Labor Parlamentaria

“I. ORIGEN Y CONSTITUCIÓN.

La Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las presuntas irregularidades detectadas en la Coordinadora Provincial de Deportes y Recreación de Santiago, se originó en un acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados en sesión 4ª ordinaria, de fecha 4 de junio de 1997, a proposición de los Diputados señores García, don René ; Ulloa , Chadwick , Pérez, don Víctor ; Tuma , Moreira , Alvarado , Leay, Letelier, don Juan Pablo ; Letelier, don Felipe ; Kuschel , Vargas , Martínez, don Rosauro ; Caminondo , Errázuriz , Masferrer y Prokurica y los ex Diputados señores Taladriz , Ribera , Pérez, don Ramón ; Morales , Munizaga , Bombal , González , Valcarce , Jürgensen y Karelovic .

“PROYECTO DE ACUERDO Nº 522

Considerando:

Que, las denuncias formuladas por el señor Diputado don Ramón Elizalde Hevia en relación a las irregularidades detectadas en la Coordinación Provincial de Deportes y Recreación de Santiago, según las cuales se verificaría el uso indebido de fondos provenientes de la Dirección General de Deportes y Recreación, para el financiamiento de actividades de carácter partidista.

Que, dichos hechos comprometen la transparencia y probidad de un servicio público vinculado directamente a los intereses de las organizaciones deportivas del país, y ponen en tela de juicio el destino de los fondos fiscales asignados a dicha Coordinación.

Que, a su vez, a la referida denuncia deja de manifiesto la intromisión e interferencia de funcionarios públicos en procesos político-partidistas, haciendo uso de recursos fiscales e, inclusive, incurriendo en presuntos actos delictivos.

Que, para el Congreso Nacional, tal tipo de acciones y denuncias revisten la mayor gravedad, toda vez que se vinculan a procesos electorales, donde se designan los candidatos que postularán a él. Además, se involucra a organismos públicos, y se daña, irreparablemente desde su inicio, el proceso de selección de quienes accederán al Congreso Nacional, sea cual sea el partido al que pertenezcan los involucrados en esos lamentables hechos.

Tal efecto en la imagen de un poder del Estado hace indispensable una acuciosa e inmediata fiscalización, el total esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones administrativas y penales que correspondan para los responsables.

La Cámara de Diputados acuerda:

Constituir una Comisión Especial Investigadora destinada a conocer las denuncias sobre las irregularidades detectadas en la Coordinación Provincial de Deportes y Recreación de Santiago, relativas al uso indebido de recursos fiscales provenientes de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), para que en el plazo de sesenta días efectúe el estudio de las materias de su competencia y evacue un informe sobre las mismas.

Integración de la Comisión

Quedó integrada por 13 Diputados, a saber, los señores Acuña , Cardemil , Coloma , Elgueta , Errázuriz , Espina, Jiménez , Leay, Letelier, don Juan Pablo ; Letelier, don Felipe ; Luksic , Soria y Valenzuela .

Se deja constancia de que los Diputados señores Coloma, Elgueta y Espina fueron reemplazados, en forma permanente, por los Diputados señores Molina, Seguel y Prochelle, doña Marina, respectivamente.

Trabajo de la Comisión

La Comisión celebró su primera sesión el 15 de abril de 1998, constituyéndose y eligiendo como su Presidente al señor Mario Acuña Cisternas . En esta primera sesión se fijó el procedimiento de trabajo. Acordó, asimismo, fijar los días miércoles de 14:00 a 16:00 horas, para la celebración de sus sesiones.

Se hace constar que, el Proyecto de Acuerdo Nº 522, que dio origen a esta Comisión Especial Investigadora, fue aprobado por la honorable Cámara de Diputados, con fecha 4 de junio de 1997.

II. COMPETENCIA.

Según los fundamentos del Proyecto de Acuerdo, la Comisión Especial Investigadora se formó con el objeto de conocer las denuncias sobre las irregularidades detectadas en la Coordinación Provincial de Deportes y Recreación de Santiago, relacionadas con el uso indebido de recursos fiscales provenientes de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder).

Conforme con lo señalado en el mencionado acuerdo, para dar cumplimiento a los objetivos reseñados, la Comisión debería efectuar el estudio de estas materias y lograr el total esclarecimiento de los hechos.

Sobre la base de lo anterior, la Comisión, en su primera sesión, consideró que, en lo relativo a la investigación, su competencia debería abordar, preferentemente, lo relacionado con la denuncia del ex Diputado don Ramón Elizalde Hevia efectuada en la sesión 63ª, de fecha 29 de abril de 1997, de la honorable Cámara de Diputados, sobre uso indebido de recursos del Consejo Provincial de la Dirección General de Deportes y Recreación en la confección de propaganda política del actual Diputado don Manuel Bustos Huerta . La denuncia del ex Diputado dejaría de manifiesto la intromisión e interferencia de funcionarios públicos en procesos político-partidistas, haciendo uso de recursos fiscales e, inclusive, incurriendo en presuntos actos delictivos.

III. PLAZO PARA EVACUAR EL INFORME.

Conforme a los términos del proyecto de acuerdo que originó a esta Comisión, el plazo concedido para la entrega del informe final fue de 60 días, el que, de acuerdo a las reglas generales, debe entenderse de días hábiles, es decir, no se consideran los días sábados y los domingos ni las semanas distritales.

En consecuencia, habiéndose cumplido el plazo dispuesto por la honorable Cámara el día 19 de agosto de 1998, según lo preceptuado en el artículo 297 de Reglamento, el informe debería estar a disposición de la Sala, el día 16 de septiembre de 1998.

IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La Comisión realizó su trabajo fijando pautas que le permitieran conocer a fondo los hechos denunciados.

V. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN.

a) Sesiones.

La Comisión celebró un total de quince sesiones, cinco en el período extraordinario y diez sesiones en el período ordinario. En el transcurso de ellas se acordó citar e invitar a diversas personas.

b) Visita de representantes de la Comisión al 20º Juzgado del Crimen de Santiago.

La Comisión con objeto de agilizar su trabajo designó a los Diputados señores Valenzuela y Prokurica para que se constituyeran en el 20º Juzgado del Crimen de Santiago , a fin de conocer el estado de la causa. Al respecto, informaron lo siguiente:

“Que el magistrado de turno se encontraba con licencia, razón por la cual conversaron con la Secretaria titular de dicho tribunal, que subrogaba al juez, quien les señaló lo siguiente:

1. Que en dicho tribunal había un proceso iniciado a requerimiento del Director General de la Digeder.

2. Que el Consejo de Defensa del Estado se había hecho parte el 3 de julio de 1997.

3. Que se habían pedido una serie de diligencias, a algunas de las cuales se accedió y a otras no.

4. Que se dio orden de investigar, y se evacuó el trámite por parte de Investigaciones.

5. Que no había ninguna resolución tomada en cuanto a un eventual sometimiento a proceso.

La Secretaria titular se comprometió a estudiar la causa, porque no la conocía mayormente, y a disponer los medios para resolver pronto algo pertinente y sustancial.

Señalaron, además, que el principal denunciante en los medios de comunicación y uno de los actores en este caso, el ex Diputado señor Ramón Elizalde , después de un año del proceso aún no ha sido citado a declarar.

Al peritaje solicitado por el Director General de Digeder no se dio lugar, porque no era parte en el juicio, tampoco se llevó a cabo a iniciativa del tribunal pasado un año de ocurridos los hechos”.

c) Personas citadas por la Comisión.

1. Concurrieron a prestar declaraciones ante la Comisión las siguientes personas:

-Señor Ramón Elizalde Hevia , ex Diputado .

-Señor Julio Riutort Barrenechea , Director Nacional de Digeder .

-Señor Gabriel Rodríguez Vega , Director Regional Área Norte de Digeder .

-Señor Richard Romero Antiquera , Presidente Club Deportivo de Conchalí .

-Señora Lucrecia Olguín , Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Área Norte de Digeder.

-Señor Eduardo Urrejola, Presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado.

-Señor Pedro Bueno, Abogado del Consejo de Defensa del Estado, patrocinante de la causa rol Nº 42955-7.

2. Igualmente fueron invitadas por la Comisión pero no concurrieron a sus sesiones, las personas que se señalan:

-Señor Jorge Echeverría León , Propietario Imprenta Generación .

-Señora Jane Echeverría , Dueña Imprenta Generación.

-Señor Juan Alberto Fuentes Fuentes, ex Funcionario de Digeder.

-Señor Héctor Aravena Méndez , Concejal de la Comuna de Conchalí .

-Señora Marianela Castillo Penaglia , Jefe del Departamento de Adquisiciones-Área Norte de Digeder .

-Señor Roberto Alarcón Gómez , Presidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (envió representante).

-Señor Diputado don Manuel Bustos Huerta .

Se excusaron de asistir y emitieron opinión por escrito las siguientes personas:

-Señor Jorge Echeverría León , Propietario de Imprenta Generación .

-Señor Juan Alberto Fuentes Fuentes, ex Funcionario de Digeder.

-Señora Clara Szczaranski Cerda, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.

-Señor Héctor Aravena Méndez , Concejal de la Comuna de Conchalí .

-Señor Roberto Alarcón Gómez, Presidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores.

Se deja expresa constancia:

1. Que, la Dirección General de Deportes y Recreación no remitió a esta Comisión el resultado del sumario interno efectuado por el Departamento de Auditoría y Control de Gestión de Digeder.

2. Que no concurrieron a prestar su testimonio ante la Comisión, el Diputado señor Manuel Bustos , el señor Jorge Echeverría , dueño de la Imprenta Generación, su hija doña Jane Echeverría , el señor Juan Alberto Fuentes , ex funcionario de Digeder y el señor Héctor Aravena , Concejal de la Comuna de Conchalí , pese a haber sido formalmente invitados.

3. Que durante la investigación realizada no fue posible contar con la copia de la factura objeto del presunto fraude al Fisco.

Oficios Remitidos

Como consecuencia de la denuncia formulada en la Sesión 63ª de fecha 29 de abril de 1997, por el ex Diputado señor Elizalde , la Honorable Cámara de Diputados remitió los siguientes oficios:

Oficio Nº 10032, de fecha 30 de abril de 1997, al Ministro del Interior , por el que solicita informe sobre cuáles han sido las medidas dispuestas para esclarecer la situación en carta que se adjunta, que guarda atingencia con acciones irregulares que habrían sido constatadas para la confección de propaganda política de Manuel Bustos Huerta en su campaña interna del Partido Demócrata Cristiano.

Oficio Nº 10033, de fecha 30 de abril de 1997, al Contralor General de la República , por el que solicita disponer una investigación tendiente a esclarecer los hechos denunciados que guardan atingencia con acciones de tipo irregular que habrían sido constatadas para la confección de la propaganda política de Manuel Bustos Huerta en su campaña interna del Partido Demócrata Cristiano.

Oficio Nº 10034, de fecha 30 de Abril de 1997, a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado , por el que solicita se sirva adoptar las medidas que sean del caso tendientes a resguardar el interés fiscal que ha podido verse afectado por la ocurrencia de los hechos que se denuncian y que guardan atingencia con acciones de tipo irregular que habrían sido constatadas para la confección de la propaganda política de Manuel Bustos Huerta en su campaña interna del Partido Demócrata Cristiano.

Oficio Nº 10482 de fecha 5 de junio de 1997, enviado al Ministro de Defensa Nacional , solicitando se informe acerca de los motivos por los cuales la CUT, entre los años 1991 y 1996, no ha recepcionado los recursos que según el convenio, suscrito el día 11 de abril de 1991, entre el señor Director General de la Dirección de Deportes y Recreación y el señor Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la época, debían proporcionársele para los efectos de promover el deporte y la recreación de los trabajadores afiliados, habiéndose destinado tales recursos, en cambio, a una persona natural, según se denuncia en la intervención.

Por su parte la Comisión acordó remitir nuevos oficios, entre los que cabe destacar, por su relación con la investigación, los siguientes:

-El remitido al señor Julio Riutort Barrenechea , Director General de Digeder , solicitando envío de antecedentes que indiquen el tribunal ante el cual fue presentada dicha acusación.

