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13/11/2026

Acompañamiento y seguimiento de niños, niñas y adolescentes víctimas: Análisis comparado de sus dimensiones, los planes de acompañamiento y los gestores de casos en Francia, Países Bajos, Inglaterra y Chile.

La etapa que sigue a la puesta a salvo se ha denominado "acompañamiento y seguimiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas". Ésta es posible de ordenar en tres dimensiones: "acceso a la justicia y trato justo", "reparación económica del daño" y "servicio de asistencia a víctimas". Esas respuestas se despliegan por dos vías, penal y civil-administrativa, y es en esta última donde se ubican los planes de acompañamiento y las figuras que coordinan el caso de NNA víctimas de abuso o maltrato. Francia por ejemplo, cuenta con el Projet pour l’enfant, un documento único que acompaña al niño a lo largo de todo el recorrido de protección y fija objetivos, intervenciones, plazos, duración y roles. Lo ejecuta el référent de l’Aide Sociale à l’Enfance, sin poder decisorio: las medidas las adopta el presidente del consejo departamental o el juez. El plan no tiene plazo fijo, puede extenderse hasta los 21 años en el acompañamiento a jóvenes mayores. Por otra parte, Países Bajos utiliza el Plan van aanpak de la ondertoezichtstelling, un plan escrito que se establece a más tardar seis semanas después de decidir no elaborar un plan de grupo familiar y se ajusta a las necesidades del NNA. Lo ejecuta el jeugdbeschermer, que puede impartir instrucciones escritas vinculantes a los padres y al NNA, ratificables por el juez. El plan dura máximo un año, prorrogable, y termina a los 18 años. Inglaterra a su vez, se organiza en torno al Child protection plan, un plan multisectorial que se acuerda en la conferencia o reunión inicial, cuando el niño está en riesgo de daño significativo e identifica resultados, acciones, servicios, plazos y el profesional responsable. Lo lidera un trabajador social, que inicia los procedimientos de protección, pero no dicta órdenes: la decisión vinculante la adopta el tribunal. El plan se revisa a los tres meses y luego cada seis meses como máximo. Finalmente, Chile dispone del Plan de intervención de la Oficina Local de la Niñez, formalizado en un acta o acuerdo escrito entre los intervinientes y el Estado, con compromisos, acciones, actores, supervisión, duración y objetivos. Lo coordina el gestor o gestora de casos, sin poder decisorio; si los padres incumplen, la Oficina Local de la Niñez puede derivar al tribunal de familia. El plan se revisa, como mínimo, una vez cada tres meses y termina con el cese de la medida o a los 18 años —24 años si está cursando estudios—, con seguimiento posterior de hasta 24 meses.

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11/11/2026

Personas mayores en Chile: Marco normativo, oferta de cuidados y brechas con especial referencia a La Araucanía.

Chile cuenta con 3.665.028 personas de 60 años o más, equivalentes al 19,8% de la población; en La Araucanía son 213.466, es decir, el 21,1% de la población regional, y un 37,9% de ellas reside en zonas rurales. Este grupo, en constante crecimiento, ha recibido atención de la política pública, aunque aún persisten brechas por superar. El marco normativo nacional de apoyo a las personas mayores se ha transformado en el último tiempo: la Ley N° 21.822 consagra 15 derechos y establece un procedimiento judicial de abandono social, pero solo entrará en vigencia en junio de 2027, mientras que la Ley N° 21.805, que creó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), fue modificada por la Ley N° 21.835 de 2026, que, entre otras cosas, retrasó los plazos de implementación. A pesar del crecimiento de la oferta pública de servicios, esta sigue fragmentada entre diversos órganos del Estado: la red SENAMA aporta 23 residencias (con 1.318 plazas), 190 centros diurnos y 63 condominios de viviendas tuteladas, y la Red Local de Apoyos y Cuidados, que en 2025 cubría 215 comunas y 37.000 hogares, tiene como meta llegar a 309 comunas en 2026. La fiscalización, a cargo de las Seremis de Salud, ha detectado irregularidades en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM): a septiembre de 2026 existían 993 con autorización sanitaria y cerca de 500 sin ella, y entre 2023 y septiembre de 2026 se realizaron 1.658 fiscalizaciones, de las cuales el 62% arrojó observaciones. Las brechas son considerables, pues existen alrededor de 20.000 plazas residenciales frente a 288.000 personas mayores con dependencia severa, y en La Araucanía hay 25 ELEAM con autorización sanitaria vigente (24 si se excluye un registro duplicado), distribuidos en solo 12 de sus 32 comunas, por lo que 20 comunas no cuentan con ninguno.

