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Documentos presentados a comisiones
01/06/2026
Servicios sanitarios: situación de las redes de distribución. Criterios de verificación del sistema.
La distribución de agua potable se define como un servicio público concesionado que asegura el suministro hasta los usuarios finales bajo estándares técnicos. A nivel nacional, la cobertura urbana es casi total, con más de 6 millones de clientes y una extensa red que supera los 42 mil kilómetros, compuesta principalmente por tuberías plásticas, aunque aún persiste un porcentaje relevante de asbesto cemento. Se destaca que no existe una regulación de vida útil obligatoria para las redes, esto dado que los materiales de los ductos son diferentes, como porque las condiciones del lugar, geografía, tipo de suelo, posibles cargas, etc. son diferentes. La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha definido metas al 2030 orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector. Entre ellas destaca la reducción de pérdidas de agua potable mediante la detección, medición y control de fugas, así como el impulso a proyectos de innovación tecnológica y gestión avanzada de redes. Además, se revisa información sobre legislación comparada, se destaca el caso de Japón, logrando una baja en los porcentajes de fuga en su sistema.
27/05/2026
Acceso al suelo para infraestructura pública en Chile: Aspectos regulatorios, institucionalidad y atribuciones.
Se analizan los mecanismos regulatorios mediante los cuales el Estado de Chile puede acceder al suelo necesario para materializar infraestructura pública, vivienda, vialidad, equipamiento y otros proyectos de interés general. El documento distingue vías voluntarias, como compraventa, permuta, donación, dación en pago y transferencias entre organismos públicos, y vías forzosas, principalmente la expropiación fundada en utilidad pública o interés nacional. En este contexto, se revisa el marco general del Decreto Ley No. 1.939 sobre bienes del Estado y luego examina atribuciones sectoriales del MINVU, SERVIU, MOP, Servicios de Salud, Servicios Locales de Educación Pública, gobiernos regionales, municipios, Ministerio de Desarrollo Social y Fondo de Infraestructura S.A.
28/04/2026
Inmuebles bajo tuición de Ministerio de Bienes Nacionales para usos habitacionales y otros fines públicos.
Documento que analiza los aspectos principales sobre los inmuebles bajo tuición de Ministerio de Bienes Nacionales para usos habitacionales y otros fines públicos, e incorpora un análisis sobre las disposiciones legales que permiten transferir bienes fiscales para usos habitacionales. En términos generales, la adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado o bienes fiscales, está regulada en el Decreto Ley Nº 1.939 de 19771 . Estas facultades corresponden al Presidente de la República y son ejercidas a través del Ministerio de Tierras y Colonización, actual Ministerio de Bienes Nacionales. Esta norma también contempla la posibilidad de transferir a título gratuito inmuebles a personas jurídicas de derecho público y privado que no tengan fines de lucro, y a personas naturales con la finalidad de satisfacer una necesidad de bien público. En este marco, el presente documento aborda las atribuciones de que dispone el Ministerio de Bienes Nacionales para destinar inmuebles bajo su dominio a fines habitacionales u otros fines públicos. Para esto se organiza en 6 apartados, uno que describe los bienes del estado o fiscales; dos, las atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales, tres, el destino de los bienes adquiridos por herencia y su liquidación, y luego los puntos cuatro y cinco, que precisan la transferencia para fines habitacionales y el mecanismo a utilizar. Finalmente, el punto seis que señala algunas observaciones generales del proceso.
22/04/2026
Decretos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que conforman los programas habitacionales.
El presente documento analiza los principales decretos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que estructuran la política habitacional Nacional para abordar el déficit cuantitativo en propiedad. Los programas están orientados a reducir este déficit y promover la integración social en un sistema segmentado, pero complementario. Se describen los programas diferenciados según nivel socioeconómico, como subsidios para sectores vulnerables y medios, arriendo, mejoramiento y vivienda rural. En general estos instrumentos combinan ahorro, subsidio estatal y, en algunos casos, crédito. Asimismo, incorporan criterios de localización, calidad de vivienda y cohesión social, junto con mecanismos de acompañamiento técnico y social
15/04/2026
Caracterizaciones del territorio nacional en la normativa chilena actual: Definiciones regulatorias para regímenes especiales en zonas y territorios del país con características singulares.
El documento examina las diversas categorías jurídicas y regulatorias del territorio nacional chileno, destacando que la normativa vigente establece múltiples clasificaciones orientadas a otorgar tratamientos diferenciados según condiciones geográficas, socioeconómicas o estratégicas. Estas categorías —como territorios especiales, zonas extremas, zonas fronterizas, territorios insulares, zonas rezagadas, localidades aisladas y rurales— responden a la necesidad de abordar la heterogeneidad territorial y las desigualdades interregionales. En este contexto, se releva el carácter históricamente centralista del modelo chileno, el cual ha contribuido a brechas territoriales significativas, según la OCDE. Como respuesta, se han impulsado instrumentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), que busca articular y armonizar las distintas políticas sectoriales y territoriales. No obstante, el análisis evidencia la fragmentación normativa y la ausencia de un cuerpo legal único que sistematice estas clasificaciones y sus beneficios asociados, lo que dificulta una gestión territorial coherente e integrada.
08/04/2026
Leyes aprobadas y proyectos de ley en tramitación. Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, Camara de la Diputadas y Diputados. Legislatura 370 a 373.