-El remitido al señor Gabriel González Vega , solicitando remitir copia de la factura Nº 0491 de fecha 04/04/97 por un monto de $ 129.800.-

-El remitido al Juez Suplente del 20º Juzgado del Crimen de Santiago, solicitando información sobre estado de causa bajo el rol Nº 42955-7.

-El remitido al Presidente de la Corte de Apelaciones , solicitándole arbitrar las medidas que estime conveniente a fin de que el 20º Juzgado del Crimen de Santiago remita información relativa al estado en que se encuentra la causa rol Nº 42955-7.

-El remitido al Presidente de la Corte Suprema, solicitándole que se sirva tener a bien, ordenar al señalado Tribunal dar cumplimiento a lo solicitado.

-El remitido al señor Javier Etcheverry Celhay , Director del Servicio de Impuestos Internos solicitando envío de copia legalizada de factura Nº 0491 de fecha 04/04/97 emitida por Imprenta Generación. (reiterado)

-El remitido al señor Julio Riutort Barrenechea , Director Nacional de Digeder , solicitando enviar copia de los siguientes documentos:

a) Resolución emanada de la auditoría y control de gestión de Digeder.

b) Si existen acuerdos o convenios de Digeder con la CUT e Instituto Textil.

c) Antecedentes sobre destitución del funcionario don Juan Alberto Fuentes .

d) Normas de financiamiento. Resolución correspondiente al año 1997.

e) Proyectos presentados por el Instituto Textil y recursos aportados a éste.

f) Resolución que pone en marcha el reglamento interno de la Digeder y copia de éste.

g) Cuadro comparativo con las medidas que se han ido tomando para mejorar el sistema, tanto de contratación como de pagos.

-El remitido al señor Arturo Aylwin Azócar , Contralor General de la República , solicitando información sobre la denuncia formulada por el señor Elizalde .

-El remitido a la señora Clara Szczaranski Cerda, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado solicitando antecedentes de que disponga sobre la actuación de ese Consejo en la causa rol Nº 42955-7.

-El remitido al señor Jorge Echeverría , dueño de la imprenta Generación, para que envíe copia autorizada de la factura o boleta emitida respecto del trabajo encargado con ocasión de la campaña del actual Diputado señor Manuel Bustos .

-El remitido al ex Diputado señor Andrés Allamand , a fin de que informe si existió un compromiso político con el ex Diputado señor Elizalde relativo a crear conflictos en los lugares donde se presentaran candidatos del Partido Popular Cristiano, presidido por el señor Elizalde .

-El remitido al señor Juan Ulloa , Jefe del Departamento de Personal del Área Norte de Digeder , consultando respecto de la fecha en que la señora Marianela Castillo habría hecho uso de licencias médicas, durante el año 1997, y respecto de la persona que la habría reemplazado durante ese período.

-Al señor Magistrado del 20º Juzgado del Crimen de Santiago , remite antecedentes recopilados hasta la fecha en relación con la materia de investigación.

-Al Jefe de la Secretaría de la Cámara de Diputados, solicitando copia de los oficios Nº 10033-97 y Nº 10034-97 con sus respectivas respuestas dirigidos a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, respectivamente.

-Al Director Regional Área Norte de Digeder solicitando los siguientes documentos :

a) Registro de imprentas y de trabajos realizados para Digeder, especialmente los de la Imprenta Generación.

b) Relación de todos los funcionarios de la planta de esa área indicando año de ingreso.

c) Fotocopia de la orden de compra y del cheque girado por el trabajo realizado por la Imprenta Generación.

d) Resultado del sumario interno realizado con motivo de la denuncia efectuada por don Ramón Elizalde.

-El remitido al Ministro de Defensa Nacional reiterando lo solicitado según oficio de la Corporación Nº 10842 de fecha 5 de junio de 1997 en relación con los motivos por los cuales la Cut entre los años 1991-1996 no habría recepcionado los recursos que señala el ex diputado Elizalde .

-El remitido al Contralor General de la República solicitando información acerca de la subrogancia legal en la autorización de egresos de recursos en el área norte de Digeder.

VI. INFORMES Y ANTECEDENTES RECIBIDOS.

Durante el transcurso de su cometido, la Comisión recibió la siguiente documentación:

1. Copia de la Ley Nº 17.276 que aprueba las normas para el fomento del deporte y crea la Dirección General de Deportes y Recreación, publicada en el Diario Oficial Nº 27.546 el 15 de enero de 1970.

2. Dictámenes de la Contraloría General de la República respecto de la calidad jurídica de los trabajadores de la Coordinadora Provincial de la Digeder , contenidos en los Oficios Nº 42217 de fecha 12 de diciembre de 1994 y Nº 5413 de fecha 13 de febrero de 1995.

3. Copia de la versión oficial de la Sesión 63ª de la Cámara de Diputados celebrada en martes 29 de abril de 1997 con la intervención del señor Elizalde .

4. Recortes de prensa con antecedentes sobre la materia.

5. ORD Nº 600/02/98 de fecha 28 de abril de 1998, enviado por el Coordinador de la Región Metropolitana Área Norte de Digeder adjuntando copia de la Factura Nº 0491 por un monto de $ 129.800.- emitida por la Imprenta Generación.

6. Copia del Oficio Nº 0238 del Ministerio del Interior, de fecha 13 de mayo de 1997 por el que da respuesta a Oficio Nº 10032 de la Corporación, de fecha 30 de abril de 1997, a petición del ex diputado Ramón Elizalde y de los diputados señores Álvarez-Salamanca ; Palma, don Joaquín ; Ascencio ; Longueira ; Tuma y los ex diputados Taladriz , Hurtado , Chadwick , Bombal y Munizaga .

7. Copia del Oficio Nº 053598 de la Contraloría General de la República de fecha 3 de septiembre de 1979 por el que remite rectificación al dictamen Nº 1012 de 1979.

8. Información contenida en el Oficio Nº 010904 de la Contraloría General de la República, de fecha 30 de abril de 1993, dirigido al Director General de la Dirección General de Deportes y Recreación, respecto de la situación de las Coordinadoras Regionales de Digeder, las que, por tratarse de organismos del sector privado, la Contraloría no tenía, hasta el 31 de diciembre de 1992, facultades para fiscalizarlas directamente, por lo tanto se efectuaban controles a través de la Dirección General. Sólo a contar de la vigencia de la ley Nº 19.182 de presupuestos del sector público para el año 1993, que incorporó dentro del ámbito de fiscalización de esta Contraloría a las organizaciones no gubernamentales que perciban ingresos de la citada ley, se procedió a examinar, directamente en las citadas coordinadoras, la inversión de las transferencias recibidas del Presupuesto al sector público, en la medida que se cuente con los recursos necesarios y de acuerdo con los criterios de selectividad, aprobados por la Contraloría, para la fiscalización.

9. Copia del Oficio Nº 20211 de la Contraloría General de la República, de fecha 6 de agosto de 1993, por el que atiende consulta de la Comisión Especial Investigadora de Digeder, de la Cámara de Diputados.

10. Memorándum Nº 50-A fechado el 4 de abril de 1997, enviado por el Jefe del Departamento de Planificación , don Marco Zúñiga Valenzuela , al señor Coordinador de Digeder Área Metropolitana Norte , solicitando la cancelación de la factura Nº 0491 por un monto de $ 129.800.

11. Copia de la carta enviada por el Presidente del Consejo Local de Deportes de Maipú , de fecha 8 de mayo de 1997, al Coordinador del Área Norte de Digeder , informando la recepción de 2 paquetes de trípticos de promoción para encuesta nacional del deporte.

12. Copia de la carta enviada por la directiva del Club Deportivo Hernán Solis, de fecha 19 de marzo de 1998, al Coordinador Regional Área Norte de Digeder , solicitando colaboración económica para terminación de construcción de la futura sede social de dicho Club ubicado en pasaje Tupungato Nº 5783 Población Juanita Aguirre de Conchalí.

13. Copia de la Factura Nº 0029587, de fecha 21 de marzo de 1998 por un monto de $ 438.120.- perteneciente a Distribuidora y Liquidadora de Materiales de Construcción S. A. (Limatco), por compra efectuada por el Club Deportivo 18 de Septiembre.

14. Copia de la Factura Nº 0029588, de fecha 21 de marzo de 1998 por un monto de $ 166.825.- perteneciente a Distribuidora y Liquidadora de Materiales de Construcción S. A. (Limatco), por compra efectuada por el Club Deportivo 18 de Septiembre.

15. Nota de Crédito Nº 000551 de fecha 24 de marzo de 1998 perteneciente a Limatco, la cual corrige error a la Factura Nº 29587 de fecha 21 de marzo de 1998: Donde dice giro Club Deportivo 18 de Septiembre , Debe decir Club Deportivo Hernán Solís .

16. Copia de la carta Nº 155/6/2 de fecha 13 de mayo de 1998, enviada por el Director General de Digeder en respuesta a Oficio de la Comisión Nº 10/98, del 6 de mayo de 1998, adjuntando los siguientes documentos:

a) Fotocopia de la denuncia presentada al Juzgado del Crimen de Santiago , rol causa 42.955-7 por el Director General de Digeder, que incluye el resultado de la auditoría dispuesta por la Digeder a través del Departamento de Auditoría y Control de Gestión de Digeder.

b) Convenio Digeder-CUT suscrito el 11 de abril de 1991.

Dicho antecedente es un convenio de intenciones que no compromete asignación de recursos, ya que Digeder conforme a normas asigna los recursos a través del proceso de formulación y evaluación de proyectos.

c) Copia del comentario breve Nº 191/96 de fecha 18 de abril de 1997, y Resolución Exenta Nº 1656 del 8 de agosto de 1997 con los antecedentes de la destitución del funcionario don Juan Alberto Fuentes Fuentes .

d) Copia de los detalles de los proyectos y montos transferidos a la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Textiles a través del Consejo Provincial de Deportes de Santiago.

17. Copia Oficio Nº 016772, de fecha 2 de Junio de 1997, enviado por la Contraloría General de la República. Responde Oficio Nº 10033/97 de la honorable Cámara de Diputados.

18. Copia de la Ordenanza Nº 03511 de fecha 27 de mayo de 1997, enviada por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en respuesta a Oficio Nº 10034 de 30 de abril de 1997, de la honorable Cámara de Diputados.

19. ORD Nº 042/98 del Presidente del Consejo Provincial de Deportes de Santiago de fecha 3 de junio de 1998, con el que informa respecto de la licencia médica de la Sra. Marianela Castillo, Encargada de Adquisiciones de esa repartición.

20. Documentos entregados en sesión del 17 de junio de 1998 por dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores:

a) Convenio Digeder-CUT.

b) Carta de fecha 20 de noviembre de 1995 enviada al Director General de Digeder por el Presidente de la CUT remitiendo programa de actividades deportivas para la temporada 1996-1997.

c) Oficio Nº 410/61/8 de fecha 11 de abril de 1996 enviado al Presidente de la CUT por el Subdirector General Departamento de Auditoría y Control de Gestión de Digeder informando sobre aceptación de presupuesto para temporada 1995.

d) Carta de fecha 1° de agosto de 1996, enviada al Director General de Digeder por el Departamento de Cultura, Recreación y Deportes de la CUT, informando sobre el desarrollo de las actividades de la temporada 1996-1997, del convenio CUT-Digeder.

e) Carta de fecha 17 de octubre de 1996, enviada por el departamento de Cultura, Recreación y Deportes de la CUT al Director General de Digeder reformulando proyecto temporada 1996-1997, Convenio CUT-Digeder.

f) Carta de fecha 30 de mayo de 1997, enviada al Director General de Digeder por la Central Unitaria de trabajadores solicitando audiencia para tratar Proyecto Convenio de la temporada 1997-1998.

g) Carta de fecha 14 de noviembre de 1997 enviada por la Central Unitaria de Trabajadores al Director General de Digeder remitiendo programa de actividades deportivas de la CUT temporada 1998.

h) Carta de fecha 28 de enero de 1998, enviada por la CUT al Ministro de Defensa Nacional solicitando audiencia con el propósito de tratar la relación existente convenio Digeder-CUT desde 1991.

21. Oficio Nº 155/10/2 de fecha 22 de julio de 1998, enviado por el Director General de Digeder, adjuntando minuta relativa a los montos y destinos de los recursos aprobados y entregados a la Contevech y CUT, entre los años 1991 y 1996.

