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Documentos presentados a comisiones
Boletín N° 17196-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.196-17, mediante sus artículos 10 bis y 10 ter, establece mecanismos relacionados con la responsabilidad empresarial, la gestión de riesgos y la debida diligencia en materia de derechos humanos. Su análisis, a la luz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, permite identificar coincidencias y diferencias relevantes. En primer lugar, el artículo 10 bis presenta un alcance limitado a entidades participantes del mercado de valores, mientras que el Principio Rector 14 establece responsabilidades aplicables a todas las empresas, independientemente de sus características. Por su parte, el artículo 10 ter contempla obligaciones de información anual sobre riesgos, denuncias y medidas adoptadas. Sin embargo, los estándares internacionales exigen una evaluación continua de los impactos y consideran las relaciones comerciales en sentido amplio, más allá de empresas y proveedores. Asimismo, el proyecto identifica los derechos humanos protegidos mediante tratados suscritos y ratificados por Chile, mientras que los Principios Rectores establecen un estándar mínimo internacional. Finalmente, aunque la iniciativa incorpora exigencias de transparencia, los mecanismos de denuncia deberían garantizar también legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, compatibilidad con los derechos, aprendizaje continuo y participación efectiva de las personas interesadas, conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Boletín N° 17.446-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.446-17 establece obligaciones de debida diligencia para determinadas grandes empresas en materia de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Entre sus principales disposiciones contempla la identificación de impactos reales y potenciales, medidas de prevención y mitigación, mecanismos de denuncia y seguimiento, acciones de reparación, planes de transición climática y la publicación de un reporte anual. La iniciativa incorpora diversos elementos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, especialmente aquellos relacionados con la identificación, prevención, seguimiento y comunicación de impactos negativos. Sin embargo, presenta diferencias respecto de los estándares internacionales. Entre las principales observaciones destacan el énfasis en el reporte anual, en lugar de concebir la debida diligencia como un proceso continuo; la ausencia de exigencias explícitas sobre implementación efectiva de protocolos; y la falta de diferenciación de responsabilidades empresariales según su participación en los impactos negativos. Asimismo, el proyecto privilegia la participación de trabajadores, sin considerar suficientemente a las comunidades afectadas. Los mecanismos de denuncia tampoco incorporan expresamente todos los criterios internacionales de eficacia, mientras que las obligaciones de información no garantizan plenamente su accesibilidad, suficiencia ni comunicación directa a las personas afectadas.
Iniciativas legislativas sobre sobre tarifas aéreas, y conectividad territorial.
El informe da cuenta de los proyectos de ley relacionados con la regulación de precios de pasajes aéreos, tarifas preferenciales para residentes de zonas extremas y medidas destinadas a mejorar la conectividad territorial. En lo que respecta a las iniciativas identificadas, de un total de 5 propuestas legislativas encontradas, 4 están en actual tramitación y una se encuentra en estado de archivada. De las que están en trámite, 3 cumplen su primer trámite constitucional y 1 figura en segundo trámite constitucional. En lo que respecta a la materia que abordan, se identificaron iniciativas con ideas matrices relacionadas directamente con la consulta. En particular, los boletines 17.770- 07 y 15.679-03 refieren a la regulación de las tarifas del transporte aéreo y el establecimiento de pasajes a precio fijo para habitantes de zonas extremas. Ambas iniciativas se encuentran en primer trámite constitucional, la primera en el Senado y la segunda en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por su parte, los boletines 3.316-15 y 5.178-03 proponen medidas destinadas a fomentar la competencia en el transporte aéreo, con el objeto de contribuir a la reducción de las tarifas y mejorar la conectividad de las zonas extremas. Finalmente, el Boletín N° 18.638-03, que busca garantizar la reconexión aérea de zonas aisladas y extremas ante la suspensión de vuelos por razones climáticas, el cual se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente en Chile: Marco jurídico, Programas y Financiamiento.
