Este informe tiene por objeto dar cuenta del estado de avance del proceso constituyente al mes de noviembre del presente año. Para ello se indican someramente sus antecedentes históricos y legales, se refieren los hitos más relevantes de este proceso y se realiza una síntesis de los contenidos aprobados en el borrador de nueva Constitución emanado del Consejo Constitucional el día 7 de noviembre de 2023.

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06/11/2023

Caución o medida cautelar patrimonial (fianza) en materia penal Regulación nacional, antecedentes históricos y legislación extranjera

Cavada Herrera, Juan Pablo

La libertad bajo fianza era un beneficio consistente en una medida alternativa a la prisión preventiva, cuyo objeto era asegurar la comparecencia de una persona mediante al procedimiento, fijándole un monto de dinero que permitiera suponer que el imputado comparecería. Esta figura comenzó a derogarse gradualmente en Chile desde el año 2000, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (“Reforma Procesal Penal”), subsistiendo sólo para aquellos casos que continuaban bajo el sistema procesal penal antiguo. En el actual sistema procesal penal, la caución económica solo procede para reemplazar la prisión preventiva y sólo cuando ésta haya sido o deba ser impuesta para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena.

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06/11/2023

Regulación extranjera del derecho a reunión: Alemania, Francia, España, Colombia y Argentina (Actualizado)

Williams Obreque, Guido Andrés

Regulación extranjera del derecho a reunión, tanto Europa como América cuentan con un Sistema de Protección de los Derechos Humanos que contempla instrumentos internacionales que establecen obligaciones tendientes a su promoción y protección, como asimismo con órganos destinados a velar por su observancia.

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06/11/2023

Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia.

Bórquez Polloni, Blanca Marcela

La presente Minuta tiene por objeto servir de insumo a los parlamentarios chilenos que participarán en los talleres nacionales sobre ciberdelincuencia organizados por el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos (FOPREL) en colaboración con el Consejo de Europa, a través de su proyecto (GLACY+). Estos tendrán lugar en República Dominicana los días 7 y 8 de noviembre, y en México el día 10 del mismo mes. El objetivo de estos talleres es fortalecer las legislaciones nacionales de ambos países, teniendo por base el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa y sus Protocolos, instrumento al cual hace referencia el presente documento.

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03/11/2023

Proyectos de ley, Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado. Su regulación legal a la fecha.

Truffello García, Paola

Del análisis de ocho iniciativas de ley radicadas en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado la luz de la legislación vigente, se advierte que la mayoría de las modificaciones que proponen no tienen desarrollo normativo. Las materias en las que se observa que existe regulación legal, dicen relación con la potestad cautelar de los Tribunales de Familia en materia de violencia intrafamiliar, la suspensión o restricción del régimen de relación directa y regular del progenitor no custodio y la prescindencia de contar con la autorización de este último, para la salida del país de sus hijos, ello como sanción al incumplimiento de su obligación de dar alimentos. Las iniciativas fueron ingresadas a tramitación legislativa entre los años 2022 y 2023 y todas son mociones parlamentarias. Las principales materias que abordan dicen relación con: desincentivos para facilitar cigarrillos y alcohol a menores de edad; sanciones para los padres o tutores que mantienen a sus hijos fuera del ciclo escolar; protección contra la violencia intrafamiliar; plazo de inscripción civil del matrimonio religioso; protección de los hijos frente al incumplimiento de la relación directa y regular del progenitor no custodio, entre otras.

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02/11/2023

Análisis de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales sobre ciberseguridad.

Soto Martínez, Víctor Javier

El presente informe se refiere a varios temas. En primer lugar, al tratamiento de la ciberseguridad en nuestro país, para lo cual se divide en cuatro partes: i) marco normativo del cibercrimen en Chile; ii) mociones parlamentarias que se están tramitando en el Congreso para mejorar la legislación; iii) revisión general del proyecto de Ley Marco sobre la Ciberseguridad; y iv) revisión general de la política nacional en la materia. En este último caso se analiza también qué se ha aseverado sobre ella desde un enfoque de género. Se ha solicitado un informe que abarque una serie de materias relativas a la ciberseguridad. Por cierto, un abordaje integral de esta materia requeriría de un enfoque disciplinario más específico, pero consideramos que bien se puede abordar preliminarmente desde una óptica jurídica. Así, el presente informe se refiere en términos generales a la legislación y las políticas actuales que se están implementando en Chile para enfrentar las diversas amenazas que se ciernen sobre la seguridad digital del Estado.

