Asesoría Parlamentaria

Selección de Proyectos de Ley: Autora Senadora Claudia Pascual Grau.

• Zárate Sarmiento, Matías Joseph

Se solicita la elaboración de un documento que dé cuenta de los proyectos de ley en que ha firmado la Honorable Senadora Claudia Pascual Grau. Para realizar la búsqueda se consultó la base de datos de Tramitación de Proyectos de Ley del Congreso Nacional (SIL), que contiene la información legislativa de los proyectos presentados desde el 11 de marzo de 1990 hasta la fecha. En total se encontraron 17 proyectos de autoría de la parlamentaria, los cuales se encuentran en el siguiente estado: 12 en tramitación, 11 de los cuales cumplen con su primer trámite constitucional y 1 con su segundo trámite constitucional. Finalmente, 5 se encuentran publicados como ley.

Se solicita la elaboración de un documento que dé cuenta de los proyectos de ley en que ha firmado la Honorable Senadora Claudia Pascual Grau. Para realizar la búsqueda se consultó la base de datos de Tramitación de Proyectos de Ley del Congreso Nacional (SIL), que contiene la información legislativa de los proyectos presentados desde el 11 de marzo de 1990 hasta la fecha. En total se encontraron 17 proyectos de autoría de la parlamentaria, los cuales se encuentran en el siguiente estado: 12 en tramitación, 11 de los cuales cumplen con su primer trámite constitucional y 1 con su segundo trámite constitucional. Finalmente, 5 se encuentran publicados como ley.

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Regulación de la destrucción de documentos públicos secretos, reservados o con datos sensibles.

• Williams Obreque, Guido Andrés

La legislación nacional define documento de manera general. Sin perjuicio de ello, puede entenderse que es “una cosa representativa de hechos” que contiene información y que puede ser consultada con posterioridad a su creación. Por su parte, un documento público requiere la presencia de alguno de los siguientes tres criterios: concurrencia de la fe pública; su origen y si cumplen función pública, o la suma de los dos criterios anteriores (Meneses, 2017). Un documento es reservado o secreto cuando se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

La legislación nacional define documento de manera general. Sin perjuicio de ello, puede entenderse que es “una cosa representativa de hechos” que contiene información y que puede ser consultada con posterioridad a su creación. Por su parte, un documento público requiere la presencia de alguno de los siguientes tres criterios: concurrencia de la fe pública; su origen y si cumplen función pública, o la suma de los dos criterios anteriores (Meneses, 2017). Un documento es reservado o secreto cuando se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

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Secreto y reserva bancaria: Régimen nacional y ejemplos de legislaciones extranjeras.

• Wilkins Binder, James Alfred
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

La legislación nacional consagra el secreto bancario y la reserva bancaria. El primero está establecido para ciertas y determinadas operaciones expresamente señaladas en la ley, respecto de las cuales la legislación vigente las somete a un régimen estricto de protección. El secreto bancario no es absoluto y reconoce limitaciones, en virtud de las cuales la información protegida puede disponerse bajo ciertos supuestos legales: cuando una disposición legal expresamente lo autorice; o cuando por resolución de la justicia se ordene la remisión o examen de antecedentes para ciertas operaciones y bajo determinados supuestos. Existiendo autorización legal, el procedimiento para levantar el secreto varía según la autoridad de control de que se trate (Ministerio Público; Comisión para el Mercado Financiero; Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero). En todos, sin embargo, se requiere resolución previa de algún órgano jurisdiccional. Un elemento diferenciador entre estos casos, es la notificación o audiencia previa, que permita al titular de dichos antecedentes conocer la solicitud y los hechos que la justifiquen.

La legislación nacional consagra el secreto bancario y la reserva bancaria. El primero está establecido para ciertas y determinadas operaciones expresamente señaladas en la ley, respecto de las cuales la legislación vigente las somete a un régimen estricto de protección. El secreto bancario no es absoluto y reconoce limitaciones, en virtud de las cuales la información protegida puede disponerse bajo ciertos supuestos legales: cuando una disposición legal expresamente lo autorice; o cuando por resolución de la justicia se ordene la remisión o examen de antecedentes para ciertas operaciones y bajo determinados supuestos. Existiendo autorización legal, el procedimiento para levantar el secreto varía según la autoridad de control de que se trate (Ministerio Público; Comisión para el Mercado Financiero; Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero). En todos, sin embargo, se requiere resolución previa de algún órgano jurisdiccional. Un elemento diferenciador entre estos casos, es la notificación o audiencia previa, que permita al titular de dichos antecedentes conocer la solicitud y los hechos que la justifiquen.

