Asesoría Parlamentaria

Legalización del uso recreativo del Cannabis Derecho nacional y comparado.

• Cavada Herrera, Juan Pablo
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

La legislación chilena sanciona al que consuma drogas en general, en lugares públicos o abiertos al público, y también a quienes lo hagan en lugares privados, siempre que exista concierto o acuerdo previo para ello. Por lo tanto, la única hipótesis de uso recreativo lícito de Cannabis sería su consumo en recintos privados, en forma individual o conjunta, pero sin concierto para ello.

La legislación chilena sanciona al que consuma drogas en general, en lugares públicos o abiertos al público, y también a quienes lo hagan en lugares privados, siempre que exista concierto o acuerdo previo para ello. Por lo tanto, la única hipótesis de uso recreativo lícito de Cannabis sería su consumo en recintos privados, en forma individual o conjunta, pero sin concierto para ello.

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Protección de adolescentes infractores por Gendarmería de Chile en el marco de la Ley N° 20.084

• Rojas Castillo, Jaime Luis

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Proyectos de Acuerdo y Resolución: Marco Jurídico, Eficacia y proyectos de ley.

• Álvarez Droguett, Paola Alejandra

Los instrumentos constitucionales con que la Cámara de Diputadas y Diputados cumple con su función constitucional de control de los actos de Gobierno son variados, entre ellos está la adopción de acuerdos u observaciones. El art. 52, número 1, letra a), inciso primero del texto constitucional dispone que para la adopción de los acuerdos y observaciones se exige el voto de la mayoría de los integrantes de la Cámara, los cuales se dirigen al Presidente de la República para que dé respuesta fundada por medio del Ministro de Estado correspondiente, dentro del término de treinta días. La LOC del Congreso Nacional no contiene disposiciones que complementen al texto constitucional sobre esta materia. No obstante, el Reglamento de la Cámara si efectúa un mayor desarrollo de la forma de ejercer la función fiscalizadora entregada a la Cámara por el artículo 52, número 1, letra a), inciso primero, a los que denomina proyectos de acuerdo. También el Reglamento considera y distingue a los proyectos de resolución, a los cuales define como un “pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general” donde se expresa la preocupación de la “Cámara por ellos”, sin constituir éstos una fiscalización a los actos de Gobierno y no existiendo obligación de respuesta de ellos. El artículo 114 del Reglamento regula en forma detallada el procedimiento de discusión y votación de los proyectos de acuerdo y resolución. De acuerdo a la información entregada por la Secretaría Legislativa de la Cámara, los proyectos de acuerdo y resolución presentados para el en 2022 fueron 665. Un 2,6% de ellos corresponde a proyectos de acuerdos (17) y el 97,4% restante, corresponde a proyectos de resolución (648). El 82,4% de los proyectos de acuerdo fueron aprobados por la Sala (14) en tanto que el porcentaje de los proyectos de resolución aprobados alcanzó un 71,5% (463). Del total de los proyectos de acuerdo aprobados (14) el 50% de ellos tuvieron respuesta (7) y el resto se encuentran pendientes (7). Por su parte, de los 463 proyectos de resolución aprobados un 68,3% se encuentran pendientes (319) y solo 144 fueron respondidos, es decir, un 31,7%. Por último, de la revisión de base de datos de la Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL) y el sitio web Labor Parlamentaria se encontraron dos proyectos de ley relacionados a temática proyectos de acuerdo y de resolución.

