman parte del sistema internacional de derechos humanos e incluyen derechos como el trabajo, la seguridad social, la educación y condiciones de vida adecuadas. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho al trabajo, su libre elección, condiciones laborales equitativas y protección frente al desempleo. En el ámbito interamericano, el Protocolo de San Salvador amplía estas garantías, incorporando remuneración digna, igualdad salarial, estabilidad laboral, seguridad e higiene, jornadas razonables y descanso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) integra estas dimensiones mediante el concepto de trabajo decente, entendido como el acceso a empleos productivos, ingresos adecuados, derechos laborales, protección y diálogo sociales. Para las personas jóvenes, estas condiciones son especialmente relevantes durante la transición entre educación y empleo. En las comparaciones internacionales, la OIT y Naciones Unidas consideran generalmente como jóvenes a las personas de 15 a 24 años, aunque algunos análisis amplían el rango hasta los 29 años, particularmente en materias de educación, ocupación e inteligencia artificial. En América Latina y el Caribe, los principales desafíos vinculados al ODS 8 incluyen la informalidad laboral, las desigualdades, la baja productividad y la generación de oportunidades de empleo digno para jóvenes.
Garantizar derechos políticos y poner fin a la violencia contra mujeres y jóvenes.
El Foro de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) surgió a partir del compromiso adoptado en 2010 para fortalecer la participación juvenil en los procesos democráticos y promover parlamentos más representativos de todas las generaciones. Entre sus principales actividades se encuentran el seguimiento de la presencia de jóvenes en los parlamentos, la formación de parlamentarios jóvenes y la realización anual de una Conferencia Global. Desde abril de 2025, el Foro es presidido por la parlamentaria jordana Nour Abu Ghosh. Pese a estas iniciativas, la representación juvenil continúa siendo baja. En 2025, solo el 2,8 % de los parlamentarios del mundo tenía 30 años o menos, mientras que en Sudamérica este grupo representaba el 4,48 % de los escaños. Además, persisten barreras de edad para acceder a cargos parlamentarios y una marcada subrepresentación de mujeres jóvenes, cuya participación incluso ha disminuido respecto de 2023. La Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios realizada en Lima en septiembre de 2025 abordó especialmente la igualdad de género y la cooperación intergeneracional. Entre sus principales planteamientos estuvieron la necesidad de generar parlamentos sensibles a las diferencias de género y edad, mejorar las condiciones laborales, combatir el sexismo, el acoso y la violencia, y promover alianzas entre generaciones y una mayor participación de los hombres en la defensa de la igualdad de género.
Mecanismos de financiamiento para prótesis de deportistas paralímpicos en Brasil, China, México y Australia.
El análisis muestra que los mecanismos de financiamiento para prótesis deportivas destinadas a deportistas paralímpicos presentan diferencias importantes entre Brasil, México, China y Australia. En los países latinoamericanos el apoyo público se orienta principalmente al apoyo económico del deporte paralímpico de alto rendimiento mediante becas, subsidios y aportes a los comités paralímpicos nacionales. El sistema deportivo chino combina recursos públicos con ingresos provenientes de la lotería deportiva nacional. En cuanto al financiamiento de prótesis deportivas, la revisión efectuada no identifica un mecanismo específico destinado al financiamiento, provisión, reposición o mantención de prótesis deportivas para atletas paralímpicos de alto rendimiento. Australia presenta un modelo más específico de apoyo al equipamiento deportivo especializado para atletas paralímpicos. A través del Programa de Mejora del Equipamiento Deportivo Paradeportivo (PEEP), administrado por Paralympics Australia se financia la adquisición de equipamiento de alto costo, incluidas prótesis deportivas cuando se cumplen los requisitos del programa. Este mecanismo combina recursos provenientes del Estado, aportes filantrópicos y donaciones privadas.
Ley 21.882 y Boletin 17.685-35: Análisis comparativo.
Se realiza un análisis comparativo entre la ley y el boletín. Se revisan objetivos, comparación general y estructuras, además de diferencias y semejanzas entre ambos textos. Al final se realizan algunas recomendaciones, a partir de dicho análisis.