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Documentos presentados a comisiones
Fiscalización de taxis colectivos: Región de Valparaíso, 2020 al primer semestre de 2026 .
Los taxis colectivos forman parte del servicio de transporte público menor remunerado de pasajeros del país, para prestar dicho servicio tanto vehículos como conductores deben estar inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros. Dicho Registro consigna todos los antecedentes que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) considera pertinentes al momento de realizar las fiscalizaciones y controles. De acuerdo con la revisión de los informes trimestrales que publica la División de Fiscalización y Tratamiento Automatizado de Infracciones del MTT, en el período 2020-2025 se realizaron 416.822 controles de las condiciones técnicas, de seguridad, documentación y calidad de servicio de los taxis colectivos a nivel nacional, de los cuales 39.140 correspondieron a la Región de Valparaíso (9,39 %). Mientras a nivel nacional se incrementan los controles entre 2020 y 2023, Valparaíso los triplica a 2022, periodo en que alcanza su mayor intensidad. Asimismo, la Región de Valparaíso muestra una evolución más fluctuante, con un máximo en 2022, una disminución significativa en 2023 y una recuperación parcial durante 2024. Lo que también se refleja en la participación de la Región de Valparaíso dentro del total nacional de controles a taxis colectivos, la que osciló entre 7,7 % y 10,7 % durante el período analizado. Respecto de 2026, las cifras muestran 2.113 controles en la Región de Valparaíso sobre un total nacional de 34.945, equivalente al 6,0 %. No obstante, esta proporción corresponde solo al primer semestre del año, por lo que no es comparable con las cifras anuales de la serie 2020-2025.En la realización de este informe no hubo hallazgos respecto a información sobre cuáles fueron los incumplimientos detectados o las infracciones cursadas en estas fiscalizaciones, por lo que solo es posible conocer información sobre la cantidad de los controles no así de sus resultados.
Paso y pago de vehículos que trasladan ayuda humanitaria en zonas de catástrofe: El caso de Japón
Informe sobre la experiencia extranjera que da cuenta del paso de vehículos no considerados de emergencia que trasladen ayuda humanitaria y del pago asociado a dicho tránsito.
Experiencia extranjera sobre la conducción temeraria de vehículos particulares (actualizado). Alemania, España y Reino Unido
Documento que muestra una selección de experiencia extranjera sobre sanciones frente a la conducción temeraria de vehículos particulares, en el contexto de la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.290, de Tránsito, para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos, boletín N°17.702-15, que se encuentra en el Senado, en segundo trámite legislativo, ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. El informe aborda las normativas de Alemania, España y Reino Unido. En todos los países investigados, se castiga tanto la conducción temeraria como las carreras clandestinas con sanciones administrativas (multas, pérdida de puntos) y penales (prisión).
Presentación Conducción temeraria de vehículos particulares. Alemania, España y Reino Unido.
La presentación da cuenta del tratamiento de la conducción temeraria en la experiencia extranjera. Se presenta los desarrollos normativos de Alemania, España y Reino Unido.
Transporte de mercancía con Sistemas de Aeronaves no Tripuladas ("Dron delivery"): Casos de Colombia y Estados Unidos de Norteamérica.
La Organización de Aviación Civil Internacional ha impulsado un marco regulatorio internacional para los sistemas de aeronaves no tripuladas (Unmanned Aircraft System, UAS), distinguiendo operaciones de bajo riesgo y operaciones más complejas o comerciales. En este contexto, tanto Colombia como Estados Unidos de Norteamérica han desarrollado regulaciones específicas para el transporte de mercancías mediante drones incorporando exigencias de certificación, gestión de riesgos, autorizaciones operacionales y coordinación con autoridades aeronáuticas. En Colombia, el Reglamento Aeronáutico RAC 100 norma la «categoría específica» aplicable a operaciones comerciales y de mayor riesgo, definiendo exigencias específicas a los operadores: certificación del explotador UAS, análisis de riesgos, pólizas de seguro, manuales operacionales, validación técnica de las aeronaves y capacitación especializada de pilotos. En Estados Unidos de Norteamérica, la Federal Aviation Administration (FAA) regula las operaciones generales de drones pequeños bajo el Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), que establece requisitos de registro, certificación de pilotos, operación segura, restricciones de espacio aéreo y limitaciones técnicas.
Historia y características de las cooperativas en Chile, Uruguay y Argentina.
- Morales Peillard, Pablo Alejandro
- Argüello Verbanaz, Samuel Matías
- Cabrera Valencia, Fabiola Del Carmen
La alianza internacional de Cooperativas define las cooperativas como “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.”. Varios autores sostienen que las cooperativas juegan un rol importante en el desarrollo económico, no solo por las actividades que realizan sino por los principios y valores que las guían. En distintos países existen diversas experiencias en donde las cooperativas pueden fomentar el desarrollo territorial y la cohesión social, generan un empleo más estable y de calidad, y pueden contrarrestar el peso de los monopolios y monopsonios en la organización de los mercados. En Chile, había 1.593 cooperativas activas en 2022. El 95,45% de socios de las cooperativas activas están en las cooperativas de servicios. Dentro de este rubro, las cooperativas de ahorro y crédito son las de mayor relevancia con 1.765.210 socios, lo que representa el 85,48% del total de todas las cooperativas. Respecto al número de socios por cooperativa, la mayoría tiene menos de veinte. De las 1.593 cooperativas activas 968 tienen entre cero y veinte socios. Esto representa el 60,1% del total de cooperativas. Si se amplía un poco más el rango hasta cincuenta socios, el total aumenta a 1.179 cooperativas, lo cual equivale al 74% del número total de cooperativas. En Uruguay había en 3.774 cooperativas activas en 2022. Del total de personas ocupadas en cooperativas y sociedades de fomento rural, las cooperativas de trabajo emplean a casi el 40%, seguidas por las sociales y agrarias que emplean a cerca del 15% del total de puestos de trabajo cooperativo. Respecto al total de personas afiliadas a una cooperativa en el país, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas reporta un total de 1.285.193 personas asociadas a una cooperativa en el año 2017.