22. Resolución Nº 79, de fecha 5 de junio de 1998, enviado por el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Adjunta copia legalizada de la Factura Nº 0491 del 04 de abril de 1997 emitida por Imprenta Generación, por un monto de $ 129.800.-, además, copia del libro de compra y ventas folio Nº 14 mes de abril de 1997 e impuesto cancelado según folio 719017161 del 12/05/97.

23. Oficio Nº 02161 de fecha 26 de junio de 1998, enviado por el 20º Juzgado del Crimen de Santiago , informando estado de la causa rol Nº 42955-7 interpuesta por don Julio Riutort Barrenechea , Director Nacional de Digeder por el delito de defraudación, iniciada el 7 de mayo de 1997.

24. ORD Nº 02708 de fecha 3 de junio de 1998, enviado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado informando estado actual de la causa rol Nº 42955-7, seguida ante el 20º Juzgado del Crimen de Santiago , por el presunto delito de fraude al Fisco, derivado de la supuesta utilización indebida de fondos fiscales asignados a Digeder.

25. Oficio Nº 018658 de fecha 27 de mayo de 1998, enviado por la División de Auditoría Administrativa Subdivisión de Administración General y Defensa Nacional de la Contraloría General de la República informando acerca de la investigación realizada a raíz de presuntas irregularidades en la Coordinación Provincial de Deportes y Recreación de Santiago, relacionadas con la confección de propaganda política del señor Manuel Bustos Huerta , en campaña interna del Partido Demócrata Cristiano.

26. Oficio Nº 1887, de fecha 24 de junio de 1998, enviado por el Subsecretario de Guerra-Ministerio de Defensa, por el que remite los siguientes documentos:

a) Oficio Nº 2671 de fecha 18 de julio de 1998, adjunta copia del oficio e informe enviado a este Ministerio por el Director General de Digeder.

b) Oficio Nº 137/79/8 de fecha 15 de julio de 1997, adjunta antecedentes en relación con los recursos emitidos a la CUT y Contevech.

c) Resolución Exenta Nº 787 de fecha 4 de mayo de 1990, adjunta copia de la aprobación del proyecto correspondiente al Programa de Actividades y Competencias de la Dirección Nacional-Plan Anual Digeder 1990.

d) Resolución Exenta Nº 2002 de fecha 10 de octubre de 1996, adjunta copia de las Normas Técnicas y Metodológicas para la Ejecución de Proyectos del Programa 2 Deporte Recreativo para el Plan y Presupuesto Anual del Servicio para el año 1997.

27. Oficio Nº 048/98 de fecha 10 de junio de 1998, enviado por la Coordinación Regional Metropolitana Área Norte de Digeder adjuntando los siguientes documentos:

a) Nómina de empresas que en forma permanente cotizan para este Consejo.

b) Nómina de funcionarios del Consejo indicando su año de ingreso.

c) Copia del comprobante Nº 953 de fecha 04/04/97.

d) Copia del Memo de Digeder Nº 56-A, documento en el que solicita la cancelación de factura que indica.

e) Copia de Factura Nº 0491 de Imprenta Generación.

28. Oficio enviado por la Contraloría General de la República, División de Auditoría Administrativa Subdivisión de Administración General y Defensa Nacional.

“Por el oficio de la referencia, la honorable Cámara de Diputados solicitó a este Organismo Contralor informar acerca de la investigación realizada a raíz de presuntas irregularidades en la Coordinación Provincial de Deportes y Recreación de Santiago (Coordy Norte), relacionadas con la confección de propaganda política del señor Manuel Bustos Huerta , en su campaña interna en el Partido Demócrata Cristiano.

Al respecto, cumplo con informar que la Dirección General de Deportes y Recreación, mediante oficio Nº 119/99/8 de 9 de mayo de 1997, envió a esta Contraloría copia de la denuncia efectuada ante el Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago ; copia del informe de la auditoría realizada en dicha Coordinación y copia del oficio remitido al Consejo de Defensa del Estado .

En relación con la misma materia, este Organismo Contralor dio respuesta al oficio Nº 10033/97 de esa honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 16772 de 2 de junio de 1997, en el que se manifestó que, atendido el carácter presuntamente delictual de los hechos denunciados ante la Justicia del Crimen, puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, a esta Contraloría General no le corresponde intervenir ni informar sobre la materia, conforme lo previsto en el inciso 3º del artículo 6º de la Ley 10.336.

Sobre el particular se remiten fotocopias de los oficios Nº 10033 de la honorable Cámara de Diputados, Nº 119/99/8 de la Dirección General de Deportes y Recreación y Nº 16.772 de Contraloría General”.

OPINIONES

Opiniones emitidas en el Seno de la Comisión.

El señor Ramón Elizalde Hevia , ex Diputado , con motivo de su invitación para ratificar sus denuncias efectuadas en la sesión 63ª de la honorable Cámara de Diputados, de fecha 4 de junio de 1997, sobre presuntas irregularidades ocurridas en Digeder, afirmó que éstas no son tales, por cuanto existe un oficio de Digeder en el cual se señala que ha remitido los antecedentes a la justicia del crimen. Si así no fuera, podríamos hablar de “presuntas irregularidades”, pero la situación es bastante clara toda vez que es la misma institución la que remite los antecedentes al juzgado del crimen.

Comenta que el Presidente de esta Comisión es un diputado de la Democracia Cristiana . Por lo tanto, él debería estar al tanto de la denuncia presentada al Partido en forma oportuna. Durante la lucha interna para las postulaciones a parlamentarios se habrían destinado recursos de Digeder a la confección de propaganda política. Eso se puede comprobar con una factura, cuyo monto es intrascendente. No obstante, el fondo del asunto es que aquí hubo corrupción.

Con respecto a los hechos, dice que, por oídas, tuvo conocimiento de que había propaganda política confeccionada en una imprenta de su comuna, de propiedad de gente vinculada a la Democracia Cristiana. Al concurrir al lugar para verificar la efectividad de lo que se le había planteado, el dueño le señaló que los señores Manuel Bustos y Héctor Aravena habían concurrido a su casa con el propósito de solicitarle apoyo para la lucha interna y para mandarle confeccionar propaganda. Una vez confeccionada ésta, se le pidió facturarla a nombre de la Dirección Provincial de Deportes del Área Norte.

Una vez hecha la factura, ésta quedó en poder del señor Héctor Aravena , Concejal de la Comuna de Conchalí , y se llevó a cobrar a Digeder, donde, primero, se conversó con los funcionarios que normalmente llevan la parte administrativa, quienes señalaron que estas cosas se demoraban, por lo que había que volver en tres o cuatro días más para el pago. Sin embargo, en el momento en que la persona que había ido a hacer la gestión se retiraba, apareció el señor Gabriel Rodríguez , Director Regional del Área Norte , quien, al enterarse de la razón por la cual había ido, le extendió, de su puño y letra y en forma inmediata, el cheque pertinente por el pago de la factura.

Afirmó que, en el mes de agosto, se mandó confeccionar la propaganda; gestionó la factura el señor Héctor Aravena , Concejal de la comuna de Conchalí, y la pagó el señor Gabriel Rodríguez , Director Coordinador del Área Norte de Digeder . Destacó que todos estos hechos están en conocimiento de la directiva de la Democracia Cristiana, así como de la Comisión de Ética y de la Bancada del mismo partido. Ellos hicieron vista gorda y esquivaron el bulto. En definitiva, nadie hizo absolutamente nada.

Dice haber informado, el mismo día en que sucedieron los hechos, al Ministro del Interior . Su respuesta fue por oficio informándole que había puesto todos los antecedentes en poder de don Julio Riutort Barrenechea , Director General de Digeder . Posteriormente, hubo una respuesta del señor Riutort respecto de la situación, en cuyo acápite final se menciona que la denuncia se haría efectiva en los tribunales de justicia el lunes 5 de mayo, después de haber hecho la investigación correspondiente. Hay constancia de que los hechos efectivamente ocurrieron; se hicieron los análisis, los estudios, se tomó declaración a las personas, y en esa virtud se ponen los antecedentes a disposición de los Tribunales del Crimen.

Análogamente a lo que ha señalado, dice que, al inicio del gobierno del Presidente Aylwin, se firma un convenio entre Digeder y la CUT, mediante el cual Digeder pone recursos a disposición de la CUT, para el desarrollo del deporte, la cultura, etc. Estos dineros se entregan anualmente, en forma oportuna hasta 1996, año en que don Manuel Bustos deja de ser Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores . En ese momento, cuando asume el nuevo Presidente de la CUT, los recursos no se siguen entregando a la CUT, sino que se traspasan directamente a la Contevech, que es donde sigue presidiendo don Manuel Bustos . Si los recursos siguen a las personas, dependiendo de a dónde vayan, entonces, en ese caso, hoy los recursos deberían llegar a la Cámara de Diputados, para que don Manuel Bustos pudiese aquí desarrollar esas actividades de carácter cultural y deportiva. Existe una situación absolutamente anómala. Es decir, cómo es posible que recursos que una institución del Estado destina, por la vía de un convenio, a la agrupación de trabajadores más grande del país, la CUT, lisa y llanamente, sigan al dirigente, que hasta entonces era su Presidente , y no queden en la institución que administraba esos recursos.

En su momento, dice haber solicitado a Digeder que hiciera llegar esos montos y no hubo respuesta. En todo caso, lo respalda con su intervención en la Cámara acerca de Contevech, la cual pone a disposición de la Secretaría.

Dice tener la respuesta definitiva de don Carlos Figueroa, de fecha 13 de mayo de 1997 mediante la cual le manifestó que el 5 de mayo de 1997 se presentó una denuncia al juzgado del crimen.

Afirma que esta Comisión está operando extemporáneamente. Su integración se acordó tan pronto él hizo la denuncia y, por diferentes motivos que no atina a explicarse, nunca se constituyó. En definitiva, todas aquellas cosas que se pudieron haber hecho en su momento, como recurrir al Consejo de Defensa del Estado o haberse hecho parte de la denuncia pertinente, no se hicieron. No sabe qué es lo que ha hecho Digeder respecto de la denuncia que ella formalmente envió a los tribunales del crimen.

Sobre su denuncia relativa a programas para viviendas sociales de Digeder para ciertos funcionarios relacionados con el Serviu, comenta que eso no dice relación con esta Comisión, que está revisando los temas de Digeder. El otro dice relación con temas de Vivienda, que espera que, en algún momento, se le invite para aportar los antecedentes de que dispone.

Dice haber tenido presiones de la bancada de su Partido, el Demócrata Cristiano, para no denunciar la situación. Esto lo ha manifestado públicamente. Dice tener una carta -que salió en todos los medios de prensa- por la que informó de esta situación al Presidente de la Comisión de Ética del Partido Demócrata Cristiano. Él se entrevistó varias veces con los máximos dirigentes de la Democracia Cristiana para plantear esta situación y la verdad es que hubo oídos absolutamente sordos. Nadie quiere investigar una situación en la que se están proporcionando antecedentes fidedignos, por escrito y con respuesta, tanto por parte del Director de Digeder como del Ministro del Interior , en el sentido de que se han pasado los antecedentes al juzgado del crimen. Qué mayor claridad que las cartas remitidas por estas dos autoridades, en el sentido de que corroboran que hubo una investigación interna, lo cual debió haber hecho reaccionar a la dirigencia política que corresponde, esto es, a la mesa directiva completa del momento: a don Alejandro Foxley , a don Patricio Santa María , al Secretario General de la época y a cada uno de los miembros de la Mesa, y a la bancada de la Democracia Cristiana. Señala que al Presidente de la Comisión , don Mario Acuña , le consta esta denuncia.

Afirma que el documento de denuncias está en el acta pertinente, que fue entregado en la Secretaría de la Redacción para insertarlo en la versión. Otra denuncia, pero que no dice relación con el caso, es la relativa al programa especial de trabajadores con el Ministerio de la Vivienda, la cual también la hizo pública y cuyos antecedentes los entregó en la sesión pertinente.

Respecto a otras irregularidades, dice haber recibido una carta -que está en el acta de la sesión pertinente- de dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, en la que le hicieron llegar denuncias acerca del convenio con Digeder, el cual no se estaba cumpliendo y los recursos no se estaban entregando, sino que habían seguido al Presidente saliente.

