Asesoría Parlamentaria

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Usted buscó por: Seguridad

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20/10/2026

Factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil El impacto de la deserción escolar.

Desde la criminología, para abordar las consecuencias de la deserción escolar es importante señalar que la escuela es sindicada como uno de los factores de protección de mayor importancia. Por el contrario, la deserción puede traer aparejada una serie de fenómenos negativos, entre los que puede estar el contacto de los jóvenes con la delincuencia. Sin embargo, la deserción es un proceso paulatino en donde coexisten una serie de factores de riesgo, los cuales pueden ser individuales, familiares, sociales y contextuales. De este modo, el abandono escolar debe comprenderse como un proceso vinculado a las desigualdades sociales, la acumulación de factores de riesgo y la exclusión educativa. Desde la perspectiva de Bourdieu, las diferencias en la distribución del capital cultural y económico, pueden condicionar las trayectorias educativas de los jóvenes, especialmente cuando se combinan con entornos familiares desfavorables. Desde la teoría del etiquetamiento, la identificación reiterada de un estudiante como problemático o indisciplinado puede generar experiencias de exclusión que refuercen su distanciamiento de la escuela. A ello se suma la percepción que pueden experimentar sobre que la educación no ofrece oportunidades reales de movilidad social, lo que puede reducir las expectativas académicas y favorecer la búsqueda de formas alternativas de reconocimiento y éxito, incluso mediante actividades ilegales. Pese a ello, los especialistas señalan que la deserción no constituye en si misma una condición que lleve a los jóvenes a delinquir, sino que puede representar un factor de riesgo dentro de una trayectoria más amplia de exclusión social. En consecuencia, resulta más apropiado hablar de una asociación entre deserción escolar y mayor probabilidad de involucramiento delictivo que establecer una relación causal directa.

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Seguridad

01/10/2026

Uso de la impresión 3D para la fabricación de armas de fuego: Antecedentes y normativa extranjera.

Las armas de fuego impresas en 3D plantean desafíos particulares para su control y trazabilidad, debido a la relativa accesibilidad de los equipos y materiales necesarios para su fabricación, así como a la posibilidad de producir armas sin números de serie ni registros oficiales, características asociadas a las denominadas “armas fantasmas” (ghost guns). Frente a ello, algunos parlamentos han avanzado en la aprobación de leyes que establecen delitos específicos relacionados con la posesión, distribución o difusión de planos y datos digitales, mientras que otros aplican las normas generales sobre fabricación y posesión de armas, con independencia de la tecnología empleada. En Nueva Zelanda, la Arms Act 2026, en vigor desde septiembre de 2026, incorpora disposiciones específicas sobre la fabricación o ensamblaje no autorizado de artículos de armas y sobre la posesión de planos digitales destinados a su fabricación ilegal. La sección 271 contempla la posesión de estos planos cuando las circunstancias permitan acreditar una intención de fabricación, diferenciándose así de los modelos que sancionan la mera posesión del archivo digital. En Australia, las respuestas regulatorias se han desarrollado tanto a nivel federal como estatal. En 2026, la legislación federal incorporó al Criminal Code 1995 delitos relacionados con el acceso, transmisión, publicación, distribución o puesta a disposición, mediante servicios de comunicaciones, de materiales que permitan fabricar o modificar armas de fuego, así como la posesión o control de dichos materiales. A nivel estatal, Tasmania sanciona desde 2024 la posesión de planos digitales destinados a fabricar determinadas armas o sus partes, mientras que Australia del Sur incorporó en 2026 un delito específico de posesión no autorizada de planos digitales, estableciendo penas diferenciadas según el tipo de arma o componente. En Canadá, el Criminal Code adopta una regulación tecnológicamente neutral respecto de la fabricación de armas, sancionando la fabricación o transferencia no autorizada de armas de fuego, partes y otros elementos regulados. A esta regulación se añadió en 2023 el artículo 102.1, que establece específicamente delitos relacionados con la posesión o acceso a datos informáticos capaces de utilizarse, entre otros medios, con una impresora 3D o una máquina de fresado de metales para fabricar o traficar armas de fuego o dispositivos prohibidos, así como respecto de su distribución, publicación o puesta a disposición.

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Seguridad

01/10/2026

Habilitaciones de seguridad para acceso a información clasificada o cargos sensibles: Experiencia de España y Estados Unidos de América.