Sistematización del trabajo legislativo realizado entre marzo de 2022 y marzo de 2026 en el que intervino la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante el período se aprobaron doce leyes relacionadas con la copropiedad inmobiliaria, la regularización de la pequeña propiedad raíz y de viviendas de autoconstrucción, la gestión urbana, los permisos de edificación, fenómenos urbanos consolidados y medidas vinculadas al Plan de Emergencia Habitacional. Además, el documento detalla treinta y cuatro proyectos actualmente en tramitación en la Comisión de esta Cámara.
08/04/2026
Trabajo Legislativo 11 de marzo 2022 al 10 de marzo 2026. Leyes aprobadas y proyectos de ley en tramitación en Comisión de Vivienda y Urbanismo, Senado.
Documento que presenta una síntesis del trabajo legislativo de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado durante el periodo 2022 al 2026. En este periodo se aprobaron 11 leyes y se mantienen 17 proyectos en tramitación. Entre las leyes aprobadas destacan aquellas que introducen ajustes a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria (21.442), reformas orientadas a la regularización de la pequeña propiedad raíz y viviendas de autoconstrucción, así como medidas para modernizar la gestión urbana, agilizar permisos de edificación y facilitar la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional.
08/04/2026
Atribuciones para evitar la ocupación ilegal de bienes nacionales de uso público e inmuebles privados: Legislación Nacional.
El presente informe examina el marco jurídico vigente aplicable a la ocupación irregular de bienes nacionales de uso público y de inmuebles privados, fenómeno que en los últimos años ha adquirido relevancia para diversos municipios por sus efectos en materias de seguridad, salubridad y convivencia urbana. El análisis se centra en las atribuciones y limitaciones que el ordenamiento jurídico confiere a las municipalidades, delegaciones regionales y otros órganos públicos, considerando la legislación municipal, urbanística y de seguridad pública. Se revisan ordenanzas municipales y actuaciones de organismos públicos, identificando criterios comunes y divergencias en su regulación. Entre las ordenanzas revisadas existen algunas que establecen una restricción especifica a la instalación de carpas u otras formas similares de ocupación, en tanto en otras existe una prohibición general de cualquier uso que no se encuentre expresamente autorizado. En todas ellas las sanciones fluctúan entre 1 a 5 UTM, cuya aplicación corresponde al Juzgado de Policía Local, y una fiscalización que recae en los inspectores municipales y en Carabineros. Se evidencia la inexistencia de una regulación legal uniforme a nivel nacional y el predominio de instrumentos municipales y de prevención situacional para abordar estas ocupaciones.
02/03/2026
Desafíos del Plan de Emergencia Habitacional Sesión Especial de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.
Se sintetizan los principales aspectos de la Sesión Especial de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sobre el desarrollo, resultados y desafíos del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), a cuatro años de su implementación celebrada el 20 de enero de 2026. El PEH surge como respuesta a un diagnóstico crítico marcado por el déficit habitacional, la creciente informalidad y la insuficiencia de los instrumentos tradicionales. Bajo esta premisa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha impulsado una estrategia basada en siete ejes, que incluyen el aumento de la capacidad productiva, la diversificación de soluciones, la gestión activa del suelo y el fortalecimiento del rol articulador del Estado. A diciembre de 2025, el plan registra un 95% de avance respecto de su meta de 260.000 viviendas y más de 434.000 soluciones en gestión. Destacan la ampliación del Banco de Suelo Público, avances en industrialización, mayor participación social y mejor coordinación interinstitucional para destrabar proyectos. Los expertos coinciden en que el PEH ha reposicionado la vivienda como prioridad política, aunque persisten desafíos como desempeño regional desigual, rezagos de suelo, burocracia y brechas productivas. Luis Eduardo Bresciani enfatizó la necesidad de fortalecer la gestión pública del suelo; Cristian Monckeberg subrayó que la crisis es estructural, marcada por falta de suelo, baja productividad e informalidad; Paola Jirón destacó la urgencia de reducir la inequidad territorial y mejorar la resiliencia urbana; y Beatriz Mella recalcó la importancia de avanzar hacia una política habitacional permanente con mayor capacidad institucional. Las presentaciones coinciden en que el país requiere transitar desde la lógica de emergencia hacia una política habitacional sostenible, permanente y con gobernanza integral.
21/01/2026
Documento base para discusión de proyectos de ley sobre la instalación de dispositivos de seguridad para evitar caídas en vanos, barandas, antepechos y otros.
Se analizan las modificaciones normativas y legislativas orientadas a prevenir caídas desde altura en edificaciones, considerando cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y cinco proyectos de ley en tramitación en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Las principales modificaciones que estudia el MINVU a la OGUC incluyen: aumento de la altura mínima de barandas de 0,95 m a 1,10 m, exigencia de que no sean escalables, regulación del espacio entre peldaños para evitar accidentes infantiles y obligación de limitar la apertura de ventanas a 0,12 m. Además, se permite la instalación opcional de mallas certificadas con resistencia mínima de 200 kgf/m² y sobrecarga puntual de 100 kg/m lineal, con requisitos de instalación y mantenimiento. Los proyectos de ley revisados proponen modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para incluir iniciativas relacionadas con la seguridad en condominios y edificaciones para lo cual se plantean medidas como modificaciones en los planes de emergencia en unidades con menores de 12 años o personas para quienes esto represente un riesgo; reconocimiento del derecho irrenunciable a instalar mecanismos de protección o prohibición de que los reglamentos restrinjan estas acciones.