Respecto a las declaraciones aparecidas en la prensa, felicita a la persona que, en su momento, se negó a hacer la factura a nombre de una institución fiscal, porque no era el trabajo que había hecho. Sin embargo, como es gente modesta, que a fin de cuentas necesitaba el dinero por el trabajo realizado, se vieron obligados a emitir dicha factura. Sin embargo, al parecer, se busca sancionar a las personas que querían recuperar la plata de su trabajo, y al final se les va a terminar culpando a ellas de haber falsificado una factura, la cual les fue expresamente exigida por el señor Héctor Aravena . Deja establecida dicha situación, porque le parece que, cuando las personas ven irregularidades y son capaces de hacer las denuncias pertinentes, merecen más alabanzas y elogios, en lugar de ser perseguidas.

Frente a este hecho, que era público, el cual dio a conocer, se debió haber reaccionado, y no se hizo. Hay responsables de ello, así como hay responsables de que esta Comisión no funcionara durante casi un año, en circunstancias de que se estaba ante situaciones que eran claras y concretas. Por el contrario, esto se trató de acallar o hacer desaparecer, a fin de que no existiera ninguna responsabilidad y de que se diluyera en el tiempo.

Ésos son los indicios ante los cuales la Comisión debe sacar sus propias conclusiones. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué una Comisión acordada por la Cámara de Diputados, que designó a trece miembros, no funcionó durante casi un año? Las presiones las pueden ver desde allí mismo. Por lo tanto, un gran responsable de esta situación es quien impidió que esta Comisión funcionara durante todo este tiempo, concluyó.

Don Julio Riutort Barrenechea , Director General de la Dirección de Deportes y Recreación señala que, en relación con los hechos que se investigan, en el mes de abril del año 1997, recibió un llamado telefónico del Ministro del Interior , don Carlos Figueroa , manifestándole que había sido visitado por el ex diputado señor Elizalde , en relación con una factura pagada por el Consejo Provincial de Deportes de Santiago a una imprenta por un producto destinado a la candidatura de don Manuel Bustos. Lo que le pareció extremadamente grave es que recursos públicos fueran destinados para financiar campañas políticas.

Afirma que el lunes siguiente instruyó al Departamento de Auditoría y Control de Gestión de la Dirección General de Deportes para que se constituyera en el Consejo Provincial, con el objeto de realizar una auditoría a la factura en cuestión. Al mismo tiempo, tomó contacto con el ex diputado señor Elizalde para que le hiciera entrega de los antecedentes de que dispusiere, donde le planteó dos hechos que comprometían al Consejo Provincial de Deportes. Uno fue la factura en comento. El otro dice relación con un té con motivo del Día de la Mujer , realizado en el hotel Tupahue, en una proclamación de Manuel Bustos donde el Consejo Provincial habría pagado para esa candidatura. Dice que la misión del Departamento de Auditoría y Control de Gestión se remitiría básicamente a dos hechos puntuales: al té del Tupahue y a la factura pagada a la imprenta Generación.

Comenta que le manifestó al ex diputado señor Elizalde toda su disposición a esclarecer los hechos lo más pronto posible, que la Dirección General de Deportes no ampararía hechos de la naturaleza que él estaba denunciando y que lo mantendría al tanto del avance de la investigación. La reunión con el ex diputado señor Elizalde se realizó el 21 de abril de 1997.

El día 28 de abril, pudo constatar que, de acuerdo con la auditoría del Consejo Provincial, no existía ninguna factura pagada al hotel Tupahue por concepto de un té con fondos provenientes de la Coordinación. La otra factura, la de la imprenta sí constaba en la Coordinación. Se auditaron los procedimientos de compra, de pago y de recepción de la mercadería encargada. Los resultados de ésta fueron entregados al juzgado. La auditoría comprobó que existía la factura, que en el Consejo Provincial de Deportes se entregó el producto de la factura, que eran dípticos encargados para la encuesta nacional del deporte y, con posterioridad, la Coordinación entregó un listado donde habían sido distribuidos los ejemplares del trabajo solicitado.

Digeder quiso comprobar con la imprenta la veracidad de que el trabajo había sido el de la encuesta nacional para el deporte. Se trató de tomar contacto con el dueño de la imprenta, pero no fue posible. En esa eventualidad, se habló con su hija, que era la misma persona que había retirado el cheque de pago. Ella manifestó que no se había hecho un díptico para la encuesta nacional del deporte, sino que la imprenta había hecho un trabajo para la candidatura de Manuel Bustos. Esto era insólito y absolutamente contradictorio. Había dos versiones y, por lo tanto, no se podía seguir avanzando, por cuanto Digeder no tenía capacidad para llegar al fondo del problema. No se trataba de verificar si la factura había seguido el procedimiento administrativo, sino de establecer si el producto elaborado era el díptico para la encuesta nacional del deporte o un trabajo para una candidatura interna del Partido Demócrata Cristiano.

En consecuencia, se hizo la denuncia ante el 20º Juzgado del Crimen y, posteriormente se ratificó, con todos los antecedentes. Asimismo, se solicitó del Consejo de Defensa del Estado que se hiciera parte. En la misma denuncia se pedía que el juzgado hiciera una pericia a fin de comprobar que en la imprenta Generación se hubiera hecho el tríptico que la Coordinación de Deportes decía haber obtenido, como producto del encargo.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la Dirección General de Deportes se actuó con absoluta diligencia para constatar que había fondos públicos comprometidos y que, ante la realidad de no poder llegar al fondo del problema, se entregaron todos los antecedentes a la justicia. En este momento, el juzgado está recibiendo declaraciones, tanto de las personas que participaron en la misma auditoría, la que acompañamos como antecedente al tribunal, como de las que tuvieron relación, tanto en la Coordinación como en la Dirección General de Deportes, con el hecho, así como de la persona a quien el ex Diputado señor Elizalde atribuye alguna participación.

Digeder no puede querellarse, porque no tiene personalidad jurídica. Por ello, se solicitó del Consejo de Defensa del Estado que se hiciera parte. Digeder hizo la denuncia y el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte.

Manifiesta que lo primero que ordenó fue una auditoría al Consejo Provincial de Deportes, antecedente que fue acompañado al tribunal.

Después de la auditoría, se entregaron los antecedentes a la justicia y se informó al Ministro del Interior.

Ahora, todas estas cosas son eventuales, porque, además, el ex Diputado señor Elizalde realizó dos denuncias, una de las cuales se resolvió inmediatamente; respecto de la otra, había dos posibilidades: sí o no.

El fondo del problema es si el producto o la factura era el que provenía de la denuncia del ex diputado señor Elizalde , es decir, si los 110 mil o 130 mil pesos se destinaron a elaborar un díptico para la campaña del señor Bustos , o si correspondían a lo que el Coordinador de Deportes señalaba, es decir, dípticos para difundir la encuesta nacional del deporte. Eran dos versiones realmente contradictorias; una, de quien emitía la factura, que correspondía a dípticos para la encuesta nacional del deporte, y otra, la del señor Elizalde , que decía que eran para Manuel Bustos . Ése era el fondo. No era el monto. Ciento diez mil pesos no es para nadie un monto importante; es el hecho. El hecho fundamental era, en su opinión, ni siquiera el procedimiento de la factura, sino su contenido, esto es, a qué correspondía.

Lamentablemente, el tribunal no acogió el peritaje, el que se consideró relevante para esclarecer los hechos. Lamentablemente no fue acogido, porque la Dirección General de Deportes no era parte, sino denunciante.

Por otra parte, manifestó que la Dirección General de Deportes suscribió un convenio con la CUT antes de asumir su cargo, es decir, antes de 1994. A su juicio, el mejor sistema para asignar los recursos es a través de concursos de proyectos, mediante derechos adquiridos, y así se hace hasta hoy en las distintas modalidades, tanto en deportes formativos como recreativos y competitivos. Ese aporte se mantuvo durante dos años. De hecho, el primer año ya estaba comprometido por la administración anterior y durante 1996 se mantuvo el aporte. Después, se incorporó a Integra, al Sename y a distintos otros servicios que tenían convenios que comprometían recursos de la Digeder en forma automática, a este nuevo sistema de concursabilidad de proyectos, y así ocurre con todos. Hoy, cualquier organización puede solicitar los recursos, participar en los concursos y mediante un puntaje se califica si tiene acceso o no a los recursos puestos a disposición.

En 1997, la CUT no participó en el concurso y, en 1996, son alrededor de 60 millones. Tal como lo hace la Dirección General de Deportes cuando transfiere recursos, son recursos de transferencias a la organización receptora, en este caso, la CUT.

Afirma que estos valores fueron parejos hasta su llegada, por cuanto encontró que no se podía seguir manteniendo una situación de privilegio a una institución que no era meramente deportiva. Por lo tanto, si quería competir por recursos para que su gente practicara deporte tenía que incorporarse a la modalidad que se usaba con todos los demás.

El convenio se terminó, porque se modificó la modalidad de asignación de recursos a las entidades que postulan para recibir subsidios o beneficios de la Digeder. Los criterios anteriores de mantener un cierto privilegio con algunas entidades o recursos por convenios, los cambiamos por un sistema de concursabilidad cada vez más creciente de cada una de las modalidades deportivas. Todos los años actualizamos, en el momento de iniciar la postulación de proyectos, un instrumento que se denomina Normas de Financiamiento de Proyectos de Fomento , donde se especifica de qué manera las organizaciones deportivas pueden tener acceso a los concursos regionales y nacionales de fomento del deporte. Eso se efectúa mediante una resolución interna, que las aprueba el Director de Deportes, a sugerencia de cada una de las unidades involucradas. Además, se contempla un manual de procedimientos, que se entrega a las entidades que lo solicitan, donde se establecen las normas técnicas y metodológicas, es decir, que los recursos solicitados deben canalizarse a través de un proyecto que especifique en forma clara los objetivos, que se establezcan los beneficiarios y la modalidad para supervisar esos proyectos, acto que realiza Digeder en forma periódica a través de un seguimiento de los proyectos, normas todas establecidas en esta resolución, la última de las cuales corresponde al 9 de septiembre de 1997, para todos los proyectos de 1998. A su vez, estas normas de financiamiento corresponden a la actualización de la resolución para el año calendario 1997, pero hecha en 1996.

El Instituto Textil también postuló con proyectos específicos, algunos de los cuales fueron aprobados y otros rechazados.

La Dirección General de Deportes sólo ha intentado, durante este último tiempo, poner al servicio de los deportistas lo mejor de ella. Una institución moderna y ágil no puede verse enredada, porque algunas suposiciones tremendamente mal hechas puedan ensuciar su imagen. Dice no estar dispuesto a avalar ninguna situación irregular. Por lo tanto, cuando se echa a correr un rumor, cuando se manifiesta la duda de una situación, le interesa aclararla de verdad.

Señala que, cuando esto termine, lo lógico sería recibir del dueño de la imprenta la veracidad del asunto. Eso es mucho más simple que estar enredándose en pedir situaciones anteriores. Una verdad es la que nos ha comunicado el Consejo Provincial y la otra, es la versión del ex diputado señor Elizalde ; pero el único que sabe si el trabajo se hizo o no es el dueño de la imprenta.

Existen dos versiones absolutamente contradictorias: una que exhibe un producto y se acompaña la factura y un listado que la hace absolutamente verosímil y, otra, de un ex parlamentario que dice que ése no es el producto.

Insiste en que hay dos versiones y no se puede aseverar que en el Consejo Provincial habría existido una irregularidad. Una comprometía una posible irregularidad, en el caso de que el Consejo Provincial no hubiera efectuado el trabajo solicitado. Esa irregularidad era que la imprenta habría cometido un fraude al Consejo Provincial, reclamando el pago de una factura por un trabajo no efectuado; pero no teníamos certeza de eso. En ningún momento hemos dicho que existe una irregularidad, porque, de haber sido así, el Coordinador de Deportes no estaría en su puesto. Además, la Coordinación de Deportes es una entidad autónoma de la Digeder. El Coordinador es electo por los presidentes de los consejos locales de deportes de la provincia de Santiago.

Señala que el 9 de mayo de 1997 fue remitida la denuncia, el informe de auditoría y copia del oficio enviado por Digeder al Consejo de Defensa del Estado , a la Contraloría General de la República.