Los instrumentos constitucionales con que la Cámara de Diputadas y Diputados cumple con su función constitucional de control de los actos de Gobierno son variados, entre ellos está la adopción de acuerdos u observaciones. El art. 52, número 1, letra a), inciso primero del texto constitucional dispone que para la adopción de los acuerdos y observaciones se exige el voto de la mayoría de los integrantes de la Cámara, los cuales se dirigen al Presidente de la República para que dé respuesta fundada por medio del Ministro de Estado correspondiente, dentro del término de treinta días. La LOC del Congreso Nacional no contiene disposiciones que complementen al texto constitucional sobre esta materia. No obstante, el Reglamento de la Cámara si efectúa un mayor desarrollo de la forma de ejercer la función fiscalizadora entregada a la Cámara por el artículo 52, número 1, letra a), inciso primero, a los que denomina proyectos de acuerdo. También el Reglamento considera y distingue a los proyectos de resolución, a los cuales define como un “pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general” donde se expresa la preocupación de la “Cámara por ellos”, sin constituir éstos una fiscalización a los actos de Gobierno y no existiendo obligación de respuesta de ellos. El artículo 114 del Reglamento regula en forma detallada el procedimiento de discusión y votación de los proyectos de acuerdo y resolución. De acuerdo a la información entregada por la Secretaría Legislativa de la Cámara, los proyectos de acuerdo y resolución presentados para el en 2022 fueron 665. Un 2,6% de ellos corresponde a proyectos de acuerdos (17) y el 97,4% restante, corresponde a proyectos de resolución (648). El 82,4% de los proyectos de acuerdo fueron aprobados por la Sala (14) en tanto que el porcentaje de los proyectos de resolución aprobados alcanzó un 71,5% (463). Del total de los proyectos de acuerdo aprobados (14) el 50% de ellos tuvieron respuesta (7) y el resto se encuentran pendientes (7). Por su parte, de los 463 proyectos de resolución aprobados un 68,3% se encuentran pendientes (319) y solo 144 fueron respondidos, es decir, un 31,7%. Por último, de la revisión de base de datos de la Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL) y el sitio web Labor Parlamentaria se encontraron dos proyectos de ley relacionados a temática proyectos de acuerdo y de resolución.

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Directorios paritarios de empresas públicas en Chile. Régimen actual y proyecto de ley.

• Guerra Araya, Pedro Sebastián

El documento compara el Proyecto de Ley 14.314-34 con la Ley N° 21.356 que regula la composición con equilibrio de género de los directorios de empresas del Estado, enfocándose en los aspectos que propone el proyecto y que ya se encuentran regulados en este cuerpo legal. Se identifican además los aportes y novedades eventuales del proyecto en caso de transformarse en ley, así como sugerencias para su posible mejora.

El documento compara el Proyecto de Ley 14.314-34 con la Ley N° 21.356 que regula la composición con equilibrio de género de los directorios de empresas del Estado, enfocándose en los aspectos que propone el proyecto y que ya se encuentran regulados en este cuerpo legal. Se identifican además los aportes y novedades eventuales del proyecto en caso de transformarse en ley, así como sugerencias para su posible mejora.

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Aplicación de la Ley de los Tres Strikes Casos de EEUU y Nueva Zelanda .

• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

La ley de los tres strikes es una estructura de sentencia penal en la que se imponen castigos significativamente más severos a los infractores reincidentes. Las leyes de tres strikes generalmente exigen la imposición de una cadena perpetua por la tercera violación de delitos violentos o graves. Sus objetivos son identificar a las personas reincidentes y disuadir a futuros delincuentes a través de penas severas. Si bien la norma (de acuerdo a su configuración actual) se origina en el estado de Washington (1993), es en California donde cobra relevancia (1994) por la especial configuración de la ley. La En la versión federal de la norma se impone cadena perpetua para los acusados condenados por un delito grave violento, que tengan previamente: 1) dos o más condenas federales o estatales por delitos graves violentos, o 2) una o más condenas por delitos graves, más una o más condenas federales o estatales por delitos graves de drogas. Estas leyes han sido objeto de cuestionamientos constitucional pero la Corte Suprema de los EE.UU. ha confirmado la ley de tres strikes. Los medios de comunicación y entidades universitarias, entre otros, han criticado la gran cantidad de personas de baja peligrosidad y drogadictos encerrados bajo esta norma. Del mismo modo, estudios realizados por organismos gubernamentales han concluido sobre su baja eficacia en la prevención de los delitos graves, la sobrerrepresentación de personas afroamericanas entre los condenados bajo su aplicación, el hacinamiento carcelario y el envejecimiento de la población penal, entre otros. En Nueva Zelanda la ley de los tres strikes estuvo vigente entre los años 2010 a 2022. Estaba destinada a disuadir a los delincuentes reincidentes con la amenaza de penas de prisión obligatorias progresivamente más largas, a través de un proceso de tres etapas. Estableció 40 delitos calificados de tres strikes, que comprendían casi todos los delitos violentos y sexuales mayores con una pena máxima de siete años o más de prisión.

