Formación Cívica

En el actual debate sobre una Nueva Constitución que surge del acuerdo político suscrito recientemente en el contexto de movimientos y demandas sociales, se ha instalado la idea de que su diseño debe responder a una “hoja en blanco” como forma de simbolizar la necesidad de un momento fundacional revestido de la más amplia libertad y legitimidad. Sin perjuicio de lo señalado, se estima que el debate constitucional debe considerar elementos de significativa relevancia como los relativos a los Derechos Humanos, particularmente los consignados en los Tratados Internacionales suscritos por Chile y aquellos que responden a nuestra tradición republicana configurada a lo largo de nuestra historia constitucional. Por lo señalado, cobra particular importancia que la Nueva Constitución se elabore sobre la base de los desafíos presentes y con una proyección hacia el futuro, pero reconociendo los diversos procesos previos de reflexión y transformación constitucional. En consecuencia, el presente documento pretende sistematizar y concentrar en soporte digital integrado y dinámico las reformas constitucionales, a partir de la descripción de cada una de las leyes de reforma desde el año 1989 a la fecha, sus ideas matrices y una descripción sucinta de las materias asociadas a las disposiciones constitucionales que fueron modificadas.

El siguiente informe, responde a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, del Senado, que solicitó elaborar un informe sobre el alcance que tendrían para el ordenamiento jurídico nacional, la aprobación del Proyecto de ley que deroga el inciso sexto del artículo segundo transitorio de la ley N20.900, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, para restituir el ejercicio de los derechos de los militantes no reinscritos de partidos políticos (Boletín N 11.227-07). Para el desarrollo del siguiente documento se han utilizado como fuentes de información la normativa electoral vigente, así como información del Servicio Electoral (Servel).

Esta minuta se refiere a los principales cambios introducidos a la actual Constitución por la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno de Michelle Bachelet (Boletín N° 11.617-07). Para ello, se revisan las principales modificaciones introducidas en cada capítulo de la Constitución y se aventuran conclusiones generales sobre dicha propuesta.

Cuadro comparado constitución vigente y proyecto constitucional de Michelle Bachelet entre Constitución de 1980 actualmente vigente y Proyecto constitucional de Bachelet (Boletín 11.617-07)

El concepto de orden público no es definido por la Constitución ni la ley, y la doctrina coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. Cierta tendencia doctrinal mayoritaria sostiene que el concepto de orden público está vinculado a una función de protección, permitiendo limitar la autonomía de la voluntad en interés de la comunidad. En contrapartida a la concepción clásica, diversos autores advierten las dificultades para definir orden público, pues debe ser definido en un tiempo y en un lugar específico. Otros, como Alejandro Silva Bascuñán, definen el concepto de orden público tomando como base el art. 24 CPR, esto es “la tranquilidad que resulta del respeto de la ordenación colectiva, manifestado en el correcto ejercicio de la autoridad pública moviéndose dentro de su respectiva órbita y en el fiel cumplimiento por los gobernados de las órdenes por ella impartida”. La jurisprudencia encontrada coincide con la doctrina mayoritaria. La historia de las normas legales que contienen las expresiones “seguridad pública” y “orden público” indican que se ha usado “seguridad pública” como sinónimo de “calamidad pública”, y que ambas tienen por objeto enfatizar que se trata de situaciones que tienen lugar en el ámbito de interacción comunes todos los ciudadanos, y no en ámbitos específicos como los que son propios de ciertos trabajos u ocupaciones.