1. El régimen parlamentario Tras la Guerra Civil de 1891 y la caída del Presidente José Manuel Balmaceda (1886-1891), se instauró en Chile un régimen parlamentario que perduró hasta 1925. Este sistema no implicó una reforma constitucional a la Carta Fundamental de 1833, sino que se establecieron "prácticas" que otorgaron al Congreso Nacional un poder preponderante sobre el Ejecutivo. El Presidente de la República, de esta forma, se convirtió en una figura debilitada, mientras que los partidos políticos, representados en el Congreso Nacional, ejercieron un poder importante.

De esta forma, el Congreso utilizaba herramientas como las censuras e interpelaciones a los ministros, así como la obstrucción indefinida de un proyecto de ley, dado que el reglamento de la corporación no permitía la clausura del debate. La rotativa frecuente de ministros —con gabinetes que duraban en promedio pocos meses— y prácticas electorales cuestionables (cohecho, intervención de los padrones por caudillos locales) generaban inestabilidad e inacción gubernamental. Sólo una pequeña élite participaba en política (menos del 5% de la población ejercía el derecho a sufragio), conformando una oligarquía homogénea y poco sensible a las urgentes demandas sociales. La dinámica del régimen parlamentario generó una falta de continuidad en la gestión del gobierno, lo cual dificultaba la implementación de políticas públicas efectivas.

Esta situación fue advertida por diferentes análisis. Los historiadores Simon Collier y William Sater plantearon: "Durante sus cinco años de mandato (del Presidente Germán Riesco) hubo diecisiete gabinetes y el péndulo oscilaba entre la Alianza y la Coalición. A esas alturas, comenzó a producirse cierta intranquilidad creciente entre los círculos políticos por la forma en que se estaba comportando el régimen parlamentario, la que a menudo se reflejó en la prensa. Como comentó cáusticamente El Mercurio en 1903: 'No es parlamentarismo, ni es un régimen, sino la anarquía más desenfrenada por la dictadura irresponsable de unos 150 congresales'... La idea de un 'hombre fuerte', un caudillo que pudiera controlar la inestabilidad ministerial, comenzó a ejercer un atractivo indudable".

2. La “Cuestión Social” y el surgimiento del movimiento obrero Entre 1880 y 1930, Chile experimentó una modernización de sus procesos productivos, basado en el rol del salitre como principal producto de la economía nacional. Esto generó procesos de urbanización y migración hacia las grandes ciudades. Los espacios urbanos no estaban preparados para recibir a esta población, lo que resultó en condiciones de vida precarias, hacinamiento y problemas sanitarios, sumando otras dificultades como los bajos salarios y la falta de garantías laborales. Este conjunto de problemas sociales, asociados a la industrialización y la modernización, fue conocido como la "Cuestión Social", que evidenciaba las profundas desigualdades sociales y económicas del país.

A comienzos del siglo XX, se promulgan las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales como la ley sobre habitaciones obreras (1906), la ley de descanso dominical (1907) y la ley de la silla (1914). Estas iniciativas legales, en las cuales el rol de la Cámara de Diputados y el Senado fueron claves, se muestran insuficientes para solucionar las graves carencias que afectan a los sectores obreros y populares.

Ante la inacción del Estado de implementar una política integral de protección social, además de las sucesivas crisis económicas y el deterioro de la calidad de vida, los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos, sociedades de socorro mutuo y mancomunales. Este movimiento obrero lideró huelgas y manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales y de vida. Eventos como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de Antofagasta en 1906 y la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, donde cientos de trabajadores fueron asesinados por fuerzas del Estado, ejemplifican la tensión social de la época.

Las demandas sociales se articularon en grandes confederaciones sindicales nacionales, como la Federación Obrera de Chile (FOCH), fundada en 1909, que pronto asumió una ideología socialista de carácter revolucionaria. Más tarde, en 1917, surgió la Industrial Workers of the World (IWW), de tendencia anarcosindicalista y con una fuerza importante en Valparaíso.