La ley de los tres strikes es una estructura de sentencia penal en la que se imponen castigos significativamente más severos a los infractores reincidentes. Las leyes de tres strikes generalmente exigen la imposición de una cadena perpetua por la tercera violación de delitos violentos o graves. Sus objetivos son identificar a las personas reincidentes y disuadir a futuros delincuentes a través de penas severas. Si bien la norma (de acuerdo a su configuración actual) se origina en el estado de Washington (1993), es en California donde cobra relevancia (1994) por la especial configuración de la ley. La En la versión federal de la norma se impone cadena perpetua para los acusados condenados por un delito grave violento, que tengan previamente: 1) dos o más condenas federales o estatales por delitos graves violentos, o 2) una o más condenas por delitos graves, más una o más condenas federales o estatales por delitos graves de drogas. Estas leyes han sido objeto de cuestionamientos constitucional pero la Corte Suprema de los EE.UU. ha confirmado la ley de tres strikes. Los medios de comunicación y entidades universitarias, entre otros, han criticado la gran cantidad de personas de baja peligrosidad y drogadictos encerrados bajo esta norma. Del mismo modo, estudios realizados por organismos gubernamentales han concluido sobre su baja eficacia en la prevención de los delitos graves, la sobrerrepresentación de personas afroamericanas entre los condenados bajo su aplicación, el hacinamiento carcelario y el envejecimiento de la población penal, entre otros. En Nueva Zelanda la ley de los tres strikes estuvo vigente entre los años 2010 a 2022. Estaba destinada a disuadir a los delincuentes reincidentes con la amenaza de penas de prisión obligatorias progresivamente más largas, a través de un proceso de tres etapas. Estableció 40 delitos calificados de tres strikes, que comprendían casi todos los delitos violentos y sexuales mayores con una pena máxima de siete años o más de prisión.

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Resumen y análisis del libro El derecho como una conversación entre iguales, de Roberto Gargarella.

• Soto Martínez, Víctor Javier

En esta minuta se sintetiza el libro de teoría política y constitucional El derecho como una conversación entre iguales, del autor argentino Roberto Gargarella (2021). Asimismo se incluye un breve comentario que busca destacar los elementos más importantes de este libro y explicar por qué es un aporte a la discusión teórico-política actual.

En esta minuta se sintetiza el libro de teoría política y constitucional El derecho como una conversación entre iguales, del autor argentino Roberto Gargarella (2021). Asimismo se incluye un breve comentario que busca destacar los elementos más importantes de este libro y explicar por qué es un aporte a la discusión teórico-política actual.

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Beneficios Sociales y laborales asociados a la maternidad

• Álvarez Droguett, Paola Alejandra
• Poblete Vásquez, Mario Eduardo

La Real de la Academia Española define la palabra “Maternidad” como “Estado o cualidad de madre”. En nuestra legislación y programas sociales se pueden reconocer derechos y beneficios asociados a la maternidad. Respecto a los derechos laborales estos están principalmente contendidos en el Código del Trabajo, Título II, Libro II “Protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar” que trata de derechos a favor de la madre trabajadora, y en algunas hipótesis al padre trabajador. Siendo estos: el descanso maternal, permiso postnatal parental, permisos parentales por enfermedad o discapacidad de hijos, fuero maternal, derecho de alimentación y sala cuna, entre otros. Por su parte, en lo referido a programa sociales dentro ‘Sistema Intersectorial de Protección Social’ (creado por la Ley N°20.379) está el componente de “Chile Crece Contigo” que busca proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Dentro de este componente se reconocen cuatro programas y fondos que, si bien sus títulos tienen como foco al niño o niña, consideran a la maternidad, toda vez que esta puede entenderse como aquel vínculo entre la madre e hijo o hija, que se despliega en la crianza y en el seno del hogar. Siendo estos el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, Programa de Apoyo al Recién Nacido(a), Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil y el Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia.

La Real de la Academia Española define la palabra “Maternidad” como “Estado o cualidad de madre”. En nuestra legislación y programas sociales se pueden reconocer derechos y beneficios asociados a la maternidad. Respecto a los derechos laborales estos están principalmente contendidos en el Código del Trabajo, Título II, Libro II “Protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar” que trata de derechos a favor de la madre trabajadora, y en algunas hipótesis al padre trabajador. Siendo estos: el descanso maternal, permiso postnatal parental, permisos parentales por enfermedad o discapacidad de hijos, fuero maternal, derecho de alimentación y sala cuna, entre otros. Por su parte, en lo referido a programa sociales dentro ‘Sistema Intersectorial de Protección Social’ (creado por la Ley N°20.379) está el componente de “Chile Crece Contigo” que busca proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Dentro de este componente se reconocen cuatro programas y fondos que, si bien sus títulos tienen como foco al niño o niña, consideran a la maternidad, toda vez que esta puede entenderse como aquel vínculo entre la madre e hijo o hija, que se despliega en la crianza y en el seno del hogar. Siendo estos el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, Programa de Apoyo al Recién Nacido(a), Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil y el Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia.