El ingreso de personal a cargos que implican acceso a información clasificada o el desempeño de funciones sensibles está sujeto a procedimientos de habilitación de seguridad destinados a verificar la confiabilidad, integridad y lealtad institucional de los postulantes. La experiencia extranjera da cuenta de diversos mecanismos de control, previos al otorgamiento de una habilitación de seguridad, entre los que se cuentan: Verificación de identidad y antecedentes (administrativos, laborales, académicos y penales); Investigación patrimonial y financiera (análisis de deudas, patrimonio, conflicto de interés); Entrevistas personales (con postulante, colegas y superiores); Evaluaciones psicológicas; Exámenes médicos; Investigaciones del entorno (familiares, vínculos, etc.); así como revalidaciones periódicas ante eventuales cambios en la situación personal. En términos generales, la experiencia española evidencia un sistema integral de protección de la información clasificada, que se materializa, entre otros aspectos, a través del proceso de Habilitación Personal de Seguridad, HPS, que a su vez se encuentra estrechamente vinculado a una estructura institucional especializada —encabezada por el Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien como Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada (ANPIC) -a través de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS)- establece criterios uniformes para toda la Administración del Estado y concentra las competencias para conceder, denegar, suspender o revocar las habilitaciones personales de seguridad. EE.UU. en tanto, exhibe un modelo transversal de evaluación del personal (personal vetting) para toda la Administración Federal, donde priman los criterios de idoneidad (suitability) y aptitud (fitness) previo otorgamiento de una habilitación de seguridad (security clearance) para acceder a información clasificada, facultad que además presupone acreditar la necesidad de saber (need-to-know) y la suscripción de un acuerdo de confidencialidad (non-disclosure agreement). A diferencia del modelo español, en EE.UU. diversas instituciones están facultadas para emitir habilitaciones de seguridad. Sin embargo, autoridades como el Director de Inteligencia Nacional (Director of National Intelligence, DNI), que actúa como Agente Ejecutivo para la Seguridad (Security Executive Agent, SecEA), a través de la Dirección de Seguridad Especial (Special Security Directorate, NCSC/SSD) impulsan la coordinación y estandarización interagencial.

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Seguridad

29/09/2026

Agencia estatal de decomiso de bienes: España y Estados Unidos de América y Perú

La confiscación civil de bienes, denominada también extinción de dominio en algunos ordenamientos, es un mecanismo patrimonial destinado a privar de bienes de origen o destino ilícito, sin requerir necesariamente una condena penal previa. Su aplicación busca afectar las ganancias y recursos vinculados con actividades delictivas. En España, esta función corresponde a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 2015 para recuperar y administrar activos relacionados con delitos como crimen organizado, corrupción, narcotráfico y blanqueo de capitales. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia administra el Asset Forfeiture Program, en el que participan agencias federales, estatales, tribales y locales. Este programa permite incautar y confiscar bienes derivados de delitos federales o utilizados para facilitarlos. En Perú, el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibe, custodia, administra y dispone de bienes incautados, decomisados o sujetos a extinción de dominio. Pese a sus diferencias jurídicas e institucionales, los tres modelos presentan objetivos comunes en el destino de los bienes recuperados: fortalecer la seguridad y la justicia, apoyar programas sociales y víctimas, financiar la gestión de activos y destinar bienes físicos a usos públicos e institucionales.

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Seguridad

28/09/2026

Regulación del espacio aéreo en Chile y en la experiencia internacional: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México y la Unión Europea.

Se da cuenta del marco regulatorio en materia de resguardo del espacio aéreo, tanto en Chile como en la experiencia extranjera. El documento comienza por analizar la realidad nacional, para luego enfocarse en los paradigmas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México y la Unión Europea. A nivel nacional, la Ley 16.752 faculta a la DGAC para supervigilar el tránsito aéreo civil, administrar los servicios de asistencia a la navegación y resguardar la seguridad aeroportuaria a lo largo del país. Asimismo, el Código Aeronáutico (Ley 18.916), en su artículo 82, permite restringir o prohibir vuelos y aterrizajes por razones de seguridad nacional o militar. A nivel internacional, se observan distintos modelos. En Argentina, la Agencia Nacional de Aviación Civil es una autoridad descentralizada, sometida a la jurisdicción del Ministerio de Transporte argentino, que regula la aviación civil en este país, velando por la seguridad en materia de aeronavegación.

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23/09/2026

Normas relacionadas con la seguridad de las operaciones de cultivo de salmones en Canadá, Escocia y Noruega.