A nivel político, se organizaron partidos de orientación socialista como el Partido Obrero Socialista, antecesor del Partido Comunista de Chile.

Al mismo tiempo, surgieron una gran cantidad de periódicos obreros, militantes de la causa revolucionaria. Entre ellos, uno de los más importantes fue "El Despertar de los Trabajadores", que se fundó en Iquique en 1912. En la edición del 1 de noviembre de ese año, el propio Luis Emilio Recabarren escribió: “El Despertar es el primer diario socialista de Chile. Le ha tocado a los trabajadores de Tarapacá y Antofagasta la satisfacción de dar vida a este diario, que hoy se despliega en alto como una bandera batida por el viento de una idea hermosa, para ir a la vanguardia de los trabajadores que luchan por el bienestar de todos”.

3. La crisis del Centenario y el fin del parlamentarismo La celebración del Centenario de la Independencia en 1910 contrastó con la realidad del país: mientras la élite celebraba, la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. La desconexión entre las clases sociales evidenció la crisis del modelo político y económico vigente.

Lo anterior fue argumentado por una nutrida producción intelectual, crítica del desarrollo chileno en sus distintas interpretaciones y enfoques. Se destacaron autores como Francisco Antonio Encina, Alejandro Venegas (Dr. J. Valdés Cange), Luis Emilio Recabarren y Enrique Mac Iver, entre otros.

Desde comienzos del siglo XX, estos discursos comenzaron a instalar un panorama desolador de la sociedad chilena. En uno de sus textos más conocidos, Enrique Mac-Iver -parlamentario del Partido Radical- planteó sus impresiones en su "Discurso sobre la crisis moral de la República", que se publicó en 1900. En una de sus partes centrales, señaló: "En mi concepto, no son pocos los factores que han conducido al país al estado en que se encuentra; pero sobre todos me parece que predomina uno hacia el que quiero llamar la atención y que es probablemente el que menos se ve y el que más labora, el que menos escapa a la voluntad y el más difícil de suprimir. Me refiero ¿por qué no decirlo bien alto? a nuestra falta de moralidad pública; sí, la falta de moralidad pública que otros podrían llamar la inmoralidad pública".

Por su parte, Luis Emilio Recabarren, en su escrito "Ricos y Pobres", que surge de una conferencia dictada en 1910, caracteriza a los sectores populares de la siguiente manera: "La 'Última Clase', como puede considerarse en la escala social a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810. Si fuera posible reproducir ahora la vida y costumbres de esta clase de aquella época y compararla con la actualidad, podríamos ver fácilmente que no existe ni un solo progreso social. En cuanto a su situación moral, podríamos afirmar que en los campos permanece estacionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado más".

Estos análisis sobre el régimen oligárquico chileno, destacaron la combinación entre un sistema político ineficaz y las profundas desigualdades sociales, y el desarrollo de un cierto desánimo general. Dichos elementos en su conjunto, fueron socavando la legitimidad del parlamentarismo en Chile, y de la Constitución de 1833 como marco jurídico. A nivel internacional, la Revolución Mexicana (1910) y Soviética (1917) ofrecían grandes ejemplos de cambios sociales a distintos sectores, además del impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), lo que aumentó la tensión en los actores sociales de la época.

En síntesis, la crisis del parlamentarismo, la crisis del Centenario, y la “Cuestión Social”, son elementos estructurales que fueron configurando un escenario de crisis global en el país. Así, se llegó al momento de promulgar una nueva Carta Fundamental, que estableció un régimen presidencialista, fortaleció el poder del Ejecutivo, poniendo fin al sistema parlamentario, y otorgó el marco jurídico para un Estado más activo en la protección social. De esta forma, la Constitución de 1925 buscaba responder a las demandas sociales y promover una mayor apertura del sistema político, con amplia participación ciudadana.