La Dirección General de Deportes, de acuerdo con la ley orgánica Nº 17.276, tiene la facultad para crear consejos provinciales de deportes, para que le sirvan de relacionadores entre las entidades privadas y públicas. La manera como los consejos provinciales de deportes llevan a cabo su labor está perfectamente reglada en el decreto Nº 396, del 13 de julio de 1971. Mediante la resolución exenta Nº 2120, del 18 de diciembre de 1991, se establecieron los procedimientos administrativos, financieros y contables de dichos consejos provinciales de deportes en todo el país.

Comenta que no es su ánimo suponer los móviles del señor Elizalde . Ciertamente, el fragor de una campaña interna incomoda. Insiste en que el señor Elizalde hizo dos denuncias. Una, señalando que el Consejo Provincial habría pagado un té en el hotel Tupahue, situación que no existió al quedar claramente demostrado que no había ninguna factura pagada a ese hotel. Respecto de la segunda, habría que preguntarle al dueño de la imprenta si hizo o no el trabajo; pienso que sería lo más fácil para resolver el problema. ¿Qué motivó al ex diputado Elizalde ? Supone que fue el interés de seguir siendo diputado y no tener competencia interna, pero no por ello puede involucrar a la Dirección General de Deportes y Recreación.

Segunda intervención del Sr. Riutort.

La Comisión estimó necesario invitar nuevamente al señor Riutort, con objeto de efectuar algunas precisiones relativas a su primera intervención.

Al respecto, señaló que el resultado de las conclusiones obtenidas por el Departamento de Auditoría y Control de Gestión fueron entregadas por oficio Nº 155-6-2, de la Digeder, con fecha 13 de mayo. Se acompañó el siguiente antecedente: fotocopia de la denuncia presentada al 20º Juzgado del Crimen , rol causa 42955-7, del Director General de Digeder, que incluye el resultado de la auditoría dispuesta por la Dirección General de Deportes a través del Departamento de Auditoría y Control de Gestión.

Se adjuntó, además, a la denuncia, como un antecedente que forma parte del secreto del sumario en el tribunal competente, el resultado y toda la documentación de la indagación administrativa. Por ello, lamentablemente, dicha documentación no puede ser entregada, pero sí el contenido básico que se encuentra en la presentación de la denuncia y que dice relación, en primer lugar, con lo que instruyó para que el Departamento hiciera la indagación administrativa, una vez conocidos los hechos por parte del Ministro del Interior . El personal del Departamento de Auditoría y Control de Gestión se acercó al Consejo Provincial de Deportes para indagar sobre la factura que había sido entregada. Como resultado de la indagación, se concluyó que existían algunas irregularidades administrativas en el proceso de la factura misma.

Menciona que las irregularidades administrativas que presentaba la factura eran, básicamente, que no contenía un detalle del trabajo solicitado ni su precio unitario que, de acuerdo con las normativas que se instruyeron a los consejos provinciales de decir y tener todo ese detalle, no había sido contratada la ejecución del trabajo con las cotizaciones, cosa que también es indispensable para que pueda ser aceptado como una documentación sólida, y había sido pagada el mismo día de la presentación de la factura.

Más allá de esas irregularidades, el tema de fondo, radica en dos versiones contrapuestas. Una, la sustentada por el Presidente del Consejo Provincial de Deportes , que argumenta que los recursos habían sido destinados para la cancelación de un díptico referente a la Encuesta Nacional del Deporte, y una versión radicalmente contrapuesta, la del Diputado señor Elizalde , quien señala que habría sido destinada a la producción de un díptico para la candidatura del señor Manuel Bustos , versión que habría sido ratificada por alguna gente, que no fue el dueño. No hubo oportunidad, a pesar de que se hizo el intento, de acceder al dueño de la imprenta Generación. Sin embargo, gente de la imprenta ratificó lo expresado telefónicamente por el señor Elizalde .

Ante esas versiones contrapuestas, el Departamento de Auditoría no pudo avanzar en la investigación para determinar la veracidad de los juicios del Presidente del Consejo Provincial o de lo expresado por el ex Diputado señor Elizalde . Por esta razón, los antecedentes se enviaron a la justicia y se hizo la denuncia, porque, en el caso de ser cierta la acusación del ex diputado , habría recursos públicos involucrados, que si bien no habrían sido girados por la Digeder, sí lo habrían sido por una entidad que recibió esos recursos y que tiene relación con Digeder, como es el Consejo Provincial de Deportes, con personalidad jurídica de derecho privado y que recibe recursos de esta Institución. Por ello, no se puede desligar el control de esos recursos mientras no se haya logrado el fin para el cual fueron solicitados.

Aclara que en la denuncia se solicitó un peritaje para saber si el díptico presentado por el Consejo Provincial de Deportes correspondía a lo efectuado por la imprenta Generación. Así se estableció en el segundo otrosí. Dice: “Sin perjuicio de las facultades que el ordenamiento procesal entrega a Su Señoría para dirigir la investigación criminal, solicito se disponga practicar pericias a las instalaciones de la imprenta Generación, como a sus tintas, papeles y elementos de trabajo, para verificar si el díptico, de letra b) del otrosí anterior, fue confeccionado en dicha imprenta”. Se da respuesta de esta forma, a la primera inquietud de la Comisión.

La segunda inquietud planteada es sobre los destinos de los recursos entregados por la Digeder a la CUT.

Menciona que, en 1991, fueron 20 millones de pesos, que correspondieron a un proyecto de actividades deportivas y recreativas, implementos deportivos y asesoría técnica. En 1992, se aprobaron dos proyectos: uno por 20 millones, destinados a actividades recreativas, y otro por 30 millones, referido a actividades deportivas, recreativas e implementos deportivos. En 1993, se aprobó un proyecto para actividades deportivas y recreativas, destinados a implementos deportivos y difusión del programa, por 56 millones. En 1994, se aprobó un proyecto para actividades deportivas, recreativas e implementos deportivos, por 60 millones. En 1995, que fue el primer año en que la actual dirección de deportes aprobó proyectos a la CUT, se aprobó un proyecto por 65 millones, llamado “ Proyecto de Deporte Recreativo ”, con clases de gimnasia aeróbica, fomento de actividades de montaña, fomento de la natación, finalización con una muestra deportiva y olimpiadas laborales. En ese mismo año, la Dirección de Deportes había sufrido un cambio en la modalidad de asignación de los recursos, donde se habría querido terminar con los derechos adquiridos y donde se estaba privilegiando el concurso de proyectos. En 1995, se informó a la CUT que, a partir de los años siguientes, se tendrían que amoldar a las nuevas normativas y procedimientos para la aprobación de proyectos, los cuales decían relación con la incorporación de la CUT a la concursabilidad de proyectos. Para ello, durante 1996, se realizaron distintas reuniones con la CUT, con el objeto de que se presentaran, durante 1996, para 1997, proyectos, de acuerdo con las nuevas normas.

Por otro lado, en 1996, se aprobó un proyecto por 65 millones de pesos, igual que en 1995, para talleres de aeróbica, para talleres llamados “Días Recreativos a la Montaña”, realizados en Lagunillas, para campeonatos internos, olimpiadas laborales y muestra de fin de año, y para un pequeño proyecto llamado “Regularización Proyecto año 1995”, relacionado con la normalización de la rendición de cuentas de la CUT de 1995. Para 1997, conocida la nueva normativa, a la cual la CUT debía incorporarse, dicha entidad presentó un proyecto a un concurso nacional, por 119.246.000 pesos, que no fue aprobado, por estar fuera de norma, donde se solicitaban proyectos en talleres de gimnasia, de vóleibol, de natación, actividades recreativas, coordinación de proyectos, competencias internas, olimpiadas laborales, muestras deportivas y competencias provinciales.

Señala que la razón por la cual fue desechado dicho proyecto es porque no reunía los criterios para su aprobación. Asimismo, faltaban numerosos antecedentes, tales como la distribución de los beneficiarios y el aporte de dinero de las instituciones al proyecto, condición indispensable para la aprobación de los proyectos. Tampoco se indicaba la condición socioeconómica de los beneficiarios, y no se focalizaba en las comunas de la Región Metropolitana. Asimismo, faltaban antecedentes de los talleres deportivos, tales como recintos, horarios, profesores. Se solicitaron 43 millones de pesos en implementos, pero no se indicaba qué se compraba, la cantidad, ni a quién se le entregaría. Respecto de los honorarios, se solicitaba, entre otros, honorarios para secretarias, asesores técnicos y dirigentes, lo que no corresponde de acuerdo con los criterios de la Institución, ya que sólo se pagan honorarios a profesores y al coordinador de proyectos. Además, se solicitaban viáticos para dirigentes, lo que no corresponde. En general, había gastos sobredimensionados, por lo cual este proyecto de 119 millones no fue aprobado. En consecuencia, la CUT no obtuvo recursos de la Digeder en 1997.

Expresa que, en 1996, después de la salida de Manuel Bustos, se creó cierta inquietud en relación con la rebaja de dineros aprobados para la CUT y entregados a la Contevech. En 1996, se informó a la CUT de la aprobación de proyectos por un monto de 65 millones, desglosados en 63.364.000 y en 1.646.000, quedando pendiente de rendición de cuenta por parte de ellos la cifra de 42.307.000 pesos, que en este momento están siendo verificados por el Departamento de Auditoría y Control de Gestión.

Por lo tanto, respecto de la materialización o del cumplimiento de las actividades anteriores a esa fecha, no se cuenta con información estadística en relación a qué porcentaje de esas actividades se cumplieron. En el presupuesto de 1995, se incluyeron recursos para contar con supervisores que controlaran el cumplimiento de éstos.

Agrega que Digeder se ha relacionado con la Contevech en tres ocasiones. La primera, en 1990, cuando se aprobó la suma de 1.453.000 pesos, con motivo de la celebración del 1º de mayo, con el fin de realizar un campeonato de fútbol y de babyfútbol. La segunda, en 1996, con ocasión de aprobarse dos proyectos; uno, por 20 millones de pesos, para talleres de gimnasia aeróbica, campeonato de babyfútbol, campeonato de vóleibol damas, olimpiada deportiva sindical y un campeonato de fútbol laboral, y otro, por 6.500.000 de pesos, para competencias de babyfútbol, talleres de aeróbica y vóleibol y juegos tradicionales y recreativos, actividades que fueron supervisadas y cumplidas, lo mismo que la implementación adquirida que fue entregada a sus beneficiarios.

En 1997, Contevech presentó un proyecto por 42.972.000 pesos, el cual no cumplía con las normas. Se solicitó mayor información para que fundamentara la solicitud de los recursos. También se solicitó al coordinador de la Región Metropolitana del área norte una contraparte técnica para el análisis del proyecto. Contevech nombró al señor Alejandro Santander , a quien se le entregaron las bases. Ellos quedaron en entregar un proyecto acondicionado a las bases solicitadas por Digeder, el cual nunca se recibió. Por lo tanto, en 1997 no se le asignaron recursos a la Contevech.

Respecto de por qué se mantuvo en sus funciones a quien podía aparecer como el principal inculpado del Consejo Provincial de Deportes, esto se hizo de acuerdo con la misma doctrina mediante la cual un ex Director General de Carabineros se mantuvo en su cargo durante un tiempo, cuando para mucha gente, todo hacía pensar que había que pedirle la renuncia. En este caso, parecía una imputación tremendamente grave la que se hacía al Presidente del Consejo Provincial , pues se daba por verdadera la versión de una de las partes, en lugar de dejar que los tribunales de justicia fueran los que finalmente resolvieran lo que nosotros no pudimos, lo cual estaba claramente establecido en la denuncia.

Reitera que los consejos provinciales de deportes son entes privados, cuyos presidentes son elegidos por los presidentes de los consejos locales y tienen una relación con Digeder a través de la Coordinación Regional.

El motivo que dio base a la denuncia fue el hecho de no poder avanzar en descubrir el fondo del problema que es el que motiva a esta Comisión investigadora, a saber, si los recursos del Consejo Provincial del Área Metropolitana Norte fueron a dar a la propaganda de una candidatura interna de una partido político o si fueron destinados a propósitos deportivos. Como ése era el fondo del problema que había que resolver, y debido a que no teníamos los antecedentes, encargamos a la justicia que nos ayudara a descubrir la verdad. Respecto del club deportivo Hernán Solís , me enteré de la existencia de ese episodio en la sesión de la Comisión a la cual asistí la vez pasada. No conoce dicho club, y si el Consejo Provincial estimó pertinente hacerle una asignación, estaba dentro de sus atribuciones, por lo que respecto de ese tema no tiene nada más que comentar.