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Secreto y reserva bancaria en Chile y en la legislación extranjera.

• Wilkins Binder, James Alfred
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

La legislación nacional consagra el secreto bancario y la reserva bancaria. El primero está establecido para ciertas y determinadas operaciones expresamente señaladas en la ley, respecto de las cuales la legislación vigente las somete a un régimen estricto de protección. El secreto bancario no es absoluto y reconoce limitaciones, en virtud de las cuales la información protegida puede disponerse bajo ciertos supuestos legales: cuando una disposición legal expresamente lo autorice; o cuando por resolución de la justicia se ordene la remisión o examen de antecedentes para ciertas operaciones y bajo determinados supuestos. Existiendo autorización legal, el procedimiento para levantar el secreto varía según la autoridad de control de que se trate (Ministerio Público; Comisión para el Mercado Financiero; Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero). En todos, sin embargo, se requiere resolución previa de algún órgano jurisdiccional. Un elemento diferenciador entre estos casos, es la notificación o audiencia previa, que permita al titular de dichos antecedentes conocer la solicitud y los hechos que la justifiquen.

La legislación nacional consagra el secreto bancario y la reserva bancaria. El primero está establecido para ciertas y determinadas operaciones expresamente señaladas en la ley, respecto de las cuales la legislación vigente las somete a un régimen estricto de protección. El secreto bancario no es absoluto y reconoce limitaciones, en virtud de las cuales la información protegida puede disponerse bajo ciertos supuestos legales: cuando una disposición legal expresamente lo autorice; o cuando por resolución de la justicia se ordene la remisión o examen de antecedentes para ciertas operaciones y bajo determinados supuestos. Existiendo autorización legal, el procedimiento para levantar el secreto varía según la autoridad de control de que se trate (Ministerio Público; Comisión para el Mercado Financiero; Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero). En todos, sin embargo, se requiere resolución previa de algún órgano jurisdiccional. Un elemento diferenciador entre estos casos, es la notificación o audiencia previa, que permita al titular de dichos antecedentes conocer la solicitud y los hechos que la justifiquen.

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Penas alternativas a la privación de libertad: Argentina, Brasil, Costa Rica, España, EE.UU., México y Perú.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

Revisados los sistemas de penas alternativas a las restrictivas o privativas de libertad en las legislaciones de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), México y Perú, se constata que entre dichos países las medidas más reiteradas son, bajo distintas denominaciones y modalidades, la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión condicional de la condena, y los trabajos en beneficio de la comunidad. En este último caso, en ocasiones ésta no suele ser medida en sí misma, sino una condición o requisito de otras medidas. Respecto a las personas menores de edad, los países latinoamericanos cuentan, en sus respectivos sistemas de justicia juvenil, con diversas medidas sustitutivas o alternativas a la detención, tanto preventiva como definitiva, de conformidad con las normas y estándares internacionales sobre la materia.

Revisados los sistemas de penas alternativas a las restrictivas o privativas de libertad en las legislaciones de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), México y Perú, se constata que entre dichos países las medidas más reiteradas son, bajo distintas denominaciones y modalidades, la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión condicional de la condena, y los trabajos en beneficio de la comunidad. En este último caso, en ocasiones ésta no suele ser medida en sí misma, sino una condición o requisito de otras medidas. Respecto a las personas menores de edad, los países latinoamericanos cuentan, en sus respectivos sistemas de justicia juvenil, con diversas medidas sustitutivas o alternativas a la detención, tanto preventiva como definitiva, de conformidad con las normas y estándares internacionales sobre la materia.

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Derecho a la libertad de expresión en las Américas.

