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Documentos presentados a comisiones
Disponibilidad de textos religiosos en los establecimientos escolares Legislación comparada.
El informe analiza, desde una perspectiva comparada, la regulación sobre la disponibilidad de Biblias en establecimientos educacionales y bibliotecas públicas. Examina si estas normas son obligatorias o facultativas, qué instituciones abarcan, cómo se financian y si admiten textos sagrados de otras religiones. El estudio se enfoca en Brasil y se complementa con los casos de Estados Unidos (Oklahoma y Mississippi) y Filipinas. En Brasil, varias leyes estatales impusieron la obligación de contar con ejemplares de la Biblia en bibliotecas y escuelas públicas, a veces con financiamiento estatal. Estas normas fueron cuestionadas por su posible afectación a la libertad religiosa, la igualdad y la neutralidad estatal. El Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucionales algunas obligaciones y, en otro caso, determinó que la compra de Biblias podía ser facultativa, pero no obligatoria. Recientemente, Ceará autorizó incluir la Biblia y otros libros sagrados en las colecciones escolares, sin exigir su adquisición. En Estados Unidos, Oklahoma y Mississippi presentaron proyectos legislativos sobre el tema, que no prosperaron. Además, Oklahoma emitió en 2024 instrucciones administrativas que exigían Biblias físicas en los colegios, financiadas con recursos públicos, posteriormente revocadas. En Filipinas, existe una autorización regional para distribuir gratuitamente Nuevos Testamentos donados por una organización privada y un proyecto de ley nacional que busca exigir Biblias en bibliotecas escolares públicas y privadas.
Educación financiera escolar Casos de Japón, República Checa e Italia
El presente informe examina la regulación de la educación financiera escolar en Japón, República Checa e Italia, con el propósito de identificar experiencias que permitan conocer cómo se incorporan estos aprendizajes en los sistemas educativos y de qué manera se desarrollan desde la educación primaria hasta la secundaria.
Patentes de alcoholes: inhabilidades por condenas penales - Formalización de investigaciones y efectos sobre la vigencia de la autorización
La Ley N°19.925, que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, establece en su artículo 4° N°3 que no pueden obtener autorización para vender alcohol quienes hayan sido condenados por crímenes o simples delitos. La norma no distingue según el tipo de ilícito ni exige un vínculo entre este y el giro comercial, por lo que abarca ambas categorías de delitos, aunque excluye las condenas por faltas. La sola formalización de una investigación no genera la inhabilidad, ya que la ley exige una condena, lo que es coherente con la presunción de inocencia del artículo 4° del Código Procesal Penal. Además, cuando la patente pertenece a una persona jurídica, deben individualizarse sus administradores o gerentes, pero ello no permite extender automáticamente las inhabilidades personales a la sociedad ni a todos sus miembros. Respecto de la vigencia de las patentes, el artículo 20 permite suspender la autorización si fue otorgada por error o transferida a una persona inhabilitada según el artículo 4°. Sin embargo, la ley no prevé expresamente la suspensión o caducidad cuando el titular incurre en una inhabilidad después de obtener la patente. Por último, el efecto de la omisión o eliminación de antecedentes penales debe analizarse según el artículo 38 de la Ley N°18.216, distinguiendo las consecuencias de cada situación.
Atribuciones de los concejales municipales: Derecho de información y límites de su ejercicio.