Antecedentes del Proyecto de Ley sobre Transparencia de Empresas Públicas: Proyecto de ley que modifica la Ley 20.285 (Boletín 16746-06).
El presente documento analiza el Proyecto de Ley que modifica la Ley 20.285, con el objeto de elevar los estándares de transparencia aplicables a las empresas públicas, particularmente en materia de divulgación de remuneraciones. La iniciativa se inserta en una evolución normativa que ha consolidado el principio de publicidad como eje del funcionamiento del Estado, pero que, en el caso de las empresas estatales, mantiene diferencias respecto de los órganos de la Administración del Estado, especialmente en la forma en que se informa la estructura salarial de su personal. El proyecto busca equiparar dichas exigencias, incorporando la obligación de publicar las remuneraciones de todo el personal de las empresas públicas de manera individualizada. Del análisis comparado y los estándares internacionales — particularmente los de la OCDE—, se desprende que las exigencias de transparencia suelen concentrarse en los niveles de gobierno corporativo, esto es, en directorios y alta administración, privilegiando la rendición de cuentas en los espacios de toma de decisiones estratégicas. En este sentido, la propuesta chilena aparece como más intensiva en transparencia, acercándose a modelos menos comunes, que extienden estas obligaciones a un universo más amplio de sujetos. El proyecto fija nuevos parámetros en términos de apertura de información y control ciudadano, pero también plantea desafíos en materia de equilibrio entre transparencia, protección de datos personales y funcionamiento competitivo de las empresas públicas. Asimismo, se observa que esta iniciativa se articula con otras reformas en curso —como el proyecto de “Transparencia 2.0”—, que buscan modernizar el sistema, ampliar su cobertura institucional y fortalecer los mecanismos de acceso a la información, consolidando así una tendencia hacia mayores estándares de probidad y rendición de cuentas en el país.
Minuta sobre actividad legislativa, en materia de transporte, de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones Periodo legislativo 2022-2026.
Documento que resume los principales proyectos de ley analizados por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, en el periodo legislativo 2022-2026 en materia de transporte e incluye los proyectos de ley que se encuentran en discusión, en dicha Comisión, al 11 de marzo de 2026.
Minuta sobre actividad legislativa, en materia de transporte, de la Comisión de Obras Públicas,Transporte y Telecomunicaciones: Periodo legislativo 2022-2026.
Durante el periodo legislativo 2022–2026, la Comisión ha analizado un total de 46 iniciativas legales en materia de transporte, evidenciando una alta actividad normativa. De estas, 21 proyectos se encuentran en primer trámite, uno en tercer trámite y otro derivado a una comisión distinta, abordando temáticas como licencias de conducir, seguridad vial, consumo de alcohol y drogas, regulación de aplicaciones de transporte y uso de autopistas. Asimismo, 20 iniciativas han sido promulgadas como ley, destacando regulaciones en transporte público, transporte aéreo, licencias de conducir, infracciones de tránsito y transporte remunerado de pasajeros. En contraste, dos proyectos han sido archivados. A lo anterior se suman 69 proyectos ingresados que aún se encuentran pendientes de discusión, lo que refleja una agenda legislativa activa y en expansión en el ámbito del transporte.
Marco Jurídico del turismo nacional. Principales disposiciones.
Se desarrolla de manera resumida el marco jurídico nacional del turismo. En materia de institucionalidad y fomento de la actividad, la Ley N°20.423 establece el sistema para el desarrollo y promoción del turismo, declarándolo una actividad estratégica para el país. Esta norma crea una institucionalidad compuesta por un Comité de ministros, la Subsecretaría de Turismo y un Consejo Consultivo de Promoción. Su objetivo es potenciar atractivos nacionales, fortalecer a empresas de menor tamaño y disminuir la estacionalidad. Respecto a prestadores de servicios y calidad, el Decreto N° 19 regula el Registro Nacional de prestadores. La inscripción es voluntaria, excepto para alojamiento y turismo aventura, donde es obligatoria. El sistema incluye un Sello de Calidad Turística gratuito para quienes certifiquen sus servicios bajo normas técnicas. Los operadores deben garantizar la salud, seguridad e información clara hacia los usuarios. Por su parte, en cuanto a áreas protegidas y sustentabilidad, la Ley N°21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, permitiendo concesiones para turismo siempre que sean compatibles con la conservación. Por su parte, el Decreto N° 30 regula las Zonas de Interés Turístico (ZOIT), territorios con condiciones especiales que requieren planificación integrada y priorización de inversión pública. Por último, en materia de adaptación laboral a la actividad, la Ley N°20.918 modifica el Código del Trabajo al rubro turístico. Permite, por ejemplo, la discontinuidad de la jornada diaria (hasta 4 horas de interrupción), pactos especiales para el descanso dominical y regula el pago íntegro de propinas mediante medios electrónicos.