Este documento examina el marco regulatorio de la seguridad operacional y la salud ocupacional en el cultivo de salmónidos en balsas jaula —y sus actividades auxiliares— en tres países de referencia: Canadá, Escocia y Noruega. La literatura científica internacional coincide en que el estudio de la seguridad laboral acuícola sigue en desarrollo constante, dada la magnitud de los riesgos que implica esta actividad. Canadá, la regulación se reparte entre el nivel federal y el provincial. A nivel federal, Transport Canada fiscaliza las embarcaciones de apoyo acuícola bajo la Canada Shipping Act y sus reglamentos asociados, cubriendo estabilidad, equipos de salvamento, seguridad de la navegación y protección del medio marino. A nivel provincial, Columbia Británica aplica la Workers Compensation Act y el Occupational Health and Safety Regulation a través de WorkSafeBC, exigiendo evaluaciones de riesgo, planes de rescate, uso de dispositivos personales de flotación en jaulas y plataformas, y normas estrictas para el buceo ocupacional (certificaciones médicas periódicas, supervisión calificada y embarcaciones de rescate disponibles en el sitio). Escocia, la gobernanza se organiza mediante una división funcional de competencias. La Health and Safety Executive supervisa la seguridad ocupacional en jaulas de cultivo, fondeos e instalaciones de tierra, al amparo de la Health and Safety at Work Act y su reglamento de gestión. La Maritime and Coastguard Agency, por su parte, fiscaliza el trabajo marítimo en naves de servicio mediante la Merchant Shipping Act y el Workboat Code. A esto se suman normativas específicas: el reglamento LOLER para la planificación y supervisión de operaciones de izaje, y el Diving at Work Regulations para las labores de buceo comercial. Noruega, se considera el referente internacional en la materia, al integrar la seguridad técnico-estructural con la seguridad laboral e higiene naval. La Dirección de Pesca fiscaliza la norma técnica NYTEK23 y el sistema de control interno IK-Akvakultur, orientados a certificar instalaciones y prevenir fugas de peces. La Inspección de Trabajo vigila el cumplimiento de la Ley de Entorno Laboral en los centros de cultivo, mientras que la Dirección Marítima regula al personal embarcado en naves auxiliares a través de la Ley de Seguridad de Buques.

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Seguridad

21/09/2026

Listas administrativas de organizaciones criminales. Estados Unidos de América y Reino Unido

El uso de listas administrativas de sanciones contra organizaciones criminales en Estados Unidos se remonta a 1950, aunque adquirió mayor relevancia desde la década de 1990, especialmente frente al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado transnacional. La Orden Ejecutiva 12978 y la Ley Kingpin consolidaron el marco para identificar y sancionar estas organizaciones. Más recientemente, la Orden Ejecutiva 14157 permitió designar cárteles y organizaciones criminales como organizaciones terroristas, ampliando las herramientas disponibles para combatir estas redes. Estas listas constituyen mecanismos administrativos de sanción económica y política exterior cuyo propósito principal es aislar financiera y comercialmente a organizaciones y personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, sin requerir una condena penal previa. Las medidas incluyen restricciones financieras, comerciales y de movilidad, mientras que su incumplimiento puede generar responsabilidades penales y elevadas multas. El Reino Unido dispone de instrumentos similares orientados al aislamiento financiero y comercial de organizaciones criminales. Su principal mecanismo es la UK Sanctions List, regulada por la Ley de Sanciones y Prevención del Lavado de Dinero. La inclusión tampoco constituye una condena penal, pero permite congelar activos y restringir operaciones. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras supervisa el cumplimiento, investiga infracciones, aplica sanciones y concede licencias.

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09/09/2026

Revisión de mochilas de los estudiantes

Explica la Ley N° 21.827, que permite incorporar en los reglamentos de los establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica y media la revisión de bolsos o mochilas.

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Seguridad

04/09/2026

Leyes y proyectos de ley pertenecientes a la Agenda de Seguridad

Informe sobre las leyes publicadas y los proyectos de ley, actualmente en tramitación, que han integrado la agenda de seguridad durante el período comprendido entre el 11 de marzo de 2022 y la fecha de elaboración del presente documento. De la investigación realizada se constatan un total de 142 iniciativas vinculadas a las diferentes agendas de seguridad anunciadas por los dos últimos gobiernos. De ellas, 85 corresponden a leyes publicadas y 57 a proyectos de ley en tramitación.

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