31/10/2023

Educación Parvularia en Chile: Normativa Aplicable e Institucionalidad.

El documento resume la legislación aplicable al sector de la educación parvularia en Chile y la organización institucional que se sigue de esta. Se identifican las normas clave y como estas articulan el sistema. A partir de ello, se puede caracterizar el sector como uno en que concurren tanto proveedores privados como estatales. Para estos últimos el financiamiento puede provenir tanto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) como de la Fundación Integra, estas últimas dependencias estatales. De la misma forma, el Estado puede financiar a organismos privados por la vía de la subvención o de la transferencia de fondos. Finalmente existe un sector privado de pago, que provee educación parvularia.

31/10/2023

Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte Interamericana: Personas mayores y enfermas terminales privadas de libertad.

Rojas Castillo, Jaime Luis

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-29/22, analiza la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, entre ellas, las personas mayores y quienes padecen enfermedades terminales y la obligación del Estado de adoptar medidas para hacer efectivos sus derechos humanos. En relación a las personas mayores privadas de libertad, la Corte distingue una serie de criterios que harían procedente una medida sustitutiva o alternativa a la de privación de libertad. Así, por ejemplo, tratándose de delitos no violentos menos graves, estas serían aconsejables. En cuanto a los delitos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos y la posibilidad de cumplir la pena fuera de un establecimiento penitenciario, sería posible cuando estas no importen la extinción o perdón de la pena y se pondere la situación de salud, las condiciones de detención y las facilidades para ser atendido en el centro penitenciario. Además, se deben considerar entre otros factores: el que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, el impacto en la sociedad y los derechos de las víctimas. Tratándose de quienes están privados de libertad y padecen una enfermedad en estado terminal y reciben cuidados paliativos, la Corte opina que no deberían permanecer en centros penitenciarios, salvo que ellos cuenten con esos servicios. Indica que ellos deberían encontrarse en: prisión domiciliaria o en un centro especializado para brindar atención y tratamientos adecuados.

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31/10/2023

Protección de datos relativos a la salud. Régimen sancionatorio en la legislación nacional.

Wilkins Binder, James Alfred

En el derecho nacional, el principal texto normativo que incide en la protección de los datos médicos de las personas, es la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada. Sin perjuicio de ello, con el tiempo se han sumado disposiciones legales más específicas destinadas a normar el tratamiento de datos específicos relacionados a la salud de las personas, contenidas, especialmente en el Código Sanitario, en la Ley Nº 20.584 que establece una regulación de la Ficha Clínica y en las normas que regulas las facultades y atribuciones de la Superintendencia de Salud, contenidas en el DFL Nº 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. Se encuentra en discusión en tercer trámite legislativo los boletines 11-144-07 y 11.092-07, refundidos, que buscan regular la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos. En materia de datos personales relativos a la salud, así como relativos al perfil biológico del titular, tales como los datos genéticos, proteómicos o metabólicos, se establecen nuevas reglas especiales de tratamiento.

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25/10/2023

Protección penal a los consumidores: Tipos penales con fines tuitivos en la relación de consumo.

Wilkins Binder, James Alfred

El estatuto de protección de los derechos de los consumidores, constituido por la Ley Nº 19.496 (LPC), no contempla tipos penales para sancionar infracciones a sus disposiciones. Sólo consagra un catálogo de conductas infraccionales sancionadas con pena de multa, sin perjuicio del derecho de los consumidores afectados de resarcirse del daño. Esta ley dispone una pena de multa general a la contravención de sus disposiciones y penas especiales para ciertas conductas particulares. Fuera de la LPC, se encuentran dispersos en distintos cuerpos normativos variados tipos penales que tienen como finalidad la protección al consumidor. En este contexto la doctrina distingue dos grupos tipos penales: (1) normas denominadas de consumo impropio, que a su vez se dividen en normas “accidentalmente de consumo” y normas “reflejamente de consumo” y, (2) normas de consumo propio. En términos generales, las primeras (normas de consumo impropio) son aquellas que no fueron creadas expresamente para la protección del consumidor, como las “accidentalmente de consumo” que abarcan delitos del Código Penal. Finalmente, las normas de consumo propio son aquellas que protegen al consumidor de una manera específica e inmediata. Se trata de aquellas recogidas en la Ley de Protección del Consumidor (LPC). En el caso chileno, estas normas no consideran tipos penales, al menos dentro del marco de la LPC.

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