El presente informe tiene por objeto examinar el marco jurídico que regula las atribuciones de los concejales municipales, con especial atención al ejercicio de sus funciones representativas y fiscalizadoras, el derecho a ser informados sobre la marcha y funcionamiento de la municipalidad y los límites que rigen la gestión de intereses particulares. Asimismo, se analizan posibles alternativas de modificación legal relacionadas con estas materias. El informe se estructura en tres partes. La primera revisa el marco normativo de los concejos municipales, considerando su regulación constitucional y legal, sus principales atribuciones y las decisiones del alcalde que requieren acuerdo del concejo. La segunda examina el alcance del derecho de los concejales a ser informados sobre la marcha y funcionamiento municipal, sus límites y condiciones de ejercicio, la distinción entre la solicitud de antecedentes y la intervención en asuntos particulares, el procedimiento y plazo de respuesta, y la relación de estas actuaciones con la Ley N°20.730 y los criterios jurisprudenciales de la Contraloría General de la República. La tercera aborda consideraciones de técnica legislativa y posibles modificaciones legales, a partir de la evaluación del marco vigente y de los instrumentos disponibles para organizar la tramitación de las solicitudes de información.
Boletín N° 17196-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.196-17, mediante sus artículos 10 bis y 10 ter, establece mecanismos relacionados con la responsabilidad empresarial, la gestión de riesgos y la debida diligencia en materia de derechos humanos. Su análisis, a la luz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, permite identificar coincidencias y diferencias relevantes. En primer lugar, el artículo 10 bis presenta un alcance limitado a entidades participantes del mercado de valores, mientras que el Principio Rector 14 establece responsabilidades aplicables a todas las empresas, independientemente de sus características. Por su parte, el artículo 10 ter contempla obligaciones de información anual sobre riesgos, denuncias y medidas adoptadas. Sin embargo, los estándares internacionales exigen una evaluación continua de los impactos y consideran las relaciones comerciales en sentido amplio, más allá de empresas y proveedores. Asimismo, el proyecto identifica los derechos humanos protegidos mediante tratados suscritos y ratificados por Chile, mientras que los Principios Rectores establecen un estándar mínimo internacional. Finalmente, aunque la iniciativa incorpora exigencias de transparencia, los mecanismos de denuncia deberían garantizar también legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, compatibilidad con los derechos, aprendizaje continuo y participación efectiva de las personas interesadas, conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Boletín N° 17.446-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.446-17 establece obligaciones de debida diligencia para determinadas grandes empresas en materia de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Entre sus principales disposiciones contempla la identificación de impactos reales y potenciales, medidas de prevención y mitigación, mecanismos de denuncia y seguimiento, acciones de reparación, planes de transición climática y la publicación de un reporte anual. La iniciativa incorpora diversos elementos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, especialmente aquellos relacionados con la identificación, prevención, seguimiento y comunicación de impactos negativos. Sin embargo, presenta diferencias respecto de los estándares internacionales. Entre las principales observaciones destacan el énfasis en el reporte anual, en lugar de concebir la debida diligencia como un proceso continuo; la ausencia de exigencias explícitas sobre implementación efectiva de protocolos; y la falta de diferenciación de responsabilidades empresariales según su participación en los impactos negativos. Asimismo, el proyecto privilegia la participación de trabajadores, sin considerar suficientemente a las comunidades afectadas. Los mecanismos de denuncia tampoco incorporan expresamente todos los criterios internacionales de eficacia, mientras que las obligaciones de información no garantizan plenamente su accesibilidad, suficiencia ni comunicación directa a las personas afectadas.
Iniciativas legislativas sobre sobre tarifas aéreas, y conectividad territorial.
El informe da cuenta de los proyectos de ley relacionados con la regulación de precios de pasajes aéreos, tarifas preferenciales para residentes de zonas extremas y medidas destinadas a mejorar la conectividad territorial. En lo que respecta a las iniciativas identificadas, de un total de 5 propuestas legislativas encontradas, 4 están en actual tramitación y una se encuentra en estado de archivada. De las que están en trámite, 3 cumplen su primer trámite constitucional y 1 figura en segundo trámite constitucional. En lo que respecta a la materia que abordan, se identificaron iniciativas con ideas matrices relacionadas directamente con la consulta. En particular, los boletines 17.770- 07 y 15.679-03 refieren a la regulación de las tarifas del transporte aéreo y el establecimiento de pasajes a precio fijo para habitantes de zonas extremas. Ambas iniciativas se encuentran en primer trámite constitucional, la primera en el Senado y la segunda en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por su parte, los boletines 3.316-15 y 5.178-03 proponen medidas destinadas a fomentar la competencia en el transporte aéreo, con el objeto de contribuir a la reducción de las tarifas y mejorar la conectividad de las zonas extremas. Finalmente, el Boletín N° 18.638-03, que busca garantizar la reconexión aérea de zonas aisladas y extremas ante la suspensión de vuelos por razones climáticas, el cual se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente en Chile: Marco jurídico, Programas y Financiamiento.