Gabriel Rodríguez Vega , Director Regional Área Norte Digeder . Explica que, en 1996, Digeder encargó a la empresa una encuesta a nivel nacional, con resultados bastante interesantes, acerca del tipo de deportes que se practican a nivel comunal, provincial, etc. En esa virtud, consideró importante hacer un extracto y reducir los resultados de la encuesta a un tríptico. Como el Director General de la época se encontraba de vacaciones, firmaron la autorización el Subdirector y el Jefe de Planificación. Hace entrega de copia del acuso de recibo que hace el Consejo Local de Deportes de Maipú de tres mil trípticos, el producto y la factura.

Es indudable que si el resultado de la auditoría hubiera arrojado anomalías o situaciones, raras no estaría aquí, pues asumió el 2 de enero de 1996.

Explica que hay un área de adquisiciones y otra de administración y finanzas, con profesionales a cargo, quienes le plantean alternativas y la situación para definirla. Ellos cotizaron, entregaron cuadros comparativos, el producto y la factura. Como era algo tan obvio y revisado por mucha gente, hizo fe de lo que se le entregó. Hace presente que, desde 1997 hasta febrero del año en curso, han pasado por ese organismo más o menos 3.500 millones de pesos.

Afirma que él autoriza el pago de facturas, previa autorización de la Jefa de Finanzas.

En la fecha de los hechos, debe haber sido la señorita María Elena Castillo la encargada de cotizar.

La distribución, según el Consejo Local de Deportes de Maipú, fue recibida el 8 de mayo de 1997.

Todas las acciones que lleva a cabo el encargado de un área operativa tiene que ver con eso. No obstante, el servicio les entrega la libertad de hacer cosas innovadoras y llamativas, que permitan que al beneficiario, al usuario, lleguen cosas que realmente le interesen. Por lo tanto, cuando se pesquisa algo interesante, que pueda ser traducido en un folleto, en un díptico o en una revista, junto con elaborarlo se debe pedir autorización al servicio, salvo que se trate de recursos propios. Pero, en este caso, como no los tenía, se pidió la autorización para reproducir 3.000 dípticos.

Dice ser Concejal de la Comuna de Huechuraba y militante de la Democracia Cristiana.

Consulta: ¿Usted recuerda cuántos recursos se transfirieron a la CUT por los proyectos que se concursaban en esos años?

Responde que ésos son proyectos nacionales, de decisión del Director General . Todos esos recursos fueron revisados prolijamente por la Contraloría General de la República, como producto de un problema que hubo hace 6 ó 7 años en el Área Sur. Después de eso, no hubo más recursos para la CUT. Por su parte, puede decir que el Consejo Provincial nunca le ha pasado plata a la CUT. La Digeder es una cosa y el Consejo Provincial es un organismo privado.

Consulta: ¿Y todos los aportes que se hicieron entre los años 1990 a 1995?

Menciona que todos los aportes a la CUT provienen directamente del Director Nacional; el Área Norte no tiene nada que ver con ellos.

Dice tener tres documentos que lo respaldan en su actuación, que son: la autorización del Director del Servicio para mandar confeccionar el trabajo, la factura con la cual se paga y el tríptico recibido y enviado a los consejos locales.

Lo otro es algo aparte, pues se trata de un trabajo político que alguien mandó a hacer para don Manuel Bustos .

De las preguntas que ustedes me han enviado a través de oficios y de las que me formularon cuando concurrí a la sesión de la Comisión, así como de las que le han hecho al Director General , la mayoría de ellas -y es muy legítimo que las planteen- tienen que ver con la relación de la CUT con don Manuel Bustos . En consecuencia, a mi juicio, sería más práctico que hicieran una Comisión Investigadora para ese tema, porque creo que la Digeder escapa de ese ámbito, porque ustedes, en su fuero interno, saben que están los respaldos, el documento con la distribución del trabajo y los dípticos.

Por otra parte, debo decir que todavía no he sido citado al tribunal. Presté declaración ante Investigaciones el año pasado, y se ha citado a mucha gente para lo mismo. Como se trata del 20º juzgado del crimen, no es lógico que dicho tribunal priorice entre crímenes y robos una investigación por 110 mil pesos; creo que es obvio que el juez y los actuarios lo hagan así. Por eso, seguramente, cada tres o cuatro meses están citando a una persona a declarar sobre este caso.

Desde el punto de vista jurídico, una investigación y un sumario son diferentes. La Digeder , no obstante ser un organismo público, no puede hacernos investigaciones. Sólo nuestros pares, los consejos locales, podrían hacerlas. Lo que hizo Digeder fue una auditoría financiera y entiendo que esos antecedentes fueron enviados al 20º juzgado del crimen.

Finalmente, dice tener todos los antecedentes, y comenta que el ex diputado señor Elizalde quedó retratado de cuerpo entero. En consecuencia, la calidad moral de la persona que hizo la denuncia queda absolutamente entrabada con la realidad.

Richard Romero Antiquera , Presidente del Club Deportivo Hernán Solís de Conchalí . Señala que, en el mes de octubre de 1997, solicitaron una subvención al Consejo Regional Metropolitano de Deportes, cuyo encargado es don Gabriel Rodríguez . En esa oportunidad, les dieron una subvención de 300 mil pesos. En marzo, solicitaron nuevamente otra subvención, porque tienen en proyecto la construcción de una sede social, con aportes de todos los socios, incluso con el de algunas empresas. La subvención fue de 600 mil pesos para la compra de todos los artefactos para los baños de hombre y de mujer, que también fue facturada al Consejo Regional Metropolitano de Deportes. Ésas son las dos únicas subvenciones recibidas.

Carlos Hormazábal , Miembro del Club Deportivo Hernán Solís . Señala que la sede social cuenta con un número aproximado de 200 socios. Hay de todo tipo de condición social: empresarios, comerciantes, profesionales, etc. Todos los documentos están refrendados, con carta certificada, de nuestra parte a la Dirección Regional Metropolitana, comenzando por quien encabeza la Institución, el señor Gabriel Rodríguez .

Lucrecia Olguín Madrid , Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Área Norte de Digeder. Dice ser funcionaria del Consejo Provincial de Deportes de Santiago por casi cinco años. Ingresó al Servicio el 1º de agosto de 1993, como Jefa del Departamento de Finanzas de la institución. Posteriormente, como producto de una reestructuración nacional de las Coordinaciones Regionales del Servicio, los departamentos de administración y de finanzas se unificaron en uno solo. Desde esa fecha, tres años y medio, ocupa el cargo y ejerce la función señalada.

Con respecto a su participación en los hechos señala que, lamentablemente, se enteró por la prensa y ya no se acuerda qué día apareció. Llegó auditoría interna del Servicio a pedirle antecedentes de lo que ellos ya sabían y de lo que había aparecido en la prensa ese día en la mañana. Sacamos el proyecto, el movimiento de cuentas del sistema contable, entregamos el comprobante de contabilidad y los antecedentes que lo respaldaban. Eso fue lo que pasó ese día, que debe haber sido a fines de abril o mayo de 1997.

El procedimiento para cualquier giro, pago u obligación que tenga el Consejo Provincial de Deportes, es el siguiente: cuando hablamos de factura, hablamos del pago de una obligación contraída con antelación. La factura ingresa por la Oficina de Partes; pasa al Coordinador Regional , al Presidente del Consejo Provincial , quien destina la correspondencia. En el caso de facturas, se devuelven a la Oficina de Partes, la que las remite al departamento de administración y finanzas, donde la tramita el funcionario correspondiente.

Toda la tramitación se rige por un manual de procedimiento interno que Digeder tiene hace muchos años para todas las coordinaciones regionales. Se trata de una resolución exenta. Este manual establece, por ejemplo, que la atención de cualquier necesidad de alguna coordinación regional, como la compra o adquisición de bienes muebles o la realización de trabajos de impresión, etcétera, que exceda las 50 UTM, debe hacerse por licitación privada. Por ello, invitan a los proveedores a postular. Cuando se trata de cosas inferiores, sobre 5 UTM, deben pedir cotizaciones. Cuando es inferior a esa cantidad, podría no existir cotización. Para todo lo anterior, existe un encargado de adquisiciones.

Sobre su participación, señala que, cuando destinan a administración y finanzas la factura o el pago de la obligación, o cualquiera cosa que tenga que ver con ese departamento, ella ve la correspondencia y la destina, sea para hacer el cheque, para hacer el comprobante o para cumplir con la obligación. Posteriormente, el comprobante contable viene de vuelta, con los antecedentes que lo respaldan. El cheque es firmado por dos personas: el Coordinador Regional que, en este caso, es el Presidente del Consejo Provincial , y la Jefa de Administración y Finanzas.

Señaló que existen proyectos que son propios del marco presupuestario de la región y proyectos que son del nivel nacional, que se administran a través del Consejo Provincial de Deportes. En este caso, la factura que se está investigando corresponde a un proyecto que se llamaba “Encuesta Nacional del Deporte”, que realizó una empresa de éstas que hacen encuestas -no recuerda su nombre. Es una muestra de, más o menos, cinco mil personas. Se trataba de un proyecto de planificación del nivel central.

Cuando corresponde a proyectos de esta naturaleza, que no son propios de la Región, viene un oficio conductor de Digeder central, que dice: adjunto la factura tanto, que corresponde a tal cosa y que debe cargarse a tal proyecto.

Dentro de los procedimientos, explicó que se hacía para el pago, ya sea de imprenta o cuando se compra implementación deportiva, etc. Hay una firma al dorso de la factura por los elementos que se están recibiendo.

En relación con la persona que autorizó o suscribió el memorándum que acompañaba a esa factura, dice que fue el Jefe de Planificación de la época, don Marcos Julio Zúñiga y el Subdirector, don Juan Pablo Repetto .

El presupuesto de inversión para proyectos que tiene el área fue, en 1998, de 1.100 millones de pesos, y el de gastos de remuneraciones, algo más de 110 millones.

Para la confección de los trabajos no se determina la imprenta, sino que se elige a la que pueda responder por el trabajo con la prontitud que necesitamos. Aquella que ofrezca la garantía de que mañana podrá entregar el trabajo oportunamente, con ésa se opera.

Consultada acerca de que si tuvo conocimiento de que el Consejo Regional de Santiago haya pagado una factura de trabajo de campaña al actual Diputado señor Bustos, en ese minuto candidato, señala que, cualquier campaña interna cuesta bastante más de 129 mil pesos. Por lo tanto, no tiene conocimiento de que esa factura haya financiado alguna campaña política del actual diputado .

Respecto de la responsabilidad en el Departamento de Adquisiciones, dependía de la carga de trabajo que tenía cada funcionario, pues no se podía destinar a uno en forma exclusiva a adquisiciones, porque eso habría significado sacar a una persona del departamento de remuneraciones o de contabilidad, con lo cual habríamos dejado cojeando a dicha unidad, que en esos momentos nos pareció que era más importante que funcionara con su dotación completa. La licencia médica de la funcionaria encargada duró desde el 6 de diciembre hasta mayo, y después se reincorporó al servicio por medio día.

La orden de compra va firmada por quien ejerce la función de encargada de adquisiciones, además del visto bueno de la Jefa de Administración y Finanzas y la firma del Coordinador Regional. Éstas son las tres firmas que concurren en una orden de compra.

En el caso de adquisiciones, la función de encargada era ejercida por una persona, de acuerdo con la carga de trabajo que tenía cada funcionario y respetando los procedimientos administrativos. Por lo tanto, firmaba la persona que efectuaba las cotizaciones y hacía la orden de compra, con su visto bueno y la firma del Coordinador Regional.

José Ortiz Arco , Presidente subrogante de la CUT. Comenta que en la Central poco se sabe de un convenio firmado, en 1991, entre la Central Unitaria de Trabajadores y la Digeder, para apoyar un proyecto del Departamento de Cultura y Deportes, cuyo monto fue variando durante los años. El último proyecto, que debía regir en 1996, fue aprobado en 1995. Desde esa época a la fecha, no hemos logrado que la Digeder nos apruebe los últimos dos proyectos siguientes, no obstante haber cumplido con todas las exigencias reglamentarias que ella nos impone.