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06/11/2026

Sistemas de Protección de la Niñez y Adolescencia: Análisis comparado de Francia, Países Bajos, Inglaterra y Chile.

Un sistema de protección de la niñez y la adolescencia se define como un “(…) mecanismo público organizado (…) que garantiza que cada niño esté protegido frente a la violencia, la explotación, el abuso y la negligencia. Comienza en las familias y las comunidades y se refuerza mediante la ley, las instituciones y los servicios coordinados” (Grant, 2026: 9). Así, buscando clasificar a estos mecanismos, Gilbert et al. (2011: 3–4) se comparan sistemas de protección a partir de cuatro dimensiones: - La concepción del problema, que es lo que define qué se entiende por abuso: un acto de maltrato que activa una respuesta de investigación y protección incluso judicial, una disfunción familiar o una necesidad de protección del desarrollo y el bienestar. - El tipo de respuesta, por su parte, indica cómo interviene el sistema, a saber: mediante investigación legalista, servicios terapéuticos o inversión preventiva. - El rol profesional, en cambio, describe la relación del sistema con los padres y el niño, pudiendo ser confrontacional, colaborativa o centrada en el niño. - El régimen de separación precisa con qué autoridad y fundamento jurídico permiten disponer el acogimiento fuera del hogar: coercitivo-judicial o voluntario-consensuado. Respecto de cómo se concibe el problema, se distinguen dos concepciones dominantes: una entiende el abuso como un acto de maltrato que exige proteger al niño frente al daño causado por integrantes de su familia; la otra lo interpreta como un problema de conflicto o disfunción familiar asociado a dificultades sociales y psicológicas.

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29/10/2026

El pueblo Romaní: Breve caracterización de su organización social y situación en Chile.

Este informe ofrece una caracterización del pueblo romaní en Chile, destacando la heterogeneidad de una comunidad conformada por diversos linajes, lenguas, oficios y grados de sedentarización. Analiza su organización social y su contexto nacional a partir de tres dimensiones centrales: su ethos cultural, su orden normativo y derecho consuetudinario, y su estructura social. Frente a la limitada literatura académica centrada en el caso chileno, el texto se apoya en estudios generales e internacionales, con énfasis en Chile y Colombia, para abordar sus costumbres y normas comunitarias, y recurre a la bibliografía especializada disponible para retratar la situación actual de esta comunidad en el país.

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27/10/2026

Sistema de protección de la niñez y adolescencia en Chile: Síntesis de estudios y evaluaciones recientes (2024-2026).

El informe sistematiza seis publicaciones recientes sobre el sistema de protección de la niñez en Chile. Tres son evaluaciones institucionales: del Servicio Nacional de Protección Especializada (UNICEF, 2026), de la Ley N° 21.302 (Departamento de Evaluación de la Ley, 2026) y de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) (Defensoría de la Niñez, 2025). Dos son diagnósticos generales sobre derechos (UNICEF, 2025; Defensoría de la Niñez, 2026). La sexta es un análisis jurídico (Henríquez, 2024). Los documentos coinciden en que el diseño normativo es formalmente consistente con el enfoque de protección integral, pero su implementación es parcial. En los documentos se repiten cuatro nudos críticos: el financiamiento, pues los aportes del Estado no cubren el costo real de las intervenciones y los equipos operan con alta rotación y contratación a honorarios; la coordinación intersectorial, en especial con salud mental; las listas de espera: con 72.768 medidas pendientes de ingreso a la protección especializada, a marzo de 2025; y los sistemas de monitoreo, que miden acciones ejecutadas y no cambios en las trayectorias de niños, niñas y adolescentes. Los diagnósticos generales sitúan estos hallazgos en un contexto adverso. Chile ocupa el último lugar entre 36 países en la clasificación de bienestar infantil del Innocenti Report Card 19 (2025), y en 2024 más de 229.000 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en programas de protección especializada (UNICEF, 2025).

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26/10/2026

Niños, niñas y adolescentes en programas de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

En este informe se muestran indicadores sobre el número de niñas, niños y adolescentes en programas de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), El tipo de programa en el que están y la distribución regional y por edades. Toda la información ha sido extraída de los documentos oficiales de la institución.

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03/09/2026

Notificación de medidas cautelares en casos de violencia familiar y de género: Chile y legislación comparada.