La protección de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente chileno se sustenta en el Convenio Nº 169 de la OIT y la Ley Nº 19.253. Este marco normativo establece obligaciones estatales de protección y promoción de derechos, particularmente en materia de tierras, aguas, desarrollo económico, identidad cultural y educación. En Chile, la acción estatal se desarrolla mediante diversos programas públicos, financiados en la Ley de Presupuestos y ejecutados por distintos ministerios, entre ellos Desarrollo Social y Familia, Educación, Salud, Agricultura, Energía, Medio Ambiente y Culturas. Por mandato de la Ley N° 19.253, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), administra el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y el Fondo de Desarrollo Indígena. El primero financia la adquisición de tierras, la solución de problemas territoriales, la regularización y adquisición de derechos de aguas y obras para su aprovechamiento. El segundo permite financiar créditos, subsidios e iniciativas destinadas al desarrollo económico y productivo de personas y comunidades indígenas, incluida la recuperación de tierras degradadas y actividades vinculadas a la pesca y acuicultura. También, se consideran programas destinados a la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas Durante 2026, CONADI abrió convocatorias específicas, entre otras, para la construcción de obras de riego y drenaje; apoyo al turismo indígena; mejoramiento habitacional para personas mayores indígenas y fortalecimiento de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Estas iniciativas se complementan con programas de microemprendimiento y turismo indígena, así como intervenciones sectoriales de otros ministerios. Respecto del pueblo tribal afrodescendiente chileno, reconocido por la Ley Nº 21.151, los programas identificados se concentran en la protección y promoción de su identidad cultural. Destaca el Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que contempla diálogos participativos, elaboración y ejecución de planes territoriales y actividades de difusión y puesta en valor de sus expresiones culturales. Asimismo, FONDART Regional 2026 considera una línea específica de salvaguardia cultural del pueblo tribal afrodescendiente en Arica y Parinacota, destinada a financiar proyectos individuales y colectivos.
Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de Ley del Boletín N° 12.213-07
Documento sobre iniciativas legales en tramitación que pudiesen abordar la misma materia contenida en el proyecto de ley, boletín N° 12.213-07, que “Modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales”
Vigencia y discusión sobre la aplicación de la pena de muerte: Revisión del Derecho Internacional y sistema legal de Estados Unidos y Chile.
La pena de muerte, también llamada pena capital, es una de las sanciones más controvertidas del derecho penal. Desde la teoría, su justificación se vincula principalmente con los fines retributivos, que conciben la sanción como una respuesta proporcional a la gravedad del delito, y los fines preventivos, que le atribuyen un eventual efecto disuasorio. Sin embargo, la evidencia empírica disponible no permite establecer conclusiones definitivas sobre su impacto en la criminalidad. El Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos (2012) concluyó que los estudios existentes no permiten determinar si la pena capital disminuye, aumenta o no produce efectos sobre las tasas de homicidio. En el continente americano, Estados Unidos y Trinidad y Tobago son los únicos países que aplican esta sanción para delitos comunes. En el caso de Chile, la pena de muerte fue suprimida para delitos comunes mediante Ley No. 19.734, de 2001, pero la pena no se encuentra completamente abolida del sistema jurídico, ya que subsiste en la Constitución Política y en el Código de Justicia Militar.