A pesar de una serie de gestiones que han realizado la Central y el Comité Ejecutivo, incluso ante el Ministro de Defensa Nacional , que es el superior directo de la Digeder, no hemos logrado conocer las razones por las cuales se nos han rechazado los proyectos; ni siquiera hemos recibido una respuesta oficial de la Digeder. A mediados del año pasado, en una reunión, su Director nos manifestó que ellos habían cambiado las reglas del juego. Le pedimos formalmente que esa respuesta nos la diera por escrito, a fin de informar al Comité Ejecutivo y a la Dirección de la Central que en ese entonces se nos estaba exigiendo el cumplimiento de un programa, que, se suponía, era anual en el área de deportes y que involucraba varios ítemes. Sin embargo, jamás hemos podido dar satisfacción a ese requerimiento, porque tampoco conocemos las razones fundadas por las cuales se puso fin a al convenio. Eso es lo que conocemos de la situación. Desconocemos las razones concretas de la suspensión de la colaboración económica para desarrollar programas de la Central en el área de deportes.

Consulta: ¿Ustedes tuvieron conocimiento de la naturaleza de los convenios y del monto que alcanzaron?

Responde que dice tener conocimiento del último, que fue de 65 millones de pesos, aprobado en 1995, para operar con él en 1996. La nueva directiva de la Central asumió en abril de 1996. Por lo tanto, a partir de esa fecha, comenzaron a operar con dicho proyecto. La nueva dirección de la Central procuró que el departamento de cultura creara su propio equipo, a fin de que las actividades que estaban reseñadas en los planes se realizaran, lo cual se llevó a cabo adecuadamente durante todo el año.

Afirma desconocer los montos anteriores, pero para el proyecto que debía desarrollarse en 1996 se solicitaron 75 millones y la Digeder aprobó 65. Por lo tanto, hubo que adecuar las actividades a ese monto, disminuyendo viajes, compras de implementos deportivos, etc.

Consulta: ¿Tampoco han puesto término a ese convenio?

Responde que, oficialmente, Digeder no ha informado, hasta hoy, del término del convenio. Por lo tanto, desde su visión, cree que se ha cometido una irregularidad -por decirlo de alguna forma- con la Central, a partir del cambio de la Presidencia.

Consulta: ¿Conocen alguna rendición de cuentas o han hecho algún seguimiento del resultado de los proyectos?

Afirma que, anteriormente a 1995, ellos no conocen, ya que ninguno de los dos era dirigente de la Central. Sí conocen, porque fue parte del debate del Central, que para el último proyecto, el que les tocó administrar, hubo una fiscalización bastante rigurosa, ya que se debían cumplir ciertas exigencias de la Digeder más otras que fijó la propia Central.

Consulta: ¿Ustedes saben si existen actas de recepción de los recursos o análisis y revisiones de cuentas de esos proyectos?

Dice no tener cabal conocimiento de esa situación.

El de 1995 lo tenemos, porque fue el que administramos. Se compromete a buscar la información en los archivos de la Central y en las revisiones de cuenta de la CUT, porque es probable que pueda haber alguna indicación sobre el tema, toda vez que una vez al año se realiza una revisión de cuentas de todos los recursos que ingresan por tesorería. Por lo tanto, si estos recursos se manejaron por la vía de las finanzas de la Central, cree que debería haber alguna información. De no ser así, también lo sabremos de inmediato, porque no habrían ingresado a la caja de la Central ni habrían pasado por su cuenta.

Creo que será más fácil ver esto a partir de 1992 o 1993, ya que dice tener dudas sobre la información disponible de los períodos anteriores, es decir, 1991 y 1992, pues la CUT se legalizó a mediados de 1992. Antes era un organismo de hecho, que funcionaba en forma bastante artesanal, ya que los recursos no eran muchos y tampoco había a quién dar cuenta.

Así es. Pero los recursos que ingresaban eran prácticamente cero, de modo que era muy poco lo que se escudriñaba de los estados financieros. Sin embargo, a partir de 1993, debe haber alguna referencia en cuanto a si los recursos ingresaron a la cuenta de la CUT y de si fueron administrados por ésta. De hecho, hemos sido bastante rigurosos en ese sentido, a fin de evitar problemas.

Ricardo Maldonado Olivares Encargado de Deportes, Cultura y Recreación de la CUT, Dirigente Nacional de la CUT, responsable del departamento de cultura, deportes y recreación de la misma, y miembro del comité ejecutivo, hace mención de algunos aspectos que ha señalado el Presidente .

Existe un convenio CUT-Digeder, firmado en 1991 por el presidente de la Central , en representación de la CUT, y el señor Iván Navarro Abarzúa , Director General , en ese entonces, de la Digeder. Todos los proyectos de nivel nacional y regional de la Digeder eran concursables, salvo este convenio. La CUT, a través de este convenio, logró que durante 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 se le asignaran recursos, presentando un proyecto. Este convenio, aparte de proporcionar recursos a través de un proyecto, estipula otros acuerdos, que no se han llevado a cabo, y que son parte de su artículo 3º. Pero el artículo 5º, penúltimo de este convenio, establece que si una de las partes quiere poner término al convenio, está obligada a informar con noventa días de anticipación a la otra. Esto venía operando desde 1991 hasta 1995.

A la nueva dirección de la Central le correspondió presentar un proyecto a fines de 1996. Hasta hoy no hemos sido informados oficialmente por la Digeder y por su director de las razones por las cuales no fue aprobado el proyecto y, por ende, no fueron asignados los recursos estipulados. Lo mismo ocurrió con el proyecto que presentamos a fines de 1997, para operar con él este año. En varias oportunidades hemos solicitado audiencias al director de la Digeder y al Ministro de Defensa -tanto al que dejó el cargo como al que asumió hace algunos meses- y tampoco hemos tenido una respuesta sólida, por decirlo de alguna forma, acerca de cuáles son los argumentos para no aprobar el proyecto.

Comenta que, ahora, con esta actitud, han destruido el único canal que existía entre el Gobierno y los trabajadores que podían desarrollar alguna actividad recreativa y deportiva, porque no sólo era para los trabajadores, sino también para los hijos y las esposas, con paseos a la montaña, al mar, etcétera. Es decir, hoy no existe ese canal laboral de recursos que permitan desarrollar alguna actividad, más allá de la sindical que la Central tiene como objetivo.

Asegura tener copia de la documentación presentada a la Digeder y las rendiciones de cuenta del proyecto que les tocó administrar en 1996, que han sido todas aprobadas. Por lo tanto, no podría existir el argumento de que hubo alguna situación irregular de 1996 en adelante para no aprobar los nuevos recursos.

Dice no tener antecedentes de lo que ocurrió entre 1991 y 1994.

De la rendición de cuentas que hizo la dirección anterior del último proyecto que le correspondió administrar, el de 1995, les llegó documentación -que en este momento se está fotocopiando- en la cual la Digeder rechaza unos montos de facturas por compras no correspondientes a los ítemes que especifican, porque la Digeder es muy clara en ese aspecto. De eso sí que tenemos conocimiento; incluso hay copia de lo que estaba pidiendo Digeder .

Comenta que le parece interesante e importante que se esté llevando a cabo una investigación sobre esta situación, respecto de la cual existe una denuncia. No obstante, hay un tema sobre el que le gustaría que los señores diputados presentes les pudieran ayudar de alguna manera.

Como Central, aparte del resultado de la investigación, les preocupa saber qué pasa con los recursos que debieron aprobarse conforme al convenio Digeder - CUT, y que, desde el punto de vista legal, está vigente, independientemente de quién esté dirigiendo la Central. El tema les preocupa, porque ha quedado mucha gente desamparada en relación con las diversas actividades de la CUT. Este proyecto tenía un promedio de cuarenta por ciento de actividades dirigidas a la mujer trabajadora y un treinta por ciento a los hijos de los trabajadores.

Eduardo Urrejola , Presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado , dice que, en primer lugar, se habló con el abogado del proceso, don Pedro Bueno . El Consejo recibió estos antecedentes por dos conductos: si mal no recuerda fue a mediados de julio del año pasado, primeramente, de la Cámara de Diputados y de la Digeder. Digeder acompañó algunos antecedentes, los que ameritaron que el Consejo se hiciera parte en un proceso ya iniciado por denuncia de Digeder ante el juzgado del crimen correspondiente.

El Consejo se hizo parte, lo que significa que asume los intereses de un querellante particular, con algunos privilegios del Consejo, en el sentido de contar con ciertas facilidades procesales. Comenzó una persistente actitud del Consejo de provocar diligencias que se reducen básicamente a interrogatorios. Se han sugerido a tribunales una serie de interrogaciones a varios funcionarios de la institución donde se produce el problema y también a otras personas. Han declarado 12 ó 14 personas hasta este momento. Actualmente se está realizando una pericia. O sea, ha habido una actitud persistente de unas 9 presentaciones en el curso del año que lleva esto a una crisis. No sé si es más que lo normal o si está dentro de lo normal. La policía, a veces, retarda un poco las investigaciones o tiene sus prioridades, pero se han ido desarrollando. O sea, es un avance normal de un proceso.

Hemos avanzado en un 60 ó 70 por ciento. Queda un 30 por ciento de diligencias. Pero hay una bastante importante, que es una pericia decretada, no cumplida aún, que es muy importante para que se decidan los pasos siguientes. Como saben, esta causa está en sumario secreto.

Consulta: ¿Por qué delitos se hace la denuncia?

Contesta que es por fraude al Estado (artículo 239). La querella está abierta y puede variar la calificación.

Consulta: ¿Es denuncia o querella?

Dice que se empieza por denuncia, en el sentido de que el órgano afectado la formula ante el tribunal. Pone en conocimiento un hecho que reviste aparentemente caracteres de delito. El Consejo se hace parte sin formalizar, ya que no necesita hacerlo y no lo hizo, sino que basta con un escrito formal, pero con el ánimo de hacerse parte y de comparecer.

Consulta: ¿Por qué el Consejo no se hace parte en cualquier causa?

Señala que el Consejo se hace parte no sólo cuando estima que los hechos revisten carácter de delito o que merecen ser investigados, sino en todo aquello que lo posibilite su ley orgánica, la cual tiene distintos matices. En ciertos casos, como éste, es imperativa: si hay fondos y funcionarios del Estado comprometidos, se hace parte. El resultado se sabrá después con la sentencia definitiva. Ése es el motivo. Ahora, sin perjuicio de que la ley orgánica establezca que en ese tipo de delitos se puede actuar, el Consejo se puede excusar de hacerlo si no hay méritos para ello.

Afirma, en primer lugar, que hay algunas cosas que se han dicho aquí que no corresponden a la realidad. Para el Consejo, lo que no está en el proceso, no existe. Hay varias cosas, no puede decir cuáles, que son exactas y otras no. Algunas de esas diligencias se han decretado por el tribunal y otras se han cumplido a medias y que forman parte del 40 por ciento restante.

En segundo lugar, la calificación acerca de qué diligencias corresponde efectuar, es materia del juez de la causa. Nosotros somos colaboradores de la justicia, orientadores, y podemos pedir diligencias. Afirma que se han pedido todas las diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos. Que el tribunal se haya demorado un año, es muy posible que así sea; pero en ningún caso existe irresponsabilidad por parte del Consejo.

Algunas de las cosas que se han mencionado se han hecho con el máximo de diligencia y otras, probablemente, no.

Dice opinar a título personal. Puede que no sea exacto lo que dice, pero su impresión es que aquí hay fraude al Estado o una estafa, y de existir delito nos moveríamos en esos dos terrenos; los dos tienen penalidades muy parecidas. Pero su impresión es estrictamente jurídica, al margen de los hechos.

De parte del tribunal le parece que también hay diligencias. Ahora, en cuanto al cumplimiento policial, preferiría preguntarle al abogado de la causa, el señor Bueno, cuya apreciación es más exacta.