La protección de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente chileno se sustenta en el Convenio Nº 169 de la OIT y la Ley Nº 19.253. Este marco normativo establece obligaciones estatales de protección y promoción de derechos, particularmente en materia de tierras, aguas, desarrollo económico, identidad cultural y educación. En Chile, la acción estatal se desarrolla mediante diversos programas públicos, financiados en la Ley de Presupuestos y ejecutados por distintos ministerios, entre ellos Desarrollo Social y Familia, Educación, Salud, Agricultura, Energía, Medio Ambiente y Culturas. Por mandato de la Ley N° 19.253, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), administra el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y el Fondo de Desarrollo Indígena. El primero financia la adquisición de tierras, la solución de problemas territoriales, la regularización y adquisición de derechos de aguas y obras para su aprovechamiento. El segundo permite financiar créditos, subsidios e iniciativas destinadas al desarrollo económico y productivo de personas y comunidades indígenas, incluida la recuperación de tierras degradadas y actividades vinculadas a la pesca y acuicultura. También, se consideran programas destinados a la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas Durante 2026, CONADI abrió convocatorias específicas, entre otras, para la construcción de obras de riego y drenaje; apoyo al turismo indígena; mejoramiento habitacional para personas mayores indígenas y fortalecimiento de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Estas iniciativas se complementan con programas de microemprendimiento y turismo indígena, así como intervenciones sectoriales de otros ministerios. Respecto del pueblo tribal afrodescendiente chileno, reconocido por la Ley Nº 21.151, los programas identificados se concentran en la protección y promoción de su identidad cultural. Destaca el Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que contempla diálogos participativos, elaboración y ejecución de planes territoriales y actividades de difusión y puesta en valor de sus expresiones culturales. Asimismo, FONDART Regional 2026 considera una línea específica de salvaguardia cultural del pueblo tribal afrodescendiente en Arica y Parinacota, destinada a financiar proyectos individuales y colectivos.
Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de Ley del Boletín N° 12.213-07
Documento sobre iniciativas legales en tramitación que pudiesen abordar la misma materia contenida en el proyecto de ley, boletín N° 12.213-07, que “Modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales”
Vigencia y discusión sobre la aplicación de la pena de muerte: Revisión del Derecho Internacional y sistema legal de Estados Unidos y Chile.
La pena de muerte, también llamada pena capital, es una de las sanciones más controvertidas del derecho penal. Desde la teoría, su justificación se vincula principalmente con los fines retributivos, que conciben la sanción como una respuesta proporcional a la gravedad del delito, y los fines preventivos, que le atribuyen un eventual efecto disuasorio. Sin embargo, la evidencia empírica disponible no permite establecer conclusiones definitivas sobre su impacto en la criminalidad. El Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos (2012) concluyó que los estudios existentes no permiten determinar si la pena capital disminuye, aumenta o no produce efectos sobre las tasas de homicidio. En el continente americano, Estados Unidos y Trinidad y Tobago son los únicos países que aplican esta sanción para delitos comunes. En el caso de Chile, la pena de muerte fue suprimida para delitos comunes mediante Ley No. 19.734, de 2001, pero la pena no se encuentra completamente abolida del sistema jurídico, ya que subsiste en la Constitución Política y en el Código de Justicia Militar.
Protección de las víctimas ante el egreso penitenciario del condenado, con énfasis en niños, niñas y adolescentes: Análisis normativo y propuestas de mejora legal y administrativa.