En Chile, las medidas cautelares dictadas en procedimientos de violencia intrafamiliar o en causas relativas a hechos de violencia de género deben notificarse de manera expedita y con especial resguardo de la seguridad de la víctima. Practicada la diligencia, debe informarse al tribunal y a los organismos competentes. Por otra parte, La legislación comparada muestra, en primer lugar, que la notificación formal y el conocimiento efectivo no siempre son tratados como cuestiones equivalentes. En algunos ordenamientos, como Inglaterra y Brasil, la atribución de responsabilidad por el incumplimiento puede depender de que se acredite que la persona conocía efectivamente la existencia o contenido de la orden. En segundo término, Dinamarca y Finlandia muestran que la utilización de medios electrónicos no necesariamente supone una reducción de las garantías asociadas a la notificación. Ambos sistemas incorporan mecanismos destinados a dejar constancia verificable de la recepción o acceso a la comunicación. Finalmente, los ordenamientos examinados contemplan respuestas específicas frente al fracaso o evasión de la notificación. Suecia ha reforzado las facultades de las autoridades para localizar a quienes intentan evitarla; Nueva Zelanda permite al tribunal autorizar formas sustitutivas de notificación cuando los mecanismos ordinarios han resultado infructuosos; y Finlandia contempla modalidades subsidiarias cuando existen antecedentes de que el destinatario se está ocultando.

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01/09/2026

Preservar los derechos de los jóvenes en tiempos de conflicto.

El año 2025 la Alta Comisionada Adjunta hizo hincapié en el impacto devastador que ejercían los conflictos y la represión en los jóvenes, refiriéndose a los hechos ocurridos en el Territorio Palestino Ocupado, en Sudán y Ucrania, como ejemplos de conflictos en desarrollo, en los que se truncan vidas jóvenes y se destruyen oportunidades. Indicó también que en 2024, los ataques contra centros educativos habían aumentado en un 44 %, dejando a millones de jóvenes fuera de las aulas. En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de Seguridad 2250 de la Agenda Juventud, Paz y Seguridad. La resolución señala la importancia de entender cómo los y las jóvenes son impactados por la violencia, la injusticia y la exclusión en contextos de conflictos y fuera de éstos, así como también, el cómo estos interrumpen la transición a la edad adulta. En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el reporte Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, elaborado conjuntamente por UNICEF y la OPS, se informa que la consecuencia más grave de la violencia es la muerte de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre 2015 y 2022, 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la región.

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01/09/2026

Garantizar derechos políticos y poner fin a la violencia contra mujeres y jóvenes.

El nivel de representación juvenil en los parlamentos sigue siendo bajo. Según los datos de la UIP para 2025, a pesar de que la mitad de la población mundial es menor de 30 años, solo el 2,8% de los parlamentarios a nivel mundial tiene 30 años o menos, sin que se haya registrado ningún avance desde 2023. Actualmente, en Sudamérica, el 4.48% de los escaños parlamentarios es ocupado por personas de 30 años o menos y el 24.09% por personas de 40 años o menos. Dentro de los hallazgos más significativos del último reporte sobre la participación de los jóvenes en los parlamentos nacionales, en el 70 % de las cámaras parlamentarias, una persona puede ser demasiado joven para ocupar un cargo público, aunque tenga edad suficiente para votar. La última conferencia global se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2025 y el tema central fue Uniendo generaciones por la igualdad de género. Dentro de los temas tratados, se destacó la necesidad de que los parlamentos sean instituciones sensibles a las cuestiones de género y edad, garantizando condiciones laborales accesibles, políticas de tolerancia cero contra el sexismo, el acoso y la violencia, y la cooperación y las alianzas intergeneracionales para un cambio sostenido.

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01/09/2026

Preservar los derechos de los jóvenes en tiempos de conflicto

Los derechos económicos, sociales y culturales forman parte del sistema internacional de derechos humanos e incluyen derechos como el trabajo, la seguridad social, la educación y condiciones de vida adecuadas. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho al trabajo, su libre elección, condiciones laborales equitativas y protección frente al desempleo. En el ámbito interamericano, el Protocolo de San Salvador amplía estas garantías, incorporando remuneración digna, igualdad salarial, estabilidad laboral, seguridad e higiene, jornadas razonables y descanso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) integra estas dimensiones mediante el concepto de trabajo decente, entendido como el acceso a empleos productivos, ingresos adecuados, derechos laborales, protección y diálogo sociales. Para las personas jóvenes, estas condiciones son especialmente relevantes durante la transición entre educación y empleo. En las comparaciones internacionales, la OIT y Naciones Unidas consideran generalmente como jóvenes a las personas de 15 a 24 años, aunque algunos análisis amplían el rango hasta los 29 años, particularmente en materias de educación, ocupación e inteligencia artificial. En América Latina y el Caribe, los principales desafíos vinculados al ODS 8 incluyen la informalidad laboral, las desigualdades, la baja productividad y la generación de oportunidades de empleo digno para jóvenes.

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