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Medidas para asegurar la ejecución de contratos administrativos - Derecho comparado.

• Harris Moya, Pedro Nicolás

Se ha entendido que la Administración del Estado detenta competencias de dirección y sanción para evitar o reparar los perjuicios ocasionados por incumplimientos contractuales. Además de las me- didas establecidas entre nosotros, otros tantos países han legislado técnicas diversas en esta materia. Conforme a su finalidad, dichas técnicas pueden prevenir el incumplimiento contractual, como ocurre frente al ejercicio de competencias de inspección de la Administración, en España, o ante la facultad de subrogar provisoriamente su intervención, en Francia, o bien reprimirlo, como sucede de establecerse acciones de repetición es- tatutarias por los perjuicios ocasionados, en Colombia, o bien responsabilidades administrativas, como multas coercitivas por días de retraso, en Perú.

Se ha entendido que la Administración del Estado detenta competencias de dirección y sanción para evitar o reparar los perjuicios ocasionados por incumplimientos contractuales. Además de las me- didas establecidas entre nosotros, otros tantos países han legislado técnicas diversas en esta materia. Conforme a su finalidad, dichas técnicas pueden prevenir el incumplimiento contractual, como ocurre frente al ejercicio de competencias de inspección de la Administración, en España, o ante la facultad de subrogar provisoriamente su intervención, en Francia, o bien reprimirlo, como sucede de establecerse acciones de repetición es- tatutarias por los perjuicios ocasionados, en Colombia, o bien responsabilidades administrativas, como multas coercitivas por días de retraso, en Perú.

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Numerales 5 y 14 del artículo 1° de la ley N° 19.934, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias

• Palli Cea, Angelo Andrés

Minuta Historia de la Ley por Artículo. Numerales 5 y 14 del artículo 1° de la ley N° 19.934, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.

Minuta Historia de la Ley por Artículo. Numerales 5 y 14 del artículo 1° de la ley N° 19.934, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.

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Indemnización por daño moral en el contexto de la violencia intrafamiliar: Casos de Colombia, Canadá y Francia.

• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
• Álvarez Droguett, Paola Alejandra
• Loiseau, Virginie Solange Marie

De acuerdo al Derecho internacional de los DDHH, la reparación integral de las víctimas es un imperativo para la protección efectiva de sus derechos. En Chile, la Ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar (VIF) solo obliga al condenado a pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial ocasionados por la VIF. Para obtener la reparación de otros daños, como el daño moral, la víctima debe recurrir a la justicia civil (haciendo efectiva la responsabilidad extracontractual del agresor). Si el hecho de VIF constituye un delito, éste es de conocimiento de los Juzgados de Garantía o los Tribunales Orales en lo Penal, siendo en dicha sede donde la víctima debe interponer la acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y las demás acciones para perseguir otras responsabilidades civiles, derivadas del hecho punible (estas últimas puede deducirla en este mismo proceso penal o en un tribunal civil, a su elección). En el Derecho comparado revisado en materia de reclamaciones indemnizatorias efectuadas ante los jueces de familia, por los perjuicios ocasionados en el contexto de VIF no se encontraron normas que contemplaran esta posibilidad. No obstante, sí se observaron avances de interés en la materia en Colombia, Canadá y Francia.

De acuerdo al Derecho internacional de los DDHH, la reparación integral de las víctimas es un imperativo para la protección efectiva de sus derechos. En Chile, la Ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar (VIF) solo obliga al condenado a pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial ocasionados por la VIF. Para obtener la reparación de otros daños, como el daño moral, la víctima debe recurrir a la justicia civil (haciendo efectiva la responsabilidad extracontractual del agresor). Si el hecho de VIF constituye un delito, éste es de conocimiento de los Juzgados de Garantía o los Tribunales Orales en lo Penal, siendo en dicha sede donde la víctima debe interponer la acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y las demás acciones para perseguir otras responsabilidades civiles, derivadas del hecho punible (estas últimas puede deducirla en este mismo proceso penal o en un tribunal civil, a su elección). En el Derecho comparado revisado en materia de reclamaciones indemnizatorias efectuadas ante los jueces de familia, por los perjuicios ocasionados en el contexto de VIF no se encontraron normas que contemplaran esta posibilidad. No obstante, sí se observaron avances de interés en la materia en Colombia, Canadá y Francia.

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