El presente informe analiza el marco normativo e institucional chileno relativo a la protección de las víctimas y su entorno ante el egreso del condenado, considerando la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios y el egreso por cumplimiento total de la condena, con especial atención al régimen de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. La Ley N° 21.627 (2023) garantizó la notificación previa a la víctima cuando el condenado postula a libertad condicional o a permisos ordinarios de salida. Asimismo, la Ley N° 21.780 (2025) creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas (en funciones desde el 1 de abril de 2026), mientras que las Leyes N°21.057 N° 21.057, 21.430 y 21.302 establecen mecanismos de protección especializada para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, subsiste un vacío legal cuando el condenado egresa por cumplimiento definitivo de la pena, por ejemplo, no existen alertas automáticas previas a la liberación ni herramientas procesales para prorrogar medidas de protección o monitoreo telemático posteriores a la pena. Finalmente, se identifican posibles reformas legales para ampliar los mecanismos de notificación y protección a las víctimas, distinguiendo aquellas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, se examinan alternativas de medidas reglamentarias que pueden implementarse mediante la potestad administrativa y convenios interinstitucionales.
Prohibición de las apuestas en línea Chile: Competencias institucionales y adecuaciones normativas para su implementación.
El ordenamiento jurídico chileno contempla un régimen restrictivo para la explotación de juegos de azar y apuestas, cuya realización requiere habilitación legal. Sin embargo, las atribuciones actualmente conferidas a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) no establecerían, por sí solas, un procedimiento administrativo general para identificar, fiscalizar y sancionar las plataformas de apuestas en línea prohibidas, ni para ordenar su bloqueo. Para una posible prohibición general correspondería evaluar una ampliación expresa de las competencias de la Superintendencia de Casinos y Juegos y definir su coordinación con SUBTEL y otros organismos públicos. Asimismo, sería necesario determinar el procedimiento y las condiciones para ordenar y ejecutar bloqueos, establecer obligaciones para los proveedores de acceso a internet y otros intermediarios, y adecuar los regímenes de infracciones, sanciones y procedimientos aplicables. En materia penal, se requiere examinar si las conductas vinculadas con la explotación de plataformas digitales quedan comprendidas en los delitos vigentes o si resulta necesario modificarlos o incorporar figuras especiales, coordinando sus sanciones con las administrativas. Finalmente, deberían evaluarse obligaciones específicas para los intermediarios de pagos, los distribuidores de aplicaciones y los actores publicitarios, junto con delimitar las excepciones correspondientes a actividades de juego autorizadas por leyes especiales. Se hace presente que el proyecto de ley sobre plataformas de apuestas en línea (Boletín N°14.838-03) se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. Durante esta etapa se han presentado indicaciones que contemplan distintas alternativas regulatorias, desde la autorización y fiscalización de estas plataformas hasta su prohibición general o la restricción de su explotación a entidades legalmente habilitadas.
Iniciativas que modifican el Código del Trabajo
El presente documento identifica los proyectos de ley en trámite que contemplan modificaciones al Código del Trabajo e informa su estado de tramitación y urgencia. Actualmente, se registran 512 iniciativas que incluyen modificaciones a este cuerpo legal. De ellas, 450 se encuentran en primer trámite constitucional en su cámara de origen y 508 no tienen urgencia. Cabe destacar que tres iniciativas, tras superar el primer trámite constitucional, fueron rechazadas en general por la cámara revisora al debatirse la idea de legislar. En consecuencia, se encuentran en Comisión Mixta, pendientes de resolución.
Reconocimiento y protección del pueblo Romaní o Gitano: Derecho internacional y legislación comparada.
El presente informe estudia el reconocimiento y protección del pueblo Romaní o Gitano en el Derecho Internacional y en la legislación de Brasil, Colombia y España. El documento se divide en dos partes. La primera, aborda las disposiciones contenidas en el Derecho Internacional sobre las cuales se articula el reconocimiento de pueblo Romaní o Gitano, mientras que, en la segunda, se estudian diversas disposiciones de la legislación de Colombia, Brasil y España. La elección de estos países se realiza en atención al grado de reconocimiento de diversos ámbitos que permiten configurar sus características definitorias y los órganos destinados a la protección de sus derechos. En la elaboración del presente informe se han utilizado como fuentes de información instrumentos internacionales de derechos humanos, la legislación extranjera y los sitios web oficiales de los países que comprende este documento, así como jurisprudencia constitucional, doctrina académica e informes de instituciones pertinentes.