• Ferrero, Mariano José

Esta Minuta ha sido elaborada para apoyar la participación de la delegación de la Cámara de Diputadas y Diputados en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que tendrá lugar en Ciudad de Panamá en mayo de 2023. En particular, entrega antecedentes para participar en la deliberación sobre “Derecho a la libertad de expresión”, que es el cuarto tema sustantivo del orden del día. La libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. En este sentido, se reconoce como un derecho fundamental en diversos instrumentos internacionales, en reiterada jurisprudencia de tribunales internacionales y regionales, y en la doctrina destinada a investigar el tema. Según se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Esta Minuta ha sido elaborada para apoyar la participación de la delegación de la Cámara de Diputadas y Diputados en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que tendrá lugar en Ciudad de Panamá en mayo de 2023. En particular, entrega antecedentes para participar en la deliberación sobre “Derecho a la libertad de expresión”, que es el cuarto tema sustantivo del orden del día. La libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. En este sentido, se reconoce como un derecho fundamental en diversos instrumentos internacionales, en reiterada jurisprudencia de tribunales internacionales y regionales, y en la doctrina destinada a investigar el tema. Según se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

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Los neuroderechos en el debate académico actual y en la experiencia comparada

• Soto Martínez, Víctor Javier

Esta minuta aborda la conceptualización de los neuroderechos, el debate académico en torno a esta nueva categoría de derechos y los avances que se han generado en la legislación comparada. Para ello, la presente minuta se referirá al concepto de neuroderechos, a la discusión académica en torno a ellos y, finalmente, se revisarán las experiencias comparadas en torno a su institucionalización, con énfasis en el caso chileno.

Esta minuta aborda la conceptualización de los neuroderechos, el debate académico en torno a esta nueva categoría de derechos y los avances que se han generado en la legislación comparada. Para ello, la presente minuta se referirá al concepto de neuroderechos, a la discusión académica en torno a ellos y, finalmente, se revisarán las experiencias comparadas en torno a su institucionalización, con énfasis en el caso chileno.

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Principales aspectos sobre los derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas: Derecho Internacional, legislación nacional y propuestas legislativas.

• Rojas Castillo, Jaime Luis

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconoce los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, en su dimensión individual y colectiva y fija estándares en materia de promoción, protección, respeto y garantía, junto con establecer la obligación del Estado de adoptar medidas para asegurar su ejercicio. Estos estándares están en el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (2007) y la Americana (2016) sobre los derechos de los pueblos indígenas. A nivel nacional, tanto la Ley sobre desarrollo indígena y la Ley General de Educación, establecen normas relacionadas con la enseñanza de las lenguas indígenas.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconoce los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, en su dimensión individual y colectiva y fija estándares en materia de promoción, protección, respeto y garantía, junto con establecer la obligación del Estado de adoptar medidas para asegurar su ejercicio. Estos estándares están en el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (2007) y la Americana (2016) sobre los derechos de los pueblos indígenas. A nivel nacional, tanto la Ley sobre desarrollo indígena y la Ley General de Educación, establecen normas relacionadas con la enseñanza de las lenguas indígenas.

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Proyectos de ley sobre personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE)

• Riquelme Reyes, Ignacio Javier

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De las solicitudes de información parlamentaria: normativa y eficacia.

• Álvarez Droguett, Paola Alejandra

El acceso a la información por parte de los parlamentarios es una técnica que se contempla en los textos normativos para obtener información del Gobierno, la Administración e incluso de terceros (Embid Irujo, 1995: 88). Los instrumentos para que el Parlamento cumpla esta función constitucional o estatutaria de control de los actos de Gobierno son variados: las preguntas (sean orales o escritas), comparecencias informales de autoridades de gobierno y/o administrativas (en el Pleno o Comisiones), comisiones investigadoras o requerimientos de parlamentarios dirigidos al Gobierno o la Administración para que se suministren determinados datos u información (Embid Irujo, 1995: 89).

El acceso a la información por parte de los parlamentarios es una técnica que se contempla en los textos normativos para obtener información del Gobierno, la Administración e incluso de terceros (Embid Irujo, 1995: 88). Los instrumentos para que el Parlamento cumpla esta función constitucional o estatutaria de control de los actos de Gobierno son variados: las preguntas (sean orales o escritas), comparecencias informales de autoridades de gobierno y/o administrativas (en el Pleno o Comisiones), comisiones investigadoras o requerimientos de parlamentarios dirigidos al Gobierno o la Administración para que se suministren determinados datos u información (Embid Irujo, 1995: 89).

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