Pedro Bueno , abogado del Consejo de Defensa del Estado que lleva la causa. Señala que el proceso ha tenido la lentitud que caracteriza a nuestro sistema judicial, tanto de parte del tribunal como de las entidades encargadas de intervenir, ya sea en las diligencias y en todo lo demás. No ha tenido una tramitación desusadamente poco diligente, pero tampoco ha tenido una tramitación extremadamente diligente. Dentro del contexto de relevancia de las partes, no tiene la relevancia como en otras circunstancias. Por lo tanto, ha tenido una tramitación normal; pero no ha habido una falta de diligencia anormal ni del tribunal ni de las otras entidades.

OPINIONES RECIBIDAS

Se transcriben, en esta parte, las opiniones escritas de las siguientes personas:

Roberto Alarcón Gómez , Presidente Central Unitaria de Trabajadores .

?En respuesta a su fax de fecha 25 de junio vengo en comunicar a usted lo siguiente:

1. Esta presidencia no cuenta con información respecto de recursos entregados por Digeder a esta Central durante los años 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. Por cuanto los cargos de Tesorero Nacional y del Presidente actual se asumieron a partir de abril de 1996.

2. No obstante lo anterior, estamos a su disposición para informar acerca del proyecto administrado por el Depto. de Deportes y Recreación de esta Central durante el año 1996, cuya cuenta fuera entregada oportunamente a la Digeder.

3. Finalmente aprovecho la oportunidad para comunicar a usted que durante los años 1997 y 1998, se nos suspendió la entrega de recursos por vía del Convenio, exigiéndosenos proyectos concursables, que fueron rechazados en su oportunidad.

En consideración a lo expuesto, agradezco su invitación y manifiesto mi voluntad y entera disposición a informar acerca del Período que me corresponde (año 1996). Sin embargo, considero en estos momentos innecesarios mi presencia a informar sobre los períodos de los cuales no tengo información”.

Héctor Aravena Méndez, Concejal de la Comuna de Conchalí.

“Con relación a una invitación que se me hizo para concurrir a la Comisión, por tener ese día Concejo Municipal en Conchalí me es imposible asistir como hubiera sido mi deseo, no obstante esto quiero informarles lo siguiente:

1. La lucha interna del Partido Demócrata Cristiano para elegir al candidato a diputado determinó que se enfrentaran el en ese momento Diputado Ramón Elizalde y el Sr. Manuel Bustos , triunfando éste por amplia mayoría.

2. Producto de esto el Sr. Elizalde desató una campaña de desprestigio contra todo el mundo, renunciado también al partido que lo convirtió en diputado .

3. Durante la campaña mandé a hacer unos trípticos a la Imprenta Generación de Conchalí, trabajo que se canceló con recursos de algunos militantes.

4. Producto de su odio Elizalde maliciosamente enredó la situación diciendo que estos trípticos se pagaron con recursos públicos.

5. Esperando haber ayudado a lo suyo me despido atentamente”.

Juan Alberto Fuentes Fuentes, ex Funcionario de Digeder.

“He recibido la invitación que por su intermedio han realizado los honorable diputados que forman la Comisión Especial Investigadora Encargada de la Coordinadora Provincial de Deportes y Recreación de Santiago.

Al respecto, cumplo con informar a Ud., que declino cortésmente dicha invitación, por cuanto la materia en cuestión no tiene relación con la situación que me afectó y no dispongo de antecedentes relativos a ella.

No obstante lo anterior, quisiera indicar, que mi caso, a mi juicio, se relaciona más con formas de legitimar una función extemporánea de control de gestión, y una nula presencia e importancia del orden jurídico en la operación normal de Digeder (Servicio Público) y los Consejos Provinciales de Deportes (organismos de derecho privado), expresados en un Sumario que formalmente cumple los procedimientos y normas y que no resuelve la sanción administrativa máxima. Sigue siendo mi opinión, existiría una suerte de colusión para levantar una sanción ejemplarizadora, a fin que materias y procedimientos de uso habitual en el período de 1991 al 94, dejaran de realizarse ya corrido 1996, procedimientos que no han tenido más sentido que agilizar una operación entre lo público y lo privado, que estuvo en conocimiento de mis superiores (los cuales nunca fueron citados a declarar) y que sólo se han corregido progresivamente desde 1995. Todo ello consta en el expediente de mi sumario, el cual es público una vez ejecutoriado el fallo”.

Jorge Echeverría León , Propietario Imprenta Generación .

“Vengo en declarar que respecto al problema suscitado en el mes de abril de 1997, que dice relación con un trabajo que se me mandó a hacer a mi Imprenta, debo manifestar que efectivamente el Consejo Provincial de Deportes de Santiago cotizó un trabajo por 3.000 trípticos de la Encuesta Nacional del Deporte, trabajo que, en definitiva, se me encargó hacer y que entregué conforme, cancelándome la suma $ 129.800.- (ciento veintinueve mil ochocientos pesos).

También puedo manifestar que el Concejal de Conchalí Sr. Aravena me mandó hacer un trabajo relativo a una Candidatura a Diputado , que se me pagó en efectivo al momento de entregar el producto.

En consecuencia, ambos trabajos fueron encargados por Instituciones y/o personas distintas y no tienen relación la una con la otra”.

-o-

VIII. CAPÍTULO DE CONCLUSIONES.

Vuestra Comisión, luego de finalizado el proceso de audiencias y de recopilación de antecedentes, arribó, por unanimidad, a las siguientes conclusiones:

1. Esta Comisión recibió mandato de la honorable Cámara de Diputados, según su proyecto de acuerdo Nº 522, para conocer las denuncias sobre las irregularidades detectadas en la Coordinación Provincial de Deportes y Recreación de Santiago, relativas al uso indebido de recursos fiscales provenientes de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder).

Las denuncias formuladas por el ex Diputado don Ramón Elizalde Hevia , cuando aún desempeñaba su cargo, se refirieron a tres temas específicos.

a) Facturación a la Digeder por confección de dípticos de propaganda política para el actual Diputado don Manuel Bustos Huerta , hecho que sería irregular, ya que estaría destinado a encubrir el aporte en dinero, por parte de dicha repartición pública, a una candidatura parlamentaria determinada.

b) Traspaso de aproximadamente ciento cincuenta millones de pesos, por parte de Digeder a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con propósitos no establecidos fehacientemente.

c) Irregularidades en un programa de subsidios habitacionales efectuados por el Serviu a través de la CUT.

2. La Comisión se abocó exclusivamente a la investigación de los hechos signados en la letra “a”.

Los hechos signados en las letras b) y c) del Nº 1 de estas conclusiones, no fueron objeto de investigación, por estimar la mayoría, Diputados señores Acuña ( Presidente ), Arratia , Letelier, don Felipe , Luksic , Ortiz y Valenzuela , contra la opinión de la minoría, Diputados señores Cardemil , Bertolino , Molina y Prokurica , que dichos temas no estaban incluidos en el mandato de la Comisión y, por lo tanto, el examen de ellos excedería el cometido de ésta.

A juicio de la minoría, Diputados señores Cardemil , Bertolino , Molina y Prokurica , el excesivo tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto de acuerdo Nº 522, adoptado con fecha 4 de junio de 1997, y el inicio del trabajo, el 15 de abril de 1998, afectó necesariamente el buen funcionamiento y eficacia resolutiva de la Comisión, por cuanto permitió a los involucrados prepararse para afrontar las interrogantes surgidas, evitar comparecencias personales, efectuar retractaciones y en general, preparar antecedentes y coartadas que obstaculizarían la comprobación fehaciente de responsabilidades políticas, cual es la única jurisdicción y competencia de la Comisión.

La minoría, Diputados señores Cardemil , Bertolino , Molina y Prokurica , observó una excesiva lentitud, cuando no, la ausencia de respuestas a los oficios cursados para recabar antecedentes y la negativa a comparecer de involucrados cuyos testimonios resultaban decisivos para esclarecer los hechos.

Con los antecedentes y testimonios recogidos en este informe, la Comisión no ha podido adquirir, hasta ahora, la convicción, mediante comprobación fehaciente, de que en la especie se hayan probado las denuncias investigadas de fraude al Fisco de Chile, para el objeto de hacer efectivas responsabilidades políticas.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión tomó conocimiento de la factura Nº 0491 que, según se desprende de los antecedentes proporcionados por la Digeder y el Servicio de Impuestos Internos, correspondería a la confección de trípticos destinados a la campaña del deporte y no a la campaña parlamentaria del honorable Diputado señor Bustos, lo que, de haber sido probado, materializaría la responsabilidad fraudulenta denunciada. En consecuencia, será el tribunal competente el que, en definitiva, deberá resolver al respecto.

Los testigos que apoyaron los dichos del denunciante, mediante publicaciones de prensa, invitados expresamente a ratificar sus dichos, no asistieron a la Comisión.

El propietario de la imprenta Generación, don Jorge Manuel Echeverría León , se retractó de sus primeros dichos y declaró por escrito que el material de propaganda política que confeccionó para la campaña parlamentaria del Honorable señor Bustos le fue solicitado y pagado por el concejal de la comuna de Conchalí don Héctor Aravena Méndez .

Según el Presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado , que se hizo parte en la causa incoada por Digeder ante el 20º Juzgado del Crimen de Santiago , bajo el Nº 42955-7, la causa actualmente se encuentra con diligencias pendientes y bajo el secreto del sumario. Por este motivo, la Comisión no pudo tener acceso al sumario interno realizado por el Departamento de Auditoría y Control de Gestión de la Digeder. No ha tenido acceso tampoco a las facturas objeto de la investigación, ni a las copias de ellas que se solicitaron oportunamente al Servicio de Impuestos Internos.

Como consta en el presente informe, el honorable Diputado señor Bustos no prestó testimonio ante esta Comisión.

No comparecieron tampoco, habiendo sido invitados, los propietarios de la imprenta Generación, don Jorge Echeverría León y su hija, doña Jane Echeverría , a las sesiones de fechas 6 de mayo, 1° y 8 de julio y 10 de junio, 1° y 8 de julio de 1998, respectivamente. Tampoco lo hizo el señor Héctor Aravena , concejal de la comuna de Conchalí, a las sesiones de fechas 1° y 8 de julio de 1998, ni la funcionaria de Digeder señora Marianela Castillo , a la sesión de fecha 3 de junio de 1998, y el ex funcionario de Digeder señor Juan Alberto Fuentes , a la sesión de fecha 3 de junio de 1998.

La Comisión deja constancia de que, según lo expresado por don Julio Riutort , Director Nacional de la Dirección GeneraI de Deportes y Recreación, existió una irregularidad administrativa en la factura, correspondiente al tríptico presuntamente mandado confeccionar por la Digeder, consistente en que no contenía un detalle del trabajo solicitado ni su precio unitario, no se habían efectuado cotizaciones y en que, el mismo día de emitida, se pagó la factura.

De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión no ha podido comprobar hasta ahora la existencia de ilícitos administrativos ni penales.

4. Esta Comisión acuerda remitir todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado , a la Contraloría General de la República y al 20º Juzgado del Crimen de Santiago , recabados en relación con las letras “a, b y c”, del Nº 1, con el objeto de que estos organismos, en el transcurso del proceso causa rol Nº 42955-7, cuenten con ellos en la defensa del interés fiscal eventualmente comprometido.

IX. PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN.

En mérito a las conclusiones a que se ha arribado, vuestra Comisión viene en proponer a la honorable Cámara de Diputados dar por cumplido su mandato y dejar a cargo de los tribunales de justicia la investigación relacionada con las irregularidades que dieron origen a esta Comisión Investigadora.

-o-

Se designó Diputado informante al señor Alberto Cardemil Herrera .

Sala de la Comisión, a 19 de agosto de 1998.

Acordado en sesiones de fechas 15 y 22 de abril; 6, 13 y 20 de mayo; 3, 10 y 17 de junio; 1°, 8, 15 y 22 de julio; 5, 12 y 19 de agosto del año en curso, con asistencia de los señores Diputados Acuña ( Presidente ), Cardemil , Errázuriz , Jiménez , Leay, Letelier, don Juan Pablo ; Letelier, don Felipe ; Luksic, Molina ; Prochelle, doña Marina ; Seguel , Soria y Valenzuela .

Asistieron, además, por la vía del reemplazo, los Diputados Arratia , Bartolucci , Bertolino , Hernández ; Galilea, don José ; Girardi , Martínez , Mora , Mulet , Olivares, Ortiz , Pareto , Prokurica , Rincón, Salas , Silva y Vargas .

(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ, Secretario de la Comisión ”.